El diputado nacional Gustavo Bordet anticipó que votará en contra del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que se debate en el Congreso, y advirtió sobre los riesgos ambientales y jurídicos de avanzar sin el debido sustento técnico.

“El marco normativo vigente es el resultado de un proceso amplio de debate técnico, institucional y federal, que permitió establecer criterios claros para la protección de reservas estratégicas de agua”, señaló el ex gobernador.

En ese sentido, expresó su preocupación por las modificaciones planteadas en el proyecto, especialmente en relación al ambiente periglaciar.

“El proyecto introduce cambios sensibles en la definición y alcance del ambiente periglaciar, que es precisamente donde se concentran funciones clave de regulación hídrica. Alterar esos criterios sin un consenso técnico sólido puede debilitar la protección efectiva del sistema glaciar”, precisó.

Bordet remarcó además que no existen fundamentos suficientes que justifiquen la reforma. “No se ha presentado evidencia concluyente ni evaluaciones integrales que permitan dimensionar la necesidad y el impacto de estas modificaciones. En ausencia de esa información, avanzar implica asumir riesgos ambientales innecesarios y generar incertidumbre jurídica”.

El legislador sostuvo que cualquier revisión de la normativa debe surgir de un proceso más profundo y participativo. “La Argentina necesita previsibilidad normativa, pero también rigor técnico en decisiones que afectan recursos estratégicos. Cualquier modificación de esta ley debe construirse con la participación de las provincias, la comunidad científica y los organismos competentes”.

“No podemos permitir que decisiones de esta magnitud se tomen sin garantizar una representación real de las demandas sociales ni la participación efectiva de quienes viven en esos territorios. En particular, tenemos la responsabilidad de resguardar los recursos hídricos y evitar decisiones que los comprometan a largo plazo”, puntualizó Bordet.

El bloque de diputados y diputadas de Más para Entre Ríos reclamó al Poder Ejecutivo provincial que presente por escrito el anteproyecto de reforma del sistema previsional entrerriano, iniciativa de la cual, según señalaron, hasta el momento sólo se conocen algunos aspectos a partir de declaraciones periodísticas de funcionarios o de reuniones informales mantenidas con integrantes del gabinete.

Desde el espacio legislativo recordaron que el propio Gobierno provincial había planteado que la decisión de presentar un anteproyecto —y no directamente un proyecto definitivo— tenía como objetivo permitir que distintos sectores pudieran realizar aportes y enriquecer el debate.

En ese marco, consideraron que para iniciar ese proceso resulta indispensable contar con el texto formal del anteproyecto, donde queden explicitadas con claridad las intenciones del Ejecutivo. “Sólo de esa manera las fuerzas políticas podremos estudiar el impacto real de las medidas propuestas, realizar aportes responsables y plantear alternativas superadoras”, indicaron desde el bloque.

Asimismo, los legisladores señalaron que también es necesario disponer de información detallada y de un diagnóstico preciso sobre la situación del sistema previsional provincial, a fin de poder desarrollar un debate serio y con fundamentos.

Finalmente, desde Más para Entre Ríos reiteraron que la oposición está dispuesta a participar de una discusión profunda sobre el futuro del sistema jubilatorio, pero remarcaron que el debate debe realizarse sobre la base de información clara, datos concretos y un texto formal que permita analizar con responsabilidad las medidas que se planteen.

En relación con el tema, el bloque de senadores justicialistas también difundió un comunicado en el que expresó la necesidad de contar con información concreta y veraz para abordar con seriedad una eventual reforma previsional en la provincia.

“Los senadores justicialistas consideramos imprescindible contar con información concreta y veraz para abordar con seriedad el debate sobre una eventual reforma previsional en la provincia”, señalaron, al tiempo que indicaron que para analizar responsablemente cualquier iniciativa que modifique el sistema jubilatorio resulta necesario disponer de un anteproyecto que recoja el borrador de ideas presentado en la reunión mantenida con el Poder Ejecutivo.

Entre los puntos mencionados en ese encuentro figuran la movilidad unificada, la compatibilización de edades y aportes con el sistema nacional, la metodología para el cómputo de la historia laboral para determinar el haber inicial y el tratamiento de los regímenes especiales.

Los legisladores señalaron que sólo con precisiones sobre estos aspectos será posible evaluar el impacto real de las propuestas, realizar aportes constructivos y plantear alternativas que preserven los derechos de los trabajadores activos y jubilados.

En el comunicado también remarcaron que el déficit de la Caja de Jubilaciones constituye un problema que requiere soluciones, aunque advirtieron que, justamente por la relevancia del tema, el debate debe darse con transparencia, datos claros y la participación efectiva de los sectores involucrados.

En ese contexto, valoraron la convocatoria realizada por el gobernador Rogelio Frigerio y la apertura manifestada por el Ejecutivo para recibir aportes antes del envío del proyecto de ley a la Legislatura.

Por último, los senadores justicialistas reiteraron su disposición al diálogo y al consenso para avanzar en una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema previsional con una mirada integral, que incluya la recuperación de la deuda histórica de la Nación, la corrección de distorsiones internas, una implementación gradual y equitativa, y la protección de los derechos adquiridos de docentes, trabajadores de la salud, efectivos policiales y del conjunto de los trabajadores del Estado entrerriano.

Schunk participó de la apertura de la temporada 2026 del programa radial Debate Abierto, donde presentó un diagnóstico crítico sobre el escenario económico nacional y provincial. En su exposición, citó a la filósofa Hannah Arendt para advertir que la sociedad atraviesa una dinámica donde la repetición constante de falsedades termina generando descreimiento generalizado.

En ese contexto, cuestionó una de las frases más reiteradas por el gobierno del presidente Javier Milei: “No hay plata”. Según el economista, esa afirmación no refleja la realidad económica. “Plata es lo que sobra”, sostuvo, basándose en el concepto de excedente económico.

Schunk explicó que, si se toma el Producto Bruto Geográfico (PBG) y se descuenta el costo de reproducción social —es decir, los recursos necesarios para que la población cubra sus necesidades básicas como alimentación, vivienda y vestimenta—, el excedente representa aproximadamente el 50% de la riqueza generada tanto en Entre Ríos como a nivel nacional.

No obstante, señaló que ese excedente no se transforma en inversión productiva. De acuerdo con su análisis, en América Latina y Argentina el 10% más rico de la población concentra cerca del 50% del ingreso total, pero solo destina una tercera parte a inversiones, mientras que el resto se orienta al consumo suntuario o a la fuga de capitales.

El economista también criticó la estructura tributaria de Entre Ríos, al considerar que se incumple lo establecido en el artículo 79 de la Constitución provincial. Según explicó, la normativa establece que el sistema impositivo debe basarse principalmente en impuestos directos —como el inmobiliario o las patentes—, que contemplan la capacidad contributiva de cada ciudadano.

Sin embargo, afirmó que en la actualidad alrededor del 84% de la recaudación provincial proviene de impuestos indirectos, vinculados al consumo y las transacciones. “Esto significa que no se tiene en cuenta la capacidad contributiva: paga lo mismo el que gana un millón que el que gana cincuenta millones”, sostuvo.

