Un nuevo informe del Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por la consultora Zentrix revela un escenario de creciente desgaste para la gestión del presidente Javier Milei, donde confluyen el malestar económico cotidiano y una pérdida de credibilidad en uno de los pilares centrales de su discurso: la lucha contra la denominada “casta”.

Según el estudio, la percepción social comienza a mostrar una contradicción cada vez más marcada entre aquella promesa fundacional y la evaluación actual del Gobierno. El 66,6% de los encuestados considera que ese “pacto anticasta” se rompió, mientras que un 57,3% percibe corrupción generalizada en la gestión y un 60,2% interpreta las denuncias como parte de un problema estructural, ya no como hechos aislados.

Este deterioro no se limita a sectores opositores, sino que también impacta en votantes oficialistas. De hecho, la corrupción aparece como una de las principales preocupaciones del país, incluso por encima de variables tradicionales como el desempleo o la inflación. Sin embargo, mientras entre simpatizantes del Gobierno aún persiste cierta tendencia a relativizar los hechos, fuera de ese núcleo la mirada se vuelve considerablemente más crítica.

En ese contexto, la confianza en la capacidad del Ejecutivo para prevenir hechos de corrupción también se debilita: el 66,6% de los consultados considera que el Gobierno no está comprometido con evitar estos episodios, frente a un 32,2% que sí le reconoce algún grado de intención.

El informe señala que este desgaste político se potencia con una situación económica que impacta de lleno en la vida cotidiana. El 81,6% de los encuestados afirma haber tenido que resignar consumos en los últimos seis meses, incluyendo desde gastos recreativos hasta necesidades básicas como alimentos, salud o servicios.

Además, el 86,6% sostiene que su salario no logra ganarle a la inflación, mientras que el 60,4% indica que sus ingresos sólo alcanzan hasta aproximadamente el día 20 de cada mes. Estos datos reflejan que el ajuste económico dejó de percibirse como una transición macroeconómica para convertirse en una experiencia concreta de privación.

En paralelo, crece la desconfianza hacia los indicadores oficiales difundidos por el INDEC. El 70,3% de los encuestados considera que la inflación informada no refleja lo que ocurre en la vida cotidiana, ampliando la brecha entre la narrativa económica del Gobierno y la percepción social.

En este escenario, la imagen de Javier Milei muestra un deterioro significativo: la valoración positiva cae al 35,2%, mientras que la negativa asciende al 59,3%, con un diferencial desfavorable de 24 puntos. La caída se acelera en comparación con meses anteriores, evidenciando un cambio en el clima social.

Por otro lado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof logra una recuperación en su imagen, alcanzando el 40,2% de valoración positiva, en un contexto donde parte del descontento comienza a canalizarse hacia figuras opositoras.

Dentro del oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni aparece entre los dirigentes más afectados, con una imagen negativa del 73,9%, en gran parte vinculada a su alta exposición pública y a cuestionamientos recientes.

En contraste, la ministra Patricia Bullrich mantiene niveles de imagen más estables, mientras que la dirigente de izquierda Myriam Bregman se posiciona como una de las figuras con mejor diferencial de imagen, consolidándose como canal de un descontento más confrontativo con el oficialismo.

El informe concluye que el actual escenario no responde a un único factor, sino a la combinación entre deterioro económico y pérdida de autoridad moral. La promesa anticasta, que durante meses funcionó como sostén simbólico del Gobierno, comienza a invertirse y a convertirse en un punto de vulnerabilidad.

El esquema del Monotributo vigente desde febrero de 2026 continuará sin modificaciones durante abril, según se confirmó oficialmente. De esta manera, más de dos millones de pequeños contribuyentes en todo el país seguirán alcanzados por los mismos topes de facturación y valores de cuotas mensuales.

El régimen simplificado, clave para trabajadores independientes y pequeños comercios, mantiene así la estructura actual de categorías, sin actualizaciones en los montos pese al contexto inflacionario. La próxima revisión está prevista para mitad de año, cuando se evalúe una posible recategorización.

Las escalas vigentes quedan establecidas de la siguiente manera:

La continuidad de estos valores implica que los contribuyentes deberán seguir operando dentro de los mismos parámetros de ingresos y obligaciones mensuales establecidos a comienzos de año.

En este contexto, crece la expectativa por la próxima actualización del régimen, que suele realizarse de manera semestral y ajustarse en función de la evolución de variables económicas como la inflación.

Trabajadores de la empresa avícola Granja Tres Arroyos (GTA), la principal productora de pollos del país, se encuentran en asamblea desde la madrugada de este martes 10 de marzo en la ciudad de Concepción del Uruguay, ante versiones que indican una posible quiebra de la firma en medio de una profunda crisis que afecta a sus plantas en Entre Ríos y Buenos Aires.

La información fue publicada por el diario La Calle. En paralelo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó este martes las instalaciones de Fepasa en la misma ciudad.

La medida de fuerza responde a la incertidumbre generada por los rumores de quiebra, que se suman a los conflictos salariales que la empresa arrastra desde hace meses. GTA ya enfrentaba reclamos por deudas salariales en su planta La China, en Concepción del Uruguay, y también en su establecimiento de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

La crisis empresarial se profundizó durante el último año y derivó en cerca de 400 desafectaciones de personal, entre despidos, retiros voluntarios y acuerdos. En tanto, la planta de Pilar también registró paralizaciones en su actividad debido a reclamos por salarios adeudados.

Los representantes gremiales informaron que actualmente no existe diálogo con la empresa. Así lo señalaron el secretario general del Sindicato de la Alimentación, Miguel Klenner, y el referente del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda. Según indicaron, desde marzo de 2024 los trabajadores vienen percibiendo sus salarios en cuotas, llegando a cobrarlos en hasta cinco partes.

En la planta trabajan alrededor de 1.000 personas, muchas de las cuales atraviesan una situación económica crítica. De acuerdo con lo manifestado por los empleados, varios tienen dificultades para afrontar el pago de alquileres y presentan problemas financieros, incluso con tarjetas de crédito bloqueadas, lo que limita su acceso a alimentos y otros bienes básicos.

