El gobierno de Entre Ríos rechazó un recurso administrativo presentado por la comisaria mayor Mara Carolina Francés, quien había cuestionado la decisión de suspenderle el pago de un adicional salarial luego de ser relevada de su cargo. La medida quedó plasmada en el decreto Nº 246/2026, publicado el pasado martes en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Rogelio Frigerio junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

Francés, quien se desempeñó como subjefa departamental Villaguay durante 2023, había apelado la resolución Nº 411/2025 de la Dirección General de Personal de la Policía de Entre Ríos, que rechazó su pedido para seguir percibiendo el denominado Código 244, un adicional que representa aproximadamente el 22% del sueldo básico y que se abona en función del cargo ejercido.

El conflicto se originó luego de que la oficial fuera relevada de su función como subjefa departamental en San Salvador, destino que debió seguir tras su gestión en nuestra ciudad, mediante el decreto Nº 3810/2024, quedando en situación de “activo-disponibilidad”, es decir, a la espera de una nueva designación dentro de la fuerza.

En su presentación administrativa, la comisaria sostuvo que la decisión de suspender el adicional era inválida y que no había sido debidamente notificada de la resolución que dispuso esa situación. También argumentó que se había producido una vulneración de derechos constitucionales y planteó que existía un trato desigual respecto de otros funcionarios policiales.

Entre otros puntos, sus representantes legales indicaron que la medida implicaba la pérdida de un componente salarial importante y que la administración habría incurrido en irregularidades. En ese sentido, afirmaron que se había suspendido “el pago del código 244, que representa el 22% de los haberes del básico” de la funcionaria.

Sin embargo, los organismos jurídicos del Estado provincial desestimaron esos planteos. La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad y Justicia concluyó que la oficial sí había sido notificada de la resolución cuestionada y que el reclamo carecía de fundamentos. Además, el dictamen señaló que el adicional reclamado está directamente vinculado con el ejercicio efectivo del cargo. “Es condición indispensable para percibir el emolumento en cuestión el cumplimiento efectivo de la función”, se indicó en el análisis administrativo, agregando que esa condición no se cumplía en el caso de Francés, ya que había sido relevada del puesto.

También se consideró que la situación de disponibilidad en la que fue colocada se ajusta a lo previsto por la normativa policial, que permite mantener a oficiales superiores en esa condición por un plazo de hasta un año mientras esperan una nueva designación.

Tanto la Dirección de Asuntos Jurídicos como la Fiscalía de Estado coincidieron en que no existían vicios en los actos administrativos cuestionados y recomendaron rechazar la apelación. En consecuencia, el decreto firmado por el Poder Ejecutivo resolvió rechazar el recurso jerárquico presentado por la comisaria.

De esta manera, la administración provincial ratificó la validez de la resolución que dejó sin efecto el pago del adicional mientras la funcionaria no ejerza un cargo que lo justifique.

Francés tuvo paso por Villaguay en febrero de 2023, cuando fue puesta en funciones como subjefa, acompañando al entonces jefe policial Miguel Retamar. En aquel momento se trató de la primera vez que una mujer ocupaba ese puesto en el departamento. Meses más tarde fue trasladada a San Salvador, donde también se desempeñó como subjefa hasta ser relevada del cargo.

Una importante cantidad de vecinos autoconvocados en la ciudad se concentró el viernes 23 de enero al atardecer frente a los edificios de Jefatura de Policía y Tribunales para reclamar el esclarecimiento del hecho ocurrido en un triple choque registrado el día 20 de enero, que provocó la muerte de Roque Garay y dejó varias personas heridas.

La manifestación tuvo lugar en la intersección de calles Balcarce y Alem, y culminó con una recorrida alrededor de la Plaza 25 de Mayo. Durante la movilización, los presentes portaron carteles y expresaron su reclamo a viva voz, exigiendo que la causa no quede impune y que la Justicia actúe con rigor. Entre las consignas más repetidas se escuchó: “No fue un accidente, fue un crimen”, en alusión a las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.

En ese marco, una mujer que tomó la palabra en representación de las víctimas y sus familias manifestó con visible emoción: “Queremos una justicia equitativa. Que paguen quienes tienen que pagar. Basta de corrupción y de asesinos sueltos. Esto no fue un accidente”. Sus palabras fueron acompañadas por aplausos y muestras de apoyo de los manifestantes.

El reclamo tuvo como eje central la muerte de Garay, ocurrida el mismo día de su cumpleaños, y también la situación de las personas que resultaron heridas en el choque. Entre ellas, se encuentra una joven de 17 años, que permanece internada fuera de peligro, con fractura de costilla, contusión pulmonar y amnesia temporal, según se informó durante la movilización. El joven que la acompañaba en la motocicleta sufrió fracturas de cadera y tibia, y su familia solicitó colaboración para afrontar los costos de una prótesis.