Otro de los puntos centrales de su análisis fue la situación del sector industrial, al que definió como uno de los más afectados por las políticas económicas actuales.

Schunk cuestionó la estrategia de orientar la economía hacia la exportación de materias primas, particularmente en sectores como el gas, el petróleo y la minería. En ese sentido, señaló que las exportaciones per cápita en estos rubros resultan bajas en comparación con países como Canadá o Australia.

Para el economista, la desindustrialización genera consecuencias sociales profundas. “Sin industria, ¿a dónde va a ir a parar la gente?”, planteó, al tiempo que calificó de “demencial” la apertura de importaciones en un contexto de caída del consumo interno y cierre de empresas.

En su análisis, Schunk insistió en que el desafío central de la economía argentina no radica en la escasez de recursos, sino en la forma en que se distribuyen y en la capacidad de orientar el excedente hacia el desarrollo productivo.

A través de sus redes sociales, Frigerio destacó el impacto positivo que esta unión tendrá en la economía regional: "Hoy empieza una etapa de más mercados, más competitividad y más trabajo para nuestra provincia".

El mandatario recordó que el gobierno de la provincia venía siguiendo de cerca el avance de las negociaciones, entendiendo el potencial exportador de la producción local. "Hace un mes marcamos que el Acuerdo Unión Europea - Mercosur era una oportunidad concreta para Entre Ríos", enfatizó, celebrando que el Congreso Nacional haya dado el paso final para su validación.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la licitación del Tramo III de la Red Federal de Concesiones, que incluye a la Ruta Nacional 18 en el tramo comprendido entre Paraná y Puerto Yeruá, además del segmento de la Ruta Nacional 12 que conecta Paraná con Crespo.

La medida incorpora a estas vías estratégicas de Entre Ríos dentro del nuevo esquema de concesión vial, que prevé obras, mantenimiento y la instalación de estaciones de peaje a cargo del adjudicatario.

En el caso de la Ruta 18, el pliego de bases y condiciones técnicas establece que el futuro concesionario deberá proyectar y construir tres estaciones de peaje, cuya habilitación quedará sujeta a la autorización expresa de la Dirección Nacional de Vialidad.

Las ubicaciones previstas son:

De esta manera, el corredor vial que atraviesa el centro entrerriano contará con tres puntos de peaje distribuidos estratégicamente a lo largo de su traza.

Según se detalla en el pliego, el cuadro tarifario de las nuevas estaciones será determinado conforme a la oferta adjudicada y actualizado de acuerdo con los parámetros previstos en las especificaciones técnicas generales.

La incorporación de la Ruta 18 y del tramo Paraná–Crespo de la Ruta 12 al sistema de concesiones forma parte del rediseño del esquema vial impulsado por la Nación, con el objetivo de garantizar obras de infraestructura, conservación y servicios al usuario bajo gestión privada.

La decisión impacta directamente en una de las arterias más importantes de Entre Ríos, utilizada tanto para el transporte productivo como para la conexión interprovincial, y abre una nueva etapa en la administración del corredor que une el oeste y el este de la provincia.

Una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.360.299 en enero de 2026 para no ser considerada pobre, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El mismo hogar requirió $623.990 para no caer en la indigencia, es decir, para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

El reporte oficial detalló que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que marca el umbral de la indigencia— registró en enero una variación mensual de 5,8%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) —que determina la línea de pobreza e incluye otros bienes y servicios además de alimentos— aumentó 3,9% respecto de diciembre.

En la comparación interanual, la CBA acumuló una suba de 37,6%, en tanto que la CBT avanzó 31,6% frente al mismo mes del año pasado.

El informe también precisó los ingresos mínimos requeridos según la composición familiar:

Por primera vez en varios años, el dato de la canasta básica se publicó días después del anuncio del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el Indec, la inflación de enero fue de 2,9% mensual, con un incremento interanual de 32,4%.

La diferencia entre la evolución del IPC y las canastas básicas refleja que los alimentos —que tienen un peso determinante en la medición de la indigencia— mostraron en el primer mes del año un aumento superior al promedio general de precios.

Con estos valores, el inicio de 2026 volvió a poner en foco el impacto del costo de vida sobre los ingresos familiares y el desafío que representa sostener el poder adquisitivo frente a las variaciones mensuales.

En el marco del debate que se desarrolla en el Senado de la Nación sobre el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional, gremios y agrupaciones entrerrianos se movilizaron este miércoles por la tarde desde la Plaza 1° de Mayo hasta la Casa de Gobierno provincial para expresar su rechazo a la iniciativa.

La convocatoria reunió a sindicatos de distintos sectores que, con banderas y cánticos contra el presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio, se concentraron frente a la denominada “Casa Gris”. Allí, de espaldas a la entrada principal, referentes gremiales leyeron un documento conjunto en el que cuestionaron con dureza el contenido del proyecto.

En el comunicado difundido durante la protesta, las organizaciones sostuvieron que la reforma laboral “no es una solución a la necesidad de trabajo y salario de los argentinos”, y afirmaron que la propuesta “es la legalización de la precarización absoluta a la que hoy ya son sometidos miles de trabajadores”.

Según el texto, la iniciativa “beneficia exclusivamente a los grandes grupos económicos, principalmente extranjeros”, y representa —a su entender— un retroceso en materia de derechos laborales conquistados históricamente por el movimiento obrero.

Los dirigentes también señalaron que el proyecto oficial “sueña con un país sin sindicatos”, y reivindicaron el rol de las organizaciones gremiales en la ampliación de derechos. “Fueron los sindicatos los que permitieron que las trabajadoras y los trabajadores dejaran de aceptar migajas y tratos soberbios para acceder a salarios dignos, estabilidad laboral y una vida con futuro”, remarcaron.

Uno de los pasajes más enfáticos del documento apuntó a la responsabilidad política de los mandatarios provinciales. “Sin el apoyo de los gobernadores esto no podría haberse llevado adelante”, expresaron, en una crítica directa a Frigerio, a quien acusaron de “seguir el mismo camino que Milei”.

En ese sentido, vincularon la discusión nacional con conflictos abiertos en la provincia, como la cesantía de contratos y la pausa en la paritaria estatal. “Son caras del mismo cubo que necesita estas leyes regresivas para saquearnos”, afirmaron.

Durante la movilización también hubo cuestionamientos a la reforma previsional en debate. Las agrupaciones manifestaron su rechazo “a todo proyecto que no contenga la voz de los trabajadores organizados” y advirtieron que, de avanzar iniciativas en ese sentido, “nos seguirán encontrando en unidad defendiendo el derecho a jubilarnos con dignidad en todos los terrenos”.

La jornada concluyó con una consigna unificada que sintetizó el espíritu de la protesta: “Los derechos laborales no se negocian, la organización sindical no se entrega, el ajuste no se tolera. ¡No a la reforma laboral!”.

Se trata de una actualización mensual que comenzó a aplicarse el año pasado, en el marco de un esquema de ajustes pendientes correspondientes a 2024, que fueron implementados de manera escalonada a lo largo de cada trimestre de 2025. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo continúa avanzando en la normalización del cronograma de aumentos impositivos vinculados a la inflación.