Ante este escenario, la planta de faena se encuentra paralizada y el sector de carga permanece bloqueado hasta tanto la empresa regularice el pago de los salarios adeudados.

Por su parte, el dirigente Sergio Vereda expresó su preocupación por la falta de comunicación de la empresa con los trabajadores, lo que ha generado un clima de incertidumbre y angustia en el sector.

Mientras tanto, el gobernador Rogelio Frigerio realizó una visita a las instalaciones de Fepasa en Concepción del Uruguay, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles gestiones vinculadas a la situación que atraviesa Granja Tres Arroyos.

La crisis laboral en la avícola es seguida de cerca por autoridades provinciales y organizaciones sindicales, que se mantienen en estado de alerta frente a la evolución del conflicto.

El titular de Grupo Mercado, Jorge Majluff, analizó el escenario político y social de cara a los próximos años y señaló que el respaldo al presidente Javier Milei se mantiene principalmente por expectativas a futuro más que por la situación económica actual. Al mismo tiempo, consideró que la gestión del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio deberá mostrar obras concretas para consolidar su capital político.

El consultor presentó un informe sobre el estado de la opinión pública en Entre Ríos y a nivel nacional durante una entrevista en el programa radial Debate Abierto. Según explicó, el panorama general no ha cambiado demasiado desde fines de 2025, aunque detectó un cambio sutil en el humor social: una creciente impaciencia ante una recuperación económica que aún no se refleja en el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos.

De acuerdo con el análisis de Majluff, el presidente conserva en Entre Ríos una imagen positiva superior al 50%. Sin embargo, aclaró que ese respaldo está “anclado en la expectativa” y en la comparación con gestiones anteriores, más que en la evaluación del presente económico.

“Cuando preguntás por el hoy, todas las variables dan mal; el 80% dice que está igual o peor económicamente”, señaló el analista.

Para describir el escenario actual, utilizó una metáfora gráfica: comparó el control de la inflación con “tener un auto muy lindo en la casa, pero sin un litro de nafta”.

En ese sentido, advirtió que si hacia las elecciones de octubre de 2027 no hay mayor circulación de dinero y mejoras visibles en la economía cotidiana, la competitividad electoral del oficialismo nacional podría verse comprometida.

Majluff también observó que el estilo confrontativo del presidente en el Congreso no genera el mismo nivel de respaldo que su figura política, y que incluso parte de su base electoral cuestionó el tono de su último discurso.

En el plano provincial, el analista ubicó la imagen positiva del gobernador Rogelio Frigerio en torno al 55%. Según explicó, el mandatario logró sostener un nivel de apoyo relativamente estable gracias a su perfil dialoguista y a la ausencia de escándalos de corrupción en su gestión.

No obstante, remarcó que el principal desafío para este año será mostrar resultados concretos. “Este tiene que ser un año de cemento, asfalto y rutas”, sostuvo.

Para Majluff, la gestión provincial necesita materializar obras de infraestructura que permitan consolidar la expectativa generada durante el primer tramo de gobierno y evitar que el apoyo ciudadano se diluya.

Respecto de la relación entre la provincia y la Nación, el consultor consideró que el vínculo estrecho con el Ejecutivo nacional responde a la lógica del sistema federal argentino, al que definió como “pseudo federal”.

En ese sentido, recordó la experiencia del exgobernador Sergio Montiel, quien enfrentó al gobierno nacional durante su mandato y sufrió consecuencias económicas y políticas. Según Majluff, los gobernadores dependen en gran medida de las decisiones del presidente de turno para acceder a recursos.

Finalmente, al analizar la situación de la oposición, el consultor señaló que el peronismo enfrenta dificultades para construir una representación clara y un discurso que trascienda el peso político de la provincia de Buenos Aires.

Ante ese escenario, no descartó que en los próximos años puedan surgir figuras externas a la política tradicional.

Según explicó, el descontento social y la falta de respuestas en áreas clave como la economía, la salud o la educación podrían abrir espacio para la aparición de “outsiders” o referentes de la sociedad civil que logren canalizar el malestar ciudadano.

Este viernes por la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral con 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención. Tras una extensa sesión y luego de intensas negociaciones, el oficialismo consiguió dar media sanción al proyecto de modernización laboral, que ahora deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para su tratamiento final debido a las modificaciones introducidas a último momento.

El avance de la iniciativa se consolidó luego de que el Gobierno aceptara eliminar los artículos que modificaban el régimen de licencias médicas, un punto que había generado cuestionamientos incluso entre bloques aliados. Con esa concesión, los espacios que habían manifestado reparos mantuvieron su respaldo al texto impulsado por La Libertad Avanza.

Entre los bloques que acompañaron el proyecto se destacaron el Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También resultaron determinantes los votos aportados por aliados provinciales, entre ellos legisladores de Tucumán (Independencia) y de San Juan (Producción y Trabajo), que inclinaron la balanza a favor del oficialismo.

En contraposición, Unión por la Patria se consolidó como la principal bancada opositora y votó en contra de la reforma. Al rechazo se sumaron los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Asimismo, expresaron su disconformidad algunos espacios provinciales como Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, integrado por la diputada Natalia de la Sota. En tanto, dentro de Provincias Unidas e Innovación Federal se registraron posiciones divididas: algunos de sus miembros acompañaron la propuesta oficialista, mientras que otros votaron en contra.

En la nómina de ausentes figuraron los legisladores Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba) y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba).

Con este resultado, la Cámara baja otorgó media sanción al proyecto de modernización laboral, que deberá volver al Senado debido a las modificaciones acordadas durante el debate. El oficialismo prevé que la iniciativa alcance estatus de ley el próximo viernes 27 de febrero, casi al límite del cierre del período de sesiones extraordinarias.

