El Poder Judicial de Entre Ríos presenta una composición con predominio femenino en su planta de personal, una tendencia que también se refleja a nivel local. En el departamento Villaguay, actualmente se desempeñan 64 trabajadores, de los cuales 43 son mujeres y 21 varones, en línea con los datos provinciales que marcan una mayor participación femenina en el ámbito judicial.

Según el Mapa de Género 2025, elaborado por la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia, el 59% del personal del sistema judicial entrerriano está conformado por mujeres, frente a un 39% de varones, mientras que un 2% no registra datos en la variable de género. En total, el Poder Judicial provincial cuenta con 2.835 agentes.

El informe evidencia una tendencia sostenida hacia la feminización del empleo judicial, impulsada por políticas institucionales orientadas a promover la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo al trabajo. Este predominio femenino se replica en todas las jurisdicciones, independientemente de su tamaño, aunque con diferencias en términos absolutos.

En el desglose territorial, Paraná concentra la mayor cantidad de agentes, seguido por Concordia y Concepción del Uruguay. Sin embargo, más allá de estas diferencias, el patrón general muestra que las mujeres son mayoría en cada uno de los departamentos, incluido Villaguay.

En cuanto a los distintos niveles del sistema, la presencia femenina es mayoritaria en el funcionariado y el personal administrativo, donde alcanza el 63%. En cambio, en la magistratura -que incluye jueces, juezas de paz y camaristas- los varones siguen ocupando la mayoría de los cargos, con el 61%, frente al 39% de mujeres.

Dentro de los Ministerios Públicos, las mujeres representan el 54% en el Ministerio Público Fiscal y el 57% en el de la Defensa. En cargos específicos, la participación femenina alcanza el 53% en fiscalías y se mantiene prácticamente equilibrada en la defensa.

El relevamiento también contempla categorías basadas en la identidad de género, aunque durante 2025 no se registraron selecciones en opciones no binarias o trans. Asimismo, un 2% del personal no consignó esta información.

Desde el Superior Tribunal de Justicia destacaron que la sistematización periódica de estos datos permite conocer la evolución de la planta judicial y fortalecer el diseño de políticas con perspectiva de género, consolidando una gestión más eficiente y transparente.

En un acto institucional de fuerte significado para el sistema judicial entrerriano, este viernes se llevó a cabo la jura de nuevos defensores y defensoras públicas, junto a auxiliares de distintas jurisdicciones de la provincia. La ceremonia tuvo lugar en el Centro de Convenciones Papa Francisco, con la participación de autoridades de los tres poderes del Estado.

El evento fue encabezado por el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, y contó con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno; el vicepresidente Carlos Federico Tepsich; el vocal Leonardo Portela y las vocales Gisela Schumacher y Laura Soage. También participó el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes.

Las nuevas autoridades fueron designadas mediante una serie de decretos del Poder Ejecutivo provincial y la Resolución 17/2026 de la Defensoría General, luego de atravesar el proceso de selección del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y obtener el correspondiente acuerdo constitucional del Senado.

Durante la ceremonia, realizada ante un auditorio colmado, Benítez destacó la relevancia del momento institucional. “Se trata de una instancia fundamental para la Defensa Pública, ya que se han regularizado gran parte de los cargos, sobre todo en defensorías civiles y multifueros”, afirmó.

El defensor general subrayó además la necesidad de avanzar en nuevos concursos, particularmente en áreas sensibles. “Esperamos que a la brevedad se realicen los concursos para los cargos de defensores penales y de niñez, para que se puedan ejercer conforme lo establece la Constitución provincial”, remarcó.

En su discurso, también agradeció la presencia de las autoridades judiciales y el acompañamiento del municipio anfitrión, destacando la importancia de federalizar este tipo de actos institucionales en el interior de la provincia.

En un mensaje dirigido a los nuevos funcionarios, Benítez enfatizó el rol social de la Defensa Pública. “No alcanza con el conocimiento jurídico, sino que es fundamental el compromiso con los más vulnerables, con los pobres, con aquellos que han sido olvidados”, sostuvo, marcando el perfil que se espera de quienes integran el Ministerio Público de la Defensa.

Asimismo, felicitó a los jurantes por haber atravesado “un proceso complejo, repleto de avatares”, y extendió el reconocimiento a sus familias por el acompañamiento brindado.

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, envió una misiva en la que expresó su felicitación a los nuevos funcionarios, destacando que este nuevo desafío los encontrará “con energías renovadas”.

En el mismo sentido se pronunciaron, mediante notas, las vocales del Superior Tribunal de Justicia Claudia Mizawak y Susana Medina, la vicegobernadora Alicia Aluani y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

El acto contó además con la presencia de autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, representantes municipales, integrantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, fuerzas de seguridad, entidades profesionales, gremiales e instituciones de la comunidad.

Las designaciones abarcan distintas localidades entrerrianas, fortaleciendo la cobertura territorial del servicio de defensa pública:

En una audiencia realizada esta semana en Villaguay, el Juzgado de Garantías resolvió devolver a la Unidad Fiscal una causa por presunta corrupción de menores, con el objetivo que se determine con precisión qué jurisdicción debe intervenir en el caso.

El trámite se llevó a cabo en el marco de un juicio abreviado, previsto en el artículo 391º del Código Procesal Penal, bajo la conducción de la jueza Nadia Benedetti. Participaron además el fiscal Mauro Quirolo y la defensora Carolina Koelbl. La audiencia tuvo lugar en el salón correspondiente a la Oficina de Gestión de Audiencias del fuero penal y se extendió por apenas cinco minutos.

La causa, registrada bajo el legajo Nº 190/2025, tiene como imputado a un joven de apellido Acosta, de 30 años, oriundo de Villaguay y con domicilio en una zona rural del departamento, según consta en el acta de audiencia a la que El Pueblo tuvo acceso. El hombre está acusado en una investigación por el delito de corrupción de menores.

Tras escuchar a las partes, la magistrada resolvió no avanzar en el tratamiento del acuerdo de juicio abreviado en esta instancia. En su lugar, dispuso remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que se realicen las diligencias necesarias tendientes a establecer de manera concreta la competencia jurisdiccional, es decir, definir qué tribunal debe intervenir en la tramitación del caso.

Según consta en el acta, los fundamentos de la decisión quedaron registrados en soporte digital de audio y video, conforme a lo establecido por los artículos 150º y 166º del Código Procesal Penal.

De este modo, la causa continuará en etapa de análisis previo, a la espera de que se determine el ámbito judicial competente antes de avanzar con el proceso.

El exfuncionario Juan Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por la muerte de Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años, víctimas de la tragedia vial ocurrida el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, en el departamento Uruguay.

La sentencia fue anticipada por el juez Darío Crespo, quien además dispuso la inhabilitación especial para conducir por nueve años, indicó El OnceTV. Ruiz Orrico fue hallado responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas fatales.

