Las reuniones reúnen a representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional Entre Ríos, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Sindicato de Luz y Fuerza, jubilados autoconvocados, la Federación de Jubilados y representantes de jubilados municipales.

La agenda de trabajo se extenderá hasta el viernes, período en el cual cada sector expondrá sus propuestas y planteos en torno a la reforma previsional. El objetivo central de estos encuentros es garantizar la participación de todos los actores involucrados, promoviendo el diálogo y la construcción de consensos para avanzar hacia un sistema más equitativo y sostenible.

En ese marco, Bagnat remarcó la importancia de un abordaje amplio e inclusivo: “La reforma debe construirse con todos los sectores, buscando un equilibrio que garantice la sustentabilidad del sistema sin perder derechos”.

El funcionario también destacó que el proceso se encara con una mirada de largo plazo, priorizando decisiones responsables que otorguen previsibilidad a los beneficiarios.

Según se informó, estas instancias forman parte de una agenda más amplia impulsada por el Ejecutivo provincial, orientada a modernizar el sistema previsional, fortalecer su sustentabilidad y consolidar reglas claras que brinden estabilidad en el tiempo.

En un acto institucional de fuerte significado para el sistema judicial entrerriano, este viernes se llevó a cabo la jura de nuevos defensores y defensoras públicas, junto a auxiliares de distintas jurisdicciones de la provincia. La ceremonia tuvo lugar en el Centro de Convenciones Papa Francisco, con la participación de autoridades de los tres poderes del Estado.

El evento fue encabezado por el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, y contó con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno; el vicepresidente Carlos Federico Tepsich; el vocal Leonardo Portela y las vocales Gisela Schumacher y Laura Soage. También participó el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes.

Las nuevas autoridades fueron designadas mediante una serie de decretos del Poder Ejecutivo provincial y la Resolución 17/2026 de la Defensoría General, luego de atravesar el proceso de selección del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y obtener el correspondiente acuerdo constitucional del Senado.

Durante la ceremonia, realizada ante un auditorio colmado, Benítez destacó la relevancia del momento institucional. “Se trata de una instancia fundamental para la Defensa Pública, ya que se han regularizado gran parte de los cargos, sobre todo en defensorías civiles y multifueros”, afirmó.

El defensor general subrayó además la necesidad de avanzar en nuevos concursos, particularmente en áreas sensibles. “Esperamos que a la brevedad se realicen los concursos para los cargos de defensores penales y de niñez, para que se puedan ejercer conforme lo establece la Constitución provincial”, remarcó.

En su discurso, también agradeció la presencia de las autoridades judiciales y el acompañamiento del municipio anfitrión, destacando la importancia de federalizar este tipo de actos institucionales en el interior de la provincia.

En un mensaje dirigido a los nuevos funcionarios, Benítez enfatizó el rol social de la Defensa Pública. “No alcanza con el conocimiento jurídico, sino que es fundamental el compromiso con los más vulnerables, con los pobres, con aquellos que han sido olvidados”, sostuvo, marcando el perfil que se espera de quienes integran el Ministerio Público de la Defensa.

Asimismo, felicitó a los jurantes por haber atravesado “un proceso complejo, repleto de avatares”, y extendió el reconocimiento a sus familias por el acompañamiento brindado.

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, envió una misiva en la que expresó su felicitación a los nuevos funcionarios, destacando que este nuevo desafío los encontrará “con energías renovadas”.

En el mismo sentido se pronunciaron, mediante notas, las vocales del Superior Tribunal de Justicia Claudia Mizawak y Susana Medina, la vicegobernadora Alicia Aluani y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

El acto contó además con la presencia de autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, representantes municipales, integrantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, fuerzas de seguridad, entidades profesionales, gremiales e instituciones de la comunidad.

Las designaciones abarcan distintas localidades entrerrianas, fortaleciendo la cobertura territorial del servicio de defensa pública:

En una audiencia realizada esta semana en Villaguay, el Juzgado de Garantías resolvió devolver a la Unidad Fiscal una causa por presunta corrupción de menores, con el objetivo que se determine con precisión qué jurisdicción debe intervenir en el caso.

El trámite se llevó a cabo en el marco de un juicio abreviado, previsto en el artículo 391º del Código Procesal Penal, bajo la conducción de la jueza Nadia Benedetti. Participaron además el fiscal Mauro Quirolo y la defensora Carolina Koelbl. La audiencia tuvo lugar en el salón correspondiente a la Oficina de Gestión de Audiencias del fuero penal y se extendió por apenas cinco minutos.

La causa, registrada bajo el legajo Nº 190/2025, tiene como imputado a un joven de apellido Acosta, de 30 años, oriundo de Villaguay y con domicilio en una zona rural del departamento, según consta en el acta de audiencia a la que El Pueblo tuvo acceso. El hombre está acusado en una investigación por el delito de corrupción de menores.

Tras escuchar a las partes, la magistrada resolvió no avanzar en el tratamiento del acuerdo de juicio abreviado en esta instancia. En su lugar, dispuso remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que se realicen las diligencias necesarias tendientes a establecer de manera concreta la competencia jurisdiccional, es decir, definir qué tribunal debe intervenir en la tramitación del caso.

Según consta en el acta, los fundamentos de la decisión quedaron registrados en soporte digital de audio y video, conforme a lo establecido por los artículos 150º y 166º del Código Procesal Penal.

