En una audiencia realizada esta semana en Villaguay, el Juzgado de Garantías resolvió devolver a la Unidad Fiscal una causa por presunta corrupción de menores, con el objetivo que se determine con precisión qué jurisdicción debe intervenir en el caso.

El trámite se llevó a cabo en el marco de un juicio abreviado, previsto en el artículo 391º del Código Procesal Penal, bajo la conducción de la jueza Nadia Benedetti. Participaron además el fiscal Mauro Quirolo y la defensora Carolina Koelbl. La audiencia tuvo lugar en el salón correspondiente a la Oficina de Gestión de Audiencias del fuero penal y se extendió por apenas cinco minutos.

La causa, registrada bajo el legajo Nº 190/2025, tiene como imputado a un joven de apellido Acosta, de 30 años, oriundo de Villaguay y con domicilio en una zona rural del departamento, según consta en el acta de audiencia a la que El Pueblo tuvo acceso. El hombre está acusado en una investigación por el delito de corrupción de menores.

Tras escuchar a las partes, la magistrada resolvió no avanzar en el tratamiento del acuerdo de juicio abreviado en esta instancia. En su lugar, dispuso remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que se realicen las diligencias necesarias tendientes a establecer de manera concreta la competencia jurisdiccional, es decir, definir qué tribunal debe intervenir en la tramitación del caso.

Según consta en el acta, los fundamentos de la decisión quedaron registrados en soporte digital de audio y video, conforme a lo establecido por los artículos 150º y 166º del Código Procesal Penal.

De este modo, la causa continuará en etapa de análisis previo, a la espera de que se determine el ámbito judicial competente antes de avanzar con el proceso.

El exfuncionario Juan Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por la muerte de Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, de 26 y 32 años, víctimas de la tragedia vial ocurrida el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, en el departamento Uruguay.

La sentencia fue anticipada por el juez Darío Crespo, quien además dispuso la inhabilitación especial para conducir por nueve años, indicó El OnceTV. Ruiz Orrico fue hallado responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas fatales.

Durante la extensa lectura del adelanto del veredicto, que se prolongó por alrededor de dos horas, el magistrado sostuvo que quedó acreditada la “gravísima imprudencia” del acusado. Según explicó, Ruiz Orrico conducía un vehículo oficial, de noche, en una ruta sin iluminación y tras haber ingerido una considerable cantidad de alcohol, circunstancias que exigían mayor prudencia al volante.

El juez señaló que el acusado invadió el carril contrario, una de las maniobras más peligrosas y prohibidas por la ley de tránsito. “Se constituyó como un obstáculo imprevisto e inevitable para quien circulaba en sentido contrario”, sostuvo Crespo.

Asimismo, el magistrado remarcó que la conducta de las víctimas no influyó en el resultado del accidente, más allá de que los jóvenes no llevaban colocado el cinturón de seguridad. “En el impacto nada tuvieron que ver el modo en que transitaban”, afirmó.

Durante el proceso, Ruiz Orrico reconoció el hecho y pidió disculpas a las familias de las víctimas, manifestando su profundo pesar por el daño causado y asumiendo la responsabilidad por lo ocurrido. Sin embargo, el juez señaló que la confesión no fue determinante por sí sola, sino que debía contrastarse con el conjunto de pruebas reunidas en la investigación.

En ese sentido, Crespo aseguró que el cúmulo de evidencias es contundente y permite reconstruir lo sucedido aquella madrugada. “Las pruebas no dejan dudas de la responsabilidad del acusado como único y exclusivo responsable de las muertes”, expresó.

El magistrado también se dirigió a los familiares de las víctimas, a quienes les reconoció que el proceso judicial no puede reparar el dolor por las pérdidas. A la vez, destacó que los padres de los jóvenes declararon con gran entereza durante el juicio, sin manifestaciones de venganza y reclamando justicia con respeto.

“La invasión antirreglamentaria del carril contrario fue la única causa del accidente”, enfatizó. “Si el carril no hubiese sido invadido, hubiesen llegado sanos y salvos a su trabajo en el frigorífico”, agregó.

Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el martes 17 de marzo a las 8.30 en los Tribunales de Concepción del Uruguay.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada del 20 de junio de 2024, en el kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39, entre las localidades de Caseros y Herrera.

De acuerdo con la investigación judicial, Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre y a una velocidad aproximada de 150 kilómetros por hora.

En esas circunstancias, el vehículo invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa, en el que viajaban cuatro trabajadores de un frigorífico de la localidad de Pronunciamiento.

El choque provocó la muerte de Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, quienes se dirigían a su jornada laboral.

El caso generó una fuerte repercusión pública en la provincia y derivó en la apertura de una causa judicial por homicidio culposo agravado. Cinco días después del siniestro, Ruiz Orrico fue desplazado de su cargo como titular del Instituto Portuario de Entre Ríos.

La concentración comenzó a las 8:30 en la esquina de Balcarce y Alem, donde los manifestantes se reunieron con carteles y pancartas para acompañar a la familia de la víctima y a las personas que resultaron heridas en el siniestro vial ocurrido días atrás.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue el testimonio de Aldo, hijo de Roque Garay, quien tomó la palabra visiblemente emocionado y pidió que la ciudad no olvide a su padre. “Debo ser fuerte y luchar por ella. Se llevaron todo de mí; mi padre era mi sostén”, expresó, en referencia a su madre, quien también resultó herida en el hecho.

Aldo relató que su madre no pudo despedirse de su esposo porque se encontraba internada tras el accidente. “Tiene un fuerte golpe en el pulmón y el riñón, se agita al caminar y atraviesa un profundo desconsuelo por la muerte que este sujeto provocó en nuestra familia”, manifestó, agradeciendo además el acompañamiento de la comunidad.

Familiares de Mariano, otro de los lesionados, informaron que el joven fue intervenido quirúrgicamente días atrás en Concordia y evoluciona favorablemente. Sin embargo, continúa atravesando episodios de pánico desde la noche del siniestro.

La familia destacó la solidaridad de los vecinos de Villaguay, quienes colaboraron económicamente para afrontar el costo de la prótesis pélvica que Mariano necesitó, valuada en aproximadamente cinco millones de pesos. “Gracias a todos los vecinos pudimos lograr la operación; ahora solo queremos justicia”, señalaron.

La movilización también tuvo un momento de fuerte carga simbólica cuando se hizo presente la joven que, según consta en la causa, fue víctima de un intento de atropello por parte del imputado esa misma noche. Aunque no brindó declaraciones, su llegada estuvo acompañada por la lectura de una carta escrita por su madre y dirigida a la jueza interviniente, en la que expresó su preocupación por la violencia que atraviesan muchas mujeres en el país y el dolor de que su hija haya sido víctima de una situación de esa gravedad.

Al cierre de la manifestación se informó que el imputado continuará con prisión preventiva por 60 días y será trasladado a una Unidad Penal. Está acusado por la muerte de Roque Garay, por lesiones a cuatro personas y, tras la recaratulación de la causa, también por intento de femicidio.

Según fuentes judiciales, la audiencia se realizó de manera virtual, vía Zoom, con el objetivo de garantizar la seguridad del imputado. Además, debido a que en la jefatura policial no puede permanecer detenido más de 30 días, se dispuso su traslado a una unidad penitenciaria.

La causa sumará la figura de intento de femicidio, delito que contempla una pena mínima de 10 años de prisión, además de la imputación por homicidio culposo en ocasión de accidente de tránsito por la muerte de Roque Garay.

Mientras la investigación avanza, la comunidad de Villaguay volvió a manifestarse en las calles con un mensaje claro: mantener viva la memoria de la víctima y reclamar que el proceso judicial avance sin dilaciones.

Una profunda tristeza y una indignación contenida recorren las calles de esta localidad que se prepara para despedir a Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años cuyo brutal asesinato ha conmocionado a toda la región. Después de varios días de angustiosa búsqueda, su vida fue truncada y su cuerpo fue hallado sin vida el pasado 7 de octubre en un aljibe de la zona rural, un desenlace que confirmó los peores temores de su familia y amigos.

