La Cámara de Senadores de Entre Ríos otorgó media sanción al proyecto de ley que propone reconocer al Newcom como actividad física y deporte provincial en todo el territorio. El proyecto fue presentado por la senadora Patricia Díaz y contó con el acompañamiento unánime de todos los bloques políticos.

La norma apunta a brindar un marco institucional a una disciplina que, en los últimos años, ha registrado un notable crecimiento en clubes, municipios, centros de jubilados y organizaciones comunitarias de toda la provincia.

“Ese crecimiento se ha dado muchas veces a pulmón, con el esfuerzo de profesores, organizadores y jugadores que sostienen la actividad sin un respaldo institucional claro. Este proyecto viene justamente a saldar esa deuda”, expresó la legisladora.

El Newcom es una disciplina derivada del vóley, adaptada originalmente para personas adultas mayores, aunque en la actualidad es practicada por personas de distintas edades. Su modalidad reduce el impacto físico y la exigencia del juego tradicional, lo que la convierte en una actividad accesible, inclusiva y segura.

“Quienes recorremos el territorio vemos cómo esta práctica no solo mejora la condición física, sino que también fortalece lo emocional, combate el aislamiento y genera comunidad. Y eso, en términos de política pública, tiene un valor enorme”, señaló Díaz.

En ese sentido, remarcó que el Newcom trasciende lo deportivo: “No estamos hablando solamente de un deporte. Es un espacio donde muchas personas, especialmente adultas y adultos mayores, encuentran la posibilidad de mantenerse activas, generar vínculos, compartir y mejorar su calidad de vida”.

El proyecto establece la declaración del Newcom como actividad física y deporte provincial en sus modalidades recreativa, formativa y competitiva, para todas las edades y géneros, con especial énfasis en personas adultas mayores.

Además, designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, que tendrá a su cargo la implementación de políticas específicas para el desarrollo de la disciplina.

Entre los principales puntos, la norma contempla la puesta en marcha de programas de promoción junto a municipios, comunas, clubes y organizaciones sociales; asistencia técnica, material y económica para escuelas, talleres y ligas; capacitaciones para entrenadores, árbitros y profesores de educación física; y la organización de torneos y competencias provinciales.

Asimismo, incluye campañas de difusión que promuevan al Newcom como un deporte accesible e inclusivo, controles médicos y exámenes predeportivos para quienes lo practiquen, y la creación de la Semana Provincial del Newcom, que se celebrará durante la primera semana de abril de cada año.

“Reconocer al Newcom como deporte provincial implica darle un marco, facilitar el acceso a recursos y garantizar igualdad de oportunidades con otras disciplinas”, afirmó la senadora.

Finalmente, Díaz destacó el respaldo legislativo: “Acompañar e impulsar esta disciplina es una decisión que reafirma el compromiso del Estado con el bienestar integral y la inclusión social”, concluyó, al tiempo que agradeció el apoyo de todos los bloques.

En el marco de una causa federal por presunto tráfico de estupefacientes, el Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que colaboró con un requerimiento judicial proveniente de la Justicia Federal de Rawson y precisó que el pedido estaba vinculado a un lote específico de un laboratorio determinado que no figura en los registros del Hospital Materno Infantil San Roque. Asimismo, las autoridades aseguraron que durante los procedimientos realizados no se secuestraron medicamentos, dinero ni armas.

La solicitud de documentación se enmarca en una investigación que involucra el secuestro de sustancias como fentanilo, propofol y otros fármacos. A partir de ello, se llevaron adelante actuaciones tanto en el nivel central de la cartera sanitaria como en el hospital de la ciudad de Paraná, mientras que también se inició una información sumaria interna.

El director del hospital San Roque, Alejandro Calógero, explicó que la institución se puso de inmediato a disposición de la Justicia. “Se presentó todo lo solicitado en formato papel, y estamos terminando de reunir los registros biométricos y de cámaras requeridos en formato digital, ya que se pidió información de varios meses hacia atrás”, señaló.

En relación al lote bajo investigación, el funcionario fue enfático al indicar que “ese lote nunca fue comprado en el hospital, no está registrado y, por ende, no se dispensó por el área de farmacia”.

Por su parte, la directora general de Asuntos Jurídicos, Viviana Villa, remarcó que durante el allanamiento en el hospital “no se secuestraron medicamentos, ni dinero ni armas”, y subrayó la importancia de transmitir información precisa debido a la sensibilidad del caso. “Se trata de una cuestión de mucha gravedad, por lo que la información debe llegar correctamente a la población”, sostuvo.

En la misma línea, afirmó que desde el organismo se prioriza “mantener el criterio de transparencia y el respeto a la legalidad en los procedimientos”.

A su turno, el secretario de Salud provincial, Daniel Valentinuz, detalló que además del operativo en el hospital, personal de Gendarmería Nacional Argentina se presentó en la sede ministerial para solicitar información en cumplimiento de una orden judicial.

“El requerimiento consta de nueve puntos que derivaron en la elaboración de cuatro informes por parte de distintas áreas del Ministerio, como las direcciones de Hospitales, Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos, Despacho y la Dirección Integral del Medicamento. Todo fue respondido en tiempo y forma”, indicó.

Según se informó oficialmente, el martes personal de Gendarmería entregó el requerimiento judicial en dependencias del Ministerio, en tanto que el miércoles se avanzó con una instancia de información sumaria interna.

En simultáneo, se desarrollaron procedimientos en el hospital San Roque, donde las autoridades entregaron la totalidad de la documentación requerida, incluyendo registros de compras, remitos, facturación de proveedores, libros de farmacia y movimientos de medicamentos.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que existe una “absoluta cooperación” con la Justicia y las fuerzas federales, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.

Finalmente, indicaron que, debido a que se trata de una causa en curso, no se brindarán mayores detalles hasta que lo dispongan las autoridades judiciales competentes.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este martes un encuentro con legisladores de ambas cámaras para analizar la situación del sistema previsional provincial y avanzar en los lineamientos de una futura reforma. La reunión se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; senadores, diputados y ministros del gabinete provincial.

Durante el encuentro, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, presentó los principales ejes del borrador que el Poder Ejecutivo trabaja para convertir en un proyecto de ley de reforma previsional.

Bagnat explicó que la reunión forma parte de una serie de instancias de diálogo que el Gobierno provincial viene desarrollando con distintos sectores. “Cumpliendo con el cronograma que se había anunciado, estaba pendiente esta reunión con legisladores oficialistas y de la oposición, tal cual hicimos con los gremios. Les acercamos en primera persona los principales pilares del borrador que apunta a transformarse en proyecto y ser la reforma previsional tan postergada y que el gobernador ha decidido no posponer más”, señaló.