De este modo, la causa continuará en etapa de análisis previo, a la espera de que se determine el ámbito judicial competente antes de avanzar con el proceso.

El exfuncionario Juan Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por la muerte de Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años, víctimas de la tragedia vial ocurrida el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, en el departamento Uruguay.

La sentencia fue anticipada por el juez Darío Crespo, quien además dispuso la inhabilitación especial para conducir por nueve años, indicó El OnceTV. Ruiz Orrico fue hallado responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas fatales.

Durante la extensa lectura del adelanto del veredicto, que se prolongó por alrededor de dos horas, el magistrado sostuvo que quedó acreditada la “gravísima imprudencia” del acusado. Según explicó, Ruiz Orrico conducía un vehículo oficial, de noche, en una ruta sin iluminación y tras haber ingerido una considerable cantidad de alcohol, circunstancias que exigían mayor prudencia al volante.

El juez señaló que el acusado invadió el carril contrario, una de las maniobras más peligrosas y prohibidas por la ley de tránsito. “Se constituyó como un obstáculo imprevisto e inevitable para quien circulaba en sentido contrario”, sostuvo Crespo.

Asimismo, el magistrado remarcó que la conducta de las víctimas no influyó en el resultado del accidente, más allá de que los jóvenes no llevaban colocado el cinturón de seguridad. “En el impacto nada tuvieron que ver el modo en que transitaban”, afirmó.

Durante el proceso, Ruiz Orrico reconoció el hecho y pidió disculpas a las familias de las víctimas, manifestando su profundo pesar por el daño causado y asumiendo la responsabilidad por lo ocurrido. Sin embargo, el juez señaló que la confesión no fue determinante por sí sola, sino que debía contrastarse con el conjunto de pruebas reunidas en la investigación.

En ese sentido, Crespo aseguró que el cúmulo de evidencias es contundente y permite reconstruir lo sucedido aquella madrugada. “Las pruebas no dejan dudas de la responsabilidad del acusado como único y exclusivo responsable de las muertes”, expresó.

El magistrado también se dirigió a los familiares de las víctimas, a quienes les reconoció que el proceso judicial no puede reparar el dolor por las pérdidas. A la vez, destacó que los padres de los jóvenes declararon con gran entereza durante el juicio, sin manifestaciones de venganza y reclamando justicia con respeto.

“La invasión antirreglamentaria del carril contrario fue la única causa del accidente”, enfatizó. “Si el carril no hubiese sido invadido, hubiesen llegado sanos y salvos a su trabajo en el frigorífico”, agregó.

Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el martes 17 de marzo a las 8.30 en los Tribunales de Concepción del Uruguay.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada del 20 de junio de 2024, en el kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39, entre las localidades de Caseros y Herrera.

De acuerdo con la investigación judicial, Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre y a una velocidad aproximada de 150 kilómetros por hora.

En esas circunstancias, el vehículo invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa, en el que viajaban cuatro trabajadores de un frigorífico de la localidad de Pronunciamiento.

El choque provocó la muerte de Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, quienes se dirigían a su jornada laboral.

El caso generó una fuerte repercusión pública en la provincia y derivó en la apertura de una causa judicial por homicidio culposo agravado. Cinco días después del siniestro, Ruiz Orrico fue desplazado de su cargo como titular del Instituto Portuario de Entre Ríos.

En un operativo conjunto de máxima seguridad, la Justicia Federal logró desbaratar un presunto plan de sicariato que habría sido organizado desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. El objetivo del atentado eran el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, el fiscal federal ante el Tribunal Oral, José Ignacio Candioti, y el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

La maniobra fue detectada a partir de tareas de inteligencia interna y derivó en un allanamiento dentro del penal, donde se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones manuscritas, documentación relevante y dosis de cocaína. El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal federal Pedro Rebollo, quienes intervinieron de manera inmediata ante la gravedad de la información recabada.

La investigación, que se manejó con estricto hermetismo, señala como principal implicado al narcotraficante diamantino Leonardo Airaldi, actualmente alojado en el Pabellón E de la unidad penitenciaria. Según los datos recolectados, Airaldi habría ofrecido 40.000 dólares a un sicario de nacionalidad uruguaya para concretar los asesinatos durante el período de vacaciones de los magistrados.

El plan criminal tenía como trasfondo el inminente inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para el próximo 24 de febrero. De acuerdo con el testimonio de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco buscaba “vengarse” del juez Ríos por la instrucción de la causa y del fiscal Candioti ante el pedido de 15 años de prisión formulado por la fiscalía.

Tras conocerse el intento de atentado, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó públicamente su repudio y destacó el accionar coordinado del Estado provincial y la Justicia Federal.

“Intentó desde la cárcel organizar un atentado contra la Justicia y el Estado”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales. Además, afirmó que la maniobra “fue neutralizada gracias al profesionalismo del Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal”.

Frigerio calificó el hecho como “un ataque directo a la Justicia y al Estado de Derecho”, subrayando la gravedad institucional del intento de asesinato contra funcionarios que investigan delitos complejos vinculados al narcotráfico.

“Mi respaldo absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación. En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”, concluyó el gobernador, quien también manifestó haber mantenido contacto durante toda la jornada con los funcionarios amenazados, especialmente con el ministro Roncaglia.