Hoy, la comunidad se congrega para darle el último adiós. El cuerpo de Daiana está siendo velado en la sala N° 1 de la Cochería Foler, ubicada en Belgrano 805. Sus restos serán inhumados este jueves a las 16 horas en el cementerio municipal, en un acto que se prevé cargado de emoción y reclamos de justicia.

En medio del dolor, la familia de la víctima ha mostrado una fortaleza inquebrantable. A través de un comunicado difundido en redes sociales, Sol Ferreira, hermana de Daiana, agradeció el masivo apoyo comunitario que han recibido y, con una voz firme, reafirmó su compromiso con la lucha por la verdad. "Destacamos el apoyo recibido y reafirmamos nuestra firme intención de seguir luchando por el esclarecimiento total de los hechos y la condena a los responsables", expresó Ferreira, dejando en claro que no descansarán hasta obtener justicia.

El avance más significativo en la investigación ha sido la identificación de un principal sospechoso. Las autoridades han señalado a Gustavo "Pino" Brondino, un productor agropecuario de 55 años, como el presunto responsable del femicidio de Daiana. Según confirmaron fuentes judiciales, Brondino será citado esta semana para prestar declaración indagatoria en calidad de imputado, un paso crucial que marca la formalización de la sospecha en su contra y acerca a la justicia al momento de develar lo ocurrido.

Desde que se conoció la noticia del hallazgo del cuerpo de Daiana, la indignación se transformó en acción. Vecinos y vecinas de Gobernador Mansilla y localidades aledañas han salido a las calles en una serie de marchas y concentraciones, coreando consignas contra la violencia machista y exigiendo justicia por Daiana.

Con carteles y pañuelos verdes, los manifestantes reclaman la máxima condena para los responsables y recuerdan, con dolor y rabia, que el nombre de Daiana se suma a la larga y trágica lista de femicidios en Argentina. Su caso no es un hecho aislado, sino la evidencia más cruda de la violencia estructural que sufren las mujeres, y pone de manifiesto, una vez más, la urgente necesidad de implementar políticas públicas más efectivas para la prevención, la contención y la erradicación de la violencia de género.

Un jurado popular resolvió este jueves declarar no culpable a un hombre que estaba acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. La decisión se conoció tras tres días de audiencias y deliberaciones realizadas en el Centro de Convenciones “Papa Francisco” de esa ciudad.

El juicio se llevó adelante a puertas cerradas, como establece la normativa en los casos vinculados a delitos sexuales. La dirección del proceso estuvo a cargo de la jueza Melisa Ríos.

El debate judicial contó con la participación de la defensora del Ministerio Pupilar, María Victoria Federik, y de la querella, representada por la abogada María Laura Barbar.

Cabe señalar que, al tratarse de una acción privada, el Ministerio Público Fiscal no intervino en la causa.

En tanto, la defensa del imputado, quien finalmente fue declarado no culpable, estuvo a cargo de los abogados Guillermo Vidal y Rubén Pagliotto.

Con esta resolución, el tribunal ciudadano de Villaguay volvió a poner en práctica el sistema de juicio por jurados, vigente en la provincia de Entre Ríos, que otorga a la ciudadanía la responsabilidad de decidir en casos de gravedad institucional y social.

El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, resolvió este martes declarar “improcedente” la casi totalidad de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los imputados en la denominada “causa coimas” —encabezada por el ex‑gobernador Sergio Urribarri— y sólo admitió, de manera parcial, el planteo formulado por el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone, quien ejerce su propia defensa.

Rechazó los recursos promovidos por los abogados de Urribarri; Cardona Herreros; Luis Alfonso Erbes; Carlos Haidar; Miguel Ángel Ulrich y el propio Smaldone (en la parte que cuestionaba la validez de la evidencia fiscal).

Concedió el recurso de Smaldone únicamente respecto de la negativa a incorporar la prueba informativa, pericial y documental que había ofrecido para sostener su estrategia defensiva.