Según lo establecido en la normativa, para las naftas se aplicará un incremento de $16,773 por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos, al que se suma una suba de $1,027 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.

En el caso del gasoil, el aumento será de $14,372 por litro para el gravamen general. Además, se fijó una suba de $7,782 por litro para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y determinadas zonas del interior del país, y de $1,638 por litro en concepto del impuesto al dióxido de carbono.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. En el texto oficial, el Gobierno fundamentó la medida al señalar que el objetivo es “estimular el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible”.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que los montos actualizados surgen de la fórmula de ajuste trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En ese sentido, recordaron que el Decreto Nº 501/18 estableció que la entonces AFIP —actualmente ARCA— debe actualizar estos impuestos en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando como referencia la inflación del trimestre inmediato anterior. Asimismo, los valores actualizados comienzan a regir desde el primer día del segundo mes posterior a la actualización.

De acuerdo con el documento oficial, desde 2018 el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono se ajustan trimestralmente según la inflación. Sin embargo, distintas administraciones optaron por postergar su aplicación para mitigar el impacto en los precios finales al público. En esta oportunidad, la prórroga se extendió hasta febrero, según consignó el diario La Nación.

En cuanto al impuesto al dióxido de carbono, este tributo grava las emisiones contaminantes generadas por el uso de combustibles fósiles y se cobra como un monto fijo por litro, que se suma al impuesto principal. Si bien representa una porción menor de la carga impositiva total, su actualización automática busca preservar su valor real tanto en términos fiscales como ambientales.

Cabe recordar que en la última actualización, correspondiente al mes de enero, el incremento había sido de $17,291 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,059 en el impuesto al dióxido de carbono para las naftas. Para el gasoil, la suba fue de $14,390 en el gravamen general, $7,792 en la alícuota diferencial y $1,640 por litro por el impuesto al CO₂.

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia nacional de Discapacidad (Andis): sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. Lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Destacó la eliminación de 16 cargos políticos y una reducción del 45% en la estructura jerárquica.

Se trata de una decisión que se maduraba desde la detección de irregularidades en la agencia que conducía el exabogado del presidente Javier Milei.

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció desde la sala de conferencias.

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

Por su parte, aclaró: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.

Javier Milei excluirá a Victoria Villarruel de los aumentos salariales que dispondrá para el gabinete. El presidente firmará hoy la medida -que se publicará el viernes 2 de enero en el boletín oficial- y congelerá también su salario de forma indefinida.

En la Casa Rosada aseguran que el decreto alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios, en línea con la recomposición que vienen reclamando distintos sectores del gabinete tras casi dos años de congelamiento. En Nación estiman que los sueldos jerárquicos acumularon una pérdida de poder adquisitivo cercana al 60% desde diciembre de 2023.

La inflación acumulada en 2024 fue de 117,8% y el IPC acumula 27,9% en 2025 a noviembre. En Balcarce 50 sostienen que el aumento no implicará un esquema diferencial respecto del resto del Estado y que la recomposición no será superior a la que percibieron los empleados públicos bajo las paritarias del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

En la mesa chica del oficialismo argumentan que el jefe de Estado definió excluir también a la vicepresidenta porque se trata de un cargo “electo y no técnico”. Se da en un contexto de vínculo deteriorado con el primer mandatario, que se profundizó a lo largo de 2025 por diferencias de agenda, exposición pública y posicionamientos internos.

En el Gobierno sostienen que el congelamiento salarial complicó el funcionamiento interno de la gestión, en especial para sostener equipos técnicos y cubrir cargos estratégicos. También advierten que la brecha con el sector privado se amplió en los últimos dos años, lo que generó dificultades para retener cuadros especializados.

El esquema salarial vigente contempla más de $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta y $3,58 millones para los ministros, además de $3,2 millones para secretarios y cerca de $2,8 millones para subsecretarios. Los senadores cobran hasta $9,5 millones y los diputados alrededor de $7 millones.

Las tensiones dentro del gabinete por el congelamiento salarial tuvieron diferentes niveles a lo largo del 2025, que contaron con planteos directos al primer mandatario para que habilite su firma. La mesa política de Nación no quería impulsarlo antes de las elecciones de octubre y se comprometió puertas adentro a oficializarlo a partir de enero.

El decreto se terminó de cerrar entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación). La última instancia en la que Nación impulsó con un aumento salarial para cargos jerárquicos terminó con el desplazamiento del exsecretario Armando Guibert y con la derogación de la medida.

Además del presupuesto 2026 como señal para el mercado y una vía para canjear deuda, el viernes el oficialismo buscará que el Senado apruebe el proyecto de Inocencia Fiscal, con el que se pretende que los argentinos saquen los dólares que compraron en el mercado paralelo durante el cepo cambiario. La letra chica establece nuevos montos a partir de los cuales se encuadra la evasión tributaria.

La iniciativa del Gobierno, que el ministro Luis Caputo definió en su momento como fundamental para que la economía “continúe creciendo al ritmo del 6%”, establece modificaciones en el Régimen Penal Tributario, además de cambios en el Código Civil y Comercial y en el Régimen de Procedimiento Tributario, a los fines de darle seguridad jurídica a los contribuyentes de que no serán perseguidos por otra gestión.

“La evasión empieza a ser delito ahora a partir de $100 millones. La evasión simple se configura con un mínimo de $100 millones, pero, en rigor, no todo lo que supera ese importe es evasión, porque la evasión tiene dos conceptos: uno, que es la condición objetiva, que es superar el piso que impone la ley, y otra es la cuestión subjetiva, es decir, haber tenido, por fin, transgredir una obligación impositiva”, destacó el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Martín Caranta, en conversación con Infobae.

Mientras que el de evasión agravada pasará de $15.000.000 a $1.000.000.000; pero, en el caso de que hubieren intervenido personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas, o se hubieren utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios y/o jurisdicciones no cooperantes para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado, el monto pasa de $2.000.000 a $ 200.000.000. Lo mismo en el caso de que el obligado hubiera utilizado fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales.

En el caso de que hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos, la evasión agravada sí supera los $100.000.000 (ahora es $1.500.000).

“El problema es que muchos de esos montos llevan años sin actualizarse y hoy se encuentran claramente desfasados respecto de la realidad económica. El proyecto de Inocencia Fiscal propone elevar de manera significativa los umbrales previstos en la Ley Penal Tributaria”, marcó la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, quien remarcó que, desde el punto de vista técnico, no se eliminan delitos ni sanciones, conductas dolosas graves. “Conceptos que no dependen de montos, como la insolvencia fiscal fraudulenta o la alteración de registros, no sufren modificaciones”, agregó.

Los cambios también tuvieron el visto bueno del contador Marcos Felice, para quien eran actualizaciones que se necesitaban desde hace tiempo porque quedaron en montos irrisorios y cualquier contribuyente caía en evasión. “El único tema es que, con lo que se tardó en sacar la ley, ya los montos propuestos quedaron desfasados con la inflación del año, ya que el primer ajuste sería en enero de 2027”, marcó.