De concretarse ese escenario, el Gobierno sumará una de sus principales apuestas legislativas en materia económica y laboral, en un contexto de fuerte debate político y sindical sobre el alcance de los cambios propuestos.

Con la media sanción en la Cámara alta, el proyecto será girado ahora a la Cámara de Diputados. El oficialismo aspira a convertirlo en ley antes del 27 de febrero, en un contexto de negociaciones abiertas y búsqueda de consensos para sostener la mayoría alcanzada.

La iniciativa reunió 42 votos afirmativos provenientes de La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO y bloques provinciales como Independencia, Frente de la Concordia Social, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico y La Neuquinidad.

El respaldo incluyó los 20 senadores de LLA, 10 radicales, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y un voto de cada uno de los bloques Independencia, Despierta Chubut, La Neuquinidad, Primero los Salteños y Frente Cívico.

En tanto, los 30 votos en contra correspondieron al interbloque peronista —integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— que sumó 28 rechazos, a los que se añadieron dos legisladores de Santa Cruz.

La sesión comenzó a las 11.13 con 38 senadores presentes y la votación en general se produjo a la 1.20. El tratamiento en particular concluyó pocos minutos antes de las 4 de la madrugada, tras unas quince horas de debate en las que expusieron 32 senadores y 10 jefes de bloque.

El oficialismo logró también el acompañamiento de mandatarios provinciales como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones), cuyos espacios políticos aportaron votos clave.

En el tramo final de la sesión estuvieron presentes en el recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre y luego de la Ley Bases sancionada en 2024, la reforma laboral se convirtió en uno de los proyectos más relevantes para la Casa Rosada.

Entre los cambios más significativos que introduce el proyecto se destacan:

El oficialismo defendió estos puntos como herramientas para reducir la litigiosidad, dar previsibilidad y promover la formalización del empleo. La oposición, en cambio, advirtió que podrían debilitar derechos adquiridos y fragmentar la negociación colectiva.

Uno de los capítulos más debatidos fue el referido a los aportes obligatorios a gremios y cámaras empresariales. Allí, el senador del PRO Martín Goerling Lara propuso que los aportes sindicales sean voluntarios, retomando la propuesta original del Ejecutivo. En esa votación el oficialismo obtuvo 40 votos, dos menos que en los capítulos anteriores.

También se resolvió mantener el sistema de aportes sindicales sin plazo de vencimiento, aunque con un tope del 2 %, y establecer un límite del 0,5 % para las contribuciones obligatorias a cámaras empresariales.

En cuanto al Instituto Nacional del Cine (INCAA), se decidió sostener hasta 2028 el actual esquema de financiamiento —10 % sobre entradas de cine, 10 % sobre venta o alquiler de videos y 25 % de la recaudación del ENACOM— y luego reemplazarlo por partidas del Presupuesto nacional.

Sobre el cierre, el oficialismo incorporó como anexo el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, ante la imposibilidad reglamentaria de tratarlo como proyecto separado en sesiones extraordinarias.

Además, tras un pedido del PRO para habilitar a las billeteras virtuales a pagar salarios, el oficialismo resolvió mantener esa facultad exclusivamente para entidades bancarias. Las fintech que deseen ofrecer ese servicio deberán adecuarse a las normas del Banco Central, según indicaron fuentes parlamentarias.

En el cierre del debate, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la reforma y afirmó que el país está atado a una “legislación obsoleta” que lo mantiene “anclado en el pasado”. Sostuvo que el crecimiento dependerá de dinamizar el sector privado y no de expandir el Estado.

Desde la oposición, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “inconstitucional” y advirtió que “va a fracasar”. Argumentó que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución y tratados internacionales, y cuestionó que se modifiquen 41 leyes en una sola jornada de tratamiento.

El senador libertario Juan Cruz Godoy abrió el debate defendiendo la iniciativa como una respuesta al “miedo de los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales”. Por su parte, el peronista Mariano Recalde afirmó que la norma “no está pensada para generar trabajo” y criticó los cambios en vacaciones y jornada laboral. La radical Carolina Losada, en cambio, sostuvo que la reforma traerá “más inversión, más empresas y mejores jubilaciones”.

Con la media sanción en el Senado, el proyecto inicia ahora una nueva etapa en Diputados, donde se anticipa un tratamiento intenso y negociaciones decisivas para definir el alcance final de una de las reformas estructurales más ambiciosas del actual Gobierno.

Se trata de una actualización mensual que comenzó a aplicarse el año pasado, en el marco de un esquema de ajustes pendientes correspondientes a 2024, que fueron implementados de manera escalonada a lo largo de cada trimestre de 2025. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo continúa avanzando en la normalización del cronograma de aumentos impositivos vinculados a la inflación.

Según lo establecido en la normativa, para las naftas se aplicará un incremento de $16,773 por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos, al que se suma una suba de $1,027 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.

En el caso del gasoil, el aumento será de $14,372 por litro para el gravamen general. Además, se fijó una suba de $7,782 por litro para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y determinadas zonas del interior del país, y de $1,638 por litro en concepto del impuesto al dióxido de carbono.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. En el texto oficial, el Gobierno fundamentó la medida al señalar que el objetivo es “estimular el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible”.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que los montos actualizados surgen de la fórmula de ajuste trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En ese sentido, recordaron que el Decreto Nº 501/18 estableció que la entonces AFIP —actualmente ARCA— debe actualizar estos impuestos en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando como referencia la inflación del trimestre inmediato anterior. Asimismo, los valores actualizados comienzan a regir desde el primer día del segundo mes posterior a la actualización.

De acuerdo con el documento oficial, desde 2018 el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono se ajustan trimestralmente según la inflación. Sin embargo, distintas administraciones optaron por postergar su aplicación para mitigar el impacto en los precios finales al público. En esta oportunidad, la prórroga se extendió hasta febrero, según consignó el diario La Nación.