El funcionario destacó además el intercambio que se generó durante la jornada. “Se dio un muy buen momento de intercambio de ideas sobre los vectores y los ejes de la reforma. Esto consolida la vocación de que se trata de algo trascendental para el Estado: es una política pública de largo plazo que merece el mayor consenso posible y el mayor intercambio de información y diálogo”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es avanzar hacia una norma sólida que fortalezca el sistema en el tiempo. “La ley que resulte de este proceso tiene que ser lo más completa posible, pensando en que empiece a beneficiar al sistema dentro de algunos años”, indicó.

Bagnat adelantó además que en los próximos días los legisladores recibirán el borrador del proyecto. “Al igual que con los gremios, esta semana estará llegando el borrador para que puedan ver el articulado. La puerta queda abierta para todas las devoluciones, sugerencias o medidas alternativas que puedan surgir, que serán bienvenidas para tenerlas en cuenta en este proceso que culminará con la presentación del proyecto de ley”, sostuvo.

El senador provincial Rafael Cavagna participó de la reunión y valoró la decisión del gobierno de avanzar en el tratamiento de la problemática previsional.

“Quiero destacar el gesto del gobernador de convocar a los legisladores de ambas cámaras para conversar con franqueza sobre la situación de la Caja de Jubilaciones. Estamos hablando de un problema complejo, estructural y de largo plazo, que requiere responsabilidad política y una mirada que trascienda las coyunturas”, expresó.

El legislador remarcó que la actual gestión decidió abordar el tema aun cuando los resultados de una reforma de fondo no serán inmediatos. “Es una decisión valiente encarar una discusión de estas características. Los resultados de una reforma previsional no se ven en el corto plazo ni necesariamente en esta gestión, pero alguien tiene que empezar a ordenar el sistema para garantizar su sustentabilidad en el tiempo”, afirmó.

Cavagna también destacó la participación de legisladores de distintos bloques políticos y el clima de diálogo que se generó durante el encuentro. “Fue una reunión muy importante porque participaron legisladores de todos los espacios políticos. Hubo un clima de respeto y la voluntad de analizar con seriedad una problemática que afecta a toda la provincia. Este no es un tema de un gobierno o de un partido, es un desafío de Entre Ríos”, sostuvo.

Finalmente, señaló que el envío del borrador del proyecto permitirá iniciar una etapa de análisis más profundo en el ámbito legislativo. “A partir de allí se abrirá un proceso de discusión donde seguramente se podrán hacer aportes, mejoras y escuchar a todos los sectores involucrados”, indicó.

El senador subrayó que el objetivo debe ser garantizar la sostenibilidad del sistema previsional sin perder de vista la protección de los trabajadores y jubilados. “Tenemos que encontrar un equilibrio que permita sostener el sistema en el tiempo. Si no se toman decisiones hoy, la Caja seguirá acumulando un déficit cada vez mayor que termina comprometiendo recursos de todos los entrerrianos”, concluyó.

Con más de cinco décadas de trayectoria profesional vinculada al área previsional, Kisser analizó el estado actual del sistema y sostuvo que la problemática de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos no es reciente, sino que se arrastra desde hace al menos 15 años. En ese marco, defendió la continuidad del organismo provincial y del régimen del 82% móvil, aunque consideró imprescindible introducir reformas estructurales para evitar un eventual colapso.

Entre las principales propuestas mencionó la necesidad de avanzar hacia un corrimiento progresivo de la edad jubilatoria para equipararla con el régimen nacional, es decir, 60 años para las mujeres y 65 para los varones.

Según explicó, esta modificación debería implementarse de manera gradual y permitiría a la provincia acceder a mayores recursos nacionales en el marco del pacto fiscal, ya que actualmente la Nación solo transfiere fondos por aquellos beneficiarios que ya cumplen con la edad jubilatoria establecida a nivel nacional.

Kisser también cuestionó la sostenibilidad de algunos regímenes especiales. En ese sentido, consideró que no resulta razonable que determinados sectores, como el policial, puedan acceder a la jubilación a los 50 años cuando todavía cuentan con capacidad para desempeñar otras funciones dentro del Estado.

Otro de los aspectos que criticó con dureza fue la modalidad de pago de ciertos haberes en la administración pública provincial. El ex legislador denunció que el Estado entrerriano otorga adicionales y aumentos no remunerativos —lo que calificó como pagos “en negro”—, lo cual, a su entender, viola principios constitucionales y afecta el financiamiento del sistema previsional.

“El Estado es el principal evasor. ¿Cómo le voy a controlar a un privado que está evadiendo si el primero que evade es el Estado?”, cuestionó.

Finalmente, Kisser también apuntó contra lo que definió como “nichos de privilegio” dentro de la administración pública y criticó la existencia de funcionarios que perciben salarios cercanos a los 15 millones de pesos, incluso por encima de las remuneraciones de legisladores.

En ese sentido, mencionó el caso del actual ministro de Gobierno de la provincia, a quien cuestionó por optar por cobrar su remuneración como director de la empresa energética provincial ENERSA por ser “más sustanciosa”, situación que calificó como “mínimamente no ética e inmoral”.

Para Kisser, el debate sobre el futuro del sistema previsional entrerriano debe darse con transparencia y responsabilidad política, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad sin afectar los derechos de los jubilados actuales ni de los futuros beneficiarios.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, inauguró este miércoles el 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un discurso centrado en el orden fiscal, la transparencia, la competitividad y el desarrollo productivo. En un mensaje de fuerte tono institucional, aseguró que la provincia dejó atrás una etapa de desorden estructural y que hoy “está mejor plantada para crecer”.

“Estamos mejor plantados. No porque tengamos más recursos, sino porque ordenamos el Estado, desactivamos las bombas que encontramos y recuperamos credibilidad”, sostuvo ante legisladores, autoridades judiciales, intendentes y representantes de distintos sectores.

El mandatario señaló que, tras una primera mitad de gestión dedicada a enfrentar desequilibrios históricos, la provincia inicia ahora una etapa de consolidación. “La vara sube cuando los avances dejan de ser excepciones y pasan a ser reglas. Gobernar mejor es una obligación permanente”, expresó.