El intento de atentado expone la magnitud de las estructuras criminales que, aun desde el encierro, buscan influir o interferir en procesos judiciales de alto impacto. La rápida intervención de las autoridades permitió frustrar el plan antes de que pudiera concretarse, evitando lo que hubiera significado un hecho de extrema gravedad institucional en la provincia.

La causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días. Mientras tanto, el Gobierno provincial reiteró su postura: “No nos van a intimidar. Para los delincuentes no hay lugar en Entre Ríos”.

La concentración comenzó a las 8:30 en la esquina de Balcarce y Alem, donde los manifestantes se reunieron con carteles y pancartas para acompañar a la familia de la víctima y a las personas que resultaron heridas en el siniestro vial ocurrido días atrás.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue el testimonio de Aldo, hijo de Roque Garay, quien tomó la palabra visiblemente emocionado y pidió que la ciudad no olvide a su padre. “Debo ser fuerte y luchar por ella. Se llevaron todo de mí; mi padre era mi sostén”, expresó, en referencia a su madre, quien también resultó herida en el hecho.

Aldo relató que su madre no pudo despedirse de su esposo porque se encontraba internada tras el accidente. “Tiene un fuerte golpe en el pulmón y el riñón, se agita al caminar y atraviesa un profundo desconsuelo por la muerte que este sujeto provocó en nuestra familia”, manifestó, agradeciendo además el acompañamiento de la comunidad.

Familiares de Mariano, otro de los lesionados, informaron que el joven fue intervenido quirúrgicamente días atrás en Concordia y evoluciona favorablemente. Sin embargo, continúa atravesando episodios de pánico desde la noche del siniestro.

La familia destacó la solidaridad de los vecinos de Villaguay, quienes colaboraron económicamente para afrontar el costo de la prótesis pélvica que Mariano necesitó, valuada en aproximadamente cinco millones de pesos. “Gracias a todos los vecinos pudimos lograr la operación; ahora solo queremos justicia”, señalaron.

La movilización también tuvo un momento de fuerte carga simbólica cuando se hizo presente la joven que, según consta en la causa, fue víctima de un intento de atropello por parte del imputado esa misma noche. Aunque no brindó declaraciones, su llegada estuvo acompañada por la lectura de una carta escrita por su madre y dirigida a la jueza interviniente, en la que expresó su preocupación por la violencia que atraviesan muchas mujeres en el país y el dolor de que su hija haya sido víctima de una situación de esa gravedad.

Al cierre de la manifestación se informó que el imputado continuará con prisión preventiva por 60 días y será trasladado a una Unidad Penal. Está acusado por la muerte de Roque Garay, por lesiones a cuatro personas y, tras la recaratulación de la causa, también por intento de femicidio.

Según fuentes judiciales, la audiencia se realizó de manera virtual, vía Zoom, con el objetivo de garantizar la seguridad del imputado. Además, debido a que en la jefatura policial no puede permanecer detenido más de 30 días, se dispuso su traslado a una unidad penitenciaria.

La causa sumará la figura de intento de femicidio, delito que contempla una pena mínima de 10 años de prisión, además de la imputación por homicidio culposo en ocasión de accidente de tránsito por la muerte de Roque Garay.

Mientras la investigación avanza, la comunidad de Villaguay volvió a manifestarse en las calles con un mensaje claro: mantener viva la memoria de la víctima y reclamar que el proceso judicial avance sin dilaciones.

Culminada la feria de verano, el período ordinario de trabajo del Poder Judicial inició con la titularización de la defensora auxiliar, Luciana Parravicini. Su designación fue oficializada mediante el decreto Nº 2025-3974-E, aparecido a inicios de semana en el Boletín Oficial de Entre Ríos.

Parravicini ya se desempeñaba en el cargo de manera interina y ahora accede al puesto de manera definitiva, tras haber sido titularizada. El proceso incluyó un concurso público realizado por el Consejo de la Magistratura y su comparecencia en audiencia pública en el Senado, cumpliendo con los pasos establecidos para garantizar la transparencia y la idoneidad del nombramiento.

La designación contó con el acuerdo constitucional de la Cámara alta, otorgado el 23 de diciembre, y fue firmada por la vicegobernadora -a cargo del Poder Ejecutivo al momento de la rúbrica-, Alicia Aluani. El decreto será refrendado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y establece su comunicación, publicación y archivo.

Como defensora auxiliar, Parravicini tiene como responsabilidad la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, particularmente en causas civiles, familiares y penales donde la asistencia legal del Estado sea necesaria. Además, actúa como referente local para orientar y acompañar a los vecinos en el acceso a la justicia, garantizando la imparcialidad y la defensa de los derechos fundamentales de toda la comunidad.

La titularización de Parravicini refuerza la Defensoría Pública de Villaguay, asegurando la continuidad de la atención y defensa de los derechos de los vecinos, ahora con la certeza de un nombramiento definitivo basado en concurso público y transparencia institucional.

La Justicia le recordó a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) que el derecho a la salud y a la vida se encuentran protegidos por la Constitución Nacional, la Constitución de Entre Ríos y tratados internacionales y que la legislación específica en materia de diabetes obliga a las obras sociales a brindar una cobertura del 100% de los medicamentos prescriptos.

El señalamiento lo hizo el Juzgado de Feria al dar lugar a una acción de amparo y ordenó a la OSER a brindar cobertura integral y gratuita de un tratamiento farmacológico a una afiliada con diabetes tipo 2, luego de que la entidad demorara su entrega pese a estar prescripto por su médico tratante.