En cuanto al impuesto al dióxido de carbono, este tributo grava las emisiones contaminantes generadas por el uso de combustibles fósiles y se cobra como un monto fijo por litro, que se suma al impuesto principal. Si bien representa una porción menor de la carga impositiva total, su actualización automática busca preservar su valor real tanto en términos fiscales como ambientales.

Cabe recordar que en la última actualización, correspondiente al mes de enero, el incremento había sido de $17,291 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,059 en el impuesto al dióxido de carbono para las naftas. Para el gasoil, la suba fue de $14,390 en el gravamen general, $7,792 en la alícuota diferencial y $1,640 por litro por el impuesto al CO₂.

Javier Milei excluirá a Victoria Villarruel de los aumentos salariales que dispondrá para el gabinete. El presidente firmará hoy la medida -que se publicará el viernes 2 de enero en el boletín oficial- y congelerá también su salario de forma indefinida.

En la Casa Rosada aseguran que el decreto alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios, en línea con la recomposición que vienen reclamando distintos sectores del gabinete tras casi dos años de congelamiento. En Nación estiman que los sueldos jerárquicos acumularon una pérdida de poder adquisitivo cercana al 60% desde diciembre de 2023.

La inflación acumulada en 2024 fue de 117,8% y el IPC acumula 27,9% en 2025 a noviembre. En Balcarce 50 sostienen que el aumento no implicará un esquema diferencial respecto del resto del Estado y que la recomposición no será superior a la que percibieron los empleados públicos bajo las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

En la mesa chica del oficialismo argumentan que el jefe de Estado definió excluir también a la vicepresidenta porque se trata de un cargo “electo y no técnico”. Se da en un contexto de vínculo deteriorado con el primer mandatario, que se profundizó a lo largo de 2025 por diferencias de agenda, exposición pública y posicionamientos internos.

En el Gobierno sostienen que el congelamiento salarial complicó el funcionamiento interno de la gestión, en especial para sostener equipos técnicos y cubrir cargos estratégicos. También advierten que la brecha con el sector privado se amplió en los últimos dos años, lo que generó dificultades para retener cuadros especializados.

El esquema salarial vigente contempla más de $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta y $3,58 millones para los ministros, además de $3,2 millones para secretarios y cerca de $2,8 millones para subsecretarios. Los senadores cobran hasta $9,5 millones y los diputados alrededor de $7 millones.

Las tensiones dentro del gabinete por el congelamiento salarial tuvieron diferentes niveles a lo largo del 2025, que contaron con planteos directos al primer mandatario para que habilite su firma. La mesa política de Nación no quería impulsarlo antes de las elecciones de octubre y se comprometió puertas adentro a oficializarlo a partir de enero.

El decreto se terminó de cerrar entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación). La última instancia en la que Nación impulsó con un aumento salarial para cargos jerárquicos terminó con el desplazamiento del exsecretario Armando Guibert y con la derogación de la medida.

Además del presupuesto 2026 como señal para el mercado y una vía para canjear deuda, el viernes el oficialismo buscará que el Senado apruebe el proyecto de Inocencia Fiscal, con el que se pretende que los argentinos saquen los dólares que compraron en el mercado paralelo durante el cepo cambiario. La letra chica establece nuevos montos a partir de los cuales se encuadra la evasión tributaria.

La iniciativa del Gobierno, que el ministro Luis Caputo definió en su momento como fundamental para que la economía “continúe creciendo al ritmo del 6%”, establece modificaciones en el Régimen Penal Tributario, además de cambios en el Código Civil y Comercial y en el Régimen de Procedimiento Tributario, a los fines de darle seguridad jurídica a los contribuyentes de que no serán perseguidos por otra gestión.

“La evasión empieza a ser delito ahora a partir de $100 millones. La evasión simple se configura con un mínimo de $100 millones, pero, en rigor, no todo lo que supera ese importe es evasión, porque la evasión tiene dos conceptos: uno, que es la condición objetiva, que es superar el piso que impone la ley, y otra es la cuestión subjetiva, es decir, haber tenido, por fin, transgredir una obligación impositiva”, destacó el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Martín Caranta, en conversación con Infobae.

Mientras que el de evasión agravada pasará de $15.000.000 a $1.000.000.000; pero, en el caso de que hubieren intervenido personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas, o se hubieren utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios y/o jurisdicciones no cooperantes para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado, el monto pasa de $2.000.000 a $ 200.000.000. Lo mismo en el caso de que el obligado hubiera utilizado fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales.

En el caso de que hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos, la evasión agravada sí supera los $100.000.000 (ahora es $1.500.000).

“El problema es que muchos de esos montos llevan años sin actualizarse y hoy se encuentran claramente desfasados respecto de la realidad económica. El proyecto de Inocencia Fiscal propone elevar de manera significativa los umbrales previstos en la Ley Penal Tributaria”, marcó la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, quien remarcó que, desde el punto de vista técnico, no se eliminan delitos ni sanciones, conductas dolosas graves. “Conceptos que no dependen de montos, como la insolvencia fiscal fraudulenta o la alteración de registros, no sufren modificaciones”, agregó.

Los cambios también tuvieron el visto bueno del contador Marcos Felice, para quien eran actualizaciones que se necesitaban desde hace tiempo porque quedaron en montos irrisorios y cualquier contribuyente caía en evasión. “El único tema es que, con lo que se tardó en sacar la ley, ya los montos propuestos quedaron desfasados con la inflación del año, ya que el primer ajuste sería en enero de 2027”, marcó.

Para Caranta, en caso de que se apruebe el proyecto, también se tratará de una ayuda para el Poder Judicial, ya que la tendencia de los funcionarios a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es denunciar y que sea el juez quien defina si hay evasión o no; y, con montos bajos -como los que están vigentes-, los tribunales estaban inundados de denuncias penales. “Además, perjudica al aparato judicial, que se lo paga con presupuesto. Que la justicia intervenga en causas con montos exiguos le sale caro a la economía argentina”, sostuvo.