Para Caranta, en caso de que se apruebe el proyecto, también se tratará de una ayuda para el Poder Judicial, ya que la tendencia de los funcionarios a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es denunciar y que sea el juez quien defina si hay evasión o no; y, con montos bajos -como los que están vigentes-, los tribunales estaban inundados de denuncias penales. “Además, perjudica al aparato judicial, que se lo paga con presupuesto. Que la justicia intervenga en causas con montos exiguos le sale caro a la economía argentina”, sostuvo.

A su vez, para Caranta, dará mayor tranquilidad al contribuyente el hecho de que aquellas causas que se encontraban en trámite o por ser impulsadas con la nueva ley van a dejar de ser delitos. Aunque remarcó que el nuevo piso que se establecería para encuadrar en una evasión es bajo en términos históricos: por lo general, se pretendía que la Justicia investigue por causas de USD 100.000 y ahora quedaría en torno a los 66.000 dólares.

No todo en el proyecto de Inocencia Fiscal es bueno para los tributaristas; desde hace días reclaman sobre los efectos negativos que tendrá la actualización de los montos de las multas automáticas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Los montos de incremento que tiene el proyecto son muy importantes. Por ejemplo, la multa del artículo 38, que hoy son de $200 -totalmente desactualizado- para personas humanas, pasa a $220.000 y para personas jurídicas, de $400 a $440.000”, comentó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, antes del tratamiento en Diputados.

Se trata de multas que se aplican ante la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas. “Puede haber una pyme que se atrasa un día por problemas administrativos, porque faltan los empleados o una persona humana tamaño. Y tener una multa es bastante oneroso para este tipo de empresas pequeñas”, comentó Domínguez. Durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, el peronismo presionaba para modificar el proyecto y que el monto de la multa dependa del tipo de contribuyente.

El Gobierno reavivó las tensiones internas tras el revés del Presupuesto en Diputados. El Ejecutivo profundiza las acusaciones cruzadas y mantiene diferentes versiones sobre el trasfondo de la votación del capítulo once del proyecto, que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Mientras que un sector de la Casa Rosada sostiene que no contaban con las adhesiones para sancionar el articulado que fue rechazado, en otro espacio interno aseguran que esperaban la media sanción del texto completo hasta los últimos segundos previos a la votación. “El capítulo once es el más importante, pero los votos los tenemos”, expresaron el jueves a la madrugada integrantes de la mesa política a los diputados.

Según pudo saber TN, en Balcarce 50 tenían previsto impulsar una celebración especial por la media sanción del proyecto presupuestario, que fue cancelada. Hay críticas cruzadas sobre la estrategia aplicada dentro de la mesa política, que abarcan a las negociaciones y a la inclusión de artículos sensibles.

“Perdimos como si tuviésemos la composición previa de la cámara, cuando teníamos que dar un mensaje fuerte al mercado”, agregan. En algunos sectores apuntan también contra el comportamiento de los integrantes del bloque de La Libertad Avanza y les piden “mayor seriedad”.

Más allá de que la postura unificada del gabinete se enfocó en apuntar contra los gobernadores que no acompañaron el capítulo once, sus integrantes mantienen diferencias sobre el posicionamiento, las responsabilidades y el plan de acción sobre el Presupuesto que aplicarán en el Senado. Mientras algunos celebran la media sanción, otros la califican como una ”derrota dura".

El Gobierno intentará incluir nuevamente el articulado que fue excluido en Diputados, pero reconoce que por el momento no cuenta con los votos para concretarlo. Tampoco hay una definición interna sobre un posible veto al Presupuesto en caso de que se sancione sin los cambios. “Hay un clima raro y no hay definiciones claras”, expresan en el oficialismo.

En el Ejecutivo comparan el contexto de “desorden” al suceso en el que le sacaron el Registro Nacional de las Personas (Renaper) junto con la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes a Santilli antes de asumir como ministro. En esa instancia argumentaron que “faltó diálogo interno” y luego retrocedieron con algunos cambios.

En la Casa Rosada insisten con que intentarán dar un mensaje positivo al mercado antes de fin de año, en la previa de los vencimientos de deuda que ascienden a más de US$4000 millones. La mesa política se reunió ayer sin la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Javier Milei convocó al gabinete a un asado el lunes en la quinta de Olivos.

El cosecretario general de la CGT Octavio Argüello sostuvo este jueves que la central le dice “rotundamente no” a la reforma laboral “entreguista” que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Así se manifestó el dirigente sindical durante la marcha que la organización hizo en Plaza de Mayo, donde le advirtió a los senadores: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar”.

“Es mentira que se dé más trabajo quitándole sus derechos, y dando cada vez más horas de trabajo”, alertó. Arguello llamó a “ganar la calle” y “pelear por los derechos de los trabajadores y sus familias”.

El dirigente advirtió que, si no hay respuestas, el reclamo la CGT avanzará con un plan de lucha que culminará en un “paro nacional”, lo que generó ovación entre los manifestantes.

Por su parte, el cosecretario Cristian Jerónimo señaló que la central se opone a la reforma laboral “porque no genera nada a favor del mundo del trabajo. Está redactada de forma maliciosa a favor de las grandes corporaciones y empresas. No favorece a las pymes”, insistió.

“La CGT no va a dar ni un paso atrás, así lo marca nuestra historia”, completó.

En tanto, el cosecretario general Jorge Sola sostuvo que el proyecto de reforma laboral tiene “más de 50 años” y que también había sido impulsado por “los milicos” en los ‘70 y volvió “recargado en los ’90”, para terminar “en 2001”.

“No queremos menos derechos: queremos más trabajo, más dignidad y más salarios”, definió Sola, que cuestionó el fondo de despidos laborales, concebido, dijo, para que “despedir sea más fácil”.

También reprochó que la reforma laboral busque “limitar el poder gremial”, en referencia a la legislación sobre el derecho a la protesta de los sindicatos.

Además, cuestionó al Gobierno por “atacar con el proyecto de Presupuesto a la Discapacidad, la ley de emergencia pediátrica, el sostenimiento del Hospital Garrahan y la educación”.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que modificará las bandas de flotación del dólar: a partir del enero, pasarán a actualizarse por la inflación mensual. Al mismo tiempo, anticipó que podrían comprar hasta USD 17.000 millones para fortalecer las reservas internacionales, en caso de que se consolide la demanda de dinero.

“A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec”, comunicaron desde la autoridad monetaria.

Siguiendo esa línea argumental, la entidad conducida por Santiago Bausili pondrá en marcha una estrategia para incrementar las reservas internacionales, vinculada al comportamiento de la demanda de dinero y al nivel de liquidez en el mercado cambiario. La proyección central del organismo en materia de remonetización apunta a expandir la base monetaria desde el 4,2% del Producto Bruto Interno (PBI) actual hasta el 4,8% para el cierre de ese año, objetivo que se financiaría con la adquisición de unos USD 10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita.

