El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este martes una reunión con representantes de los principales gremios estatales con el objetivo de avanzar en el análisis del proyecto de reforma previsional de la provincia. El encuentro marcó el inicio de una instancia formal de diálogo para abordar la situación de la Caja de Jubilaciones y explorar posibles consensos en torno a modificaciones del sistema.

La reunión se desarrolló en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno, en Paraná, y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat.

Tras el encuentro, la secretaria adjunta de Unión del Personal Civil de la Nación, Carina Domínguez, valoró la apertura del espacio de diálogo y destacó que “se escucharon varias opiniones” en una mesa que consideró necesaria para el tratamiento de un tema de alta sensibilidad. En ese sentido, remarcó que todos los sectores deben formar parte del debate y advirtió que cualquier eventual ajuste no debe recaer exclusivamente sobre los trabajadores estatales.

Domínguez también señaló que los ejes planteados por el Gobierno —como la edad jubilatoria y los años de aporte— constituyen variables técnicas esperables dentro del análisis, aunque aclaró que ello no implica acuerdo por parte de los gremios. Además, anticipó que se avanzará en reuniones sectoriales para profundizar cada uno de los puntos y que se presentaron propuestas alternativas vinculadas al financiamiento del sistema previsional.

La dirigente sindical subrayó que la continuidad de los gremios en la mesa refleja una oportunidad para discutir la reforma más allá de la existencia de un proyecto legislativo. Según indicó, el objetivo es evitar conflictos y perjuicios sectoriales, al tiempo que se busca avanzar hacia un sistema sostenible y equitativo tanto para trabajadores activos como para jubilados.

Por su parte, el representante del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Fernando García, calificó el encuentro como positivo y destacó la expectativa de los trabajadores por participar del proceso. “Se abre una etapa de trabajo sostenido, con seguimiento y aportes sectoriales, en defensa de los derechos adquiridos”, afirmó.

En esa línea, García sostuvo que el debate debe contemplar soluciones estructurales frente a una problemática de fondo. “Estamos avanzando y vamos a aportar porque creemos que el gobernador ha planteado que existe una problemática muy profunda. Es un camino a futuro que nos toca resolver o al que debemos aportar desde nuestro lugar”, expresó.

Del encuentro participaron representantes de diversos gremios, entre ellos Asociación Trabajadores del Estado, Asociación del Magisterio de Entre Ríos, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, Sindicato Argentino de Docentes Privados, Unión de Docentes Argentinos, Asociación del Personal Legislativo, Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Asociación Judicial de Entre Ríos, Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales y el propio Suoyem.

El Gobierno provincial apuesta a sostener el diálogo con los distintos sectores en busca de consensos que permitan avanzar en una reforma previsional que atienda el déficit del sistema sin afectar de manera desproporcionada a los trabajadores. Mientras tanto, los gremios se mantienen en estado de análisis y participación activa en una discusión que consideran clave para el futuro del régimen jubilatorio entrerriano.

El gobierno de Entre Ríos resolvió abonar por decreto la propuesta salarial presentada a los gremios docentes, a pesar de que la misma no fue aceptada en el ámbito de la negociación paritaria. La medida busca garantizar que el incremento llegue de forma inmediata al bolsillo de los trabajadores de la educación mientras continúan las conversaciones con los sindicatos.

Según se informó oficialmente, el aumento será liquidado mediante una complementaria de los haberes correspondientes a febrero, que se abonará en los próximos días. El esquema continuará aplicándose en los meses siguientes mientras se mantenga abierta la discusión salarial.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se seguirá de cerca la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación provincial y las posibilidades de nuevas mejoras salariales en el futuro.

La oferta presentada por el gobierno entrerriano contempla una serie de mejoras en los ingresos docentes.

Entre los principales puntos se destaca:

Además, se mantiene la suma remunerativa y bonificable de 25.000 pesos destinada a docentes con más de 10 años de antigüedad.

Desde el gobierno provincial remarcaron que la decisión de liquidar el aumento por decreto no implica cerrar la negociación, y ratificaron la voluntad de diálogo con los sindicatos docentes.

En ese marco, se informó que la discusión paritaria se retomará dentro de tres meses, cuando se evalúen nuevamente variables como la inflación, la evolución de los recursos provinciales y las posibilidades de otorgar una mejora salarial adicional.

También se indicó que, desde el inicio de la actual gestión, los salarios docentes han acompañado la inflación, incluso en un contexto en el que la recaudación provincial creció por debajo del índice de precios durante varios meses.

Al mismo tiempo, desde el Ejecutivo reconocieron que los ingresos del sector requieren mejoras estructurales acordes a la responsabilidad profesional, en un escenario económico que continúa siendo complejo.

Las autoridades provinciales señalaron que la política educativa no se limita a la cuestión salarial, sino que forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema educativo.

Entre las acciones implementadas se mencionan:

En ese contexto, desde el gobierno provincial destacaron que más de la mitad de las escuelas entrerrianas dictaron clases este lunes, a pesar de tratarse de una jornada afectada por un paro docente de alcance nacional.

El dato fue considerado relevante por las autoridades educativas, que señalaron que refleja un funcionamiento parcial del sistema educativo en medio del conflicto salarial mientras continúan las negociaciones con los gremios.

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat; y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

Por parte de los trabajadores estuvieron presentes representantes de distintos sindicatos, entre ellos la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer), la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

Tras la reunión, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, explicó que se trató de “una jornada de trabajo larga, de poco más de dos horas”, convocada por iniciativa del gobernador con el objetivo de reunir a “todos los sindicatos concurrentes al sistema previsional provincial”.

Según detalló, durante el encuentro se compartieron las principales premisas del proyecto y los puntos centrales sobre los cuales debería estructurarse la reforma. Además, se abrió un espacio para escuchar aportes y propuestas de cada uno de los sectores.

En ese sentido, adelantó que se conformarán mesas de trabajo sectoriales, coordinadas por el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat. “Ahora vamos a afinar el lápiz para lograr un proyecto lo más consensuado y homogéneo posible, con un denominador común: algo hay que hacer. No hacerlo sería un verdadero ajuste al bolsillo de los pasivos y de los trabajadores del presente y del futuro”, afirmó.

Por su parte, Bagnat destacó el clima de respeto y diálogo que caracterizó al encuentro y señaló que los principales ejes de la reforma giran en torno a las edades jubilatorias, la progresividad del sistema, la garantía de no afectar derechos adquiridos, la movilidad, el haber inicial y los aportes vinculados a los regímenes especiales.