A su vez, para Caranta, dará mayor tranquilidad al contribuyente el hecho de que aquellas causas que se encontraban en trámite o por ser impulsadas con la nueva ley van a dejar de ser delitos. Aunque remarcó que el nuevo piso que se establecería para encuadrar en una evasión es bajo en términos históricos: por lo general, se pretendía que la Justicia investigue por causas de USD 100.000 y ahora quedaría en torno a los 66.000 dólares.

No todo en el proyecto de Inocencia Fiscal es bueno para los tributaristas; desde hace días reclaman sobre los efectos negativos que tendrá la actualización de los montos de las multas automáticas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Los montos de incremento que tiene el proyecto son muy importantes. Por ejemplo, la multa del artículo 38, que hoy son de $200 -totalmente desactualizado- para personas humanas, pasa a $220.000 y para personas jurídicas, de $400 a $440.000”, comentó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, antes del tratamiento en Diputados.

Se trata de multas que se aplican ante la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas. “Puede haber una pyme que se atrasa un día por problemas administrativos, porque faltan los empleados o una persona humana tamaño. Y tener una multa es bastante oneroso para este tipo de empresas pequeñas”, comentó Domínguez. Durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, el peronismo presionaba para modificar el proyecto y que el monto de la multa dependa del tipo de contribuyente.

El Gobierno reavivó las tensiones internas tras el revés del Presupuesto en Diputados. El Ejecutivo profundiza las acusaciones cruzadas y mantiene diferentes versiones sobre el trasfondo de la votación del capítulo once del proyecto, que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Mientras que un sector de la Casa Rosada sostiene que no contaban con las adhesiones para sancionar el articulado que fue rechazado, en otro espacio interno aseguran que esperaban la media sanción del texto completo hasta los últimos segundos previos a la votación. “El capítulo once es el más importante, pero los votos los tenemos”, expresaron el jueves a la madrugada integrantes de la mesa política a los diputados.

Según pudo saber TN, en Balcarce 50 tenían previsto impulsar una celebración especial por la media sanción del proyecto presupuestario, que fue cancelada. Hay críticas cruzadas sobre la estrategia aplicada dentro de la mesa política, que abarcan a las negociaciones y a la inclusión de artículos sensibles.

“Perdimos como si tuviésemos la composición previa de la cámara, cuando teníamos que dar un mensaje fuerte al mercado”, agregan. En algunos sectores apuntan también contra el comportamiento de los integrantes del bloque de La Libertad Avanza y les piden “mayor seriedad”.

Más allá de que la postura unificada del gabinete se enfocó en apuntar contra los gobernadores que no acompañaron el capítulo once, sus integrantes mantienen diferencias sobre el posicionamiento, las responsabilidades y el plan de acción sobre el Presupuesto que aplicarán en el Senado. Mientras algunos celebran la media sanción, otros la califican como una ”derrota dura".

El Gobierno intentará incluir nuevamente el articulado que fue excluido en Diputados, pero reconoce que por el momento no cuenta con los votos para concretarlo. Tampoco hay una definición interna sobre un posible veto al Presupuesto en caso de que se sancione sin los cambios. “Hay un clima raro y no hay definiciones claras”, expresan en el oficialismo.

En el Ejecutivo comparan el contexto de “desorden” al suceso en el que le sacaron el Registro Nacional de las Personas (Renaper) junto con la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes a Santilli antes de asumir como ministro. En esa instancia argumentaron que “faltó diálogo interno” y luego retrocedieron con algunos cambios.

En la Casa Rosada insisten con que intentarán dar un mensaje positivo al mercado antes de fin de año, en la previa de los vencimientos de deuda que ascienden a más de US$4000 millones. La mesa política se reunió ayer sin la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Javier Milei convocó al gabinete a un asado el lunes en la quinta de Olivos.

El cosecretario general de la CGT Octavio Argüello sostuvo este jueves que la central le dice “rotundamente no” a la reforma laboral “entreguista” que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Así se manifestó el dirigente sindical durante la marcha que la organización hizo en Plaza de Mayo, donde le advirtió a los senadores: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar”.

“Es mentira que se dé más trabajo quitándole sus derechos, y dando cada vez más horas de trabajo”, alertó. Arguello llamó a “ganar la calle” y “pelear por los derechos de los trabajadores y sus familias”.

El dirigente advirtió que, si no hay respuestas, el reclamo la CGT avanzará con un plan de lucha que culminará en un “paro nacional”, lo que generó ovación entre los manifestantes.

Por su parte, el cosecretario Cristian Jerónimo señaló que la central se opone a la reforma laboral “porque no genera nada a favor del mundo del trabajo. Está redactada de forma maliciosa a favor de las grandes corporaciones y empresas. No favorece a las pymes”, insistió.

“La CGT no va a dar ni un paso atrás, así lo marca nuestra historia”, completó.

En tanto, el cosecretario general Jorge Sola sostuvo que el proyecto de reforma laboral tiene “más de 50 años” y que también había sido impulsado por “los milicos” en los ‘70 y volvió “recargado en los ’90”, para terminar “en 2001”.

“No queremos menos derechos: queremos más trabajo, más dignidad y más salarios”, definió Sola, que cuestionó el fondo de despidos laborales, concebido, dijo, para que “despedir sea más fácil”.

También reprochó que la reforma laboral busque “limitar el poder gremial”, en referencia a la legislación sobre el derecho a la protesta de los sindicatos.

Además, cuestionó al Gobierno por “atacar con el proyecto de Presupuesto a la Discapacidad, la ley de emergencia pediátrica, el sostenimiento del Hospital Garrahan y la educación”.

El Gobierno nacional avanza con paso firme en su ambiciosa agenda de privatizaciones, buscando capitalizar el impulso político y económico de los últimos meses para concretar el traspaso de activos estratégicos en los sectores de transporte y energía a manos privadas.