Frigerio repasó las principales medidas adoptadas para sanear las cuentas públicas: reducción de cargos políticos, eliminación de gastos reservados, revisión de contratos irregulares, recorte del 98 por ciento de las adscripciones docentes y resolución récord de sumarios administrativos.

En materia financiera, destacó que la provincia pasó del déficit al equilibrio fiscal en un contexto de caída de la recaudación similar al que en otros momentos llevó a otras jurisdicciones al default.

“Honramos nuestros compromisos, evitamos el default y redujimos la deuda en dólares. Hoy la deuda representa menos de la mitad de lo que representaba hace dos años sobre nuestros ingresos”, remarcó.

También subrayó la estabilización de la Caja de Jubilaciones, cuyo déficit proyectado fue reducido a la mitad. Confirmó que en las próximas semanas enviará un proyecto de ley, tras reuniones con representantes de los trabajadores, “para que nuestro sistema previsional provincial sea más moderno, más justo y garantice el 82 por ciento de manera sostenible”.

En ese marco, defendió la intervención del ex Iosper, que dio lugar a la creación de la OSER. “Intervenir era la decisión más responsable que exigían los hechos. Vamos a seguir ordenando lo que durante años se dejó deteriorar”, afirmó.

El gobernador destacó la implementación del expediente electrónico, la digitalización de trámites y la puesta en marcha de la plataforma Mi Entre Ríos, junto al portal Entre Ríos Transparente.

“Hoy el Estado deja registro de lo que hace y cualquier ciudadano puede controlar. La transparencia ya no es un discurso: es una práctica cotidiana”, señaló.

Uno de los ejes centrales del discurso fue la decisión de aliviar la carga impositiva en un contexto de crisis. Frigerio defendió la baja de impuestos y aseguró que “salir de una crisis no puede ser asfixiando al que produce”.

En ese marco, destacó el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), con más de 180 millones de dólares comprometidos y alrededor de 1.500 nuevos puestos de trabajo proyectados. “Cuando el Estado deja de poner trabas, el sector privado responde y la inversión aparece”, afirmó.

En materia energética, recordó que Entre Ríos dejó de tener la tarifa eléctrica más cara del país tras congelar el Valor Agregado de Distribución, eliminar impuestos provinciales en la boleta y reducir tasas regulatorias. Además, ratificó el reclamo ante la Corte Suprema por una tarifa justa para la energía generada en Salto Grande.

Frigerio informó que se reactivó el 100 por ciento de las obras provinciales paralizadas y que se redujo en más del 90 por ciento el pago de intereses por demoras en certificaciones, lo que permitió recuperar capacidad de inversión real.

Detalló la intervención de casi 700 kilómetros de rutas provinciales y anticipó que, con financiamiento de organismos multilaterales, 2026 será el año con mayor presupuesto de obra pública de la historia reciente en Entre Ríos.

“Estamos avanzando con planificación, reglas claras y previsibilidad. Las obras que se empiezan, se terminan”, afirmó.

En educación, destacó mejoras en más de 500 establecimientos escolares, avances en alfabetización con resultados medibles y la incorporación de nuevas tecnologías en la currícula.

En salud, subrayó la digitalización del sistema, la compra centralizada de medicamentos, la inversión hospitalaria y la creación de la Central de Informes de Mamografía, única en el país.

En seguridad, informó que los procedimientos contra el narcotráfico crecieron un 60 por ciento respecto de la gestión anterior, con incrementos en incautaciones y una inversión histórica en equipamiento policial. “La seguridad no es un discurso, es presencia territorial, tecnología y decisión política”, sostuvo.

El mandatario reafirmó su postura frente al proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde frente a Colón. Señaló que, desde que se conoció la iniciativa, la provincia gestiona ante las autoridades de Uruguay su relocalización para evitar impactos negativos sobre el turismo y las economías regionales.

“Continuaremos impulsando el diálogo institucional sin confrontaciones, pero con una posición firme: cualquier intervención en un recurso compartido como el río necesita el consenso de todos los que somos parte. Y de esta posición no nos van a mover”, aseguró.

Finalmente, reivindicó un vínculo institucional con el Gobierno nacional basado en el diálogo y la defensa de los intereses provinciales. “Construimos puentes para fortalecer el federalismo, pero reclamamos con firmeza lo que le corresponde a Entre Ríos”, afirmó.

En el tramo final de su mensaje, Frigerio sostuvo que la provincia inicia una etapa de profundización del rumbo adoptado en 2023.

“No me conformo con que el Estado funcione a medias. No me conformo con medirnos con la vara baja del pasado. Quiero una provincia que juegue en la parte alta de la tabla”, expresó.

Y concluyó: “Si sostenemos este rumbo y seguimos elevando la vara, podemos hacer de Entre Ríos una provincia protagonista”.

En el marco del debate que se desarrolla en el Senado de la Nación sobre el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional, gremios y agrupaciones entrerrianos se movilizaron este miércoles por la tarde desde la Plaza 1° de Mayo hasta la Casa de Gobierno provincial para expresar su rechazo a la iniciativa.

La convocatoria reunió a sindicatos de distintos sectores que, con banderas y cánticos contra el presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio, se concentraron frente a la denominada “Casa Gris”. Allí, de espaldas a la entrada principal, referentes gremiales leyeron un documento conjunto en el que cuestionaron con dureza el contenido del proyecto.

En el comunicado difundido durante la protesta, las organizaciones sostuvieron que la reforma laboral “no es una solución a la necesidad de trabajo y salario de los argentinos”, y afirmaron que la propuesta “es la legalización de la precarización absoluta a la que hoy ya son sometidos miles de trabajadores”.

Según el texto, la iniciativa “beneficia exclusivamente a los grandes grupos económicos, principalmente extranjeros”, y representa —a su entender— un retroceso en materia de derechos laborales conquistados históricamente por el movimiento obrero.

Los dirigentes también señalaron que el proyecto oficial “sueña con un país sin sindicatos”, y reivindicaron el rol de las organizaciones gremiales en la ampliación de derechos. “Fueron los sindicatos los que permitieron que las trabajadoras y los trabajadores dejaran de aceptar migajas y tratos soberbios para acceder a salarios dignos, estabilidad laboral y una vida con futuro”, remarcaron.

Uno de los pasajes más enfáticos del documento apuntó a la responsabilidad política de los mandatarios provinciales. “Sin el apoyo de los gobernadores esto no podría haberse llevado adelante”, expresaron, en una crítica directa a Frigerio, a quien acusaron de “seguir el mismo camino que Milei”.