El funcionario indicó que el objetivo es “trazar una línea de defensa para poder seguir manteniendo el 82 por ciento móvil”, al tiempo que se busca garantizar la sostenibilidad del sistema previsional frente al desafío que representan los 120.000 trabajadores activos que en el futuro accederán al beneficio jubilatorio.

El secretario general de UPCN, José Allende, calificó la reunión como “muy positiva” y señaló que la situación de la Caja de Jubilaciones “es un tema que preocupa y que debe abordarse con responsabilidad”.

El dirigente explicó que los gremios tendrán acceso al borrador del proyecto para analizarlo y realizar aportes. “Estamos de acuerdo con discutir. Cada sector tiene sus particularidades y distintos aportes para hacer. De la madurez de esta reunión puede surgir un proyecto consensuado que quizá no cubra el ciento por ciento del déficit, pero será lo posible”, sostuvo.

Allende indicó además que existe coincidencia en el objetivo de garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la Caja preservando el 82 por ciento móvil. “Pensar hoy en una Caja sin déficit es una irrealidad, pero sí podemos discutir cómo achicar ese déficit sin afectar derechos”, remarcó.

En ese marco, explicó que se abrirá una etapa de intercambio de información entre el presidente de la Caja y los distintos sectores del Estado, con el compromiso de que cada uno acerque propuestas concretas. “Van a ser días de ida y vuelta, de análisis y discusión”, agregó.

También planteó la necesidad de analizar el déficit de manera integral y con una mirada sectorial. Entre los puntos mencionó el impacto de decisiones políticas del pasado, como el retiro de las cajas municipales del sistema provincial, y el debate en torno a los regímenes especiales.

“Si hablamos de una Caja solidaria, no es justo que alguien se jubile con 20 años de aportes mientras otros lo hacen con 30. Hay que analizar cómo compatibilizar derechos y aportes”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, destacó la madurez institucional con la que se está abordando el debate y remarcó la importancia de discutir el futuro del sistema previsional entrerriano.

Advirtió que actualmente la Caja registra un déficit anual cercano a los 400 mil millones de pesos, una situación que consideró insostenible si no se adoptan medidas estructurales. “Si no se toman decisiones, ese déficit se va a ir agravando”, señaló.

Domínguez aclaró que por el momento no existe un proyecto formal, sino definiciones generales que servirán como punto de partida para el debate.

Asimismo, remarcó que desde UPCN buscarán llevar información clara a los trabajadores y generar instancias de discusión internas. “Queremos que cada trabajador comprenda el escenario y participe del debate”, afirmó.

Finalmente, destacó el valor del sistema previsional entrerriano y la necesidad de preservarlo. “Nuestra Caja tiene beneficios que no existen en otras provincias ni en otros lugares del mundo. Por eso hay que protegerla”, concluyó.

En la sede de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), ubicada en Montevideo 163 de la ciudad de Paraná, el Frente Sindical Salarial Docente brindó una conferencia de prensa ante la presencia de numerosos medios televisivos, radiales y digitales. El encuentro tuvo como objetivo informar a la docencia y a la sociedad en general los motivos del rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos, que los gremios calificaron como insuficiente y regresiva para el sector.

Durante la exposición, el secretario general de AMET Regional XI, Andrés Besel, subrayó la necesidad de transmitir con claridad el escenario actual del conflicto salarial. En ese sentido, expresó el desacuerdo del sindicato con la decisión del gobernador de otorgar la recomposición salarial por decreto y remarcó la importancia de retomar una verdadera instancia de negociación paritaria.

Besel señaló que cualquier recomposición salarial debe impactar de manera efectiva en el bolsillo de los docentes, pero también contemplar a la obra social y a los docentes jubilados, sectores que —según sostuvo— también se ven afectados por las decisiones salariales que se adopten.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, destacó que el Frente Sindical se mantiene unido en la defensa del salario y de los derechos de los trabajadores de la educación.

El dirigente afirmó que desde el año pasado los gremios han manifestado voluntad de diálogo y han solicitado instancias de negociación para evitar un escenario de conflicto. Sin embargo, sostuvo que las respuestas del Gobierno no fueron adecuadas y que las propuestas presentadas resultaron insuficientes para el sector.

En ese marco, señaló que el paro realizado en los 17 departamentos de la provincia evidenció un fuerte descontento docente y responsabilizó al Gobierno Provincial por la situación. Según indicó, la decisión de otorgar el aumento por decreto profundiza el conflicto y dificulta la construcción de acuerdos.

Antivero también advirtió que el anuncio de una reunión informativa sobre una posible reforma previsional se suma al clima de tensión. Explicó que cualquier modificación en materia previsional impacta directamente en los derechos jubilatorios de los docentes. No obstante, confirmó que el Frente participará del encuentro para conocer el proyecto de primera mano, aunque anticipó que defenderán firmemente los derechos del sector.

A su turno, la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank, sostuvo que el sector atraviesa el segundo día de medidas de fuerza en un contexto que, según describió, se caracteriza por una pérdida de derechos tanto a nivel nacional como provincial.

Frank cuestionó la propuesta salarial presentada por el Gobierno al considerar que no dignifica la tarea docente. Además, señaló que los montos no remunerativos incluidos en la oferta afectan la escala salarial, la obra social y los aportes jubilatorios.

La dirigente también describió un escenario de desgaste y agotamiento en la docencia, con un aumento de licencias médicas y con docentes que evalúan abandonar la profesión. En ese sentido, recordó que la mayoría del sector está compuesto por mujeres, muchas de ellas sostén de hogar, y afirmó que el reclamo central es por un salario que permita vivir con dignidad.

En el marco del conflicto salarial y ante la posibilidad de que se dicte una conciliación obligatoria, los referentes sindicales señalaron que el Frente Sindical se encuentra evaluando distintas estrategias de acción en forma conjunta y que el conflicto podría extenderse en el tiempo.

Antivero explicó que no anticiparán públicamente todas las acciones que se encuentran en análisis para no facilitar movimientos del Gobierno, aunque confirmó que la instalación de una “carpa blanca” es una de las alternativas que se encuentran en agenda.

El dirigente sostuvo que el Frente mantiene la voluntad de diálogo y que el objetivo central es que los estudiantes estén en las escuelas. Sin embargo, advirtió que resulta difícil hablar de calidad educativa cuando los docentes enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Respecto a los plazos y a una eventual conciliación obligatoria, indicó que cada sindicato deberá evaluar la situación a través de sus mecanismos orgánicos —como plenarios o congresos— y que posteriormente se coordinarán los pasos a seguir de manera conjunta.