Durante la extensa lectura del adelanto del veredicto, que se prolongó por alrededor de dos horas, el magistrado sostuvo que quedó acreditada la “gravísima imprudencia” del acusado. Según explicó, Ruiz Orrico conducía un vehículo oficial, de noche, en una ruta sin iluminación y tras haber ingerido una considerable cantidad de alcohol, circunstancias que exigían mayor prudencia al volante.

El juez señaló que el acusado invadió el carril contrario, una de las maniobras más peligrosas y prohibidas por la ley de tránsito. “Se constituyó como un obstáculo imprevisto e inevitable para quien circulaba en sentido contrario”, sostuvo Crespo.

Asimismo, el magistrado remarcó que la conducta de las víctimas no influyó en el resultado del accidente, más allá de que los jóvenes no llevaban colocado el cinturón de seguridad. “En el impacto nada tuvieron que ver el modo en que transitaban”, afirmó.

Durante el proceso, Ruiz Orrico reconoció el hecho y pidió disculpas a las familias de las víctimas, manifestando su profundo pesar por el daño causado y asumiendo la responsabilidad por lo ocurrido. Sin embargo, el juez señaló que la confesión no fue determinante por sí sola, sino que debía contrastarse con el conjunto de pruebas reunidas en la investigación.

En ese sentido, Crespo aseguró que el cúmulo de evidencias es contundente y permite reconstruir lo sucedido aquella madrugada. “Las pruebas no dejan dudas de la responsabilidad del acusado como único y exclusivo responsable de las muertes”, expresó.

El magistrado también se dirigió a los familiares de las víctimas, a quienes les reconoció que el proceso judicial no puede reparar el dolor por las pérdidas. A la vez, destacó que los padres de los jóvenes declararon con gran entereza durante el juicio, sin manifestaciones de venganza y reclamando justicia con respeto.

“La invasión antirreglamentaria del carril contrario fue la única causa del accidente”, enfatizó. “Si el carril no hubiese sido invadido, hubiesen llegado sanos y salvos a su trabajo en el frigorífico”, agregó.

Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el martes 17 de marzo a las 8.30 en los Tribunales de Concepción del Uruguay.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada del 20 de junio de 2024, en el kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39, entre las localidades de Caseros y Herrera.

De acuerdo con la investigación judicial, Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre y a una velocidad aproximada de 150 kilómetros por hora.

En esas circunstancias, el vehículo invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa, en el que viajaban cuatro trabajadores de un frigorífico de la localidad de Pronunciamiento.

El choque provocó la muerte de Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, quienes se dirigían a su jornada laboral.

El caso generó una fuerte repercusión pública en la provincia y derivó en la apertura de una causa judicial por homicidio culposo agravado. Cinco días después del siniestro, Ruiz Orrico fue desplazado de su cargo como titular del Instituto Portuario de Entre Ríos.

En la sede de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), ubicada en Montevideo 163 de la ciudad de Paraná, el Frente Sindical Salarial Docente brindó una conferencia de prensa ante la presencia de numerosos medios televisivos, radiales y digitales. El encuentro tuvo como objetivo informar a la docencia y a la sociedad en general los motivos del rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos, que los gremios calificaron como insuficiente y regresiva para el sector.

Durante la exposición, el secretario general de AMET Regional XI, Andrés Besel, subrayó la necesidad de transmitir con claridad el escenario actual del conflicto salarial. En ese sentido, expresó el desacuerdo del sindicato con la decisión del gobernador de otorgar la recomposición salarial por decreto y remarcó la importancia de retomar una verdadera instancia de negociación paritaria.

Besel señaló que cualquier recomposición salarial debe impactar de manera efectiva en el bolsillo de los docentes, pero también contemplar a la obra social y a los docentes jubilados, sectores que —según sostuvo— también se ven afectados por las decisiones salariales que se adopten.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, destacó que el Frente Sindical se mantiene unido en la defensa del salario y de los derechos de los trabajadores de la educación.

El dirigente afirmó que desde el año pasado los gremios han manifestado voluntad de diálogo y han solicitado instancias de negociación para evitar un escenario de conflicto. Sin embargo, sostuvo que las respuestas del Gobierno no fueron adecuadas y que las propuestas presentadas resultaron insuficientes para el sector.

En ese marco, señaló que el paro realizado en los 17 departamentos de la provincia evidenció un fuerte descontento docente y responsabilizó al Gobierno Provincial por la situación. Según indicó, la decisión de otorgar el aumento por decreto profundiza el conflicto y dificulta la construcción de acuerdos.

Antivero también advirtió que el anuncio de una reunión informativa sobre una posible reforma previsional se suma al clima de tensión. Explicó que cualquier modificación en materia previsional impacta directamente en los derechos jubilatorios de los docentes. No obstante, confirmó que el Frente participará del encuentro para conocer el proyecto de primera mano, aunque anticipó que defenderán firmemente los derechos del sector.

A su turno, la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank, sostuvo que el sector atraviesa el segundo día de medidas de fuerza en un contexto que, según describió, se caracteriza por una pérdida de derechos tanto a nivel nacional como provincial.

Frank cuestionó la propuesta salarial presentada por el Gobierno al considerar que no dignifica la tarea docente. Además, señaló que los montos no remunerativos incluidos en la oferta afectan la escala salarial, la obra social y los aportes jubilatorios.

La dirigente también describió un escenario de desgaste y agotamiento en la docencia, con un aumento de licencias médicas y con docentes que evalúan abandonar la profesión. En ese sentido, recordó que la mayoría del sector está compuesto por mujeres, muchas de ellas sostén de hogar, y afirmó que el reclamo central es por un salario que permita vivir con dignidad.

En el marco del conflicto salarial y ante la posibilidad de que se dicte una conciliación obligatoria, los referentes sindicales señalaron que el Frente Sindical se encuentra evaluando distintas estrategias de acción en forma conjunta y que el conflicto podría extenderse en el tiempo.

Antivero explicó que no anticiparán públicamente todas las acciones que se encuentran en análisis para no facilitar movimientos del Gobierno, aunque confirmó que la instalación de una “carpa blanca” es una de las alternativas que se encuentran en agenda.

El dirigente sostuvo que el Frente mantiene la voluntad de diálogo y que el objetivo central es que los estudiantes estén en las escuelas. Sin embargo, advirtió que resulta difícil hablar de calidad educativa cuando los docentes enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Respecto a los plazos y a una eventual conciliación obligatoria, indicó que cada sindicato deberá evaluar la situación a través de sus mecanismos orgánicos —como plenarios o congresos— y que posteriormente se coordinarán los pasos a seguir de manera conjunta.

En la misma línea, Besel remarcó que todas las acciones que se definan estarán enmarcadas en lo resuelto por los delegados en Congreso. Además, señaló que cualquier novedad vinculada a la reforma previsional obligará a convocar nuevamente a los órganos de conducción para analizar el escenario.