Con la mira puesta en las próximas semanas, la administración de Javier Milei tiene previsto dar los primeros pasos concretos del proceso durante noviembre, con la licitación de rutas nacionales y de cuatro represas hidroeléctricas, al tiempo que se definen los detalles del listado de empresas que podrían ser privatizadas en una segunda etapa de gestión.

Según trascendió en despachos oficiales, ese listado —que incluirá compañías de participación estatal total o parcial— se enviará al nuevo Congreso en los próximos meses. Mientras tanto, el Ejecutivo busca enviar una señal clara de que el proceso “no se detendrá”, marcando el inicio de un repliegue sostenido del Estado en la economía.

En el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas ultiman los detalles para adjudicar la denominada “ruta del Mercosur”, la primera en ser concesionada bajo la gestión Milei. Según informaron fuentes oficiales, siete empresas presentaron ofertas, y la preadjudicación se conocerá en las próximas dos semanas.

“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, al confirmarse el interés de las firmas oferentes.

Por otro lado, el próximo viernes 7 de noviembre se abrirán las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados—, por las que el Gobierno espera recaudar entre 500 y 700 millones de dólares.

Los actuales operadores —AES Argentina, Enel, Central Puerto y Orazul— manifestaron su intención de participar, tanto para conservar la administración de sus respectivas centrales como para competir por nuevas concesiones.

Durante 2025, el Gobierno planea lanzar una segunda etapa de licitaciones para las rutas nacionales que actualmente administra Corredores Viales, que abarcan unos 4.400 kilómetros e incluyen tramos estratégicos como la autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Newbery, y las rutas nacionales 3, 5 y 7, además de los accesos a los puertos del Paraná. Una tercera etapa, que contempla la ruta 9, se licitaría a comienzos de 2026.

En materia energética, el proceso de venta por unidades de Enarsa se iniciará con las represas del Comahue, mientras que el Ejecutivo trabaja en la documentación para ofertar antes de febrero las acciones estatales de Transener, principal transportista de energía eléctrica del país.

También se avanza en la valuación de AYSA, empresa de agua y saneamiento del AMBA, como paso previo a la venta de la mayoría accionaria en la Bolsa. En tanto, el llamado a licitación de Belgrano Cargas se prevé entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.

Hacia fin de año, el Gobierno proyecta además licitar la Hidrovía Paraná-Paraguay, clave para las exportaciones agroindustriales, y acelerar la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, posiblemente entre diciembre y los primeros meses de 2026.

Si bien la efectiva transferencia de la mayoría de las firmas autorizadas por la Ley Bases quedaría para el primer tramo de 2026, el Ejecutivo ya delineó los pasos para continuar con su política de “retiro del Estado de la economía”, uno de los pilares del programa libertario.

En ese contexto, figuran en carpeta Arsat, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, entre otras compañías que podrían incorporarse a una segunda ola de privatizaciones.

El mercado laboral formal continúa en una senda crítica. Según los últimos datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, en julio el empleo asalariado registrado cayó a su nivel más bajo desde que Javier Milei asumió la Presidencia, consolidando una pérdida total de más de 200.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023.

La información, elaborada a partir del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuantifica el desplome: se destruyeron 127.000 empleos asalariados privados, casi 57.900 públicos y 20.600 en casas particulares. La suma arroja un total de 205.500 trabajadores que perdieron su fuente de ingresos formal en este período. De este modo, en el séptimo mes del año se contabilizaron 10.096.200 empleos asalariados, la cifra más baja desde octubre de 2022.

La magnitud de la crisis se aprecia en el largo plazo. Luis Campos, investigador de la CTA Autónoma, graficó la situación: "En julio de 2025 la cantidad de asalariados registrados en el sector privado era menor que en julio de 2015. Decir década perdida es poco a esta altura".

En la misma línea, el economista Juan Manuel Telechea aportó una perspectiva demográfica aún más alarmante: "Tenemos exactamente los mismos 6,2 millones de puestos de trabajos en el sector privado registrado que hace 10 años, pero con una población que ahora tiene casi cinco millones de personas más".

Si bien la llegada del gobierno libertario aceleró una tendencia negativa que ya se observaba en los últimos meses de la administración anterior, el declive mostró una leve pausa a partir de agosto de 2024. Sin embargo, lejos de una recuperación, los últimos meses confirman un nuevo retroceso: julio marcó la tercera caída consecutiva, con una pérdida de 8.800 puestos en el sector privado.

La destrucción de empleo se extiende a lo largo y ancho de la economía. El sector más golpeado en la era Milei ha sido la construcción, con una sangría de 60.500 puestos, reflejo del virtual parate en la obra pública. Le sigue la industria manufacturera, que perdió 39.200 empleos y alcanzó en julio su menor nivel desde mayo de 2022, con una caída de 3.300 puestos solo en ese mes. El podio lo completa Transporte, almacenamiento y comunicación, con 15.100 despidos.

Pero la debacle no se limita a los sectores tradicionalmente en crisis. Rubros que han tenido una performance favorable con el actual Gobierno, como el minero-petrolero y el financiero, también muestran una contracción en el empleo. El nivel en minería e hidrocarburos es el más bajo desde octubre de 2022, mientras que el sector financiero registra un piso desde abril de 2011.

A nivel geográfico, el senador Martín Barrionuevo destacó que el fenómeno es casi nacional: "Salvo Neuquén, Tucumán, Mendoza y Río Negro, todas las jurisdicciones perdieron empleo".

La caída del empleo asalariado ha sido compensada de manera parcial por un aumento de 127.100 trabajadores autónomos y monotributistas, un dato que los especialistas interpretan, en buena medida, como un reflejo de la creciente precarización del mercado laboral.

Las perspectivas para lo que queda del año no son alentadoras. Luis Campos alertó: "Para la segunda mitad del año el escenario pinta muy complicado". Y agregó: "En agosto el índice de evolución del empleo de la Encuesta de Indicadores Laborales cayó un 0,3%. Es el segundo peor agosto de la última década, solo superado por el del 2018". Según el investigador, el modelo actual "no crea empleo y no demanda fuerza de trabajo".