El abogado Emmanuel Almirón patrocinó a la paciente ante la falta de respuesta efectiva de la obra social, que condicionaba la entrega del medicamento a reiterados requerimientos administrativos, aun cuando ya se había aportado la documentación médica necesaria.

El tratamiento indicado consiste en Semaglutide (Ozempic), un fármaco utilizado en pacientes con diabetes tipo 2 y patologías asociadas, cuya continuidad había sido interrumpida, poniendo en riesgo la salud y la calidad de vida de la afiliada, da cuenta Análisis.

En el marco del proceso, intervino el Departamento Médico Forense, que confirmó el diagnóstico de diabetes tipo II asociada a cardiopatía y avaló la indicación médica del fármaco, señalando que, si bien no se trataba de una situación de riesgo vital inmediato, el medicamento debía ser suministrado a la mayor brevedad posible para evitar el deterioro del cuadro clínico.

La obra social, por su parte, sostuvo que el tratamiento estaba autorizado, pero sujeto a la presentación de una historia clínica ampliada y otros informes médicos. Sin embargo, el juzgado consideró acreditado que la documentación ya había sido entregada y que la conducta de la demandada resultaba ilegítima frente a la necesidad de continuidad del tratamiento.

En su fallo, la magistratura recordó que el derecho a la salud y a la vida se encuentran protegidos por la Constitución Nacional, la Constitución de Entre Ríos y tratados internacionales, y que la legislación específica en materia de diabetes obliga a las obras sociales a brindar una cobertura del 100% de los medicamentos prescriptos.

Por ello, resolvió hacer lugar al amparo y ordenó a la Obra Social de Entre Ríos que, en un plazo máximo de cinco días, entregue el medicamento indicado en forma gratuita e integral, por el término de seis meses.

En su primera audiencia ante la Justicia de Estados Unidos, Nicolás Maduro se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan en la causa por narcoterrorismo y cuestionó el carácter del proceso judicial.

Frente al tribunal federal de Nueva York, el mandatario venezolano se presentó como un “prisionero de guerra” y afirmó: “Soy inocente, no soy culpable de nada de lo que se me acusa aquí”.

“No soy culpable, soy un hombre decente”, insistió Maduro durante la lectura de cargos. Y agregó: “Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”.

La audiencia estuvo a cargo del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, ante quien el líder chavista respondió “no culpable” a los cuatro cargos federales que enfrenta, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y delitos vinculados a la posesión de armas de guerra. “Tengo el escrito de la acusación”, interrumpió Maduro mientras el secretario leía las acusaciones.

El tribunal dispuso una nueva audiencia para el 17 de marzo. Hasta esa fecha, el acusado permanecerá detenido en una cárcel federal de Brooklyn. Su abogado defensor, Barry Pollack, informó que por el momento no solicitará la libertad bajo fianza, aunque no descartó presentar ese pedido en una etapa posterior del proceso.

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostienen que Maduro habría encabezado una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas, conocida como el Cartel de los Soles, con presuntos vínculos con organizaciones criminales y armadas de la región.

El gobierno venezolano rechaza de manera sistemática esa hipótesis y califica la causa como una “maniobra de persecución política”.

De ser condenado, el mandatario venezolano podría enfrentar penas de varias décadas de prisión o incluso condenas a cadena perpetua, según la eventual acumulación de las sentencias previstas para cada uno de los cargos.

La muerte de Mariela Natalí Reynoso, ocurrida el sábado 3 de enero en la localidad de Lucas González, generó conmoción y cuestionamientos por parte de sus familiares. Sin embargo, este lunes, el informe definitivo de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Oro Verde confirmó que el fallecimiento se produjo por causas naturales.

Según se había informado oficialmente, durante la madrugada del sábado, minutos antes de las 6, la Comisaría de Lucas González tomó conocimiento, a través de un llamado telefónico, sobre la presencia de una mujer en estado de desvanecimiento tendida en la vía pública, sobre calle Maximino Enrique. Personal policial acudió al lugar y solicitó una ambulancia, que trasladó a la mujer al hospital.

Pese a los intentos médicos, poco después se produjo el deceso. El informe del médico policial indicó que la mujer, de 37 años, falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, catalogando la muerte como natural y señalando que no presentaba signos de violencia ni intervención de terceros. Tras la intervención de la fiscal Maite Burruchaga, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, el cuerpo fue entregado a la familia.

No obstante, las dudas no tardaron en aparecer. Graciela Reynoso, hermana de la víctima, se presentó posteriormente en la Fiscalía de Nogoyá para radicar una denuncia formal solicitando que se investigara una “muerte dudosa”. En su presentación, expresó que la familia no había recibido información clara sobre lo sucedido y aseguró haber observado golpes en la zona frontal de la cabeza y en ambas rodillas de su hermana.

Con el patrocinio del abogado Luis Hanneman, la familia también realizó una denuncia policial y manifestó su desacuerdo con el dictamen médico inicial. Incluso, allegados a la víctima difundieron fotografías del cuerpo y mensajes en redes sociales que reforzaron las sospechas de una posible muerte violenta.

Ante este escenario, y a pedido de los familiares, la fiscal dispuso durante la noche del sábado la realización de una autopsia, motivo por el cual el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde.

Finalmente, este lunes se conoció el resultado del estudio forense, el cual ratificó el primer informe médico: Mariela Reynoso falleció por causas naturales, descartándose la existencia de lesiones compatibles con una muerte violenta o la participación de terceros.