El dirigente ratificó que las definiciones salariales se trabajarán dentro del Frente Sindical priorizando la unidad y reiteró que cualquier recomposición debe contemplar a docentes activos, jubilados y al sistema de obra social.

Asimismo, Besel cuestionó decisiones políticas que —según su visión— afectan el financiamiento educativo y sostuvo que el reclamo apunta a garantizar un salario que respete criterios constitucionales y contemple a todos los sectores del sistema educativo.

Finalmente, tanto Besel como Antivero expresaron críticas a las políticas económicas nacionales. Consideraron que la pérdida del poder adquisitivo y determinadas decisiones presupuestarias afectan a los trabajadores y advirtieron sobre lo que definieron como una avanzada sobre el movimiento obrero y los niveles de sindicalización.

En ese contexto, Antivero concluyó que uno de los principales desafíos del sindicalismo es fortalecer la organización colectiva y generar conciencia para defender derechos laborales que consideran históricamente conquistados.

En un operativo conjunto de máxima seguridad, la Justicia Federal logró desbaratar un presunto plan de sicariato que habría sido organizado desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. El objetivo del atentado eran el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, el fiscal federal ante el Tribunal Oral, José Ignacio Candioti, y el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

La maniobra fue detectada a partir de tareas de inteligencia interna y derivó en un allanamiento dentro del penal, donde se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones manuscritas, documentación relevante y dosis de cocaína. El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal federal Pedro Rebollo, quienes intervinieron de manera inmediata ante la gravedad de la información recabada.

La investigación, que se manejó con estricto hermetismo, señala como principal implicado al narcotraficante diamantino Leonardo Airaldi, actualmente alojado en el Pabellón E de la unidad penitenciaria. Según los datos recolectados, Airaldi habría ofrecido 40.000 dólares a un sicario de nacionalidad uruguaya para concretar los asesinatos durante el período de vacaciones de los magistrados.

El plan criminal tenía como trasfondo el inminente inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para el próximo 24 de febrero. De acuerdo con el testimonio de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco buscaba “vengarse” del juez Ríos por la instrucción de la causa y del fiscal Candioti ante el pedido de 15 años de prisión formulado por la fiscalía.

Tras conocerse el intento de atentado, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó públicamente su repudio y destacó el accionar coordinado del Estado provincial y la Justicia Federal.

“Intentó desde la cárcel organizar un atentado contra la Justicia y el Estado”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales. Además, afirmó que la maniobra “fue neutralizada gracias al profesionalismo del Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal”.

Frigerio calificó el hecho como “un ataque directo a la Justicia y al Estado de Derecho”, subrayando la gravedad institucional del intento de asesinato contra funcionarios que investigan delitos complejos vinculados al narcotráfico.

“Mi respaldo absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación. En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”, concluyó el gobernador, quien también manifestó haber mantenido contacto durante toda la jornada con los funcionarios amenazados, especialmente con el ministro Roncaglia.

El intento de atentado expone la magnitud de las estructuras criminales que, aun desde el encierro, buscan influir o interferir en procesos judiciales de alto impacto. La rápida intervención de las autoridades permitió frustrar el plan antes de que pudiera concretarse, evitando lo que hubiera significado un hecho de extrema gravedad institucional en la provincia.

La causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días. Mientras tanto, el Gobierno provincial reiteró su postura: “No nos van a intimidar. Para los delincuentes no hay lugar en Entre Ríos”.

La concentración comenzó a las 8:30 en la esquina de Balcarce y Alem, donde los manifestantes se reunieron con carteles y pancartas para acompañar a la familia de la víctima y a las personas que resultaron heridas en el siniestro vial ocurrido días atrás.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue el testimonio de Aldo, hijo de Roque Garay, quien tomó la palabra visiblemente emocionado y pidió que la ciudad no olvide a su padre. “Debo ser fuerte y luchar por ella. Se llevaron todo de mí; mi padre era mi sostén”, expresó, en referencia a su madre, quien también resultó herida en el hecho.

Aldo relató que su madre no pudo despedirse de su esposo porque se encontraba internada tras el accidente. “Tiene un fuerte golpe en el pulmón y el riñón, se agita al caminar y atraviesa un profundo desconsuelo por la muerte que este sujeto provocó en nuestra familia”, manifestó, agradeciendo además el acompañamiento de la comunidad.

Familiares de Mariano, otro de los lesionados, informaron que el joven fue intervenido quirúrgicamente días atrás en Concordia y evoluciona favorablemente. Sin embargo, continúa atravesando episodios de pánico desde la noche del siniestro.

La familia destacó la solidaridad de los vecinos de Villaguay, quienes colaboraron económicamente para afrontar el costo de la prótesis pélvica que Mariano necesitó, valuada en aproximadamente cinco millones de pesos. “Gracias a todos los vecinos pudimos lograr la operación; ahora solo queremos justicia”, señalaron.

La movilización también tuvo un momento de fuerte carga simbólica cuando se hizo presente la joven que, según consta en la causa, fue víctima de un intento de atropello por parte del imputado esa misma noche. Aunque no brindó declaraciones, su llegada estuvo acompañada por la lectura de una carta escrita por su madre y dirigida a la jueza interviniente, en la que expresó su preocupación por la violencia que atraviesan muchas mujeres en el país y el dolor de que su hija haya sido víctima de una situación de esa gravedad.

Al cierre de la manifestación se informó que el imputado continuará con prisión preventiva por 60 días y será trasladado a una Unidad Penal. Está acusado por la muerte de Roque Garay, por lesiones a cuatro personas y, tras la recaratulación de la causa, también por intento de femicidio.

Según fuentes judiciales, la audiencia se realizó de manera virtual, vía Zoom, con el objetivo de garantizar la seguridad del imputado. Además, debido a que en la jefatura policial no puede permanecer detenido más de 30 días, se dispuso su traslado a una unidad penitenciaria.

La causa sumará la figura de intento de femicidio, delito que contempla una pena mínima de 10 años de prisión, además de la imputación por homicidio culposo en ocasión de accidente de tránsito por la muerte de Roque Garay.

Mientras la investigación avanza, la comunidad de Villaguay volvió a manifestarse en las calles con un mensaje claro: mantener viva la memoria de la víctima y reclamar que el proceso judicial avance sin dilaciones.

Culminada la feria de verano, el período ordinario de trabajo del Poder Judicial inició con la titularización de la defensora auxiliar, Luciana Parravicini. Su designación fue oficializada mediante el decreto Nº 2025-3974-E, aparecido a inicios de semana en el Boletín Oficial de Entre Ríos.