En ese sentido, vincularon la discusión nacional con conflictos abiertos en la provincia, como la cesantía de contratos y la pausa en la paritaria estatal. “Son caras del mismo cubo que necesita estas leyes regresivas para saquearnos”, afirmaron.

Durante la movilización también hubo cuestionamientos a la reforma previsional en debate. Las agrupaciones manifestaron su rechazo “a todo proyecto que no contenga la voz de los trabajadores organizados” y advirtieron que, de avanzar iniciativas en ese sentido, “nos seguirán encontrando en unidad defendiendo el derecho a jubilarnos con dignidad en todos los terrenos”.

La jornada concluyó con una consigna unificada que sintetizó el espíritu de la protesta: “Los derechos laborales no se negocian, la organización sindical no se entrega, el ajuste no se tolera. ¡No a la reforma laboral!”.

El senador provincial Martín Oliva mantuvo ayer martes 10 de febrero un encuentro con el Síndico Fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, quien le hizo entrega de un informe detallado sobre la situación económica, financiera, administrativa y prestacional del organismo, que fue elevado formalmente este martes a la Cámara de Senadores.

En ese marco, Oliva manifestó su profunda preocupación por el contenido del informe, que da cuenta de un deterioro significativo de la situación económica de la obra social, con pérdidas millonarias acumuladas, incremento exponencial del pasivo y serias dificultades para garantizar la sustentabilidad del sistema.

“El informe expone un cambio abrupto y negativo en las cuentas de la obra social, que pasó de una situación equilibrada a pérdidas históricas, sin que exista hasta el momento información clara y completa que explique ese proceso”, señaló el senador tras la reunión que tuvo lugar en la sede central de la obra social.

Oliva advirtió además que esta situación económica crítica tiene un correlato directo en la calidad del servicio que reciben los afiliados, con demoras, reclamos crecientes y deficiencias visibles en el funcionamiento de las delegaciones en el territorio. “Cuando hay desorden administrativo y falta de control, el primer impacto lo sufren los trabajadores, jubilados y familias que dependen de la obra social”, remarcó.

El legislador subrayó también la gravedad institucional que implica la falta de documentación respaldatoria en aspectos centrales como contratos, compras, licitaciones y el patrimonio inicial de la OSER, así como las reiteradas demoras en la entrega de información a los órganos de control.

“Una obra social que administra recursos públicos debe funcionar con transparencia, previsibilidad y respeto por la ley. Eso hoy está seriamente cuestionado”, afirmó.

En ese sentido, Oliva sostuvo que la elevación del informe a la Cámara de Senadores “no es un trámite administrativo más, sino una señal de alerta que debe ser tomada con la seriedad que corresponde”. Y agregó: “El Senado tiene la responsabilidad de analizar esta información, exigir explicaciones y garantizar que la obra social cumpla con su función esencial, que es cuidar la salud de los entrerrianos”.

El senador indicó que seguirá de cerca la evolución del tema en el ámbito legislativo y reclamó que "se adopten medidas urgentes para ordenar la gestión, fortalecer los mecanismos de control y poner en el centro a los afiliados, que hoy están pagando las consecuencias de decisiones que no han sido suficientemente claras ni eficaces".

Finalmente, Oliva destacó la labor fundamental que cumplen los empleados de la obra social, subrayando su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, pilares esenciales para el correcto funcionamiento de la obra social.

Al mismo tiempo, expresó su pesar por los trabajadores que fueron removidos de sus funciones, señalando que se trata de personal con experiencia y trayectoria, cuya situación genera incertidumbre y malestar.

En ese sentido, remarcó la importancia de actuar con sensibilidad, diálogo y respeto, valorando el rol de quienes día a día sostienen la atención y el acompañamiento a los afiliados.

El evento será presidido por el procurador general de la provincia, Jorge Amilcar García quien hará uso de la palabra. También asistirán el presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Leonardo Portela y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, entre otras autoridades .

Los nombramientos de los/as funcionarios/as titulares fueron realizados por el Poder Ejecutivo provincial, con Acuerdo de la Cámara de Senadores, luego de sustanciarse los respectivos concursos en el Consejo de la Magistratura, de acuerdo al mecanismo previsto por la Constitución de Entre Ríos.

Prestarán juramento

Chajarí

Mondragón, María Macarena

Verdura Pons, María Dalia

Colón

Di Pretoro, Micaela María

Taleb, Laila

Concepción del Uruguay

Becker, María de los Ángeles

Santo, Eduardo

Concordia

De Giambattista, Juan Pablo

Montangie, Daniela

Nuñez, José Martín

Diamante

Acuña, María Florencia

Shmith, María Eugenia

Feliciano

Espinosa, Evelina Vanesa

Gualeguay

Elal, Ana Paula

Burruchaga, Maite

Gualeguaychú

Beherán, Josefina

Gutiérrez, Jorge Luis

Ochoa, Fernando

La Paz

Bartolo, Natalia Denise

Pereyra, Juan Manuel

Paraná

Ballesteros, María Jimena

Bordín, María Elizabeth

Farinó, Adriana Paola

Giunta, Cristian José María

Guzmán, Andrea Carolina

Millán, Martín

Nin, María de las Mercedes

Sueldo, Jorge Gabriel

Vilchez, Valeria Elena

Vives, Sonia Beatriz

Viviani, Ileana

Wasinger, Martín Miguel

Zenklusen, Eric Rodolfo

Rosario del Tala

Reynoso, Emilce Paola

Villaguay

Batto, María Noelia

Quirolo, Mauro Román.

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) participó este jueves de la primera reunión del Consejo Consultivo del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, un espacio interinstitucional creado para supervisar y mejorar las condiciones de detención en la provincia. El encuentro, desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, reunió a organismos del Estado, entidades académicas y organizaciones sociales.

Durante la jornada, los representantes del MPD plantearon su preocupación por la situación de las personas privadas de la libertad en dependencias de la Policía de Entre Ríos, especialmente por el déficit en la atención de la salud mental, una problemática que se manifiesta con mayor gravedad en localidades del interior.

El defensor coordinador Gaspar Reca y Lucía Tejera, responsable del Registro de Casos de Violencia Institucional del MPD, señalaron que uno de los principales obstáculos se presenta en el abordaje del consumo problemático de sustancias, una situación que también se registra en las unidades penales. De acuerdo con lo expuesto, la falta de atención adecuada convierte a las dependencias policiales en ámbitos inadecuados para personas que requieren acompañamiento especializado.

El Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, creado por ley, se integra por un Comité Provincial y un Consejo Consultivo. Este último funciona como órgano asesor permanente, está compuesto por representantes de diversas instituciones y debe reunirse al menos dos veces al año. Su trabajo se orienta a prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en contextos de encierro.

Durante la reunión, los integrantes del Comité presentaron un informe sobre el aumento de la población privada de la libertad en la última década, además de tres ejes prioritarios para el período: acceso a la salud, detenciones en dependencias policiales y acceso a la educación.

Del encuentro participaron representantes del Superior Tribunal de Justicia, el Juzgado de Ejecución de Penas, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Entre Ríos, el Copnaf, la UNER, la UADER, el Colegio de Psicólogos y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos.

Las instituciones coincidieron en la necesidad de profundizar el análisis, solicitar informes actualizados y conformar mesas de trabajo específicas para avanzar en propuestas concretas, que serán evaluadas en la próxima reunión del Consejo Consultivo.

La jornada estuvo encabezada por los integrantes del Comité contra la Tortura: el senador Juan Pablo Cosso (presidente), la diputada Silvina Deccó, la directora de Derechos Humanos María Emma Bargagna, los representantes de organismos de derechos humanos Ignacio Journé y Sofía Stamatti, y el secretario ejecutivo José Morales. También forma parte del Comité el diputado Silvio Gallay.

Con la mirada puesta en una provincia que vincule el saber con el desarrollo, el senador Martín Oliva impulsa la creación del Consejo Interuniversitario Provincial de Entre Ríos (CIPER). La iniciativa busca facilitar a las universidades como agentes activos de transformación social, capaces de incubar empresas y aportar soluciones concretas a los desafíos del territorio. 

“El Estado debe facilitar los puentes entre la universidad y la sociedad”, sostiene Oliva, al fundamentar una propuesta que pone en valor el conocimiento como motor de crecimiento. “Las universidades no sólo forman profesionales: también pueden ser incubadoras de proyectos, empresas y soluciones innovadoras”.

El presidente del Bloque Justicialista presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley a través del cual se crea el “Consejo Interuniversitario Provincial de Entre Ríos” (C.I.P.E.R.), con la finalidad de articular y coordinar acciones entre el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y las Universidades Provinciales y Nacionales con sede en su territorio, ya sean de gestión estatal o privada. 

"La educación superior es una herramienta clave para el desarrollo de nuestros pueblos. Con este proyecto de ley buscamos establecer un ámbito de articulación permanente entre el Gobierno provincial y las universidades que tienen sede en nuestro territorio, tanto públicas como privadas."

"Entre Ríos tiene una rica historia educativa y una presencia universitaria muy diversa y potente. Queremos aprovechar ese capital humano e institucional para fortalecer la planificación conjunta, optimizar recursos y generar políticas públicas que tengan un impacto real en la vida de nuestras comunidades."

"Esta propuesta, que tiene su sustento en una rica experiencia que llevamos adelante en Concepción del Uruguay durante mi intendencia, nace de la convicción de que el conocimiento, la ciencia y la formación académica deben estar al servicio del bienestar colectivo, y que el Estado tiene un rol clave en garantizar los puentes entre la universidad y la sociedad." 

“El CIPER puede sentar las bases para el fortalecimiento de la Identidad y la Pertinencia Regional. El desarrollo de programas que respondan a las necesidades regionales, contribuir a dar respuesta a las necesidades y desafíos regionales. La colaboración entre universidades y la comunidad puede llevar a la implementación de proyectos que beneficien a la región y fortalezcan la vinculación entre la educación superior y la sociedad”, afirmó.

El C.I.P.E.R. actuará como un órgano consultivo del Poder Ejecutivo provincial y podrá asesorar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas provinciales referidas a la educación superior, destinadas a cumplir con los mandatos constitucionales; y la elaboración de propuestas estratégicas orientadas al desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida de la población.  

Al fundamentar la iniciativa, el senador puso de relieve que “la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, en su artículo 257, establece que “la educación es el derecho humano fundamental de aprender durante toda la vida accediendo a los conocimientos y a la información necesarios en el ejercicio pleno de la ciudadanía, para una sociedad libre, igualitaria, democrática, justa, participativa y culturalmente diversa”.

Otra cláusula constitucional impulsa la “articulación pedagógica” de la Universidad Provincial “con los institutos dependientes del Consejo General de Educación”.

Esa articulación es imprescindible, y no puede ser de otro modo porque gran parte de las y los docentes entrerrianos (es decir, quienes deben llevar adelante esos contenidos transversales en cada nivel obligatorio de la educación) se forman en la Universidad (es el caso de todos los profesores de Educación Primaria, y de buena parte de la secundaria). 

Las disposiciones de nuestra Constitución establecen además que “a fin de articular las actividades que en materia de desarrollo e investigación científica y tecnológica se realicen, habrá un sistema de ciencia y tecnología que promoverá la integración de universidades, institutos, centros de investigación públicos y privados”.

Estos mandatos constitucionales, aprobados hace ya 17 años, permanecen a la espera de su concreción. Creemos que la misma no será un hecho hasta tanto no exista un órgano institucional, participativo y técnico, que se ocupe de coordinar los mecanismos imprescindibles para llevarlos a la práctica. Y para que esto suceda, el fortalecimiento de las instituciones es primordial. 

En consecuencia, proponemos la creación del Consejo Interuniversitario Provincial de Entre Ríos (CIPER) para que desde el mismo se puedan hacer las gestiones necesarias que apunten al fortalecimiento del sistema universitario entrerriano y, entre otros aspectos, puedan contribuir a que se concreticen dichas disposiciones constitucionales, tan valiosas y caras al futuro entrerriano. 

Un órgano como el CIPER puede ser el espacio de potenciación y proyección de muchas de esas iniciativas que impulsen a la sociedad entrerriana a mejores niveles de inclusión, de producción, de desarrollo y de integración.

En resumen, la conformación de un Consejo Interuniversitario Provincial en Entre Ríos (CIPER) puede ser un paso significativo hacia la consolidación de la educación superior en la provincia, ya que puede contribuir al fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, el fomento de la investigación y la innovación, la mejora de la gestión y la planificación, la promoción de la inclusión y la equidad, y el fortalecimiento de la identidad y la pertinencia regional.