En tal sentido, si la demanda de dinero sube un 1% adicional del PBI, las compras podrían alcanzar los USD 17.000 millones, siempre en función de los flujos disponibles en la balanza de pagos y sin necesidad de implementar medidas de esterilización en forma constante.

Por otra parte, el BCRA ajustará la cantidad diaria de reservas adquiridas para que represente el 5% del volumen operado cada día en el mercado cambiario. Además, la entidad podrá llevar adelante compras de grandes volúmenes para evitar posibles distorsiones o alteraciones en la dinámica del mercado.

“Superado de manera exitosa el período de incertidumbre electoral, se presentan las condiciones para avanzar en una nueva fase del programa monetario. Esta etapa enfrenta condiciones favorables para el crecimiento, la re-monetización de la economía, y la acumulación de reservas internacionales”, afirmaron desde el Central.

Desde la autoridad monetaria explicaron que la política de acumulación de reservas buscará ser compatible con los niveles de liquidez registrados cada día en el mercado cambiario, con el objetivo de preservar su estabilidad y funcionamiento. En una primera etapa, planea que las compras representen el 5% del volumen diario negociado, ajustándose a las variaciones existentes en la operatoria del mercado, ya que las cifras pueden mostrar cambios importantes.

A modo ilustrativo, el volumen diario cayó de un promedio de USD 600 millones a cerca de USD 200 millones (sin incluir operaciones de pase). Además de sus intervenciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el BCRA podrá efectuar compras en bloque para evitar impactos negativos en la dinámica y estabilidad del mercado.

En cuanto a la política monetaria, se ajustará tomando como referencia el comportamiento de la inflación, su vínculo con la actividad económica y las condiciones financieras que afectan la demanda de dinero. Siempre que la dinámica inflacionaria local supere la internacional, el Banco Central aplicará un enfoque contractivo respecto a su proyección base de demanda de dinero.

Para regular la emisión de dinero asociada a la compra de reservas, la entidad continuará utilizando herramientas tradicionales y prudenciales. Las principales medidas para corregir posibles desequilibrios en la oferta monetaria incluirán:

A propósito de la política de encajes bancarios, comunicaron que “continuará avanzando con el proceso de normalización gradual“. “El impacto de las modificaciones de los requisitos de integración será un factor relevante en la determinación del equilibrio monetario y, por lo tanto, se llevará a cabo de manera consistente con la estabilidad de precios y con la recuperación de la intermediación financiera”, sumaron. En concreto, podrán ser ajustados de manera adicional, de modo que los niveles resultantes converjan hacia parámetros prudentes. En tanto, los acuerdos de repos pasivos con bancos se fijarán diariamente con la tasa que defina el BCRA, tomando como parámetro las cotizaciones del mercado secundario de LECAPs.

En condiciones de estabilidad, los saldos vinculados a la liquidez operativa recibirán una tasa destinada a alentar a las entidades a invertir sus excedentes en instrumentos de plazo superior a un día y con retornos reales positivos. Los repos con el Central se pactarán durante el horario habitual de operaciones del mercado, sin que exista una liquidación automática o método de barrido de saldos.

La ventanilla para pases activos seguirá en funcionamiento bajo las restricciones vigentes sobre montos y plazos. La tasa para estas operaciones se definirá sobre la base del rendimiento de las LECAPs de corto plazo, con una prima establecida por el organismo monetario.

“El BCRA anticipa un ciclo de expansión en la actividad económica y del crédito al sector privado, impulsado por incentivos de mercado que favorecen la inversión, las exportaciones y el consumo. Libre de stocks de pasivos remunerados, el BCRA abastecerá la demanda de dinero a través de su programa de compra de reservas internacionales. Con el objetivo de continuar reduciendo la inflación, el BCRA mantendrá un sesgo contractivo en la política monetaria asegurando que la oferta monetaria evolucione a menor ritmo de la demanda”, concluye el comunicado oficial.

La Asociación del Fútbol Argentino lanzó un fuerte comunicado para defender la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente. En el escrito, enumeró los logros obtenidos desde 2017 y acusó al Gobierno de Javier Milei de persecución.

El enfrentamiento entre la AFA y el Gobierno escaló en las últimas horas, después de que Patricia Bullrich presentara una denuncia ante el Comité de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado acusa a Tapia y a su mano derecha y Tesorero del organismo, Pablo Toviggino, por presuntas irregularidades.

En el comunicado publicado este lunes, la gestión de Tapia asegura que la entidad de la calle Viamonte “se convirtió en un organismo superavitario, como está de moda decir ahora, y hoy no recibe un solo peso del estado”.

Se acusa, a demás, a los últimos tres gobiernos de la Argentina de haber elegido “a la AFA como blanco de sus ambiciones políticas”. Apunta a las presidencias de Mauricio Macri, Alberto Fernández y también a la actual de Javier Milei.

Desde la AFA sostienen, entre otras cuestiones que hubo un “ataque coordinado” de distintos integrantes del actual gobierno para boicotear la asamblea que reeligió a Tapia como presidente en 2024. También aseguran que hay una “intención de imponer a las Sociedades Anónimas Deportivas” y de “empobrecer a los clubes aumentando la alícuota del Decreto 1212″.

“Durante la gestión iniciada en 2017, siempre se eligió privilegiar el fútbol frente a cuestiones político partidarias. Nunca nos prestamos a la utilización de los Campeones de América y del Mundo, nuestros planteles no representan a un partido político, sino a un país”, subrayaron, al mismo tiempo que recalcaron que “la AFA no habla de política, habla de fútbol”.

Finalmente, el comunicado hace un repaso de la actualidad nacional y cierra con una contundente frase que tiene al Gobierno y a los ciudadanos como destinatarios: “Con ese dramático contexto del país y el foco puesto en cuestiones que nada tienen que ver con la realidad que atravesamos los argentinos, nosotros, igual, no te daremos los derechos”.

Cuando llegamos a la conducción de la AFA en 2017, nos encontramos con una institución devastada. Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes. La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol Para Todos, había dejado a la Asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara.

Institucionalmente, el panorama era igual de crítico. Tras la muerte de Julio Grondona, la AFA quedó sin conducción firme. El episodio del famoso “38-38” en las elecciones de 2015 fue un papelón que mostró al mundo la falta de seriedad en nuestros procesos internos. La FIFA tuvo que intervenir en 2016 con una Comisión Normalizadora para evitar sanciones y garantizar que, entre otras cosas, nuestros Torneos se pudieran seguir jugando y nuestras Selecciones pudieran seguir compitiendo.

La imagen pública estaba dañada. Los clubes estaban divididos, los entrenadores renunciaban, y hasta nuestros máximos referentes de la Selección llegaron a plantearse dar un paso al costado. Era un escenario de descrédito total, con riesgo de sanciones internacionales y sin confianza de los hinchas ni de la sociedad.

Eso fue lo que encontramos: una AFA acéfala, desfinanciada y desprestigiada. Desde ese punto de partida comenzamos a trabajar para ordenar las cuentas, recuperar la credibilidad y devolverle a la institución el prestigio que merece.

Desde ese día a la fecha, la AFA, no sólo recuperó la posición que ocupaba en el fútbol mundial, se convirtió en un organismo superavitario, como está de moda decir ahora, y hoy no recibe un solo peso del estado.