Tuvo por “reservado el caso federal” a favor de Urribarri, Cardona Herreros, Erbes y Ulrich, lo que les permite acudir a la Corte Suprema si lo consideran necesario.

Vergara sostuvo que la aceptación de la prueba digital y testimonial ofrecida por la Fiscalía “no genera un gravamen irreparable” para los imputados, pues podrá ser reexaminada durante el debate oral y, en última instancia, por el tribunal sentenciante. En cambio, negar las evidencias propuestas por Smaldone sí podría “impedirle fatalmente sostener su teoría del caso”, razón por la que habilitó la revisión del punto ante la Cámara de Apelaciones.

El magistrado también recordó que las calificaciones legales seleccionadas por el Ministerio Público Fiscal son provisorias y pueden modificarse en la sentencia sin vulnerar el principio de congruencia.

La investigación, elevada a juicio el 5 de junio, indaga presuntos pagos de sobornos y contrataciones direccionadas a favor de la firma Relevamientos Catastrales S.A., dirigida por Diego Armando Cardona Herreros, amigo personal de Urribarri. La acusación reclama para el exgobernador diez años de prisión y un monto millonario en concepto de decomisos y multas.

Según el legajo fiscal, los favores se habrían tejido entre 2007 y 2015 a través de sucesivos decretos, addendas y licitaciones amañadas para la provisión de software catastral. Entre los partícipes figuran —además de Urribarri y Cardona Herreros— el exdirector de Informática Carlos Haidar; el exdirector de Ajustes y Liquidaciones Miguel Ángel Ulrich; el exsubsecretario de Presupuesto Luis Alfonso Erbes; y el exsecretario de Hacienda Humberto Flores, entre otros.

Al haber concluido la etapa de investigación penal preparatoria por parte de la Unidad Fiscal local, dos causas por delitos de extrema gravedad se encuentran a las puertas de juicios orales y públicos, de acuerdo a la información que logró reunir El Pueblo.El pasado 20 de marzo, se celebró una audiencia en el marco del legajo Nº 233/2024, que tiene a un hombre de apellido Castagnino como imputado por “Tentativa de homicidio”. En esa ocasión, se convocó para el 4 de abril a las 10 de la mañana, con el propósito de tratar la remisión a juicio de esta causa, llevada adelante por el fiscal Mauro Quirolo. Entretanto, se prorrogó la prisión preventiva a esta persona bajo la modalidad de arresto domiciliario. Cabe aclarar que no se trata del caso que involucra al exjefe zonal de Vialidad, JoséCastagnino, sobre quien pesa una acusación por abuso de armas y daños, que aún se encuentra en etapa de instrucción.Según el Código Penal, la “Tentativa de homicidio” se produce cuando el autor comienza a ejecutar el acto, pero no se produce el resultado por causas ajenas a su voluntad. En Argentina, esto puede ser castigado con cárcel de 5 a 10 años menos 1 día o de 2 años y 6 meses a 5 años menos 1 día.Por su parte, el 21 de marzo pasado se desarrolló otra audiencia de remisión a juicio, que tendrá continuidad hoy a las 11, en el marco del legajo Nº 313/2024 “Homicidio simple”, una causa que fue llevada por la fiscal Virginia Dropsi. Desde la anterior instancia judicial hasta esta fecha, rige una prórroga de ocho días en la prisión preventiva del imputado, de apellido Fernández, quien permanecealojado en instalaciones de la Jefatura de Policía.En Argentina, la pena por “Homicidio simple” es de reclusión o prisión de 8 a 25 años y se aplica cuando el autor llega a acabar con la vida de la otra persona.En ambas instancias de remisión a juicio, el Ministerio Público Fiscal se encargará de pasar revista de los hechos y explicar qué tipo de ilícitos configurarían, planteando una expectativa de condena en función a lo estipulado por el Código Penal para cada caso.La audiencia se debe realizar, en presencia de la defensa técnica de cada acusado, ante el Juzgado de Transición y Garantías, cuya titular deberá analizar los elementos aportados por la Fiscalía y, en función de ello, decidir si están dadas las condiciones o no para elevar la causa a un juicio oral y público.