La Justicia avanza con las distintas investigaciones que involucran al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y a empresarios de su confianza, como Pablo Toviggino.

Toviggino, tesorero de la AFA, está imputado en varias investigaciones por presuntos delitos financieros que incluyen lavado de activos, retención indebida de aportes previsionales y vínculos sospechosos con una financiera. Estas causas derivaron en allanamientos masivos, secuestros de documentación y embargos sobre patrimonios millonarios.

Una de las investigaciones más importante gira en torno a una imponente propiedad en Villa Rosa, Pilar, con más de 105 mil metros cuadrados, haras, helipuerto, canchas deportivas y un garaje con decenas de autos de lujo. Formalmente, la mansión pertenece a la sociedad Real Central SRL, en manos de Luciano Pantano (exdirigente de futsal y Almirante Brown) y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. Sin embargo, la Justicia sospecha que podrían actuar como testaferros de Toviggino, ya que sus ingresos no se condicen con el valor de la propiedad.

Durante los allanamientos, se encontraron elementos que vinculan la mansión con el tesorero: un bolso con el logo de la AFA, una plaqueta de Barracas Central (club presidido por un hijo de Tapia) dedicada a Toviggino, y cédulas azules de vehículos a nombre de sus familiares.

El juez penal económico Marcelo Aguinsky ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Toviggino, sus familiares y empresas relacionadas, muchas en Santiago del Estero. Pantano y Conte iban a declarar recientemente, pero pidieron cambiar la competencia al fuero federal de Campana, lo que postergó las audiencias.

Por otra parte, en el fuero federal de Lomas de Zamora a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, la Justicia avanza en una causa por presunto lavado de activos a través de Sur Finanzas, empresa de Ariel Vallejo, cercano a Tapia.

La financiera patrocinó clubes y torneos, pero está bajo sospecha por operaciones irregulares. Hubo más de 30 allanamientos en sedes de la AFA, la Liga Profesional y 18 clubes, con secuestros de documentación, computadoras y celulares. También procesaron con prisión domiciliaria a la tesorera de Sur Finanzas y dos empleados por encubrimiento.

Uno de los elementos centrales para el procesamiento de Micaela Sánchez fue el hallazgo de una CPU de color negro en el baúl de la camioneta que manejaba la mujer al momento del procedimiento. De acuerdo con la causa, ese equipo formaba parte del material que estaba siendo retirado del galpón cuando la policía intervino.

En el mismo vehículo, los investigadores encontraron una copia del acta de la asamblea general de accionistas de Sur Finanzas. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares ocultos debajo del cobertor del fondo de la camioneta y otro celular escondido bajo la alfombra del asiento del conductor, lo que para la Justicia reforzó la sospecha de que se intentaba sustraer y ocultar pruebas.

El procedimiento se produjo luego de que el juez Armella ordenara una consigna policial en el depósito de Turdera, tras detectar un movimiento inusual de vehículos.

En las últimas horas, por orden de la jueza María Servini, allanaron casa de la mamá de Vallejos en Banfield. El operativo lo lleva a cabo la Policía Federal Argentina (PFA) por supuesto fraude con la compra de dólares oficiales sin justificación, maniobra conocida como “rulo” cambiario, por la que se compran dólares que se venden a un precio mucho más alto.

En otra causa, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a Tapia (como presidente y administrador de clave fiscal), Toviggino, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. La denuncia, presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a retenciones no depositadas de IVA, Ganancias y aportes jubilatorios entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, por un total superior a los 19.000 millones de pesos.

Según la ley, estos fondos deben ingresarse en un plazo de 30 días; la omisión configura delito. El juez Diego Amarante solicitó medidas de prueba, incluyendo estados contables de la AFA.

El evento será presidido por el procurador general de la provincia, Jorge Amilcar García quien hará uso de la palabra. También asistirán el presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Leonardo Portela y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, entre otras autoridades .

Los nombramientos de los/as funcionarios/as titulares fueron realizados por el Poder Ejecutivo provincial, con Acuerdo de la Cámara de Senadores, luego de sustanciarse los respectivos concursos en el Consejo de la Magistratura, de acuerdo al mecanismo previsto por la Constitución de Entre Ríos.

Prestarán juramento

Chajarí

Mondragón, María Macarena

Verdura Pons, María Dalia

Colón

Di Pretoro, Micaela María

Taleb, Laila

Concepción del Uruguay

Becker, María de los Ángeles

Santo, Eduardo

Concordia

De Giambattista, Juan Pablo

Montangie, Daniela

Nuñez, José Martín

Diamante

Acuña, María Florencia

Shmith, María Eugenia

Feliciano

Espinosa, Evelina Vanesa

Gualeguay

Elal, Ana Paula

Burruchaga, Maite

Gualeguaychú

Beherán, Josefina

Gutiérrez, Jorge Luis

Ochoa, Fernando

La Paz

Bartolo, Natalia Denise

Pereyra, Juan Manuel

Paraná

Ballesteros, María Jimena

Bordín, María Elizabeth

Farinó, Adriana Paola

Giunta, Cristian José María

Guzmán, Andrea Carolina

Millán, Martín

Nin, María de las Mercedes

Sueldo, Jorge Gabriel

Vilchez, Valeria Elena

Vives, Sonia Beatriz

Viviani, Ileana

Wasinger, Martín Miguel

Zenklusen, Eric Rodolfo

Rosario del Tala

Reynoso, Emilce Paola

Villaguay

Batto, María Noelia

Quirolo, Mauro Román.