Parravicini ya se desempeñaba en el cargo de manera interina y ahora accede al puesto de manera definitiva, tras haber sido titularizada. El proceso incluyó un concurso público realizado por el Consejo de la Magistratura y su comparecencia en audiencia pública en el Senado, cumpliendo con los pasos establecidos para garantizar la transparencia y la idoneidad del nombramiento.

La designación contó con el acuerdo constitucional de la Cámara alta, otorgado el 23 de diciembre, y fue firmada por la vicegobernadora -a cargo del Poder Ejecutivo al momento de la rúbrica-, Alicia Aluani. El decreto será refrendado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y establece su comunicación, publicación y archivo.

Como defensora auxiliar, Parravicini tiene como responsabilidad la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, particularmente en causas civiles, familiares y penales donde la asistencia legal del Estado sea necesaria. Además, actúa como referente local para orientar y acompañar a los vecinos en el acceso a la justicia, garantizando la imparcialidad y la defensa de los derechos fundamentales de toda la comunidad.

La titularización de Parravicini refuerza la Defensoría Pública de Villaguay, asegurando la continuidad de la atención y defensa de los derechos de los vecinos, ahora con la certeza de un nombramiento definitivo basado en concurso público y transparencia institucional.

Los abogados paranaenses Rubén Pagliotto, Raymundo Kisser y Armando Aquino Britos (radicado en Corrientes), obtuvieron el jueves 28 la Habilitación de Feria, dictada por el Juzgado Federal de Paraná, a cargo del doctor Daniel Alonso, tras interponer una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo ante la Justicia Federal de Paraná.

La presentación busca un fallo favorable para frenar el decreto 941/2025, que permite a agentes de inteligencia (SIDE) realizar arrestos sin orden judicial. Advirtieron que esa medida firmada por el presidente Milei pone en riesgo la libertad de todos los ciudadanos. Al día siguiente, el mismo juez desestimó la acción.

El núcleo del reclamo se centra en que la nueva normativa permite que agentes de inteligencia —cuya identidad y funciones son por ley secretas y encubiertas— puedan realizar ‘aprehensiones de personas’ en situaciones de flagrancia o bajo la excusa de proteger sus propias operaciones. Según los denunciantes, esto transforma a un organismo de espionaje en una fuerza de seguridad con poder de policía prohibido por la Constitución Nacional.

Los abogados entrerrianos solicitan, además, la inconstitucionalidad del decreto por considerar que el presidente de la Nación no puede regular cuestiones que afectan la libertad personal y el derecho penal mediante un DNU. Argumentan que este tipo de restricciones solo pueden ser discutidas y aprobadas por el Congreso de la Nación, respetando la división de poderes y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

El mismo juez Alonso, que habilitó la feria para atender la acción de Habeas Corpus preventivo, se expidió al día siguiente (jueves 29) para rechazarlo, “por no encuadrar en los supuestos previstos en el art. 3° inc. 1 de la ley 23.098, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10, primer párrafo, de dicha norma y los fundamentos vertidos en los considerandos. II) COSTAS a los presentantes. III) ELEVAR las presentes a la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, conforme lo dispuesto en el art. 10, segundo párrafo, de la ley 23.098”.

El anuncio realizado por el Gobierno de Entre Ríos sobre el hallazgo de cámaras ocultas en despachos oficiales de la Casa Gris —entre ellos los del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario general de la Gobernación Mauricio Colello— generó una fuerte repercusión provincial y nacional, al interpretarse inicialmente como una presunta maniobra de espionaje reciente.

Sin embargo, allegados al ex secretario general de la Gobernación durante la gestión de Gustavo Bordet, el ex senador nacional Edgardo Kueider, reconocieron al medio Análisis que la colocación de esos dispositivos fue dispuesta por el propio Kueider a comienzos de 2018 y que el sistema fue desactivado en febrero de 2019.

Según explicaron, la decisión de instalar las cámaras respondió a la intención de “tener un control” de movimientos extraños que se habrían detectado en las oficinas cuando sus ocupantes no estaban presentes. La instalación alcanzó tanto al despacho del entonces secretario general como al del gobernador Bordet. De hecho, una de esas cámaras fue hallada en la oficina que hoy ocupa Frigerio, lo que provocó indignación y rechazo en el oficialismo y en distintos sectores políticos al interpretarse, en un primer momento, como una práctica de espionaje actual.

De acuerdo a las fuentes consultadas, fue el propio Bordet quien solicitó a Kueider la instalación de una cámara en su despacho. “Estaba cansado de encontrar los papeles acomodados de una manera al mediodía y de otra distinta por la tarde”, señalaron.

El sistema estaba compuesto por cámaras analógicas básicas, disimuladas dentro de sensores de movimiento, conectadas por cableado a un DVR ubicado en una oficina contigua a la Secretaría General. “No tenían conexión a internet. Funcionaban con un disco rígido que en su momento se llevó el propio Kueider”, precisaron. Además, remarcaron un dato central: “Después que lo hackearon a Kueider, se desconectó todo. Eso quedó ahí, desconectado para siempre”.

El sistema dejó de operar en febrero de 2019. Desde entonces, aunque los dispositivos permanecieron físicamente instalados, los cables quedaron sueltos y el DVR fue retirado. “No hay imágenes, no tienen corriente, no funcionan”, aseguraron.

En total, había una cámara en la antesala, otra en la oficina del secretario general, una en el pasillo entre ambos despachos y otra en el despacho del gobernador. Todas reportaban al DVR ubicado en el sector donde también se guardaba la caja fuerte de gastos reservados. Parte de esas imágenes se hicieron públicas el año pasado, cuando se investigaba a Kueider por causas judiciales en Paraguay —donde actualmente cumple prisión domiciliaria en la ciudad de Luque por una causa de presunto contrabando de dólares— y por su presunta vinculación con la causa Securitas y la empresa ENERSA, investigación dispuesta por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Kueider siempre negó vínculos con ENERSA y con el empresario Claudio Tórtul.

Otro aspecto que generó sorpresa fue que los dispositivos, descriptos como “aparatitos de unos 10 centímetros”, permanecieran a la vista durante años sin ser detectados. “Estaban visibles. Bastaba con levantar la cabeza y observar”, señalaron las fuentes, y recordaron que al asumir Bordet en 2015 se había realizado un operativo similar en Casa de Gobierno, cuando se hallaron micrófonos en la oficina del entonces ministro de Gobierno Mauro Urribarri, supuestamente ordenados durante la gestión de Sergio Urribarri.

En enero de 2019, Kueider recibió un correo electrónico anónimo con un video adjunto que mostraba imágenes grabadas en su propio despacho oficial. El mismo material fue enviado simultáneamente a Sergio Urribarri, por entonces presidente de la Cámara de Diputados provincial. El video evidenciaba movimientos de dinero de fondos reservados y reuniones con colaboradores, lo que generó una fuerte preocupación en el funcionario.