Oliva propone que el CIPER esté integrado por un representante titular y un suplente del Poder Ejecutivo provincial propuesto por el Ministro de Gobierno y Trabajo; un representante titular y un suplente de la Cámara de Senadores y un) representante titular y un suplente de la Cámara de Diputados, un representante titular y un suplente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); un representante titular y un suplente de cada una de las Universidades Nacionales Públicas y Privadas, con sede administrativa en el territorio de la provincia de Entre Ríos, quienes harán su adhesión de forma voluntaria.El organismo será coordinado por un presidente y un vicepresidente, elegidos por los integrantes del mismo y designados por el Poder Ejecutivo provincial con carácter “ad honorem”.

El senador por Villaguay, Juan Pablo Cosso, asume nuevamente la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara alta de Entre Ríos, luego del período de licencia en que fuera reemplazado por su par Nancy Miranda.A este cuerpo le corresponde “dictaminar acerca de todo proyecto de carácter constitucional o político, reforma de la Constitución, conflictos de leyes, atribuciones de los poderes públicos constituidos, tratados y negocios interprovinciales, régimen electoral, expropiación, cuestiones de privilegios, reforma o interpretación del reglamento de la Cámara”, como así también sobre “todo acuerdo que solicite el Poder Ejecutivo y, en general, respecto a cualquierasunto de directa o inmediata vinculación con la interpretación y aplicación de la Constitución Nacional o Provincial”.El legislador que representa al departamento será secundado en esta comisión por Rafael Cavagna (Nogoyá), que se hará cargo de la secretaría; además de sus pares Nancy Miranda (Federal), Marcelo Berthet (San Salvador), Gustavo Vergara (Diamante) y Jaime Benedetti (Gualeguaychú).Además de encabezar Asuntos Constitucionales y Acuerdos, este año Cosso será secretario de la Comisión de Legislación General y miembro de Ambiente y Desarrollo y de Sugerencias Ciudadanas.La conformación de estos espacios de trabajo permanentes para el período legislativo vigente fue consensuada por los diferentes bloques y aprobada en segunda sesión ordinaria, presidida por la vicegobernadora, Alicia Aluani.

En el inicio de un año electoral, el senador Juan Pablo Cosso analizó la situación del Partido Justicialista (PJ) a nivel provincial, con el acercamiento de varios dirigentes peronistas al oficialismo.“Se ve que el marcado de pases no se da solamente en el fútbol, sino que ahoratambién ocurre dentro de la política”, ironizó, al ser consultado al respecto por Ricardo Balzer, en una entrevista concedida a FM Evolution 105.9.Sin mencionar nombres ni cargos, admitió que “hubo varios dirigentes del PJ, inclusive presidentes comunales del espacio, que ahora están trabajando junto al gobernador, tal vez encontrando una contención que actualmente no hallan en el peronismo”.Al dar cuenta de una “situación muy compleja”, el dirigente comentó que “algunos la han resuelto de esta manera, que en mi caso no comparto, pero sí respeto que trabajen con quienes se sientan más cómodos”. “Es difícil para un partido que estuvo 20 años en el poder volver a ser oposición y en ciertos lugares ser oposición al gobierno provincial pero oficialista en tu pueblo”, interpretó.Haciendo un diagnóstico de este contexto, concluyó que “el PJ en Entre Ríos está falto de conducción y eso se traduce en que hay distintos grupos dando vueltas”. Para sostener su teoría, formuló un repaso rápido: “Estamos nosotros como bloque de senadores que tiene la mayoría en la Cámara alta, después los diputados que constituyen la primera minoría de la baja, la Liga de Intendentes, otro grupo de dirigentes jóvenes que se presentan como una especie de renovación y tiene bastante presencia en medios nacionales (Guillermo) Michel, el exdirector general de Aduanas”.Como parte de su análisis político, el legislador contrastó que tanto la imagen del gobernador Rogelio Frigerio como la del presidente Javier Milei “siguen estando muy altas” a nivel provincial y, al mismo tiempo, “hay un peronismo que, de a ratos, comete los mismos errores no forzados que hicieron que perdiéramos las elecciones”.“Es clave que haya una renovación real del famoso dedo, pero lamentablementequienes ahora piden que no use ese método para conformar las listas, son los mismos que toda la vida se manejaron así”, dejó planteado durante la entrevista radial.En este punto, el representante de Villaguay en el Senado sostuvo que no huboespacios para la “autocrítica” dentro del partido. “El último congreso del PJ, que fue en septiembre del año pasado, dejó bastante que hablar y más allá de eso no ha habido otras instancias de diálogo”, lamentó.De cara a las elecciones legislativas de medio término, vaticinó: “Habrá que poner las cartas sobre la mesa de aquí en adelante, pero falta todavía y esto cambia todos los días, de hecho, tampoco sabemos si habrá una alianza entre el gobierno provincial y La Libertad Avanza, aunque hemos visto bastante sintonía entre el gobernador y el presidente”.“En el debate mismo de la Legislatura ya se empieza a sentir que es un año electoral”, manifestó Cosso, anticipando que será “distinto para los entrerrianos, porque vamos a votar por primera vez con boleta única y será toda una experiencia”.

La actividad fue organizada por los presidentes de las comisiones de Salud Pública, Asuntos Municipales y Comunales y Banca de las Mujeres, Silvio Gallay, María Elena Romero y Susana Pérez, esta última debutando en su nuevo rol dentro de este espacio de trabajo, en el marco del mes de prevención del cáncer cervicouterino.En el recinto de sesiones, disertaron especialistas como Silvio Tatti, presidente de la Sociedad Argentina para Estudio del Virus del Papiloma Humano; Laura Fleider, vicepresidenta de la misma entidad; como también Graciela López de Degani, directora médica del Centro de Estudios de Reproducción y Fertilidad Humana.“El trabajo conjunto y la información son herramientas fundamentales para construir una sociedad más saludable y prevenir enfermedades que afectan la calidad de vida de nuestra gente”, expresó Pérez, al agradecer la participación de profesionales, legisladores y ciudadanos que se sumaron a esta propuesta.Durante el encuentro, se abordaron estrategias de prevención, detección temprana y acceso a tratamientos, promoviendo el compromiso de la sociedad en el cuidado integral de la salud, ante lo cual la diputada oficialista, oriunda de Villaguay, destacó la importancia de generar espacios de información y debate que permitan fortalecer la salud de la comunidad.