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) participó este jueves de la primera reunión del Consejo Consultivo del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, un espacio interinstitucional creado para supervisar y mejorar las condiciones de detención en la provincia. El encuentro, desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, reunió a organismos del Estado, entidades académicas y organizaciones sociales.

Durante la jornada, los representantes del MPD plantearon su preocupación por la situación de las personas privadas de la libertad en dependencias de la Policía de Entre Ríos, especialmente por el déficit en la atención de la salud mental, una problemática que se manifiesta con mayor gravedad en localidades del interior.

El defensor coordinador Gaspar Reca y Lucía Tejera, responsable del Registro de Casos de Violencia Institucional del MPD, señalaron que uno de los principales obstáculos se presenta en el abordaje del consumo problemático de sustancias, una situación que también se registra en las unidades penales. De acuerdo con lo expuesto, la falta de atención adecuada convierte a las dependencias policiales en ámbitos inadecuados para personas que requieren acompañamiento especializado.

El Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, creado por ley, se integra por un Comité Provincial y un Consejo Consultivo. Este último funciona como órgano asesor permanente, está compuesto por representantes de diversas instituciones y debe reunirse al menos dos veces al año. Su trabajo se orienta a prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en contextos de encierro.

Durante la reunión, los integrantes del Comité presentaron un informe sobre el aumento de la población privada de la libertad en la última década, además de tres ejes prioritarios para el período: acceso a la salud, detenciones en dependencias policiales y acceso a la educación.

Del encuentro participaron representantes del Superior Tribunal de Justicia, el Juzgado de Ejecución de Penas, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Entre Ríos, el Copnaf, la UNER, la UADER, el Colegio de Psicólogos y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos.

Las instituciones coincidieron en la necesidad de profundizar el análisis, solicitar informes actualizados y conformar mesas de trabajo específicas para avanzar en propuestas concretas, que serán evaluadas en la próxima reunión del Consejo Consultivo.

La jornada estuvo encabezada por los integrantes del Comité contra la Tortura: el senador Juan Pablo Cosso (presidente), la diputada Silvina Deccó, la directora de Derechos Humanos María Emma Bargagna, los representantes de organismos de derechos humanos Ignacio Journé y Sofía Stamatti, y el secretario ejecutivo José Morales. También forma parte del Comité el diputado Silvio Gallay.

La Fundación CAUCE – Cultura Ambiental Causa Ecologista inició un amparo judicial el pasado 6 de noviembre de 2025, tras no recibir en tiempo y forma respuesta del Gobierno de Entre Ríos a una Solicitud de Acceso a la Información Pública Ambiental (SAIPA) presentada el 19 de septiembre. La organización buscaba obtener documentación clave vinculada a la ampliación de la navegabilidad del río Uruguay, en el contexto del avance de la segunda etapa del Plan de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande.

La entidad ambientalista requirió tres bloques específicos de información:

Desde CAUCE remarcaron que la información solicitada no es “información pública genérica”, sino información ambiental, una categoría que posee un régimen jurídico propio, regido por normas de presupuestos mínimos a nivel nacional y por el Acuerdo de Escazú, de carácter obligatorio para todos los niveles del Estado.

En ese sentido, señalaron que la recientemente sancionada Ley Provincial 11.191, que regula el acceso general a la información pública, no resulta aplicable para este tipo de requerimientos, ya que no es una norma complementaria de la legislación nacional ambiental ni del acuerdo internacional vigente.

La organización recordó que la jurisprudencia en Entre Ríos ha sido consistente en:

Desde CAUCE afirmaron que la acción judicial busca asegurar que los derechos instrumentales contemplados en el Acuerdo de Escazú sean efectivamente cumplidos. “Con esta nueva acción, buscamos que los derechos que establece Escazú sean respetados, se genere cumplimiento para evitar responsabilidad —incluso internacional— y que la democracia ambiental continúe siendo la manera de gestionar procesos y evitar futuros conflictos”, expresaron.

Desde hoy hasta el 28 de noviembre inclusive -un período de 10 días hábiles-, estará abierta la cuarta y última convocatoria del año para presentar solicitudes de inscripción al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER).

Previamente, ayer se llevó a cabo un encuentro virtual obligatorio para todas las personas interesadas. Anteriormente, estas reuniones se venían realizando presencialmente en Villaguay, elegida estratégicamente por su ubicación central en la provincia. En esta instancia, se brindó información clave sobre el proceso de inscripción y se abordaron las particularidades de la adopción y sus implicancias.

Actualmente, el RUAER se encuentra en búsqueda de familias para 69 niños y niñas de entre 0 y 12 años y 32 adolescentes de entre 13 y 17 años. La mayoría tiene más de 8 años, forma parte de un grupo de hermanos y/o presenta alguna situación de salud que requiere algún tipo de tratamiento.

El registro, creado a través de la ley Nº 9.985 y vigente desde 2010, ha logrado que más de 700 niños, niñas y adolescentes hayan sido recibidos en guarda por familias de diversas conformaciones, marcando un promedio de 50 por año. Entre quienes adoptaron se incluyen parejas de distinto y mismo sexo, familias monoparentales y personas de diferentes edades, credos, niveles educativos y posiciones socioeconómicas.