Se mantenían deudas de hasta tres meses de sueldos a los Cuerpos Técnicos que precedieron a la actual conducción, todo lo cual fue regularizado. En la actualidad, con una plantilla de 1.300 personas (incluidos Cuerpos Técnicos, Cuerpos Médicos, Personal auxiliar, Administrativos, Árbitros, Veedores, Inspectores) la AFA afronta mensualmente, en término, una erogación mensual en concepto de sueldos de aproximadamente 4.000 millones de pesos. Reiteramos, ello sin subsidios del Estado Nacional.

Nuestro Predio “Lionel Andrés Messi”, es de nivel internacional. Allí entrenan 24 Seleccionados, femeninos y masculinos, de todas las disciplinas, once, Futsal y Fútbol Playa. Aproximadamente 1.000 personas transitan el Predio y 400 atletas diariamente se alimentan en los comedores.

Con iniciativa, creatividad y esfuerzo propio y de quienes nos acompañan en estos emprendimientos, llevamos la profesionalización a todas las Categorías del fútbol masculino e incluimos a la Primera División “A” del fútbol femenino.

Se iniciaron los proyectos y trabajos en el nuevo Predio que será destinado a las distintas Selecciones femeninas de nuestra Asociación. Nunca antes se había dado este impulso, totalmente merecido, al fútbol femenino. También es cierto y así lo entendemos, que aún hay mucho por hacer y en ese camino estamos enfocados.

En este punto es interesante destacar, contra creencia, tal vez por falta de información o por una interesada desinformación, que de los derechos televisivos la AFA no se queda con ningún porcentaje. Todo lo ingresado se destina íntegramente a los clubes, en la medida de las posibilidades y porcentajes de distribución dispuestos por la dirigencia del fútbol. Si hilamos fino, para cubrir estos costos, que deben entenderse como una inversión y no como un gasto, la AFA debe recurrir a otros recursos tales como acuerdos comerciales con sponsors y partidos amistosos de la Selección mayor (a estos últimos ingresos se le deben descontar los gastos / inversión para afrontar la preparación continua y la logística de la participación de todas nuestras Selecciones y en las distintas competiciones).

Todo eso, se hizo gracias al esfuerzo de los actuales dirigentes del fútbol argentino y del Comité Ejecutivo que desde ya hace 8 años y medio viene trabajando incansablemente para hacer más y mejor para el desarrollo federal de nuestro deporte.

Todo lo hecho se gestionó a lo largo y a pesar de tres gobiernos distintos. Cada uno, a su manera, eligió a la AFA como blanco de sus ambiciones políticas.

En la Presidencia del Ing. Mauricio Macri tuvimos que soportar constantes amenazas de intervención, denuncias de cohecho, tráfico de influencias, lavado de dinero y demás inventos, todo con el objeto de instaurar un modelo de gestión distinto al que había elegido el fútbol argentino. Este claro accionar no fue casual ni inocente, probablemente defendían intereses particulares.

Luego, durante el gobierno del Dr. Alberto Fernández, el ex presidente se expresó públicamente en contra de esta dirigencia y pretendió ungir a su propio candidato para que dirija los destinos de la AFA, obviamente en contra de lo que se había elegido democráticamente.

Aún hoy insisten con presentarnos como la AFA peronista, cuando fuimos nosotros quienes no acompañamos con nuestra imagen la compulsa proselitista. Tanto nuestro tesorero como nuestro presidente fueron investigados y oportunamente sobreseídos en todas las causas iniciadas en el marco de una evidente persecución política hacia ambos (aquí el detalle de algunas de las referidas denuncias:1.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 2- Juzgado Criminal y Correccional N° 12. 3- acumulada, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 4.- Juzgado Penal Económico N° 7. 5.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6. 6.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33. 7.- Juzgado en lo Criminal y Correccional N°33. 8.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 9.- Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1. 10.- Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8. 11.- en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8. 12- Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10. 13.- Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional N° 6. 14.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62. 15.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3. 16.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.).

Nuestro Presidente resultó investigado por la justicia federal de Campana por denuncias de contrabando y lavado de dinero, que luego derivaron en el fuero penal económico de la Capital y siendo finalmente sobreseído.

Más acá, ya durante la presidencia del Dr. Javier Milei, tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su Ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la Diputada Juliana Santillán y de actual Senadora Patricia Bullrich. Avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia a manifestar su libre decisión a través de algo tan simple, claro y transparente como lo es el acto de la votación.

No pudiendo lograr su objetivo, volvieron las amenazas de la intervención.

Nuevamente se presentaron denuncias por desbaratamiento de derechos acordados ante la Justicia Federal de la Capital Federal. En todas y cada una de las oportunidades, ajustado a derecho, fueron brindadas las explicaciones correspondientes. Un capítulo aparte se lo lleva la intención de imponer a las Sociedades Anónimas Deportivas, en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro.

No contento ni de acuerdo en admitir la libre decisión de los clubes, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Dr. Federico Sturzenegger expresó públicamente su estrategia para continuar con su plan de acción: empobrecer a los clubes aumentando la alícuota del Decreto 1212. Siempre en defensa de nuestros clubes y nuestras Ligas de todo el país la AFA acudió ante los estrados judiciales competentes y una vez más la justicia puso límite a ese nuevo y desesperado intento del Gobierno Nacional a través de uno de sus Ministros.

Como si lo antedicho fuera poco, la propia Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formuló una denuncia intentando vincular insólitamente a nuestro Tesorero con una supuesta red de espionaje ruso, algo a todas luces descabellado.

Durante la gestión iniciada en 2017, siempre se eligió privilegiar el fútbol frente a cuestiones político partidarias. Nunca nos prestamos a la utilización de los Campeones de América y del Mundo, nuestros planteles no representan a un partido político, sino a un país.

En lo concerniente a lo netamente deportivo, que es a lo que nos debemos y dedicamos, lo que a continuación resumimos es una muestra que estamos por el rumbo correcto.

Toda esta resumida actividad, sumada a la cada vez mayor competitividad, asistencia a los estadios, audiencia y visualización hace que año a año los jugadores formados en las divisiones formativas de nuestros clubes sean requeridos desde el exterior, contando en la actualidad con un gran número de ellos que integran los planteles de los equipos de las Ligas más importantes del mundo.

Socialmente debemos destacar la actitud de nuestros clubes y de la propia AFA durante la Pandemia y ante cada uno de los eventos que conmovieron a la comunidad, abriendo sus puertas para acoger a los necesitados o para reunir donaciones destinadas a los afectados.

Y en momentos en los que se dice mucho, se desinforma y todo se confunde, es importante recordar algo que para nosotros sigue siendo evidente: en la Asociación del Fútbol Argentino no hay política partidaria. Lo único que tenemos es trabajo, convicción y un proyecto que nos llevó a donde estamos.

Porque al final del día, mientras algunos critican desde afuera (los mismos que criticaban la decisión de sostener al DT. Scaloni y su Cuerpo Técnico antes de que ganaran un mundial y dos copas américa), nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos: poner la pelota en el piso, jugar simple, mirar el largo del campo y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo. Si eso genera sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien.