El único dato positivo en el sombrío informe del SIPA provino de los salarios del sector privado, que en julio mejoraron por tercer mes consecutivo. No obstante, pese a este repunte, los ingresos de los trabajadores se mantienen un 0,4% por debajo del pico alcanzado en febrero de 2024, evidenciando la frágil recuperación del poder adquisitivo en un contexto de destrucción masiva de puestos de trabajo.

Con la firma de sus representantes y apoderados, La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido Libertario y el Partido Fe decidieron ir juntos, en un mismo frente, a las elecciones legislativas nacionales, para defender las ideas de la libertad y oponerse al kirchnerismo.

El nombre acordado para la lista será “Alianza La Libertad Avanza”, utilizará el color violeta y el águila como símbolo; ambos signos distintivos de las ideas de La Libertad.

En Entre Ríos, las elecciones de medio término serán para cargos nacionales: en la Cámara Alta, están en juego las bancas de tres senadores y en la Cámara Baja, de cinco diputados que representan a la provincia.

El adversario es el kirchnerismoPara la naciente Alianza la prioridad es ser la opción capaz de consolidar el orden social, buscar la prosperidad de todos y desterrar al kirchnerismo de la vida política; al que consideran empobrecedor y dañino para la provincia y el país.

Tras la conformación de la Alianza -de la cual se desprendió un documento compromiso- Roque Fleitas, presidente de LLA de Entre Ríos, expresó que “nuestro espacio político recibe con beneplácito esta coalición que tiene mucha aceptación entre nuestro electorado. La Alianza es un pacto que compartiremos con el presidente, Javier Milei; con el gobernador, Rogelio Frigerio, y con otros representantes destacados de varios partidos políticos entrerrianos. Es bueno unir fuerzas para las elecciones del 26 de octubre porque está en juego el rumbo de los argentinos. Desde este mismo momento estamos trabajando en una distribución equitativa de las bancas que acompañe, desde el Congreso, el plan del presidente, para alcanzar los objetivos que nos unen: el fin del kirchnerismo y el bienestar de los argentinos”.

“En estas elecciones vamos a lograr más representantes alineados en las Cámaras nacionales y eso va a permitir desarrollar todas las reformas que necesita el país. En octubre, los entrerrianos, con sus votos, mostrarán claramente que apoyan las políticas del presidente de la nación: control del gasto público, austeridad, reducción de la inflación, crecimiento de la economía, superávit, cambio cultural, propiedad privada y libertad; y que el kirchnerismo ya quedó en el pasado oscuro de la Argentina”, sentenció Fleitas. 

A pesar de la desaceleración de la inflación, una reciente encuesta de la consultora Zuban Córdoba encendió las alarmas en el oficialismo al reflejar un fuerte malestar económico entre los argentinos, que ya impacta de lleno en la imagen del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. El sondeo, basado en 1.400 casos a nivel nacional, evidencia que la baja de precios no compensa la pérdida de poder adquisitivo y la creciente percepción de desigualdad.

Entre los datos más contundentes del estudio, difundido por la agencia Noticias Argentinas, se destaca que el 63,7% de los encuestados asegura que tiene cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, lo que demuestra que la economía cotidiana sigue siendo el mayor dolor de cabeza para los ciudadanos.

Además, el 89,3% considera necesario mejorar los sueldos, dejando en claro que la lucha contra la inflación no alcanza si no hay una recomposición salarial. Esta percepción se profundiza con otros indicadores sensibles:

El 50,3% teme perder su empleo o ingresos debido a las políticas del Gobierno.

El 57,4% desconfía de que Milei y Caputo tengan “todo bajo control” en materia económica.

El 60% considera que el Gobierno está profundizando la desigualdad social en el país.

El clima económico adverso también golpea en el plano político. Según la encuesta, el 57,5% tiene una imagen negativa del presidente Javier Milei, mientras que el 56,8% rechaza de forma directa las políticas implementadas por su gestión.

De cara a las próximas elecciones, el 52,8% de los consultados adelantó que utilizará su voto para “castigar” al gobierno, lo que representa una señal preocupante para La Libertad Avanza. En paralelo, el 50,4% se mostró dispuesto a apoyar un frente opositor común, abriendo una oportunidad para que sectores hoy fragmentados comiencen a construir una alternativa competitiva.

La encuesta llega en un momento en el que el Gobierno nacional insiste en mostrar la baja sostenida de la inflación como el principal logro de su gestión. Sin embargo, el sondeo revela que ese argumento empieza a perder fuerza frente a la realidad diaria de millones de personas que sienten que su situación económica sigue empeorando.

El mensaje que envían los números es claro: el Gobierno deberá recalibrar su estrategia económica si quiere evitar un desgaste más profundo de cara a las próximas elecciones. El desafío no será solo bajar la inflación, sino también mejorar los ingresos, garantizar estabilidad laboral y recomponer la confianza de la ciudadanía.

Mientras tanto, en la oposición crece la expectativa por capitalizar el descontento social, aunque aún resta ver si pueden transformar ese respaldo potencial en una propuesta sólida y unificada.

La Justicia Federal dio marcha atrás con el DNU 461/25, que contemplaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad junto con otros organismos clave en materia de transporte y seguridad. La decisión judicial fue recibida con satisfacción por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, quien calificó la medida como "un freno necesario" ante lo que definió como una ofensiva privatizadora impulsada por el Gobierno nacional.

"Este fallo es una noticia muy positiva", expresó Aleñá, y remarcó que si bien se trata de un paso importante, la lucha no concluye: “Ahora el foco está en el Congreso. Tiene que ser rechazado por ambas cámaras y que no se atrevan más a venir a privatizar, hacer negocios y destruir las rutas nacionales, hoy desfinanciadas por el desvío del Impuesto a los Combustibles”.