El hecho fue interpretado como una maniobra de extorsión vinculada a la reelección de autoridades legislativas de ese año. Kueider denunció el hackeo ante la Justicia y se comunicó con el entonces fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, aunque la causa nunca avanzó y terminó archivada. Entre los motivos, se señaló que el exfuncionario presentó un video editado y no el original.

Este contexto histórico es el que, según las fuentes consultadas, explica la presencia de los dispositivos hallados recientemente en la Casa Gris y pone en duda la hipótesis de un espionaje activo durante la actual gestión provincial, cuestión que sigue bajo análisis judicial.

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió al hallazgo de dispositivos de audio y video ocultos en dependencias oficiales de la Casa de Gobierno, entre ellas el despacho del gobernador Rogelio Frigerio y la Secretaría General de la Gobernación, y aseguró que no se descarta “ninguna hipótesis” en el marco de la investigación en curso.

En declaraciones a Radio Plaza, el funcionario relató cómo tomó conocimiento del hecho. “Estaba listo para ir a una reunión en el Ministerio de Economía por el tema del crédito internacional cuando recibí la llamada del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien muy preocupado me transmitió esta situación y me preguntó qué le aconsejaba hacer para esclarecer la cuestión desde el punto de vista administrativo”, explicó. En ese sentido, indicó que lo primero fue recomendar la apertura de una información sumaria.

Rodríguez Signes detalló que la Fiscalía de Estado cumple dos funciones principales: la defensa en juicio y el control de legalidad de los actos administrativos. En este caso, la investigación administrativa se sustanciará a través de la Dirección Provincial de Sumarios, conforme al decreto 70. “Se designa un instructor sumariante y comienza la información sumaria, que no se dirige contra un responsable concreto, sino que busca configurar la irregularidad, establecer en qué consiste y quiénes podrían ser los responsables”, precisó.

El fiscal de Estado subrayó que esta investigación administrativa puede coincidir o no con la investigación penal que lleva adelante el fiscal Santiago Alfieri. “La investigación penal apunta al autor de un delito y su sanción. La administrativa apunta a la irregularidad en el funcionamiento de la administración, que puede ser por acción u omisión”, explicó.

Al recordar antecedentes, Rodríguez Signes mencionó que este tipo de situaciones ya se han dado en otras oportunidades. Rememoró el hallazgo de granadas en la Casa de Gobierno durante los años ‘80 y también el caso del ex senador y ex secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider, aunque aclaró que en aquella oportunidad no se investigó la colocación de cámaras, sino el manejo de fondos reservados.

“Esto es otra cosa y es una situación muy grave porque estamos hablando del despacho del gobernador de la provincia y del secretario general de la Gobernación”, remarcó.

Respecto a la posibilidad de que los dispositivos hayan sido colocados de manera clandestina, Rodríguez Signes fue categórico: “Intervenir en el cableado de teléfonos, dispositivos de internet o cámaras dentro de la Casa de Gobierno está a cargo de personal de la administración pública. No puede venir cualquiera y meterse a una oficina a colocar cámaras. Eso es inconcebible”. Por ello, consideró clave la información sumaria para determinar si la instalación fue realizada por organismos públicos o de forma absolutamente ilegal.

Sobre una posible vinculación con el caso Kueider, admitió que podría tratarse de dispositivos colocados en aquella época y que no fueron retirados, aunque aclaró que se trata solo de una hipótesis. Señaló además que, según la información disponible, las cámaras funcionaban mediante cableado, sin que aún se sepa hasta dónde llegaba la conexión ni si existía un dispositivo de almacenamiento activo.

En cuanto a los plazos, indicó que la información sumaria cuenta con tiempos reglamentados, aunque no estrictamente perentorios, ya que primero se debe determinar la existencia y el alcance de la irregularidad y las áreas involucradas.

Rodríguez Signes también descartó casi por completo la posibilidad de que una persona ajena a la administración haya ingresado a colocar dispositivos en la oficina del gobernador. “Es una oficina custodiada las 24 horas, con controles permanentes y cámaras en el exterior. Es muy difícil que alguien ajeno ingrese y realice una actividad de este tipo sin una logística compleja”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que se trabajará en forma conjunta con el fiscal Santiago Alfieri, a quien valoró por su capacidad investigativa. “No se descarta ninguna hipótesis, pero Alfieri es una persona profundamente incisiva en este tipo de investigaciones y vamos a trabajar en conjunto, así que de alguna forma lo vamos a terminar esclareciendo”, concluyó.

El fiscal Santiago Alfieri brindó precisiones sobre el hallazgo de dispositivos de espionaje en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, en el marco de la investigación por el presunto espionaje al gobernador Rogelio Frigerio. En diálogo con Ahora Litoral, confirmó que las cámaras estaban ocultas dentro de sensores de movimiento y que la instalación presentaba características propias de un trabajo profesional.

Según explicó el funcionario judicial, los dispositivos fueron detectados por personal policial durante un barrido preventivo de rutina. “Nos reportaron que habían encontrado, dentro de unos dispositivos de apariencia como sensores, los elementos suficientes para el registro de imágenes y de audio”, indicó.

En total, se hallaron tres cámaras ubicadas en sectores estratégicos del edificio: el despacho del Gobernador, el pasillo de acceso al ascensor privado y una oficina posterior que ha tenido distintos usos a lo largo del tiempo y donde actualmente funciona la Secretaría de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello.

Alfieri remarcó que el modo de ocultamiento resultó particularmente llamativo. “La apariencia no era de cámara, la apariencia era de sensor”, señaló, explicando que a simple vista simulaban ser detectores de humo o de movimiento, pero en su interior contenían equipamiento audiovisual.

Respecto a la infraestructura, el fiscal fue contundente: “No era una instalación precaria”. El cableado se encontraba empotrado en las paredes, lo que evidencia una planificación previa y una ejecución formal. “Hubo una instalación empotrada de cables”, precisó.

Una de las principales incógnitas giraba en torno a si los dispositivos se encontraban en funcionamiento al momento del hallazgo. Alfieri aclaró que, si bien estaba todo el tendido de cables, no se localizaron los equipos de grabación. “No había un DVR grabando lo que sucedía en ese espacio al momento del hallazgo, ni un dispositivo de retransmisión remota”, explicó, aunque advirtió que ello no descarta que los equipos hayan sido retirados recientemente o que hayan funcionado en el pasado.

En cuanto a la línea investigativa, el fiscal indicó que ahora se busca establecer “quién y cuándo tuvo la ocasión, sea formal o informalmente, de realizar esa instalación”. Para ello, se solicitarán registros a las áreas de informática y seguridad de la Gobernación, con el objetivo de determinar si existió alguna orden de trabajo oficial que justifique el tendido de cables.

Asimismo, Alfieri confirmó que se analiza una posible vinculación con una denuncia previa del ex senador y ex secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider. En ese marco, recordó que Kueider había mencionado una situación de presunto chantaje o extorsión vinculada a la instalación de cámaras en esas oficinas. “La cuestión ahora es abordar esa información histórica para establecer si se trata de las mismas o no”, concluyó.