Después de todo, en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna.

En el mientras tanto, en el país:

Proyectos Destacados para Sesiones Extraordinarias (Argentina):

Presupuesto 2026: Detalla recursos y gastos del Estado para el próximo año.

Inocencia Fiscal: Busca modificar el sistema impositivo. Proyecto presentado e impulsado por José Luis Espert.

Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: Parte del plan económico del gobierno.

Modernización Laboral: Propone cambios en indemnizaciones, aportes patronales y negociación colectiva.

Reforma del Código Penal: Incluye ajustes en el marco legal penal.

Más de 90.000 puestos de trabajos perdidos desde noviembre de 2023 hasta la fecha. Más de 20 empresas y fábricas importantes a nivel nacional que cerraron sus plantas por el aumento masivo de importaciones y la caída extrema del consumo.

Con ese dramático contexto del país y el foco puesto en cuestiones que nada tienen que ver con la realidad que atravesamos los argentinos, nosotros, igual, no te daremos los derechos.

El Gobierno no dispondrá los fondos de la Ley de Emergencia en Discapacidad que la Justicia federal le solicitó que aplique de manera inmediata. “No tenemos los fondos para hacerlo. Nos encantaría cumplir, pero nos faltan las partidas para poder hacerlo”, indicó a Infobae una altísima fuente del Poder Ejecutivo.

Así, el Gobierno se dispone a apelar el fallo dictado por el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, que declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que había suspendido la ejecución de la norma.

En la parte resolutiva, el juzgado hizo lugar a la acción colectiva, ordenando la aplicación inmediata de la Ley 27.793 y declarando inválido el artículo que había frenado su vigencia.

Además, impuso las costas al Estado Nacional y dispuso la notificación a todas las partes, así como la publicación del fallo en el Registro Público de Procesos Colectivos. El juez subrayó la gravedad de la situación para las personas con discapacidad, en especial para niños y adultos mayores, y citó la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho autónomo al cuidado y la obligación estatal de garantizarlo.

En el Gobierno marcan que esta reforma se produce bajo la misma lógica por la cual se impulsa en extraordinarias el proyecto de Ley de Estabilidad Fiscal, que tiene como objetivo establecer reformas en el Código Penal, nuevas reglas fiscales y modificaciones en la Ley 24.156 y el Decreto 1399/01.

En su artículo 4 buscan establecer que “toda ley que establezca o autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción”. Aun así, esta norma ni siquiera comenzó a ser tratada en la Cámara de Diputados.

El conflicto se originó cuando el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 681/2025. El Ejecutivo argumentó que el Congreso no había especificado el origen de los fondos para financiar la ley, por lo que, según su interpretación, no podía ponerla en marcha. El Ministerio de Salud de la Nación defendió esta postura, advirtiendo que la ejecución de la ley sin financiamiento específico pondría en riesgo la sustentabilidad fiscal y otros servicios esenciales del Estado. Sostuvo que el Jefe de Gabinete de Ministros no podía reasignar partidas presupuestarias para una ley suspendida y que la decisión de incluir los fondos correspondía al Congreso.

La causa fue impulsada por O.G.J. y D.R.N., en representación de sus hijos menores de edad titulares de Certificado Único de Discapacidad, y sumó rápidamente la adhesión de numerosas asociaciones civiles, prestadores y familiares de personas con discapacidad de todo el país. Entre las entidades que participaron figuran la Asociación Civil Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS) y la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), entre otras.

Los informes de amicus curiae y las presentaciones de prestadores y familiares coincidieron en describir una crisis estructural: entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la inflación acumulada fue del 114,6%, mientras que los aranceles de prestaciones solo aumentaron un 42,6%, lo que generó una pérdida del poder adquisitivo del 51,5%. Se documentó el cierre de instituciones, la interrupción de tratamientos, la pérdida de empleos y la imposibilidad de sostener servicios esenciales como el transporte adaptado.

El reclamo central de la demanda colectiva apuntaba a que la suspensión de la ley privaba a miles de personas de las medidas de emergencia diseñadas para garantizar la continuidad de tratamientos, la calidad de los servicios y la protección de derechos fundamentales como la salud, la educación y la inclusión social. La demanda sostuvo que la suspensión constituía una “invasión flagrante” de las competencias del Congreso y una violación del principio de supremacía constitucional, ya que el Poder Ejecutivo Nacional no puede condicionar la vigencia de una ley sancionada por insistencia parlamentaria ni subordinarla a normas de rango inferior.

El fallo del Juzgado Federal de Campana analizó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre derechos de incidencia colectiva y la obligación estatal de adoptar medidas de acción positiva para grupos vulnerables. El juez recordó que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, imponen al Estado la obligación de garantizar la igualdad real de oportunidades y la no regresividad en materia de derechos sociales. En uno de los pasajes centrales, la sentencia afirmó: “La cláusula del Art. 2 del Decreto 681/2025 resulta ser inválida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional de promulgación establecido por el Art. 83 de la Constitución Nacional. Ello, pues al pretender suspender la ejecución de una ley que por imperativo legal debe aplicar, el PEN excede en forma manifiesta las facultades que la norma constitucional le confiere en el marco de dicho procedimiento, en clara transgresión al principio de legalidad al cual se halla sujeto su actuar, contraviniendo además el principio de supremacía constitucional mediante la subordinación de tal disposición a las prerrogativas de una norma de jerarquía inferior”.

El juez también desestimó el argumento fiscal del Ejecutivo, señalando que el propio Congreso había facultado al Jefe de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar la ley, y que el gobierno había realizado más de diecinueve modificaciones presupuestarias para otros fines desde diciembre de 2023. La sentencia remarcó: “Nada impide a la Jefatura de Gabinete hacer uso de la herramienta de financiación que la Ley 27.793 le ha otorgado y, como en tantas otras oportunidades, reconducir las partidas como considere oportuno y adecuado en pos del cumplimiento del mandato de la promulgada ley. Lo contrario, concurriría a configurar un uso parcializado y discriminado de recursos por parte del PEN, cuya característica central estaría determinada por un doble estándar que violentaría en forma cabal las obligaciones constitucionales y convencionales asumidas por el Estado argentino ya reseñadas.”

El candidato a diputado nacional por la Lista Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, lanzó duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei, asegurando que el programa económico oficialista “fracasó” y que el nuevo endeudamiento con organismos internacionales responde a un “préstamo político” para sostener la campaña electoral.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa radial Cuando el Río Suena, de Costa Paraná, donde el dirigente peronista cuestionó el rumbo económico y social del país.

Michel recordó el festejo del Gobierno por el acuerdo con el FMI, pero advirtió que “cinco meses después de eso, el programa económico fracasó. Argentina debe 20 mil millones de dólares más al Fondo Monetario”.Según planteó, los nuevos recursos no serán destinados a obras ni infraestructura: “Esto no es un préstamo para la Argentina, no es un préstamo para escuelas, para hospitales, para rutas, para puertos; es un préstamo para bancar la campaña electoral de Milei”.