En la misma línea, Besel remarcó que todas las acciones que se definan estarán enmarcadas en lo resuelto por los delegados en Congreso. Además, señaló que cualquier novedad vinculada a la reforma previsional obligará a convocar nuevamente a los órganos de conducción para analizar el escenario.

El dirigente ratificó que las definiciones salariales se trabajarán dentro del Frente Sindical priorizando la unidad y reiteró que cualquier recomposición debe contemplar a docentes activos, jubilados y al sistema de obra social.

Asimismo, Besel cuestionó decisiones políticas que —según su visión— afectan el financiamiento educativo y sostuvo que el reclamo apunta a garantizar un salario que respete criterios constitucionales y contemple a todos los sectores del sistema educativo.

Finalmente, tanto Besel como Antivero expresaron críticas a las políticas económicas nacionales. Consideraron que la pérdida del poder adquisitivo y determinadas decisiones presupuestarias afectan a los trabajadores y advirtieron sobre lo que definieron como una avanzada sobre el movimiento obrero y los niveles de sindicalización.

En ese contexto, Antivero concluyó que uno de los principales desafíos del sindicalismo es fortalecer la organización colectiva y generar conciencia para defender derechos laborales que consideran históricamente conquistados.

A casi un año de haberse sellado el acuerdo salarial que rigió durante todo 2025, el Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes volvieron a sentarse este lunes en la primera reunión paritaria de 2026. El encuentro, realizado en la Secretaría de Trabajo, concluyó sin acuerdo y con la declaración de “estado de beligerancia” por parte de los sindicatos, lo que obliga al Ejecutivo provincial a presentar una nueva propuesta en un plazo no mayor a cinco días.

Durante la reunión, la Provincia presentó una propuesta que consistió en:

Desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa como un gesto de buena fe y voluntad de diálogo. El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, cuestionó la reacción gremial y sostuvo: “El Gobierno llegó a esta instancia con buena fe, con voluntad de diálogo y con una propuesta concreta sobre la mesa. Declararse en estado de beligerancia en el mismo momento en que se abre la negociación no contribuye a generar el clima necesario para seguir avanzando, sobre todo cuando estamos a días del inicio de clases y lo que la sociedad espera es responsabilidad y compromiso”.

La propuesta fue rechazada en el mismo ámbito de negociación por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Su secretario general, Abel Antivero, confirmó que la decisión se tomó tras un cuarto intermedio de diez minutos y en conjunto con los demás sindicatos del frente docente.

“Se rechazó porque no respondía a los criterios de nuestra comisión de salario”, señalaron desde el gremio, al considerar insuficientes los montos ofrecidos.

En la misma línea, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Regional Entre Ríos (AMET), Andrés Besel, explicó que el rechazo se fundamentó tanto en la escasez de las cifras como en la falta de cumplimiento de criterios constitucionales. “Toda recomposición salarial debe tener aportes para la Caja y la obra social. Eso no se cumplía”, afirmó.

Desde AMET remarcaron que la oferta no respetaba los principios de “remuneratividad y bonificabilidad”, es decir, que los aumentos impacten en el salario básico y, por lo tanto, en la Caja de Jubilaciones y Pensiones y en la obra social, tal como establece el artículo 82 de la Constitución provincial.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados Entre Ríos (Sadop) expresó en un comunicado que el diálogo debe traducirse en “respuestas concretas” y afirmó que continuará impulsando estrategias para garantizar “salarios justos”.

En tanto, la Unión Docentes Argentinos (UDA) cuestionó que la propuesta “consiste en montos que no impactan en el básico, no se trasladan plenamente a jubilados y no recomponen el poder adquisitivo perdido”.

Tras el rechazo, los gremios se declararon en “estado de beligerancia”, figura contemplada en la Ley de Paritarias Docentes que obliga al Ejecutivo a volver a convocar a los representantes sindicales en un plazo máximo de cinco días. El cuarto intermedio se extenderá hasta el martes 3 de marzo, fecha en la que se espera una nueva convocatoria formal.

En paralelo, Agmer y AMET analizarán la situación en congresos extraordinarios —el primero ya estaba en cuarto intermedio y el segundo se realizará el jueves— para definir los pasos a seguir.

Asimismo, confirmaron que se encuentra en agenda un paro nacional, cuya ratificación dependerá de las entidades de base. “El pedido de apertura de la paritaria nacional está vigente y también ayudaría a la cuestión salarial de Entre Ríos”, manifestaron desde el frente gremial.

Con el inicio del ciclo lectivo a pocos días, el conflicto salarial mantiene en tensión al sistema educativo provincial y abre un compás de espera que será clave para definir si el comienzo de clases se desarrollará con normalidad o bajo medidas de fuerza.

En nombre y representación de A.T.E. Villaguay, nos vemos por unanimidad rechazar esta oferta de recomposición salarial de parte del Gobernador R. Frigerio, hacia los gremios estatales. Es una oferta nefasta, discriminatoria y sin sentido común a los momentos que están atravesando los trabajadores estatales, jubilados y pensionados de la Pcia de Entre Ríos, con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Nefasta por ser una suma NO REMUNERATIVA, NI BONIFICABLE (es decir en NEGRO) Desde que se congelaron los salarios tuvimos una pérdida del 18,3% sin contar lo que se perdió desde los años 2023 hasta hoy. Los escalafones más postergados son salud, auxiliares de educación, minoridad, comedores escolares. Aquí no hay ideología política hay un reclamos justo sincero y necesario para salir de la pobreza que nos tiene este gobierno provincial; y uds señores paritarios de ATE Entre Ríos, basta de aceptar sumas irrisoria nefasta y discriminativa para los trabajadores, jubilados y pensionados de Entre Ríos. Si no, no será reconocido como defensores de los salarios de los trabajadores, sino como entregadores por sus apetencias personales y burlándose junto con el gobierno de turno de los trabajadores, jubilados y pensionados de Entre Ríos. 

A.T.E. SECCIONAL VILLAGUAY 

Agrup. Verde y Blanca

El Gobierno provincial y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) sellaron este viernes al anochecer el acuerdo paritario correspondiente al presente período, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó no estar en condiciones de aceptar la propuesta y llevará la moción a un congreso el próximo lunes. Los aumentos acordados tendrán vigencia a partir de febrero de 2026.

Dado que UPCN cuenta con mayor representatividad sindical, su aceptación permitió dar por concluida la paritaria conforme a la normativa vigente, quedando validado el acuerdo por mayoría. De este modo, se garantiza llegar en tiempo y forma con la liquidación de haberes del mes en curso, que comenzarán a percibirse en la primera semana de marzo. No obstante, las partes acordaron mantener instancias de diálogo permanente para abordar temas puntuales.