“Este es un principio básico que guía el trabajo del RUAER, por lo cual cada aspirante es evaluado profesionalmente por un Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) en un proceso que incluye entrevistas y capacitaciones”, explicaron recientemente desde el organismo. Cada caso es evaluado considerando el interés superior del niño y el diagnóstico del ETI sirve de base para que el defensor general determine la admisión o el rechazo de la solicitud. En caso de ser rechazado, la decisión puede recurrirse por los canales legales correspondientes.

La normativa vigente establece también otros lineamientos, entre ellos: el respeto por el derecho a la identidad, el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada, la preservación de los vínculos fraternos, y el derecho del niño a ser oído y a dar su consentimiento a partir de los 10 años.

El RUAER destaca que ha contribuido a un cambio de paradigma: “Los gurises y las gurisas ya no son considerados como objetos intercambiables, sino como sujetos de derecho a quienes el Estado tiene la obligación de proteger y de garantizar su derecho a una vida en familia. Es importante entender que esto es más importante que el deseo de ser padres o madres”.

A pesar de los avances, la búsqueda de familias presenta dificultades: más del 85% de los aspirantes registrados solo está disponible para niños/as de hasta 3 años, apenas el 17% acepta adoptar a menores con discapacidad o enfermedades, y muy pocos están dispuestos a adoptar grupos de tres hermanos o más. Para atender estas necesidades, el RUAER implementará próximamente el Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento, destinado a facilitar el vínculo con los niños que presentan mayores dificultades para ser adoptados.

Más allá de los números, cada inscripción representa la posibilidad de transformar la vida de un niño o adolescente. El enfoque del RUAER no solo busca llenar vacíos familiares, sino garantizar que los menores sean reconocidos como sujetos de derecho, con identidad, voz y vínculos que se respetan.

La Fiesta Provincial del Estudiante Secundario, que se desarrolló el pasado fin de semana en Villaguay, se vio involucrada en una situación totalmente inesperada y sin precedentes: una denuncia por presunto abuso sexual a una menor.

El hecho en cuestión no habría ocurrido en el predio oficial del evento sino en circunstancias vinculadas al viaje y estadía de la delegación nogoyaense en el centro de Entre Ríos, donde se dieron cita cientos de adolescentes de diversas localidades.

La presentación judicial fue realizada por la madre de una chica de 15 años de edad, identificada por sus iniciales con las letras M.L.R., cuyo caso quedó en manos de la fiscal María Catalina Mir.

El acusado es un empleado municipal de Nogoyá, N.A., quien se desempeñaba como chofer en la Coordinación de Cultura, Educación y Turismo de Nogoyá. Por disposición del Departamento Ejecutivo, el trabajador fue separado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación penal y la instrucción de un sumario.

La situación tomó estado público cuando el secretario de Gobierno de Nogoyá, Eduardo Quinodoz, reconoció la existencia de la denuncia en declaraciones radiales a FM Libertad de esa localidad. “Hay una denuncia realizada contra un empleado del municipio de parte de la madre de una persona”, confirmó el funcionario, quien indicó que el agente “fue removido preventivamente y saldrá el dictamen legal para el inicio de un sumario administrativo”.

La investigación se desarrolla bajo estricto resguardo, debido a que la víctima es menor de edad, conforme lo dispuesto por la ley Nº 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. La Fiscalía trabaja en la toma de testimonios, intervención de equipos interdisciplinarios y recolección de información para determinar responsabilidades penales.

Para Villaguay, la noticia irrumpe después de una celebración masiva que congregó a innumerable cantidad de jóvenes, música y actividades recreativas. La causa abre ahora un capítulo judicial con epicentro en los tribunales locales, mientras la Municipalidad de Nogoyá enfrenta consecuencias en su propia estructura.

Por el momento, el caso se encuentra en etapa inicial de investigación, sin medidas cautelares confirmadas públicamente.

Tras conocerse una denuncia por presunto abuso sexual a una menor de 15 años oriunda de Nogoyá, hecho que habría ocurrido durante el fin de semana en el marco de la Fiesta Provincial del Estudiante en Villaguay, la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. C.M. Etchebarne”, organizadora del tradicional evento, emitió un comunicado oficial para despejar dudas y deslindar responsabilidades.

En el texto, la institución manifestó su “absoluto desconocimiento” de los hechos mencionados en una publicación difundida por el portal Entre Ríos Ahora, en la que se hacía referencia a un supuesto incidente ocurrido durante la celebración estudiantil. La escuela aclaró que no recibió ninguna denuncia ni comunicación oficial relacionada con lo difundido por los medios.

Asimismo, el comunicado enfatiza que los hechos aludidos no ocurrieron en las instalaciones donde se desarrolló con total normalidad la LVI edición de la Fiesta Provincial del Estudiante, ni bajo la organización o responsabilidad de la institución, ni involucran a estudiantes, docentes o personal perteneciente a la comunidad educativa.

“La Escuela lamenta la difusión de información de manera incompleta, la cual podría generar confusión o bien afectar el buen nombre y la trayectoria institucional”, señala el documento. En ese sentido, el texto solicita que toda información vinculada al evento sea aclarada o rectificada, en resguardo del derecho a una comunicación veraz y del respeto hacia la comunidad educativa.