La doctora Nadia Benedetti es la titular del Juzgado de Garantías de Villaguay. Su pliego fue aprobado por unanimidad por el Senado provincial en diciembre pasado. Oriunda de Gualeguaychú, la abogada y escribana tiene 44 años y vive en Villaguay desde 2009, cuando ingresó a la Secretaría Nº 2 del entonces Juzgado de Instrucción. 

Vinculada al fuero penal desde su ingreso a la justicia, Benedetti recibió a El Pueblo en su despacho, en donde dialogó con esta cronista acerca de diferentes cuestiones relacionadas al trabajo diario que ejerce desde su juzgado en los Tribunales de Alem y Balcarce.

El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos prepara un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque la decisión del Superior Tribunal de Justicia de la provincia que ayer ordenó la excarcelación del exgobernador Sergio Urribarri, quien pasó 50 días en prisión tras ser condenado a ocho años de cárcel por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

El recurso está siendo redactado por el fiscal Leandro Dato, bajo la dirección del procurador Jorge Amílcar García, según confirmaron fuentes del Ministerio Público. Los fiscales anticipan que el Superior Tribunal podría rechazar el planteo durante la feria judicial, argumentando que no encuadra en los casos excepcionales que justifican su tratamiento en enero. Ante este escenario, ya se preparan para presentar un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema.

Además de este expediente, la expectativa principal está centrada en otra causa: la confirmación o no de la condena de Urribarri por parte del máximo tribunal. Los fiscales y quienes impulsan las investigaciones contra el exmandatario esperan que la Corte resuelva rápidamente y rechace cualquier recurso que impida que el exgobernador comience a cumplir su sentencia.

El miércoles, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos recibió el oficio del Superior Tribunal que ordenaba liberar a Sergio Urribarri y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, también condenado. La decisión fue tomada por el tribunal de feria con los votos favorables de los jueces Leonardo Portela y Germán Carlomagno, y la disidencia de Miguel Ángel Giorgio, quien criticó duramente la resolución.

Aguilera dejó la Unidad Penal de Paraná cerca del mediodía, acompañado por su esposa. Urribarri salió más tarde, trasladado por su hijo a su residencia en Concordia, donde había sido arrestado el 19 de noviembre.

El juez disidente, Miguel Ángel Giorgio, cuestionó que se habilitara la feria judicial para tratar este caso, señalando que el proceso tuvo una celeridad inusual. Según Giorgio, los otros magistrados otorgaron un “privilegio indebido” a Urribarri y su cuñado, vulnerando el principio de igualdad ante la ley.

Giorgio también destacó que el caso fue tratado con apuro, al punto de firmarse resoluciones en horarios inusuales, como un domingo y un lunes por la noche. Argumentó que había al menos 24 casos similares en trámite, pero que se eligió priorizar el de Urribarri.

Por su parte, uno de los jueces que votó por la excarcelación respondió que, previamente, se habían resuelto otros dos casos de características similares.

María Raquel Hermida, abogada de Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo en diciembre de 2017 en Gualeguaychú, Entre Ríos, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo es que el organismo internacional revise la causa y otorgue a Galarza un nuevo juicio.

La presentación fue realizada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y, según Hermida, ya se encuentra en manos de la CIDH. "El disco rígido externo con toda la información llegó hoy a Nueva York", confirmó la abogada, quien espera una pronta resolución del organismo.

En esta instancia, la defensa insiste en la denuncia de Nahir contra su padre, Marcelo Galarza, a quien acusa del crimen de Fernando Pastorizzo. La presentación fue realizada con el apoyo de la Fundación Contención, la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos (CADH) y la Federación Argentina LGBT+.

El principal objetivo de la defensa es lograr que Nahir Galarza, quien se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua en Argentina, tenga un nuevo juicio. Según el comunicado difundido por Hermida, el pedido ante la CIDH se basa en el supuesto estado de indefensión en el que habría llegado al juicio original y en la actuación cuestionada de los abogados que inicialmente la representaron.