La causa continúa en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que investiga las responsabilidades penales detrás de lo que fue calificado como una grave vulneración a la seguridad institucional de la provincia.

La provincia de Entre Ríos consolidó en 2025 su liderazgo en materia de inocuidad alimentaria a través del ICAB, que registró avances cuantitativos y cualitativos significativos en la formación de recursos humanos, la regularización del sector y la ampliación de su capacidad de análisis y monitoreo. Los datos oficiales, difundidos en el último informe anual, revelan un salto estructural en la gestión bromatológica provincial.

El indicador más contundente del año es el número de carnets de manipulación segura de alimentos vigentes: 51.233 para diciembre de 2025. Esta cifra se sustenta en una política agresiva de capacitación que incluyó 138 instancias de formación en formato presencial y virtual, representando un crecimiento del 176 por ciento respecto al período anterior.

"Este número no es sólo estadística; es el reflejo de miles de trabajadores del sector alimenticio que ahora operan con conocimientos actualizados y comprometidos con la seguridad de los consumidores", destacaron fuentes oficiales del instituto.

Una de las apuestas centrales de la gestión fue la incorporación de tecnología para descentralizar la formación. El ICAB implementó dos programas de capacitación online de alto impacto:

El Programa de Capacitación para Laboratorios, dirigido a los integrantes de la Red Provincial de Laboratorios de Alimentos (RPLAA), formó a 30 profesionales entrerrianos en Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), estandarizando procesos técnicos en todo el territorio.

Por su parte, la segunda cohorte del Programa Formador de Formadores, desarrollado en articulación con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), incorporó 28 nuevos profesionales habilitados para dictar cursos de Manipulación Segura de Alimentos. Esta iniciativa multiplica el efecto de las capacitaciones, creando una red provincial de instructores calificados.

En el plano de la regulación, Entre Ríos culminó 2025 con 4.400 inscripciones activas en el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), integradas al Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (Sifega). Este registro garantiza la trazabilidad completa de los productos que circulan tanto en la provincia como en el mercado nacional.

El Registro de Establecimientos de alimentos, envases y materiales en contacto directo con alimentos también experimentó un crecimiento notable con 184 nuevos registros durante el año. Además, el ICAB implementó un sistema de consulta pública digital para las Unidades de Transporte de Alimentos (UTA), una herramienta que optimiza el control de vehículos de transporte y avanza en la unificación de criterios entre provincias, municipios y comunas.

Los laboratorios del ICAB duplicaron su rendimiento en 2025. Se realizaron 701 análisis de alimentos, agua y rótulos, un incremento del 98 por ciento respecto al año anterior. Esta expansión permite una respuesta más ágil a las demandas de control y una mayor cobertura en la detección de irregularidades.

Las acciones de monitoreo, denuncias y alertas alimentarias también registraron un salto cualitativo: pasaron de 206 intervenciones en 2024 a 302 en 2025, lo que refleja una estrategia más proactiva de fiscalización en todo el territorio provincial.

El instituto también consolidó su rol en la investigación epidemiológica al coordinar un estudio estratégico sobre el control de yodo en sal para consumo humano, en colaboración con el prestigioso Instituto Dr. Carlos G. Malbrán. El relevamiento, que cubrió 29 localidades entrerrianas —desde grandes centros urbanos hasta zonas rurales—, proporcionará datos fundamentales para las políticas de salud pública nacional.

Los resultados del ICAB en 2025 configuran un modelo de gestión basado en la formación masiva, la innovación tecnológica y la articulación interinstitucional. Con más de 51 mil manipuladores capacitados, un sistema de registro robusto y una capacidad de análisis duplicada, Entre Ríos no solo cumple con los estándares nacionales, sino que establece nuevos parámetros en la protección del derecho a la alimentación segura.

El Poder Judicial de Entre Ríos oficializó su incorporación al Bus Federal de Justicia, una plataforma digital que permite el intercambio electrónico de oficios y cédulas judiciales entre jurisdicciones del país. La medida quedó formalizada a través del acuerdo general Nº19 del Superior Tribunal de Justicia, publicado en el Boletín Oficial, que apunta a agilizar trámites, reducir tiempos y fortalecer la seguridad en las comunicaciones judiciales.

El nuevo sistema, denominado Protocolo Técnico de Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, habilita a los poderes judiciales y organismos adheridos a diligenciar y recibir oficios y cédulas ley Nº 22.172 en formato digital, con firma electrónica y validez legal, dejando atrás gran parte de la operatoria en papel.

Como parte de esta implementación, el Poder Judicial resolvió centralizar la tramitación de los oficios a través de tres dependencias específicas, de acuerdo al fuero interviniente. De este modo, habrá una oficina para el fuero penal, otra para los fueros de familia, civil ycomercial, y una tercera para el fuero laboral y contencioso administrativo. Estas oficinas serán las encargadas de recibir la documentación y redireccionarla internamente a la dependencia correspondiente.

En el caso de Villaguay, los trámites vinculados al fuero penal deberán canalizarse a través de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), cuyo correo electrónico oficial es ogavillaguay@jusentrerios.gov.ar. Además, se informó un teléfono de turno para consultas: +54 9 3455 488023.

Desde el Poder Judicial aclararon que, cuando el oficio o cédula tenga destino específico, deberá indicarse expresamente en el cuerpo del documento. En caso contrario, será la oficina centralizadora la que determine internamente la dependencia, el fuero y la instancia que corresponda.

El sistema también contempla el envío de respuestas desde Entre Ríos hacia otros poderes judiciales u organismos adheridos en otras jurisdicciones, que se realizará en formato PDF con firma digital certificada por la ONTI, consignando datos de la autoridad firmante,fecha y hora de emisión. La validez de estos documentos rige exclusivamente en el entorno digital.

En cuanto a los costos, el Boletín Oficial recuerda que el Poder Judicial percibe tasas por la gestión de oficios o cédulas (ley Nº 22.172) remitidas desde otras provincias, conforme lo establece el Código Fiscal vigente. Una vez recibido el trámite, el organismo informará el monto correspondiente y el pago deberá realizarse de manera online, a través de la plataforma Pluspagos, disponible en el sitio web oficial del Poder Judicial.

La implementación del Bus Federal de Justicia representa un paso más en el proceso de modernización del sistema judicial, con impacto directo en abogados, organismos públicos y ciudadanos, al simplificar gestiones, acortar plazos y reducir traslados innecesarios.

El evento será presidido por el procurador general de la provincia, Jorge Amilcar García quien hará uso de la palabra. También asistirán el presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Leonardo Portela y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, entre otras autoridades .