La recomposición salarial alcanzará tanto a trabajadores activos como pasivos.

Desde febrero de 2026 se otorgará una suma fija no remunerativa y no bonificable para los trabajadores, con exclusión del personal docente y de las fuerzas de seguridad. El monto equivale al 15,8 por ciento del sueldo correspondiente a junio de 2025, calculado sin adicionales especiales ni sumas no remunerativas.

Se estableció un mínimo de 150.000 pesos y un máximo de 320.000 pesos. En el caso del Escalafón General de Enfermería, el mínimo será de 160.000 pesos. Además, se dispuso un incremento del 50 por ciento en la ayuda escolar respecto del último monto percibido.

Para el sector pasivo se acordó una suma fija de 75.000 pesos, que reemplaza la suma que se venía abonando hasta el momento.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó el resultado del encuentro: “Estamos muy conformes porque hemos logrado cerrar la paritaria con acuerdo por la mayoría. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) está firmando el acta paritaria; por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no se expresó ni a favor ni en contra por el momento y llevará la moción a un congreso el próximo lunes”.

Al explicar la modalidad de la propuesta oficial, el funcionario sostuvo que si se hubiera optado por una suma remunerativa y bonificable “el aumento habría sido considerablemente menor”. En ese sentido, agregó: “Entendemos, en consenso con las entidades sindicales, que hoy los trabajadores necesitan liquidez inmediata en el bolsillo, y la forma más rápida de garantizarla es a través de sumas no remunerativas”.

Finalmente, Troncoso subrayó la importancia del vínculo permanente con los gremios: “Más allá de la mesa paritaria y la negociación colectiva formal, hay permanentemente una negociación informal. Hablamos todos los días y tenemos las mesas sectoriales activas; los puentes están tendidos permanentemente y eso es muy importante en estos tiempos”.

En el marco de la paritaria 2026, el Gobierno provincial hizo este jueves una oferta salarial a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y se pasó a cuarto intermedio hasta mañana viernes.

En la reunión, tras la porpuesta los gremios solicitaron al Estado mejorar la propuesta y acordaron pasar a un cuarto intermedio para este viernes a las 12.

La propuesta del gobierno para el sector activo a partir del mes de febrero, contempla una suma fija variable de carácter no remunerativo y no bonificable de entre 130.000 pesos y 280.000 pesos.

En la sede de la Seccional San Salvador de AGMER se llevó a cabo este viernes un encuentro provincial de secretarios y secretarias de Educación de las distintas seccionales departamentales del gremio docente. La jornada fue convocada por la Secretaría de Educación de la Comisión Directiva Central y contó con la participación de integrantes de la conducción provincial y vocales sindicales.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis del proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, denominado “Libertad Educativa”, que propone modificaciones a la Ley Nacional de Educación vigente. Durante la primera parte de la jornada, los participantes realizaron un abordaje crítico de la iniciativa con el objetivo de elaborar un posicionamiento institucional frente a la propuesta.

Posteriormente, se desarrolló un espacio de intercambio con el vocal representante de los trabajadores de la educación en el Consejo General de Educacion de Entre Rios, Gustavo Blanc, junto a vocales por AGMER en el Jurado de Concursos y en el Tribunal de Disciplina. El diálogo estuvo orientado a coordinar criterios y organizar el trabajo de cara al inicio del ciclo lectivo.

Durante el encuentro también se trataron aspectos vinculados al asesoramiento a afiliadas y afiliados en materia de concursos en los distintos niveles educativos, la confección del concepto docente y otros temas relevantes para la carrera profesional.

La reunión permitió fortalecer la articulación entre las seccionales y la conducción provincial, en un contexto de debate sobre políticas educativas y a pocas semanas del comienzo de un nuevo año escolar.

Con la participación de más de un centenar de referentes educativos de toda la provincia, se desarrolló en Villaguay el Encuentro Provincial de Direcciones Departamentales de Escuelas, una jornada de trabajo convocada por el Consejo General de Educación (CGE) con el propósito de fortalecer la gestión institucional y promover la articulación entre los equipos territoriales y el organismo central.

La actividad fue encabezada por la presidenta del CGE, Alicia Fregonese, quien participó activamente en las mesas de trabajo junto a equipos técnicos, directivos y funcionarios del organismo. También formaron parte del encuentro coordinadores ESI–Pasec, responsables contables y representantes de distintas áreas del CGE.

Durante la apertura, Fregonese destacó la importancia de generar instancias de encuentro que acerquen a las instituciones del territorio con el organismo provincial:

“Estos espacios son fundamentales para escuchar, dialogar y pensar juntos cómo mejorar nuestros procesos. Desde el Consejo General de Educación queremos estar cada vez más cerca de los equipos y del territorio”, expresó.

Asimismo, la titular del CGE subrayó el carácter colectivo de las políticas educativas:

“La educación se construye colectivamente, y estas instancias nos permiten fortalecer los lazos entre las direcciones departamentales y el organismo central, promoviendo una gestión más eficiente y colaborativa”, afirmó.

El encuentro fue organizado por la Coordinación de Direcciones Departamentales, la Dirección General de Planeamiento y la Dirección Departamental de Escuelas de Villaguay, con la participación especial de la Coordinación de Educación Sexual Integral (ESI) – Pasec, la Dirección General de Finanzas y funcionarios de la Secretaría de Trabajo.

Tras la apertura institucional, las actividades se desarrollaron en tres mesas de trabajo, cada una con una agenda específica orientada a fortalecer los procesos de planificación, gestión administrativa y articulación interinstitucional.

Uno de los ejes más destacados fue la coordinación con la Secretaría de Trabajo, donde se abordaron temas vinculados con licencias médicas y auditorías, con el objetivo de implementar estrategias conjuntas que agilicen los procedimientos y optimicen la gestión.

Desde el CGE explicaron que este tipo de encuentros forman parte de una agenda provincial de trabajo que busca consolidar el vínculo entre las políticas educativas y su aplicación territorial, reforzando la comunicación entre las direcciones departamentales y el nivel central.

El encuentro en Villaguay reafirmó el compromiso del organismo educativo provincial de promover espacios de intercambio, planificación y formación que fortalezcan la gestión educativa en todo el territorio entrerriano.