Se argumenta que estos letrados habrían priorizado la defensa de Marcelo Galarza, padre de la condenada, y que fueron advertidos por la jueza del Tribunal de Gualeguaychú. La defensa también señala “flagrantes contradicciones, falta de estrategia defensiva y desconocimiento de principios básicos del Derecho Penal” en el juicio.

Entre las irregularidades denunciadas, se incluyó la actuación de magistrados judiciales, funcionarios policiales y profesionales intervinientes. Además, se cuestionó la capacidad de los jueces para garantizar un juicio justo, argumentando que no supieron intervenir ante la indefensión de la acusada, lo que quedó reflejado en los fundamentos de la sentencia.

El caso de Nahir Galarza agotó todas las instancias judiciales en el país. A fines de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó estudiar el fallo que confirmó la condena a prisión perpetua, lo que llevó a la defensa a recurrir a la CIDH como última instancia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente. El organismo evalúa casos como el de Galarza cuando las instancias judiciales nacionales han sido agotadas y existen denuncias de violaciones a los derechos humanos.

El caso de Nahir Galarza podría convertirse en un precedente para revisar condenas en casos con posibles irregularidades procesales, mientras la defensa aguarda una respuesta de la CIDH que podría cambiar el rumbo de esta mediática causa judicial.

Durante 2024, la provincia de Entre Ríos llevó a cabo un total de 34 juicios por jurados, lo que demandó una inversión de $197.444.111 por parte del Poder Judicial. Esta cifra incluyó pagos a jurados, alquileres de salones, viáticos y otros costos operativos. Si bien se había proyectado realizar 37 juicios, variables propias de los procesos judiciales redujeron la cifra esperada.

Los 34 juicios realizados se distribuyeron en diversas ciudades de la provincia de la siguiente manera:

Desde la implementación del sistema en 2020, se han llevado a cabo 111 juicios por jurados, con un promedio anual de 22. Para 2025, se proyectan 50 juicios, lo que requerirá un presupuesto de $570.700.000.

Cada juicio demandó un promedio de cuatro días, destacándose la agilidad en la selección de jurados (audiencia voir dire) y la posibilidad de iniciar el mismo día las primeras etapas del juicio, según lo permite la Ley 10.746. Esto incluyó la promesa del jurado, el video de sensibilización en cumplimiento de la Ley Micaela y, en algunos casos, los alegatos de apertura.

El tiempo promedio entre la audiencia de admisión de evidencias y la realización del juicio fue de 25 a 40 días, permitiendo a las partes negociar salidas alternativas o preparar sus estrategias para el juicio.

En 2024, 544 ciudadanos cumplieron el rol de jurados, manteniendo la paridad de género. Desde la implementación del sistema, han sido convocadas 7.945 personas para la audiencia de selección, de las cuales 1.776 finalmente participaron como jurados en los juicios realizados.

La Dirección Provincial de Juicio por Jurados cuenta con solo dos cargos específicos creados desde la implementación del sistema, lo que destaca la necesidad de optimizar recursos en conjunto con las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGAs).

El objetivo para 2025 es aumentar la cantidad de juicios en las jurisdicciones de Paraná y Concordia, que concentran la mayor cantidad de causas pendientes. Además, se buscará mantener la efectividad en tiempos y recursos, optimizando la coordinación entre las OGAs y la Dirección Provincial.

La implementación del juicio por jurados en Entre Ríos representa un avance en la participación ciudadana en el sistema judicial y un desafío constante en términos de recursos y planificación. Toda la información sobre los juicios realizados está disponible en el sitio oficial del Poder Judicial: https://www.jusentrerios.gov.ar/juicio-por-jurados/.

Este viernes 20 de diciembre, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó allanamientos en el Palacio Legislativo y en el anexo del Senado sobre la calle Hipólito Yrigoyen, como parte de la investigación por presunto lavado de activos que involucra al exlegislador entrerriano Edgardo Kueider.

Personal de Gendarmería Nacional, vestido de civil, ingresó al Congreso de la Nación para requisar carpetas, computadoras, pendrives y documentación de las oficinas que utilizaba Kueider. Además, fueron allanadas las oficinas de dos de sus asesores, uno de los cuales facilitó el acceso mediante el sistema de huella digital.