Los nombramientos de los/as funcionarios/as titulares fueron realizados por el Poder Ejecutivo provincial, con Acuerdo de la Cámara de Senadores, luego de sustanciarse los respectivos concursos en el Consejo de la Magistratura, de acuerdo al mecanismo previsto por la Constitución de Entre Ríos.

Prestarán juramento

Chajarí

Mondragón, María Macarena

Verdura Pons, María Dalia

Colón

Di Pretoro, Micaela María

Taleb, Laila

Concepción del Uruguay

Becker, María de los Ángeles

Santo, Eduardo

Concordia

De Giambattista, Juan Pablo

Montangie, Daniela

Nuñez, José Martín

Diamante

Acuña, María Florencia

Shmith, María Eugenia

Feliciano

Espinosa, Evelina Vanesa

Gualeguay

Elal, Ana Paula

Burruchaga, Maite

Gualeguaychú

Beherán, Josefina

Gutiérrez, Jorge Luis

Ochoa, Fernando

La Paz

Bartolo, Natalia Denise

Pereyra, Juan Manuel

Paraná

Ballesteros, María Jimena

Bordín, María Elizabeth

Farinó, Adriana Paola

Giunta, Cristian José María

Guzmán, Andrea Carolina

Millán, Martín

Nin, María de las Mercedes

Sueldo, Jorge Gabriel

Vilchez, Valeria Elena

Vives, Sonia Beatriz

Viviani, Ileana

Wasinger, Martín Miguel

Zenklusen, Eric Rodolfo

Rosario del Tala

Reynoso, Emilce Paola

Villaguay

Batto, María Noelia

Quirolo, Mauro Román.

Un grave hecho ocurrido en la ciudad de Villa Elisa generó conmoción en la comunidad local y en la región. Una mujer oriunda de Villaguay fue señalada como presunta responsable de un incendio registrado en la noche del 8 de diciembre en un depósito ubicado sobre Boulevard Guex al 2700, siniestro que provocó importantes daños materiales y habría puesto en riesgo la vida de un menor.

La mujer fue identificada como Graciela Segovia, de 43 años, quien quedó detenida tras ser sindicada como autora del incendio en un galpón perteneciente a un productor agropecuario de la zona, con quien mantenía una relación de pareja. De acuerdo a la investigación penal preparatoria llevada adelante por la Unidad Fiscal de Colón, al momento del hecho Segovia se encontraba con su hijo de un año y medio —que tiene en común con el damnificado— en brazos, en un contexto de alto riesgo debido a la presencia de combustibles y materiales altamente inflamables.

El foco ígneo se inició alrededor de las 21 horas, cuando Bomberos Voluntarios de Villa Elisa recibieron un llamado alertando sobre el incendio en el depósito, donde se encontraban camionetas, maquinaria agrícola y otros elementos. La rápida intervención de la primera dotación de incendios urbanos, con el apoyo de dos unidades cisterna y personal adicional, permitió sofocar las llamas. No obstante, el fuego consumió por completo una camioneta Chevrolet S10 y ocasionó daños en otros vehículos y maquinarias vinculadas a la actividad rural. Tras extinguir el incendio, se realizaron tareas de enfriamiento y verificación antes del regreso al cuartel.

Las sospechas sobre la mujer surgieron a partir del informe del perito en incendios de la Policía Científica de Concepción del Uruguay, quien determinó que el siniestro habría sido intencional. A esto se sumó el análisis de registros de cámaras de seguridad y otros indicios recolectados durante la investigación. En ese marco, el pasado jueves se realizó un allanamiento en su vivienda de calle Estrada al 1200, en la zona céntrica de Villa Elisa, donde se secuestraron prendas de vestir y calzados que presuntamente habrían sido utilizados al momento del hecho. Del procedimiento participaron efectivos de la dependencia policial local, personal de la División Criminalística y el fiscal Alejandro Perroud, quien dispuso la inmediata detención de la sospechosa.

En una audiencia desarrollada en los tribunales de Colón, Segovia fue indagada por los delitos de incendio agravado, desobediencia y amenazas calificadas, contando con la asistencia de la defensa oficial. El fiscal Perroud solicitó la prisión preventiva por un plazo de 90 días, argumentando riesgo de fuga, posibilidad de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de avanzar con medidas probatorias pendientes. Si bien la defensa propuso la prisión domiciliaria, el juez de Garantías, Jesús Penayo Amaya, resolvió dictar la detención preventiva hasta el próximo 29 de diciembre, fecha en la que se revisará la medida.

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) participó este jueves de la primera reunión del Consejo Consultivo del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, un espacio interinstitucional creado para supervisar y mejorar las condiciones de detención en la provincia. El encuentro, desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, reunió a organismos del Estado, entidades académicas y organizaciones sociales.

Durante la jornada, los representantes del MPD plantearon su preocupación por la situación de las personas privadas de la libertad en dependencias de la Policía de Entre Ríos, especialmente por el déficit en la atención de la salud mental, una problemática que se manifiesta con mayor gravedad en localidades del interior.

El defensor coordinador Gaspar Reca y Lucía Tejera, responsable del Registro de Casos de Violencia Institucional del MPD, señalaron que uno de los principales obstáculos se presenta en el abordaje del consumo problemático de sustancias, una situación que también se registra en las unidades penales. De acuerdo con lo expuesto, la falta de atención adecuada convierte a las dependencias policiales en ámbitos inadecuados para personas que requieren acompañamiento especializado.

El Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, creado por ley, se integra por un Comité Provincial y un Consejo Consultivo. Este último funciona como órgano asesor permanente, está compuesto por representantes de diversas instituciones y debe reunirse al menos dos veces al año. Su trabajo se orienta a prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en contextos de encierro.

Durante la reunión, los integrantes del Comité presentaron un informe sobre el aumento de la población privada de la libertad en la última década, además de tres ejes prioritarios para el período: acceso a la salud, detenciones en dependencias policiales y acceso a la educación.

Del encuentro participaron representantes del Superior Tribunal de Justicia, el Juzgado de Ejecución de Penas, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Entre Ríos, el Copnaf, la UNER, la UADER, el Colegio de Psicólogos y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos.

Las instituciones coincidieron en la necesidad de profundizar el análisis, solicitar informes actualizados y conformar mesas de trabajo específicas para avanzar en propuestas concretas, que serán evaluadas en la próxima reunión del Consejo Consultivo.

La jornada estuvo encabezada por los integrantes del Comité contra la Tortura: el senador Juan Pablo Cosso (presidente), la diputada Silvina Deccó, la directora de Derechos Humanos María Emma Bargagna, los representantes de organismos de derechos humanos Ignacio Journé y Sofía Stamatti, y el secretario ejecutivo José Morales. También forma parte del Comité el diputado Silvio Gallay.