Este martes se desarrollará un Paro Nacional Docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que tendrá su expresión en las calles con movilizaciones en todo el país. En Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) movilizará a las y los docentes para reclamar un incremento del presupuesto educativo destinado a mejorar la infraestructura escolar, así como por mejores salarios y jubilaciones dignas.

El plan de acción, definido la semana pasada con la participación plena de AGMER, ratifica el compromiso del gremio en defensa de la educación pública. Desde el sindicato instaron al gobierno a revertir los recortes presupuestarios y a asegurar los fondos necesarios para garantizar condiciones dignas tanto para enseñar como para aprender, subrayando que "defender la educación es esencial para el futuro de la Patria".

En paralelo, la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) de Entre Ríos sumará su protesta. Tras un Congreso provincial extraordinario realizado el jueves pasado, el gremio técnico resolvió un Plan de Lucha específico. La medida responde a la decisión del gobierno nacional de derogar el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, que establece la creación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, en el proyecto de Presupuesto 2026.

Andrés Besel, secretario General de AMET Entre Ríos, confirmó a APFDigital que habrá una representación de la seccional en la movilización que se realizará en Buenos Aires este mismo martes. La protesta no se agotará allí: el miércoles continuará en el marco de la elección de delegados, con distribución de volantes y afiches en las escuelas.

Las acciones de AMET están planificadas para intensificarse. Besel anticipó que, en caso de que el proyecto de presupuesto se presente en las comisiones del Congreso, ya sea de Presupuesto y/o Educación, se realizará una nueva movilización para rechazar la iniciativa y con la expectativa de que los legisladores acompañen su reclamo con el voto.

Para el miércoles 15 de octubre, el gremio tiene prevista una jornada de “esclarecimiento y concientización” sobre lo que califican como el "desfinanciamiento total" de la Educación Técnico Profesional (ETP) en Argentina. La actividad se llevará a cabo a través de volantes, afiches, folletos y todos los medios de comunicación que los delegados tengan a su alcance en sus localidades, para lo cual ya se conformó una comisión específica.

Además, AMET participará del 1er Foro Provincial de la Educación Técnico Profesional el próximo jueves 16, y llevará adelante una movilización al Congreso de la Nación cuando se trate el Proyecto de Ley de Presupuesto.

“Se van a pedir audiencias y entrevistas con los legisladores nacionales y hasta con el gobernador para llevar el documento donde más de mil docentes de escuelas técnicas y agrotécnicas y de formación profesional elaboraron, para que no se apruebe porque destruiría el presente y el futuro de las escuelas”, anticipó Besel.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) culminó una intensa semana de acciones gremiales con una multitudinaria asamblea realizada este viernes frente a Casa de Gobierno, en Plaza Mansilla. El sindicato instaló una carpa como símbolo de su reclamo y reunió a trabajadores estatales de diferentes áreas y localidades de Entre Ríos, en un cierre cargado de consignas, unidad y definiciones políticas y gremiales.

Durante cinco días consecutivos, el gremio llevó adelante actividades para visibilizar los conflictos que atraviesan distintos sectores de la administración pública provincial. Cada jornada tuvo un eje temático: el lunes se abrió con la interpretación del Himno Nacional por parte de la Orquesta Sinfónica como protesta simbólica; el martes, la discusión giró en torno a la nueva obra social (OSER); el miércoles, los protagonistas fueron los trabajadores del Consejo General de Educación (CGE); y el jueves, los del Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia).

La jornada de este viernes fue el broche de oro con una asamblea general que dejó fuertes mensajes. La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, fue una de las voces principales: “Como trabajadores del Estado tenemos una responsabilidad, que es cuidar el Estado. Y lo hacemos estando unidos, organizados y luchando por lo que nos corresponde”.

Por su parte, la Secretaria Gremial, Cristina Melgarejo, advirtió: “Nos esperan meses más difíciles. La situación en la provincia no es buena y tenemos un desquiciado que nos gobierna en la nación. Pero lo único que nos va a salvar es la unidad y la organización”.

Durante la asamblea se sucedieron diversas intervenciones de dirigentes y referentes sectoriales:

Luis Aguilar, delegado de Gualeguaychú, instó a no bajar los brazos: “Si nos dividimos, en vez de trabajadores vamos a ser esclavos”.

Desireé Scaglione, referente de Juventud, destacó el rol del gremio en la defensa del proyecto de OSER, donde “logramos que se mantenga la solidaridad y las prestaciones”.

Adriana Satler, Secretaria de Capacitación, subrayó que “la formación no es un lujo sino una herramienta de lucha”.

Ignacio Lozano, de la rama profesional, señaló que “UPCN es el único gremio que pelea por el convenio colectivo de trabajo”.

Noelia Bertín, Secretaria de Organización, mencionó nuevos conflictos que podrían sumarse en los próximos días.

Mariana Godoy, delegada del Copnaf, denunció que el recorte de horas extras perjudica gravemente al salario de los trabajadores que sostienen las políticas de niñez.

Mimí Zamboni, Secretaria de Educación, reclamó por la recategorización de auxiliares de escuelas privadas: “No vamos a bajar los brazos”.

José Luis Servín, del departamento Federal, sostuvo: “No nos dejemos doblegar. Después de la lucha viene la victoria”.

Además, Eugenia Valle (Iafas), Solange Ochoteco (Registro de la Propiedad Inmueble) y Jorgelina Berta (Hospital San Roque) expusieron situaciones críticas en sus respectivos organismos, reiterando que no aceptarán ser “la variable de ajuste”.

Domínguez cerró la jornada anticipando que la lucha continúa en el plano institucional y paritario: “Las batallas no solo se ganan en la calle. Vamos a la mesa de negociación por todos los trabajadores del Estado. No vamos a permitir que se precarice el empleo ni que se recorten derechos”.

La dirigente también informó que el Secretario General, José Allende, no pudo estar presente porque se encontraba firmando la escritura de un inmueble adquirido por el gremio en Villaguay, donde funcionará una nueva sede sindical y un instituto de formación.

Finalmente, alertó sobre el contexto nacional: “Milei viene por los derechos sindicales y por el ajuste en las provincias. No dejemos que ese pensamiento llegue a Entre Ríos”.

La asamblea se cerró entre aplausos, con un llamado a seguir organizados, en estado de alerta y con el compromiso de sostener la unidad como bandera frente a los tiempos difíciles.

Durante toda la semana, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) mantuvo una serie de manifestaciones frente a la Casa Gris, en rechazo al recorte del 25% en el pago de horas extra dispuesto por el Gobierno provincial. Las protestas se desarrollaron de manera escalonada, con la participación de distintos sectores del Estado.