En una reunión organizada por el bloque de senadores “Más para Entre Ríos”, entre los que se encontraba Juan Pablo Cosso, el presidente comunal de Ingeniero Sajaroff, Jaime José Vélez, pidió mayor “autonomía y presupuesto” para los gobiernos locales.Tras destacar el espacio de diálogo generado por legisladores justicialistas anteayer en Paraná, el dirigente explicó que la situación económica de las comunas es “muy difícil”. “Tenemos que hacernos cargo cada vez de más servicios del pueblo con el mismo presupuesto y eso pone en juego la calidad de vida de nuestras comunidades”, manifestó con preocupación.En base a lo conversado entre senadores y jefes comunales del mismo espaciopolítico, se acordó avanzar en una reforma integral a la normativa actual, con elpropósito de proporcionales “más autarquía y presupuesto” a los distritos querepresentan.“Representamos a las pequeñas localidades de la provincia para analizar unamodificación de la Ley de Comunas que formaliza las responsabilidades de las que nos estamos haciendo cargo, como salud, infraestructura y educación, y para ello necesitamos más recursos”, reclamó Vélez.Mayores facultadesA través de Ley de Comunas que fue sancionada en la gestión anterior, 83 juntas de gobierno se transformaron en comunas y quintuplicaron su presupuesto. Ahora, los senadores peronistas impulsan la actualización de esta norma para darles mayores facultades, similares a las de los municipios. Entre ellas, incorporar la creación de juzgados de faltas, autorizar la subdivisión de lotes en las plantas urbanas, mayor autonomía en las relaciones laborales con los trabajadores y la modificación de la Ley de Coparticipación Comunal para acceder a más presupuesto.También se apunta a adecuar la normativa para facultar a las comunas a crear áreas o entidades autárquicas y para facilitar el acceso a créditos para adquisición de maquinaria.

El pasado jueves en Paraná, el senador departamental Juan Pablo Cossofue recibido por el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, ManuelTroncoso, y su equipo de trabajo, para trabajar en cuestiones atinentes agestiones para el Departamento Villaguay.En primer término, junto al secretario de Justicia Martín Acevedo Miñoabordaron la posibilidad de que lleguen distintas reparticiones públicas a otrospuntos del Departamento, como son las juntas de gobierno y las comunas. Ental sentido, el senador destacó: “Intentamos con estas gestiones facilitarles lavida a los vecinos y que no tengan que recorrer decenas de kilómetros parahacer un trámite administrativo en una repartición provincial”.Más adelante, el ministro recibió al presidente comunal de Estación Raíces,Carlos Guardini, acompañado por su secretario Fabio Pérez, y al presidente decomuna de Lucas Norte, Carlos Strumia. Del encuentro también formaron partecomunas del Departamento Tala, asistidas por el senador Juan Conti.En ese marco, los equipos de trabajo de los senadores Cosso y Contipresentaron ante el ministerio un plan completo de regularización dominial deterrenos. Para ello, se solicitó a los equipos de la Coordinación de Juntas yComunas que asistan en lo que tenga que ver a las gestiones para que laslocalidades puedan avanzar en las escrituraciones.“Las comunas invierten millones de pesos en terrenos, en mejoras depredios fiscales, y necesitan poder hacerse del dominio real para tenerseguridad jurídica y poder bajar con programas de inversión. Es un trabajo muyserio que se encaró hace bastante tiempo de manera mancomunada entreambos departamentos, han intervenido arquitectos, agrimensores y abogados,para poder llegar hoy con toda la documentación ante el Gobierno provincial”,explicaron los legisladores.

En esta reunión “pudimos dialogar sobre la labor que se viene llevando a cabo en la Cámara baja y proyectamos trabajos conjuntos con el Poder Ejecutivo en temas sociales que se viven en todas las localidades y que venimos abordando como equipo, reafirmando nuestro compromiso de atender las demandas de nuestros vecinos”, dio a conocer la legisladora oficialista, vía redes sociales.También la diputada y el mandatario dialogaron sobre “problemáticas viales” tanto de Villaguay como de la provincia en general, “el trabajo que se está haciendo en la continuidad de las obras en marcha, en especial atención a las relacionadas con la infraestructura escolar y otros proyectos esenciales”, enumeró.“Seguimos haciendo para estar mejor mañana, que hoy”, fue la frase con que Bentos cerró el posteo realizado en Facebook e Instagram.

Tras lograr la media sanción del “Día del Pastor y la Pastora”, la diputada provincial Mariana Bentos, oriunda de Villaguay, acompañó el martes a la Asociación Civil de Pastores de Entre Ríos a sellar un acuerdo con el Ministerio de Seguridad y Justicia.Mediante un convenio firmado entre el ministro Néstor Roncaglia y autoridades de la ONG, coordinaron una serie de acciones conjuntas para realizar tareas de reinserción y convivencia en unidades penales, dependientes del Servicio Penitenciario.En presencia de Roncaglia y la legisladora oficialista, se rubricó un acuerdo decolaboración entre el director general del Servicio Penitenciario y el presidente de la asociación civil, Alejandro Miotti y Carlos Schultz, respectivamente.La coalición entre Estado y pastores busca promover una labor articulada bajo lamodalidad de voluntariado, que permita acompañar a personas encarceladas, aunque se aclaró que garantizando la libertad de religión que impera en la Constitución.Entretanto, la iniciativa de Bentos para instituir al tercer domingo de septiembre de cada año como “Día del Pastor y la Pastora” ingresó el pasado 13 de noviembre a la Comisión de Legislación General del Senado, en busca de la sanción definitiva y convertirse en ley.Como integrante del Partido UNO (Una Nueva Oportunidad), espacio que pregona los ideales evangélicos, la villaguayense se hizo un lugar en la Cámara baja de la Legislatura provincial, fruto de la alianza de este sector con “Juntos por Entre Ríos”.