La Fundación CAUCE – Cultura Ambiental Causa Ecologista inició un amparo judicial el pasado 6 de noviembre de 2025, tras no recibir en tiempo y forma respuesta del Gobierno de Entre Ríos a una Solicitud de Acceso a la Información Pública Ambiental (SAIPA) presentada el 19 de septiembre. La organización buscaba obtener documentación clave vinculada a la ampliación de la navegabilidad del río Uruguay, en el contexto del avance de la segunda etapa del Plan de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande.

La entidad ambientalista requirió tres bloques específicos de información:

Desde CAUCE remarcaron que la información solicitada no es “información pública genérica”, sino información ambiental, una categoría que posee un régimen jurídico propio, regido por normas de presupuestos mínimos a nivel nacional y por el Acuerdo de Escazú, de carácter obligatorio para todos los niveles del Estado.

En ese sentido, señalaron que la recientemente sancionada Ley Provincial 11.191, que regula el acceso general a la información pública, no resulta aplicable para este tipo de requerimientos, ya que no es una norma complementaria de la legislación nacional ambiental ni del acuerdo internacional vigente.

La organización recordó que la jurisprudencia en Entre Ríos ha sido consistente en:

Desde CAUCE afirmaron que la acción judicial busca asegurar que los derechos instrumentales contemplados en el Acuerdo de Escazú sean efectivamente cumplidos. “Con esta nueva acción, buscamos que los derechos que establece Escazú sean respetados, se genere cumplimiento para evitar responsabilidad —incluso internacional— y que la democracia ambiental continúe siendo la manera de gestionar procesos y evitar futuros conflictos”, expresaron.

La Fiesta Provincial del Estudiante Secundario, que se desarrolló el pasado fin de semana en Villaguay, se vio involucrada en una situación totalmente inesperada y sin precedentes: una denuncia por presunto abuso sexual a una menor.

El hecho en cuestión no habría ocurrido en el predio oficial del evento sino en circunstancias vinculadas al viaje y estadía de la delegación nogoyaense en el centro de Entre Ríos, donde se dieron cita cientos de adolescentes de diversas localidades.

La presentación judicial fue realizada por la madre de una chica de 15 años de edad, identificada por sus iniciales con las letras M.L.R., cuyo caso quedó en manos de la fiscal María Catalina Mir.

El acusado es un empleado municipal de Nogoyá, N.A., quien se desempeñaba como chofer en la Coordinación de Cultura, Educación y Turismo de Nogoyá. Por disposición del Departamento Ejecutivo, el trabajador fue separado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación penal y la instrucción de un sumario.

La situación tomó estado público cuando el secretario de Gobierno de Nogoyá, Eduardo Quinodoz, reconoció la existencia de la denuncia en declaraciones radiales a FM Libertad de esa localidad. “Hay una denuncia realizada contra un empleado del municipio de parte de la madre de una persona”, confirmó el funcionario, quien indicó que el agente “fue removido preventivamente y saldrá el dictamen legal para el inicio de un sumario administrativo”.

La investigación se desarrolla bajo estricto resguardo, debido a que la víctima es menor de edad, conforme lo dispuesto por la ley Nº 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. La Fiscalía trabaja en la toma de testimonios, intervención de equipos interdisciplinarios y recolección de información para determinar responsabilidades penales.

Para Villaguay, la noticia irrumpe después de una celebración masiva que congregó a innumerable cantidad de jóvenes, música y actividades recreativas. La causa abre ahora un capítulo judicial con epicentro en los tribunales locales, mientras la Municipalidad de Nogoyá enfrenta consecuencias en su propia estructura.

Por el momento, el caso se encuentra en etapa inicial de investigación, sin medidas cautelares confirmadas públicamente.

Tras conocerse una denuncia por presunto abuso sexual a una menor de 15 años oriunda de Nogoyá, hecho que habría ocurrido durante el fin de semana en el marco de la Fiesta Provincial del Estudiante en Villaguay, la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. C.M. Etchebarne”, organizadora del tradicional evento, emitió un comunicado oficial para despejar dudas y deslindar responsabilidades.

En el texto, la institución manifestó su “absoluto desconocimiento” de los hechos mencionados en una publicación difundida por el portal Entre Ríos Ahora, en la que se hacía referencia a un supuesto incidente ocurrido durante la celebración estudiantil. La escuela aclaró que no recibió ninguna denuncia ni comunicación oficial relacionada con lo difundido por los medios.

Asimismo, el comunicado enfatiza que los hechos aludidos no ocurrieron en las instalaciones donde se desarrolló con total normalidad la LVI edición de la Fiesta Provincial del Estudiante, ni bajo la organización o responsabilidad de la institución, ni involucran a estudiantes, docentes o personal perteneciente a la comunidad educativa.

“La Escuela lamenta la difusión de información de manera incompleta, la cual podría generar confusión o bien afectar el buen nombre y la trayectoria institucional”, señala el documento. En ese sentido, el texto solicita que toda información vinculada al evento sea aclarada o rectificada, en resguardo del derecho a una comunicación veraz y del respeto hacia la comunidad educativa.

Desde la organización destacaron además que cada postulante que participa del evento lo hace acompañado por un adulto responsable, cumpliendo con las normas y disposiciones vigentes. Finalmente, el comunicado reafirma los valores que guían la labor educativa de la institución: responsabilidad, respeto y compromiso.

COMUNICADO

La Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr C.M. Etchebarne” informa a la comunidad educativa y al público en general que ha tomado conocimiento de una publicación y de comentarios difundidos por el medio digital Entre Ríos Ahora, en los cuales se hace referencia a un presunto hecho ocurrido durante la Fiesta Provincial del Estudiante.Al respecto, la institución manifiesta su absoluto desconocimiento de los hechos mencionados, no habiendo recibido ninguna denuncia, ni comunicación oficial relacionada con lo publicado.

Asimismo, es importante aclarar que los supuestos hechos aludidos en la publicación no ocurrieron en las instalaciones donde se desarrolló con absoluta normalidad la LVI Fiesta Provincial del Estudiante, ni tampoco bajo la organización y/o responsabilidad de esta institución, ni involucran a estudiantes, docentes y/o personal perteneciente a nuestra comunidad educativa.

Cabe destacar que, como es habitual, cada postulante que asiste a la fiesta lo hace acompañado por un adulto responsable, conforme a las disposiciones y a las normas establecidas por la organización del evento.

La Escuela lamenta la difusión de información de manera incompleta, la cual podría generar confusión o bien afectar el buen nombre y la trayectoria institucional, así como la de quienes integran el equipo organizador del evento, 6° ELECOMM. En este sentido, se solicita que toda información vinculada al evento sea aclarada, o en su defecto rectificada, en resguardo del derecho a una comunicación veraz y del respeto que merece toda la comunidad educativa.

Finalmente, desde la institución se reafirma que en cada una de sus acciones y eventos trabaja con responsabilidad, respeto y compromiso, valores que guían permanentemente su labor educativa y social.