El lunes la manifestación contó con el acompañamiento simbólico de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. El martes fue el turno de los trabajadores del sector Salud; el miércoles, de empleados del Consejo General de Educación (CGE); y el jueves se sumaron los trabajadores del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

En este último caso, la delegada gremial Mariana Godoy expresó su profunda preocupación por el impacto directo que el recorte tendrá en los salarios de los trabajadores. “En este reajuste nuestros salarios se ven involucrados y son muy bajos”, sostuvo. Además, denunció que “no solo no se cumple el acuerdo paritario firmado, sino que además quieren hacer un ajuste y un recorte de horas que nos va a afectar”.

Consultada sobre las consecuencias que podría tener esta medida, Godoy explicó que, a pesar del recorte, las tareas deben cumplirse igual. “Cuando estamos de guardia y falta algún compañero, tenemos que cubrirlo, trabajando a veces hasta 18 horas seguidas. No podemos irnos porque eso significaría dejar solos a los gurises, y eso no se puede hacer”, señaló.

La dirigente también advirtió que la falta de reconocimiento de esas horas genera una situación crítica: “Terminamos trabajando sin el cobro de esas horas extras, porque después no se nos reconocen o directamente se eliminan”.

Godoy detalló que los salarios dentro del Copnaf rondan los $600.000 en adelante, dependiendo de la categoría y la antigüedad del agente estatal. “Mientras seguimos acumulando horas a compensar, el recorte hace que trabajemos más por menos”, agregó.

Respecto a las funciones del organismo, la delegada gremial explicó: “Somos los trabajadores que sostenemos las políticas públicas de niñez y adolescencia en toda la provincia. Atendemos a una parte muy vulnerable de la sociedad, que son los gurises entrerrianos”.

Los empleados del Copnaf desempeñan tareas en diversas áreas, como residencias, servicios de protección, asesoramiento legal, intervenciones sociales y funciones técnico-administrativas, en coordinación con múltiples reparticiones del Estado.

El bloque de diputados y diputadas “Más Para Entre Ríos” mantuvo este lunes al mediodía una reunión con los integrantes de la Intersindical en Defensa del Iosper, con quienes coincidieron en rechazar el proyecto de ley impulsado por el gobernador Frigerio para la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), lo que lleva aparejada la disolución del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

Entre otros aspectos, los dirigentes gremiales rechazaron los términos utilizados por el gobernador y sus funcionarios -en especial el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso- respecto de los supuestos “curros” e irregularidades que plantean combatir, argumento utilizado para descalificar a quienes tienen una visión diferente respecto de los planes del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, coincidieron los representantes de gremios y entidades en que no es necesario disolver el Iosper para corregir las supuestas falencias de su funcionamiento, y también remarcaron que el Instituto de Obra Social está sometido a numerosos controles, por lo que resultan discutibles las sospechas de corrupción que desde el Ejecutivo provincial se han difundido. Incluso se indicó que parte del déficit del organismo al que se refiere la actual intervención, fue generado por la decisión del actual Ejecutivo provincial de demorar el pago de los aportes que debe realizar mensualmente.

Durante el encuentro se criticó también el cambio en la composición del directorio que se plantea en el nuevo proyecto, donde tendrá la última palabra el representante del gobierno provincial. También se criticó que sólo estarán representados dos gremios estatales provinciales, excluyendo a la mayoría de los trabajadores y jubilados estatales del ámbito de decisión de la obra social. De esta forma, las decisiones quedarán en manos del Ejecutivo provincial, respondiendo a la declarada intención del “manejar la caja” como lo ha afirmado en numerosas oportunidades el gobernador Frigerio, menoscabando los derechos de los trabajadores estatales, que son los verdaderos titulares de la obra social y no el gobierno de turno.  

Igualmente remarcaron que desde el inicio de la intervención las prestaciones del Iosper han empeorado, que no se resolvió ninguno de los problemas señalados inicialmente; y que a la vez se han generado mayores complicaciones en aspectos como la entrega de medicamentos y una mayor conflictividad judicial por incumplimientos con los afiliados, además de haber casi quintuplicado el valor de los coseguros.

Los miembros del bloque justicialista, por su parte, señalaron que mantendrán su oposición a la creación de la OSER, y que también sostendrán el debate en las escasas reuniones de comisión previstas para esta semana. Las autoridades de la Cámara de Diputados programaron reuniones de comisión para el lunes 2 y martes 3 de junio con la intención de obtener rápidamente un dictamen favorable y poder completar la sanción de la nueva ley el próximo viernes.En ese sentido, las y los diputados coincidieron con los representantes gremiales en que es necesario debatir con mayor tiempo aspectos que mejoren el Iosper, aunque ello implique extender el plazo de la actual intervención, cuyo mandato inicial concluye el 12 de junio. También remarcaron que para ello se requiere de la voluntad del oficialismo de receptar las posturas de los sectores involcucrados, lo que no ocurrió con las Comisiones del Senado donde el dictamen del oficialismo no contempló la mayoría de las posturas expuestas en ese ámbito.

La media sanción del proyecto de ley que impulsa la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), en reemplazo del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), continúa generando fuertes repercusiones. Una de las voces más críticas fue la de Susana Cogno, referente provincial de Agmer y actual Vocal por las y los Trabajadores de la Educación en el Consejo General de Educación (CGE), quien denunció duramente lo ocurrido el pasado 28 de mayo en la Cámara de Senadores.

"Recordaremos este 28 de mayo como una fecha en la que jugaron complicidades, silencios y una gran cuota de irresponsabilidad por parte de las y los senadores entrerrianos que votaron por la disolución de nuestra obra social y la creación de una nueva agencia de salud", expresó Cogno, al referirse a la aprobación por mayoría del proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial que encabeza Rogelio Frigerio.

Para la dirigente gremial, la nueva obra social no responde a los principios fundamentales que deben regir un sistema de salud solidario y equitativo. “No respeta el principio de solidaridad ni la premisa más importante: que los aportes para la obra social y para la previsión son salario diferido”, subrayó.

Cogno acusó directamente a los impulsores del proyecto: “Los gobernantes que idearon este atropello y las y los senadores que votaron a favor o se abstuvieron, cometieron un grave error que los acompañará a lo largo de su vida política y los hará figurar en la historia como destructores del mayor sistema solidario de la provincia”. Y advirtió que “las terribles consecuencias de este atropello serán visibles en breve”.

Además, consideró que se trata de un intento de borrar la historia construida por generaciones de trabajadores entrerrianos: “El gobierno de la provincia atacó una parte de nuestra historia y pretende ocupar nuestro legado con un discurso reiterativo y el uso del antagonismo como herramienta”.