En relación con la causa judicial, el abogado querellante de la familia Garay indicó que el conductor involucrado en el hecho se encuentra detenido con prisión preventiva por 30 días, medida dispuesta en el inicio de la investigación. No obstante, expresó su desacuerdo con la carátula actual de homicidio culposo y adelantó que solicitarán su revisión.

“El homicidio culposo se da cuando hay imprudencia o infracción a las normas de tránsito. En este caso sostenemos que hubo una conducta mucho más grave”, afirmó el letrado, quien aseguró que existen registros fílmicos que demostrarían una persecución previa a la colisión fatal. “Vamos a presentar esos elementos para que se investigue a fondo lo sucedido”, agregó.

En el mismo sentido, familiares de las víctimas remarcaron que la joven herida había realizado denuncias previas por amenazas y situaciones de violencia, y cuestionaron la efectividad de las medidas de protección vigentes. “Las restricciones y el botón antipánico no alcanzan. Las leyes tienen que cambiar”, expresó la madre de la adolescente, quien también reclamó que se aplique la pena máxima prevista.

Durante la movilización también estuvo presente el hijo de Roque Garay, quien sostuvo que su padre “salvó otras vidas de manera involuntaria” al quedar en medio del impacto. “No fue un accidente. Perdí a mi papá y ahora lo único que quiero es que se haga justicia y que esta causa no se archive”, afirmó.

La jornada concluyó con una vuelta a la plaza principal, mientras los manifestantes reiteraban el pedido de justicia. Desde la organización adelantaron que continuarán con nuevas convocatorias públicas para acompañar el avance de la causa y mantener visible el reclamo de la comunidad.

El Poder Judicial de Entre Ríos oficializó su incorporación al Bus Federal de Justicia, una plataforma digital que permite el intercambio electrónico de oficios y cédulas judiciales entre jurisdicciones del país. La medida quedó formalizada a través del acuerdo general Nº19 del Superior Tribunal de Justicia, publicado en el Boletín Oficial, que apunta a agilizar trámites, reducir tiempos y fortalecer la seguridad en las comunicaciones judiciales.

El nuevo sistema, denominado Protocolo Técnico de Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, habilita a los poderes judiciales y organismos adheridos a diligenciar y recibir oficios y cédulas ley Nº 22.172 en formato digital, con firma electrónica y validez legal, dejando atrás gran parte de la operatoria en papel.

Como parte de esta implementación, el Poder Judicial resolvió centralizar la tramitación de los oficios a través de tres dependencias específicas, de acuerdo al fuero interviniente. De este modo, habrá una oficina para el fuero penal, otra para los fueros de familia, civil ycomercial, y una tercera para el fuero laboral y contencioso administrativo. Estas oficinas serán las encargadas de recibir la documentación y redireccionarla internamente a la dependencia correspondiente.

En el caso de Villaguay, los trámites vinculados al fuero penal deberán canalizarse a través de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), cuyo correo electrónico oficial es ogavillaguay@jusentrerios.gov.ar. Además, se informó un teléfono de turno para consultas: +54 9 3455 488023.

Desde el Poder Judicial aclararon que, cuando el oficio o cédula tenga destino específico, deberá indicarse expresamente en el cuerpo del documento. En caso contrario, será la oficina centralizadora la que determine internamente la dependencia, el fuero y la instancia que corresponda.

El sistema también contempla el envío de respuestas desde Entre Ríos hacia otros poderes judiciales u organismos adheridos en otras jurisdicciones, que se realizará en formato PDF con firma digital certificada por la ONTI, consignando datos de la autoridad firmante,fecha y hora de emisión. La validez de estos documentos rige exclusivamente en el entorno digital.

En cuanto a los costos, el Boletín Oficial recuerda que el Poder Judicial percibe tasas por la gestión de oficios o cédulas (ley Nº 22.172) remitidas desde otras provincias, conforme lo establece el Código Fiscal vigente. Una vez recibido el trámite, el organismo informará el monto correspondiente y el pago deberá realizarse de manera online, a través de la plataforma Pluspagos, disponible en el sitio web oficial del Poder Judicial.

La implementación del Bus Federal de Justicia representa un paso más en el proceso de modernización del sistema judicial, con impacto directo en abogados, organismos públicos y ciudadanos, al simplificar gestiones, acortar plazos y reducir traslados innecesarios.

Al momento de la intervención, ambos individuos adoptaron una actitud agresiva, profiriendo insultos y negándose a colaborar con el personal policial, por lo que fueron reducidos y trasladados a la Jefatura Departamental por el delito de Resistencia a la Autoridad.

Como consecuencia del procedimiento, un funcionario policial resultó con lesiones de carácter leve y otro sufrió daños en un bien particular.

Los aprehendidos quedaron alojados en sede policial por disposición de la Fiscalía en turno en calidad de detenidos por “resistencia y lesiones”.