Desde la organización destacaron además que cada postulante que participa del evento lo hace acompañado por un adulto responsable, cumpliendo con las normas y disposiciones vigentes. Finalmente, el comunicado reafirma los valores que guían la labor educativa de la institución: responsabilidad, respeto y compromiso.

COMUNICADO

La Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr C.M. Etchebarne” informa a la comunidad educativa y al público en general que ha tomado conocimiento de una publicación y de comentarios difundidos por el medio digital Entre Ríos Ahora, en los cuales se hace referencia a un presunto hecho ocurrido durante la Fiesta Provincial del Estudiante.Al respecto, la institución manifiesta su absoluto desconocimiento de los hechos mencionados, no habiendo recibido ninguna denuncia, ni comunicación oficial relacionada con lo publicado.

Asimismo, es importante aclarar que los supuestos hechos aludidos en la publicación no ocurrieron en las instalaciones donde se desarrolló con absoluta normalidad la LVI Fiesta Provincial del Estudiante, ni tampoco bajo la organización y/o responsabilidad de esta institución, ni involucran a estudiantes, docentes y/o personal perteneciente a nuestra comunidad educativa.

Cabe destacar que, como es habitual, cada postulante que asiste a la fiesta lo hace acompañado por un adulto responsable, conforme a las disposiciones y a las normas establecidas por la organización del evento.

La Escuela lamenta la difusión de información de manera incompleta, la cual podría generar confusión o bien afectar el buen nombre y la trayectoria institucional, así como la de quienes integran el equipo organizador del evento, 6° ELECOMM. En este sentido, se solicita que toda información vinculada al evento sea aclarada, o en su defecto rectificada, en resguardo del derecho a una comunicación veraz y del respeto que merece toda la comunidad educativa.

Finalmente, desde la institución se reafirma que en cada una de sus acciones y eventos trabaja con responsabilidad, respeto y compromiso, valores que guían permanentemente su labor educativa y social.

Una profunda tristeza y una indignación contenida recorren las calles de esta localidad que se prepara para despedir a Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años cuyo brutal asesinato ha conmocionado a toda la región. Después de varios días de angustiosa búsqueda, su vida fue truncada y su cuerpo fue hallado sin vida el pasado 7 de octubre en un aljibe de la zona rural, un desenlace que confirmó los peores temores de su familia y amigos.

Hoy, la comunidad se congrega para darle el último adiós. El cuerpo de Daiana está siendo velado en la sala N° 1 de la Cochería Foler, ubicada en Belgrano 805. Sus restos serán inhumados este jueves a las 16 horas en el cementerio municipal, en un acto que se prevé cargado de emoción y reclamos de justicia.

En medio del dolor, la familia de la víctima ha mostrado una fortaleza inquebrantable. A través de un comunicado difundido en redes sociales, Sol Ferreira, hermana de Daiana, agradeció el masivo apoyo comunitario que han recibido y, con una voz firme, reafirmó su compromiso con la lucha por la verdad. "Destacamos el apoyo recibido y reafirmamos nuestra firme intención de seguir luchando por el esclarecimiento total de los hechos y la condena a los responsables", expresó Ferreira, dejando en claro que no descansarán hasta obtener justicia.

El avance más significativo en la investigación ha sido la identificación de un principal sospechoso. Las autoridades han señalado a Gustavo "Pino" Brondino, un productor agropecuario de 55 años, como el presunto responsable del femicidio de Daiana. Según confirmaron fuentes judiciales, Brondino será citado esta semana para prestar declaración indagatoria en calidad de imputado, un paso crucial que marca la formalización de la sospecha en su contra y acerca a la justicia al momento de develar lo ocurrido.

Desde que se conoció la noticia del hallazgo del cuerpo de Daiana, la indignación se transformó en acción. Vecinos y vecinas de Gobernador Mansilla y localidades aledañas han salido a las calles en una serie de marchas y concentraciones, coreando consignas contra la violencia machista y exigiendo justicia por Daiana.

Con carteles y pañuelos verdes, los manifestantes reclaman la máxima condena para los responsables y recuerdan, con dolor y rabia, que el nombre de Daiana se suma a la larga y trágica lista de femicidios en Argentina. Su caso no es un hecho aislado, sino la evidencia más cruda de la violencia estructural que sufren las mujeres, y pone de manifiesto, una vez más, la urgente necesidad de implementar políticas públicas más efectivas para la prevención, la contención y la erradicación de la violencia de género.

Un jurado popular resolvió este jueves declarar no culpable a un hombre que estaba acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. La decisión se conoció tras tres días de audiencias y deliberaciones realizadas en el Centro de Convenciones “Papa Francisco” de esa ciudad.

El juicio se llevó adelante a puertas cerradas, como establece la normativa en los casos vinculados a delitos sexuales. La dirección del proceso estuvo a cargo de la jueza Melisa Ríos.

El debate judicial contó con la participación de la defensora del Ministerio Pupilar, María Victoria Federik, y de la querella, representada por la abogada María Laura Barbar.

Cabe señalar que, al tratarse de una acción privada, el Ministerio Público Fiscal no intervino en la causa.

En tanto, la defensa del imputado, quien finalmente fue declarado no culpable, estuvo a cargo de los abogados Guillermo Vidal y Rubén Pagliotto.

Con esta resolución, el tribunal ciudadano de Villaguay volvió a poner en práctica el sistema de juicio por jurados, vigente en la provincia de Entre Ríos, que otorga a la ciudadanía la responsabilidad de decidir en casos de gravedad institucional y social.