La referente de Agmer también puso en valor la movilización del colectivo docente y su histórica tradición de lucha. “Ese día también será recordado como un gran día de lucha”, afirmó, en referencia a la instalación de la carpa blanca frente a Casa de Gobierno, símbolo de la resistencia docente.

“Nosotros, las y los maestros, tenemos la llave de la memoria histórica, que es conocimiento y solidaridad. Seguiremos ese amoroso camino de generar conciencia con mucha paz, con la alegría de la lucha y la fuerza de lo colectivo”, expresó con convicción.

En un mensaje cargado de simbolismo, Cogno ratificó el compromiso con el modelo solidario de salud: “Seguiremos llamando Iosper a nuestra obra social, hasta que la recuperemos para las y los trabajadores entrerrianos. Porque somos hijos y herederos del Cordobazo y, al decir de Artigas: ‘nada podemos esperar sino de nosotros mismos’”.

En el cierre de su declaración, Cogno reconoció a las y los trabajadores movilizados: “Un abrazo fraterno y el reconocimiento al esfuerzo y coraje de nuestras y nuestros compañeros que estuvieron en la carpa con gran valentía y mucha alegría”.

Finalmente, ratificó el horizonte de lucha de Agmer: “El camino es el que señalaba Norita Cortiñas: Luchar, gobierne quien gobierne. Como Agmer en todas sus expresiones políticas somos constructores de un sindicalismo en lucha y no dejaremos nunca de luchar”.

Paraná (APFDigital) – La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentó este martes un petitorio ante el Senado provincial en rechazo al proyecto de ley que impulsa la eliminación del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y su reemplazo por la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Tras la entrega del documento, el gremio docente instaló una carpa blanca en Plaza Mansilla, en el marco de un acampe que se extenderá hasta el jueves, acompañado por otras organizaciones sindicales.

El documento entregado, que cuenta con la firma de numerosos afiliados, expresa el "absoluto rechazo" al proyecto, al que consideran una avanzada del Poder Ejecutivo para quitar a los trabajadores el control sobre su sistema de salud.

“Manifestamos el absoluto rechazo a la eliminación de nuestra obra social y su reemplazo por la OSER, cuyo control quedaría en manos del gobierno”, señala el texto. “Solicitamos que este petitorio sea incorporado al trámite legislativo en curso, con carácter urgente y preferencial”.

Con temperaturas invernales y condiciones climáticas adversas, docentes nucleados en Agmer levantaron una carpa blanca frente a la Legislatura como forma de protesta simbólica. La medida cuenta con el apoyo de otras entidades gremiales como ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), AJER (Asociación Judicial de Entre Ríos), Apler (Asociación del Personal Legislativo) y otros sectores de la Intersindical.

La jornada comenzó temprano, con bombos, banderas y música de protesta, y la expectativa puesta en la sesión legislativa del jueves, donde podría tratarse el proyecto de ley.

El secretario gremial de Agmer, Guillermo Zampedri, destacó el simbolismo de la carpa blanca y trazó paralelismos con la lucha docente de los años 90. “La carpa blanca fue el ícono de la resistencia al neoliberalismo menemista. Hoy la volvemos a plantar como símbolo de lucha frente a este gobierno neoliberal, antiobrero, antipopular y antisindical de Rogelio Frigerio”, expresó.

Además, Zampedri advirtió que la propuesta oficial apunta a “devastar la obra social de los trabajadores” y cuestionó el rol del gobierno provincial: “Ya advertíamos que esto iba a ocurrir y está ocurriendo. La historia se repite con los mismos protagonistas, que ya conocemos”.

Consultado por APFDigital sobre el escenario legislativo, Zampedri sostuvo que para que el proyecto obtenga media sanción en el Senado será necesario el voto de al menos un senador del peronismo, ya que el oficialismo cuenta con ocho votos sobre un total de 17.

“La única forma de aprobarla es con votos del peronismo, salvo que alguien no concurra y desempatara la vicegobernadora. Pero nosotros vamos a resistir en todos los escenarios, incluso si se aprueba la ley”, remarcó.

Finalmente, el dirigente gremial apuntó contra quienes impulsan el proyecto: “Esta conducción de la obra social, de porteño, viene a arrasar con nuestro sistema de salud. Vamos a seguir defendiendo lo que es de los trabajadores”.

La sesión del Senado provincial del jueves se anticipa como una jornada clave para el futuro del Iosper. Mientras tanto, el acampe y la protesta sindical continúan bajo el frío y la firmeza de una lucha que vuelve a levantar la carpa blanca como emblema de resistencia en Entre Ríos.

A través de la resolución N° 1431, el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos estableció un nuevo marco regulatorio para el desarrollo de asambleas y reuniones sindicales del personal docente en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal. La medida fue tomada con el objetivo de garantizar tanto el derecho a la organización gremial como el normal desarrollo del servicio educativo, en consonancia con la legislación nacional y convenios internacionales.

La norma especifica que las actividades gremiales deberán realizarse fuera del horario de clases: deberán finalizar al menos 15 minutos antes del inicio de la jornada escolar o comenzar 15 minutos después de su finalización. Asimismo, deberán ser notificadas al establecimiento educativo con al menos 24 horas de antelación mediante un medio fehaciente, conforme lo estipula el Decreto N° 384/2018. También se prohíbe el ingreso de personal ajeno al establecimiento durante el desarrollo de estas actividades.

La responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estas disposiciones recaerá en la autoridad escolar de cada establecimiento. En caso de detectarse incumplimientos, se deberá dar inmediata intervención a la Dirección Departamental de Escuelas correspondiente. Según se informó oficialmente, la inobservancia del nuevo reglamento dará lugar a sanciones disciplinarias y descuentos por horas no trabajadas.

Desde el CGE se ratificó que la medida busca preservar la educación pública de calidad, gratuita y laica, al tiempo que se reconoce y respeta el derecho de los trabajadores a organizarse y participar en instancias gremiales, “siempre en un marco de respeto por el funcionamiento institucional y los derechos de toda la comunidad educativa”.

Sin embargo, la decisión generó una dura reacción del gremio docente mayoritario, AGMER. A través de un comunicado, el sindicato expresó su rechazo al nuevo reglamento al considerarlo un “atropello más” del Gobierno provincial hacia los trabajadores de la educación.