La dirigente señaló que esta instancia judicial fue impulsada por otro gremio del sector, y valoró la articulación legal y política como herramienta para frenar el avance del decreto. “Lo que hizo la Justicia nos hace ganar tiempo. El objetivo es trabajar en la agenda parlamentaria para lograr los dictámenes de rechazo en Diputados y Senadores”, subrayó.

Aleñá advirtió que el DNU, promovido por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, proponía una “destrucción sin precedentes” de la estructura estatal en materia de infraestructura vial. “Estamos frente a un gobierno autoritario que no escucha. Lo que conseguimos es un parate, pero el tema no está resuelto de fondo. Hay que seguir peleándola”, sentenció.

En ese marco, la secretaria general del STVyARA hizo un llamado a profundizar la articulación política con gobernadores, intendentes y sectores legislativos para impedir la implementación de la medida por vía parlamentaria. “Vialidad Nacional no es un organismo más. Es un eje estratégico para el desarrollo productivo y social del país, ya que más del 90% de la producción argentina se traslada por rutas”, apuntó.

El debate por la continuidad del organismo, que ha despertado un amplio respaldo en distintos sectores, se ha instalado también como un tema de alcance federal. Aleñá destacó que “el caso Vialidad generó un movimiento enorme de solidaridad, como pocas veces se ha visto”, tocando fibras sensibles como el federalismo, las economías regionales y la seguridad vial.

Para finalizar, fue categórica respecto al accionar del Gobierno nacional: “No hay antecedentes en el mundo de que un Estado decida eliminar su organismo vial estratégico. Es una decisión demencial y cruel. Hoy se le puso un límite, pero la lucha continúa”, concluyó.

En una decisión que marca un nuevo capítulo en su política de ajuste y reorganización del Estado, el Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial N° 35.702 y abarca dependencias de diversas áreas como salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a los ministerios y secretarías correspondientes, mientras que el personal conservará sus cargos hasta que se definan las nuevas estructuras.

Entre los organismos que dejan de existir figuran:

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Dirección Nacional de Vialidad (DNV)

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI)

Delegaciones Sanitarias Federales

Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)

Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial

Comisión Nacional de Semillas

Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET)

Las funciones de estos entes serán asumidas por organismos como los ministerios de Salud, Economía, y secretarías de Transporte, Agricultura e Industria, según cada caso. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, por ejemplo, pasará a depender de la Secretaría de Transporte y de la Gendarmería Nacional, mientras que la ARICCAME será absorbida por la ANMAT y el Ministerio de Economía.

En el caso del Instituto Nacional de Medicina Tropical, su cierre se justifica por "superposición de funciones y falta de resultados concretos", según los fundamentos oficiales.

Algunos organismos no fueron disueltos sino reconvertidos o fusionados dentro de nuevas estructuras:

La CNRT pasa a ser la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

La Junta de Seguridad en el Transporte se transformó en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con funciones limitadas al área aeronáutica.

Se crea la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, INAREPS y Bonaparte.

A su vez, instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer, el INTI, el INV, el INPI y el INTA fueron reubicadas como unidades organizativas o desconcentradas dentro de las respectivas secretarías de Salud, Industria y Agricultura.

Según el Gobierno, la decisión se tomó tras un diagnóstico que detectó un crecimiento "desproporcionado" de organismos descentralizados, con una planta que pasó de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. Se identificaron también irregularidades administrativas, duplicación de funciones y falta de control interno.

En ese marco, se estableció que los bienes inmuebles y vehículos sin uso de los organismos disueltos pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para su posterior reasignación o venta. Los fondos líquidos disponibles, en tanto, serán transferidos al Tesoro Nacional.

El Ejecutivo instruyó a los ministerios involucrados a elevar en las próximas semanas sus propuestas de adecuación organizativa, con el objetivo de asegurar la continuidad de las funciones públicas y garantizar que no haya interrupciones en los servicios.

La medida se enmarca en la estrategia de reestructuración del Estado que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei, con el objetivo declarado de reducir el gasto público, mejorar la eficiencia y "terminar con los organismos inútiles o politizados", según palabras reiteradas por el mandatario en declaraciones anteriores.

Organismos disueltos y su nuevo destino:

Organismos transformados:

En declaraciones a Ahora Cero Radio, la diputada provincial Lorena Arrozogaray expresó fuertes críticas hacia los gobiernos provincial y nacional, al tiempo que abogó por la unidad del peronismo en vistas a los próximos desafíos electorales.

Arrozogaray cuestionó con dureza la actitud del gobernador Rogelio Frigerio, a quien acusó de mantener una postura “demasiado lavada” frente a los recortes en la obra pública implementados por el Gobierno de Javier Milei. En esa línea, también lamentó la cercanía política del intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, con el oficialismo nacional. “Paralizaron absolutamente todo, y en esa paralización entran los jubilados, los universitarios, los médicos del Garrahan, y un montón de situaciones que se dan también en Entre Ríos", señaló.

Consultada sobre el futuro del peronismo, tanto a nivel nacional como provincial, la legisladora remarcó la importancia de construir un frente unificado. “Me quedo con lo que se viene hablando a nivel nacional, que es la unidad. Tanto Cristina [Fernández], Axel [Kicillof] y Massa han tenido presente esa consigna, sobre todo después de lo que pasó con la detención de Cristina”, aseguró.

En el plano provincial, Arrozogaray descartó la posibilidad de rupturas con sectores internos y enfatizó: “No me imagino a La Cámpora por fuera del peronismo. Siempre hemos hablado con Estefanía Cora y Tomás Ledesma de buscar la integración y la unidad”.

Para cerrar, fue contundente en su diagnóstico sobre la coyuntura política del PJ entrerriano: “El tiempo de las internas ya terminó. Tenemos que lograr un peronismo unido dentro de la provincia”, sentenció.

Las declaraciones de la diputada llegan en un contexto de tensión política por el ajuste nacional y cuando comienzan a delinearse los posicionamientos de cara a las elecciones de 2025.