A partir del voto unánime del cuerpo, el senador Juan Pablo Cosso fue reemplazado en la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara alta.El representante del departamento Villaguay es sustituido por su par de Federal,Nancy Miranda, a raíz de la propuesta formulada por el titular del bloque “Más para Entre Ríos”, Martín Oliva, en el marco de la sesión ordinaria desarrollada el miércoles por la noche. “En virtud del acuerdo arribado con los integrantes de este cuerpo, y agradeciendo el gesto de permitir un cambio en la presidencia de esta comisión, consideramos que por este tiempo quede en la senadora Miranda”, fueron las palabras del dirigente justicialista.Se trata de una comisión clave de la Legislatura, a la cual le corresponde “dictaminar acerca de todo proyecto de carácter constitucional o político, reforma de la Constitución, conflictos de leyes, atribuciones de los poderes públicos constituidos, tratados y negocios interprovinciales, régimen electoral, expropiación, cuestiones de privilegios, reforma o interpretación del reglamento de la Cámara”, como así también sobre “todo acuerdo que solicite el Poder Ejecutivo y, en general, respecto a cualquier asunto de directa o inmediata vinculación con la interpretación y aplicación de la Constitución Nacional o Provincial”.Además de encabezar la de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Cosso forma parte de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Ambiente y Desarrollo y de Legislación General -en este último caso como secretario-, pero de momento no ha sido relevado.Si bien desde el Senado informaron que el reemplazo será “por el resto del período de sesiones ordinaria”, aún no hay fecha para que el legislador se reincorpore a la actividad, tras una ausencia que lleva dos meses desde que sufrió un accidente automovilístico. El hecho se produjo el pasado 12 de septiembre, cuando se desplazaba por el kilómetro 113 de la autovía 18, en cercanías a la intersección con la ruta provincial 6 y el acceso norte a Villaguay. Según trascendió, regresaba a la ciudad luego de atender asuntos legislativos en Paraná y, por causas que se desconocen, el vehículo Citroën C4 que conducía impactó de manera frontal con un camión Volkswagen.La información oficial distribuida tras el choque, tanto por la Jefatura de Policía como a través del equipo de comunicación del propio senador, daba cuenta que había sufrido lesiones que no revestían gravedad y que sería dado de alta en las horas siguientes.Sin embargo, no volvió a ser visto públicamente -ni en acciones oficiales nipartidarias-, como así tampoco tuvo actividad en redes sociales.

Finalizado el plazo dispuesto por el Senado, la doctora Nadia Paola Benedetti no registró impugnaciones para titularizar como jueza de Garantías y Transición de Villaguay, un puesto que actualmente se encuentra ocupando de manera interina.Tras esta instancia de participación ciudadana, la Comisión de AsuntosConstitucionales y Acuerdos fijó para los días 26 y 27 de noviembre las audiencias públicas destinadas a cubrir diez cargos en el Poder Judicial con profesionales que como ella surgieron de termas propuestas por el Consejo de la Magistratura y luego fueron seleccionados por el Poder Ejecutivo Provincial.La reunión se desarrolló ayer en el segundo piso de Casa de Gobierno y fue presidida por el secretario de la comisión, Rafael Cavagna, ante la ausencia de su titular, el senador villaguayense Juan Pablo Cosso.Nacida en Paraná en 1970, la doctora Benedetti se formó como abogada en laUniversidad Nacional de Lomas de Zamora y como escribana en la Universidad de La Plata, ingresando al Poder Judicial en 2003 en calidad de practicante y desempeñando luego distintos cargos. Tanto los datos filiatorios como los antecedentes curriculares de la magistrada interina aún pueden ser consultados a través de la página web www.senadoer.gob.ar.Recordemos que como titular del Juzgado de Garantías debe encargarse de laprotección y la efectiva aplicación de los derechos y garantías previstos en laConstitución Nacional para todas las personas: no investiga, no toma declaración de imputado ni a los testigos, como tampoco ordena realizar pruebas, sino que sigue de cerca el proceder de la Unidad Fiscal local.

Se trata de Uma Andino y Dafne Demarziani, estudiantes del Instituto D-57 “LaInmaculada” y autoras del proyecto de ley “Puntos de vista”, que resultó seleccionado entre nueve iniciativas en la etapa departamental, el cual mira a la discapacidad visual desde un paradigma social y entiende que “las barreras están en el entorno, son externas y no propias de las personas que la presentan”.La ceremonia fue presidida por la vicegobernadora y titular del Senado, Alicia Aluani, acompañada por la titular del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, como también por las coordinadoras del programa educativo, Claribel García y Eugenia Alasino, quienes dieron la bienvenida a los presentes.Este año, la convocatoria contó con la participación de 198 proyectos provenientes de los 17 departamentos. Del total, 50 estudiantes fueron elegidos como senadores titulares y suplentes, quienes pasaron a conformar la nueva cámara.Durante esta semana, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en una variedad de actividades, que les permitirán conocer de cerca el trabajo legislativo.Del planteo a la propuesta Para comenzar a hablar de discapacidad, Andino y Demarziani se formularon unaserie de interrogantes: “¿Cuándo se hace presente? ¿Qué factores limitan o impiden la participación en diferentes ámbitos a las personas con discapacidad?”.A lo largo del recorrido, pusieron énfasis en los entornos, “considerando que es allí donde debemos intervenir para que cada persona con discapacidad visual pueda llevar a cabo sus actividades diarias, sin ningún tipo de restricción o limitación”. “Por ello es fundamental generar las condiciones necesarias para que esto ocurra”, hicieron notar inmediatamente.Con la asesoría de los profesores Paula Espínola e Iván Faria, las senadoras juveniles proponen “establecer la obligatoriedad para todo restaurante, bar, café, confitería, rotisería, pub, casas de lunch y todo comercio destinado a la venta de comidas, donde haya atención al público, de tener a disposición de la clientela una carta de menú en sistema Braille u otro que procure la accesibilidad para las personas con discapacidad visual a través del uso de tecnologías”, lo cual consideraron una condición necesaria para contribuir a una sociedad “más justa, inclusiva e igualitaria”.Entre los objetivos de la iniciativa, se encuentran “posibilitar la inclusión y laaccesibilidad plena en condiciones de seguridad y autonomía a las personas condiscapacidad visual en restaurantes, resto-bares, confiterías, casas de comidas, bares, pizzerías, heladerías, rotiserías, salones de té y servicios de hotelería”, como también “promover la incorporación de cartelería y menús en sistema de escritura Braille en todos los sitios que brindan servicios gastronómicos y de hotelería en Entre Ríos”.Una idea, varios aportes En el trabajo de campo realizado previo a la defensa del proyecto en la etapadepartamental, las alumnas entrevistaron a Juan Pablo Cosso, en su condición desenador y abogado; a la licenciada en Trabajo Social Sabina Carrivale, coordinadora general del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI); a Claudia Briozzo, profesora de Educación Especial a cargo de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Villaguay. Asimismo, hicieron sus aportes en el proceso de elaboración el joven Lucas Cardozo, estudiante con discapacidad visual que actualmente cursa el nivel secundario, además de Damián Reca, técnico en sistema Braille y Tiflotecnología, profesor de Informática, instructor de Informática para personas con discapacidad visual e integrante del equipo técnico del IPRODI.