“Cuando discuten con AGMER, lo hacen con más de 40.000 docentes de la provincia, que son quienes, en cada momento, definen en asambleas los pasos a seguir. Esa es nuestra mayor fortaleza y lo que más les molesta”, manifestaron desde la conducción gremial.

Además, recordaron al gobernador Rogelio Frigerio y a sus funcionarios que “los docentes tenemos memoria, tenemos resistencia y una rica historia de lucha que nos respalda y fortalece”. En ese sentido, advirtieron: “De ninguna manera este tipo de golpes bajos hará claudicar la defensa de nuestros derechos, de nuestra escuela pública y de la búsqueda incesante de un país justo”.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, defendió enfáticamente la intervención del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y respaldó el proyecto de nueva ley que será tratado próximamente en el Senado provincial. En declaraciones públicas, el mandatario cuestionó con dureza el funcionamiento histórico del organismo, al que calificó como “una estructura capturada por intereses corporativos” y denunció la existencia de una supuesta “industria del juicio” generada desde el interior mismo del Iosper.

“La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos. Iosper fue utilizado durante años como un botín de guerra por sectores sindicales. No me van a amedrentar jamás”, afirmó con contundencia Frigerio en declaraciones reproducidas por el portal Análisis Digital. El gobernador aseguró que su gestión presentó documentación en la Justicia que revelaría serias irregularidades administrativas y financieras en el manejo de la obra social. No obstante, aclaró que será el Ministerio Público Fiscal el encargado de avanzar con las investigaciones: “Nosotros no somos jueces”, sostuvo.

El mandatario también expresó su intención de modificar la identidad institucional del organismo. En ese sentido, propuso cambiar el nombre del Iosper, al recordar que su actual denominación fue establecida durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. “Queremos un nombre que represente a la democracia y a un nuevo tiempo para los trabajadores estatales”, señaló.

Frigerio elogió la gestión del actual interventor, Mariano Gallegos, y anticipó que le gustaría que continúe en funciones en la etapa posterior a la aprobación de la nueva ley. Sin embargo, aclaró que aún no ha conversado el tema con él.

Al ser consultado sobre si haría algo diferente en el proceso que inició con la intervención, Frigerio reflexionó: “No tengo puntualmente algo, pero quizá aclarar un poco más las cosas que nunca sospeché que se iban a poner en duda”. En ese sentido, mencionó que el nuevo proyecto de ley incluye aspectos que no estaban contemplados anteriormente por considerarse “obvios”, como la no privatización, la continuidad del carácter solidario del sistema y la prohibición de la tercerización.

“Todas esas cosas fueron puestas negro sobre blanco en el dictamen de comisión que salió hoy en el Senado, simplemente para desterrar las mentiras que impulsaron aquellos personajes que no quieren perder espacios de poder ni curros. Ahora no tienen más argumentos para oponerse a la ley”, subrayó el gobernador.

Finalmente, Frigerio insistió en que el proyecto apunta a rescatar a la obra social del estado crítico al que fue llevada durante dos décadas de manejo ineficiente, y remarcó que su gobierno está decidido a cambiar de raíz una estructura que, según sus palabras, dejó de priorizar a los afiliados y se convirtió en un aparato al servicio de intereses corporativos.

En medio de un clima de creciente tensión por el futuro del sistema de salud de los trabajadores estatales entrerrianos, el gobernador Rogelio Frigerio protagonizó este miércoles un intercambio directo y frontal con representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) en la ciudad de Gualeguaychú.

Durante la conversación, que fue registrada en video y rápidamente se difundió, el mandatario provincial defendió la reforma del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), dos iniciativas que han generado fuertes críticas desde distintos sectores gremiales y políticos. Frigerio argumentó que el modelo de salud seguirá siendo solidario, pero que es urgente revertir una situación de crisis financiera y estructural profunda.

Al recibir el petitorio de AGMER, Frigerio aseguró: “Estamos en línea con esto, va a seguir siendo un sistema solidario, no se va a privatizar, va a volver a los afiliados la obra social, que era un desastre, con 42.000 millones de pesos de deuda, 3.000 millones de déficit todos los meses, directores que cobraban 16 millones de pesos”.

En ese sentido, aclaró que ya se han presentado denuncias formales ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía, y que se prevé avanzar con nuevas acciones judiciales: “Es mentira que no se hicieron las denuncias como escuché. Hay dos denuncias y van a venir seguramente otras dos más”, afirmó.

Frigerio subrayó que detrás de la crítica situación del organismo podría haber actos de corrupción o de una enorme impericia administrativa. “El que sufre es el afiliado, muchos de los cuales son afiliados también al sindicato de ustedes. La obra social tiene que volver a los afiliados, como corresponde, que sea eficiente, eficaz”, expresó ante los dirigentes docentes.

Durante el encuentro, el mandatario denunció también graves deficiencias en la atención médica: “No puede ser que haya un solo prestador de prótesis como había antes, con mil cirugías urgentes esperando durante meses porque ese único proveedor no enviaba las prótesis. Hay que cambiar todo esto”, sentenció.

Frigerio defendió la iniciativa oficial como una forma de transparentar y mejorar el sistema: “Nosotros decidimos tomar el toro por las astas y modificar lo que encontramos mal, en la oscuridad, sin controles”, explicó.

Por su parte, Natalia Zucol, secretaria general de AGMER Gualeguaychú, pidió al gobernador que se respete la actual Ley de la Obra Social, vigente hasta hoy. La respuesta de Frigerio fue categórica: “Esta ley es la que nos llevó a esta situación, por eso tenemos que cambiar la ley”.

La Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a asambleas escolares para este martes 6 de mayo en todos los niveles y modalidades educativas, en rechazo al proyecto del Gobierno provincial que propone la disolución del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y la creación de una nueva entidad.

Desde el gremio docente expresaron su preocupación y advirtieron que la iniciativa oficial “pone en riesgo el derecho a la salud de las y los trabajadores”, y reafirmaron: “Nos organizamos para defender nuestro instituto, que es una conquista histórica del sector público entrerriano”.

Las asambleas se llevarán a cabo en las escuelas diurnas y nocturnas, con una duración de dos horas por turno. La medida será acompañada por una reunión informativa previa, prevista para este lunes a las 18:00 horas, en la sede de Agmer Paraná, ubicada en calle Laprida 136.

Esta acción gremial se inscribe en una creciente movilización de distintos sectores estatales frente a los cambios que pretende implementar el Ejecutivo provincial. En ese marco, también este lunes se llevará a cabo un encuentro en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con participación de Agmer, la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler) y la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), con el objetivo de conformar una Intersindical que defienda la continuidad de Iosper.