Las oficinas ya estaban clausuradas desde el 12 de diciembre por orden de la misma jueza, tras la aprobación unánime en la Cámara Alta de la remoción de Kueider. Este había sido detenido en Paraguay cuando intentaba cruzar al país vecino con 211.000 dólares sin declarar.

Horas antes del operativo, el juez federal Enrique Lavié Pico rechazó un recurso de amparo presentado por Kueider, en el que se consideraba "inválida" la sesión del Senado en la que se votó su expulsión.

Kueider, quien actualmente cumple detención domiciliaria en Asunción junto a su secretaria Iara Costa, había buscado revertir las decisiones judiciales en su contra, pero las mismas fueron desestimadas.

La jueza Arroyo Salgado solicitó formalmente a la justicia paraguaya la extradición de Kueider y Costa para ser interpelados en Argentina. El pedido también contempla allanamientos en el complejo habitacional donde ambos imputados permanecen bajo prisión domiciliaria en Asunción.

El caso de Edgardo Kueider ha generado un fuerte impacto político, no solo por las implicancias del presunto lavado de activos, sino también por su vinculación con el manejo de fondos y la posible participación de allegados en los hechos investigados.

Mientras avanza la causa en Argentina y Paraguay, las autoridades judiciales continúan recopilando pruebas que podrían dar más claridad a este caso que involucra al exsenador y su entorno más cercano.

El pasado viernes 1 de noviembre, en la ciudad de Chajarí, un jurado popular declaró culpable a J.H.M. por el delito de “Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por la violencia de género”. Tras cinco jornadas de debate y cinco horas de deliberación, el veredicto encontró al acusado responsable del femicidio, un delito que conmocionó a la comunidad local.

El juicio tuvo lugar en la Sala de Audiencias de los Tribunales de Chajarí y fue presidido por el juez técnico Pablo Garrera Allende, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia. El equipo de acusación estuvo compuesto por el fiscal Matías Argüello de la Vega y la fiscal Delia Verdura Pons, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el defensor oficial de Concordia, Sebastián Tito, y el defensor oficial de Chajarí, Guillermo Núñez.

Dado el contexto de violencia de género en que ocurrió el hecho, el juicio se realizó a puertas cerradas para proteger la privacidad de las personas involucradas y sus familiares. El imputado permanecerá en prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 3 de Concordia hasta que la sentencia quede firme.

Este caso marca el juicio por jurado número 105 en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal, una modalidad que busca asegurar la participación de la comunidad en decisiones de justicia en casos de alta relevancia social.

Tras conocerse la condena a cinco jóvenes por “Abuso sexual con acceso carnal”, la víctima -cuyas iniciales son J.R.D.- rompió el silencio público que mantuvo desde el 16 de noviembre de 2019, cuando se produjo el lamentable hecho en Villaguay que la marcó para siempre. 

Al ser entrevistada por El Once de Paraná, se mostró “conforme con la decisión de la justicia, después de tantos años de lucha y de pelearla para protegerme a mí misma y a mi familia”. E.M.Y. de 27 años recibió una pena a siete años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que J.F.Y. de 22, M.M.D.H. de 27, F.C. de 27 y S.T. de 27 años deberán pasar seis años en la cárcel. Según trascendió, uno de ellos ya está detenido, ya que tiene una causa por un caso similar en su provincia, Santa Fe, en tanto que el resto permanece en libertad, bajo reglas de conducta, hasta que la sentencia quede firme.

Fueron cinco largos años hasta el martes, cuando se leyó el fallo condenatorio del vocal de la Cámara Penal de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, por eso la joven agradece a sus abogados María Eugenia Nieves y Lucio Hernán Salisky, al igual que a quienes la representaron al comienzo del proceso, “porque tuvieron que pelearla contra el fiscal (en alusión a Mauro Quirolo), que siempre puso muchas trabas y no quería elevar la causa a juicio”.