Para graficar la magnitud de la deuda, el ex director de Aduanas sostuvo que “Argentina le debe al Fondo más de lo que le debe un país en guerra como Ucrania, que tuvo que ser rescatado tras un conflicto bélico y con su economía destrozada”.

El candidato señaló que el aumento de los gastos fijos está “destruyendo la clase media”, al remarcar que en 2023 representaban el 20% de los ingresos, mientras que actualmente alcanzan el 50%. “Como no hay consumo, la actividad económica se contrae, se recauda menos impuestos y se genera menos trabajo”, explicó.

Michel advirtió además sobre el impacto social de la crisis: “La salud está peor, la educación está peor; aumenta la factura de la luz, no hay trabajo, y eso empuja a muchos jóvenes entrerrianos hacia el delito”.

En el plano político, el candidato justicialista cuestionó la alianza entre el gobernador Rogelio Frigerio y La Libertad Avanza, asegurando que “se cerró porque, de lo contrario, iban a salir terceros en esta elección”, según declaraciones del dirigente Claudio De Angeli. También puso en duda la defensa de los intereses provinciales por parte de legisladores oficialistas: “¿Qué piensa que va a hacer Venegas Lynch? ¿Va a votar lo que le sirva a Entre Ríos o lo que le diga Milei?”.

Por último, criticó la política de apertura comercial del Gobierno nacional, asegurando que pone en riesgo la producción entrerriana. En ese sentido, cuestionó la importación de pollo desde Brasil: “Entre Ríos es la capital nacional avícola, el 52% de la industria frigorífica avícola está acá. Importar pechugas de pollo es destruir la industria y precarizar la economía”.

Michel concluyó que el rumbo económico del oficialismo “apunta a destruir la clase media y la base productiva del país”.

Diputados del bloque Juntos por Entre Ríos (JxER) presentaron un proyecto de resolución en el que expresaron su “profunda preocupación por la falta de infraestructura vial y peatonal adecuada a los estándares de seguridad” en la autovía Ruta Nacional N° 18, a la altura de la localidad de Paso de la Laguna, departamento Villaguay.

La iniciativa busca condenar los incumplimientos de la empresa concesionaria y del Estado Nacional, y solicita al Poder Ejecutivo Provincial que exhorte a las autoridades nacionales —Secretaría de Obras Públicas de la Nación y Dirección Nacional de Vialidad— a ejecutar de manera inmediata la obra de infraestructura necesaria para garantizar un cruce peatonal seguro.

En los fundamentos, la autora del proyecto, la diputada Susana Pérez, cuestionó la “abrupta habilitación de un tramo de la autovía entre los puentes sobre el río Gualeguay y el empalme con la Ruta Provincial N° 20, sin la construcción de un puente peatonal”.

Para la legisladora, esta omisión “expone a un riesgo cierto, concreto e inminente a la comunidad de Paso de la Laguna, cuyo tejido urbano se extiende a ambos lados de la calzada”. Y agregó: “El Estado, en todos sus niveles, tiene un deber de seguridad ineludible. En este caso, no sólo debe garantizar la circulación vehicular, sino también la seguridad de peatones y transeúntes”.

Pérez subrayó que los más de 500 habitantes de la localidad —“incluidos niños y ancianos”— deben cruzar diariamente la autovía para acceder a servicios esenciales como escuelas, comisaría, centro de salud y demás espacios comunales.

“Dado que la Ruta Nacional N° 18 es una de las principales vías de la provincia, con un gran flujo de vehículos a alta velocidad, el riesgo de accidentes se maximiza exponencialmente”, advirtió.

La diputada también puso en cuestión la existencia de una senda peatonal provisoria: “No cumple con los estándares de seguridad mínimos e indispensables para contener los riesgos descritos y, por lo tanto, no exime de responsabilidad a las autoridades”.

Finalmente, Pérez concluyó que la Cámara de Diputados debe actuar en defensa de los derechos de los vecinos:

“Corresponde brindar nuestro más firme apoyo a los justos reclamos de la comunidad y acompañar en las gestiones pertinentes para exigir la inmediata construcción del puente peatonal en Paso de la Laguna”.

El proyecto será tratado en las próximas sesiones y se espera que el reclamo provincial tenga eco en las autoridades nacionales.

La Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un informe que vuelve a poner en debate el peso de los tributos locales sobre la actividad económica. Según el relevamiento, Entre Ríos se encuentra entre las provincias con mayor cantidad de tasas municipales junto con Buenos Aires, La Pampa, Misiones, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Corrientes.

El documento, titulado “Tasas Municipales: un tributo invisible que pagamos todos”, advierte que en promedio las empresas deben afrontar 1,4 tasas por municipio, y en más de 30 distritos relevados la cifra asciende a dos o más.

De acuerdo con la entidad fabril, en 2024 se crearon seis tasas nuevas a nivel país, lo que eleva a 84 el número total de tributos municipales frente a los 78 registrados en 2023. La Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) concentra uno de cada tres pagos y llega a representar hasta el 1,8% del precio final de alimentos y otros productos básicos.

El estudio señala que el 81% de las tasas no tienen contraprestación de servicios, el 51% no son proporcionales al servicio recibido y el 35% generan doble imposición, principalmente con Ingresos Brutos.

“La Argentina lidera el ranking de presión fiscal sobre el sector formal a nivel subnacional. Junto con Italia, es uno de los pocos países con doble imposición, aunque en el caso argentino, las tasas municipales son un 400% más altas”, subraya el informe.

La UIA advirtió que la combinación de alta carga impositiva, apertura comercial y estancamiento económico impacta de lleno en la rentabilidad de las empresas. Las importaciones en niveles récord y las ventas internas que no terminan de repuntar impiden trasladar plenamente los mayores costos a precios, lo que, según los industriales, los deja en “desigualdad de condiciones” frente a competidores externos.

Además, remarcan la incertidumbre política: temen que la falta de consensos entre el Ejecutivo, los gobernadores y el Congreso retrase las reformas estructurales en impuestos y legislación laboral que el Gobierno prometió encarar hacia fin de año en el marco de su compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La UIA propondrá a las autoridades nacionales y provinciales un conjunto de medidas para reducir la carga de los tributos locales:

Establecer un consenso fiscal con tope a las tasas municipales.

Armonizar la normativa para evitar la doble imposición.

Garantizar que las tasas tengan una justificación real y contraprestación de servicios.

Mejorar la coordinación fiscal entre municipios, provincias y Nación.

Asegurar estabilidad fiscal para dar previsibilidad a las inversiones.

El debate impositivo se enmarca en un escenario político marcado por la cercanía de las elecciones y por la estrategia del presidente Javier Milei, que apuesta a un descenso abrupto de los precios hacia los próximos comicios.

Los industriales preparan además la firma de un Decálogo del Nuevo Contrato Productivo, previsto para el 2 de septiembre en Córdoba, donde esperan contar con la presencia del presidente Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Allí pondrán sobre la mesa los que consideran los principales factores del “costo argentino”: alta presión impositiva, rigidez laboral, elevado costo del dinero, déficit en educación y problemas de infraestructura.