Pese a haber sido la víctima de una violación en manada, la joven que ahora tiene 27 años sostiene que primero pesó sobre ella la “condena social” por denunciar a sus abusadores. “En el pueblo nos hicieron la vida imposible: no nos creían, porque provengo de un nivel social medio bajo y ellos son chicos de plata, entonces y siempre me decían que me lo merecía”, afirmó. Oriundos de Santa Fe, los agresores se encontraban radicados en la ciudad ya que eran estudiantes de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría que se dicta en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). 

J.R.D. recomendó a otras víctimas de abuso “que nunca se callen, que confíen en la justicia y en los abogados, porque el camino es difícil, pero tarde o temprano llega la condena”. Mientras afronta un tratamiento psicólogo por los aberrantes que sufrió esa madrugada de hace casi cinco años, está esperanzada en “poder dar vuelta la página”, porque el fin de juicio representó para ella “un antes y un después, el poder ver la luz y vivir de otra manera, porque se hizo justicia”. “Ahora, podemos levantar la cabeza”, afirmó con seguridad.

En adelante, proyecta estudiar la carrera de Enfermería “para ayudar a los demás”. “Quiero seguir con mi vida, formar una familia y no tener miedo a la persona que me toque de compañero; poder vivir cosas que hace cinco años no hacía porque vivía en la oscuridad”, concluyó, dando testimonio de los momentos que debió superar.

Después de varios días de intensos debates, el vocal de la Cámara Penal de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, condenó a cinco jóvenes santafesinos acusados de “Abuso sexual con acceso carnal”, delito cometido en Villaguay hace casi cinco años. Los condenados, que eran estudiantes de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), recibieron penas de seis a siete años de prisión. Uno de ellos, con antecedentes en su provincia, ya se encuentra detenido.

El caso, que conmocionó a la sociedad local y tuvo repercusión nacional por tratarse de una violación en grupo, ocurrió el 16 de noviembre de 2019 en un departamento céntrico de Villaguay. Según la acusación, E.M.Y., uno de los condenados, llevó a la víctima de 22 años a su casa con el pretexto de "solo dormir". Aprovechando su estado de ebriedad, forzó a la joven a mantener relaciones sexuales. Posteriormente, llamó a sus compañeros, quienes también abusaron de ella mientras estaba inconsciente.

La víctima fue atendida en el hospital Santa Rosa y denunció el ataque en la Comisaría de Minoridad y la Mujer, lo que derivó en la aprehensión de los sospechosos y el secuestro de pruebas clave.

E.M.Y. fue sentenciado a siete años de prisión efectiva, mientras que los otros cuatro jóvenes recibieron penas de seis años. Sin embargo, permanecerán en libertad bajo condiciones hasta que la sentencia sea firme. Las defensas ya anticiparon que apelarán el fallo ante Casación Penal.

Luego de cuatro intensas jornadas de debate, un jurado popular reunido en Rosario del Tala declaró hoy culpable a L.C.A. por los delitos de "Abuso sexual gravemente ultrajante -reiterado- y agravado por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma" y "Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma".

El veredicto se dio a conocer esta tarde en el Club Talense, donde se desarrolló el juicio a puertas cerradas debido a la naturaleza de los delitos, que atentan contra la integridad sexual. Este caso, bajo el legajo "L.C.A. s/Abuso sexual con acceso carnal agravado", ha mantenido en vilo a la comunidad local.

Las audiencias fueron presididas por el juez técnico Mariano Martínez, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, quien condujo el proceso con estricto apego a las normativas legales, dada la gravedad de los hechos imputados. Además, el magistrado dispuso que el imputado continúe cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Número 3 de Concordia, hasta que la sentencia adquiera firmeza.

La audiencia de cesura, en la cual las partes presentarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el condenado, se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre, a las 9, en el salón de audiencias del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

En representación del Ministerio Público Fiscal, participaron los fiscales Emilce Paola Reynoso y Sergio Salisky, quienes sostuvieron la acusación a lo largo del juicio. La querella particular estuvo a cargo del abogado Salvador Olarte, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por Fernando Ochoa.