El exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, detenido el pasado 4 de diciembre de 2024 en Paraguay al intentar ingresar al país con 200.000 dólares en efectivo sin declarar, sostuvo su inocencia, aseguró que la causa en su contra está basada en datos “irrisorios” y manifestó su deseo de regresar a la Argentina para reencontrarse con sus hijos, aunque teme que su destino sea la cárcel de Ezeiza.

"Quiero volver a ver a mis hijos. Quiero volver a Argentina. Nunca me quise quedar en Paraguay. Estoy en prisión domiciliaria por una cuestión de arraigo, porque soy argentino. Me podía haber ido esa misma noche. Nunca estuve detenido", expresó en declaraciones al canal Canal 9 Litoral.

Kueider afirmó que respeta las leyes “a rajatabla” y apuntó contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lleva adelante la investigación en su contra en Argentina, acusándola de impulsar una detención injusta.

“Me parece injusto que, si tengo que volver a la Argentina, tenga que ir al penal de Ezeiza porque la señora jueza quiere mostrar no sé qué cuestión. No entiendo semejante avasallamiento a los derechos, semejante violación al principio de inocencia”, subrayó.

El exlegislador también rechazó cualquier vínculo entre los fondos incautados y la causa Securitas, en la que se investiga el presunto pago de sobornos en contrataciones de seguridad privada en Entre Ríos. La jueza Salgado apunta a esa trama como posible conexión con el lavado de activos.

“Hay cosas totalmente irrisorias. Está todo agarrado de los pelos. Claramente hay una intencionalidad de construir una causa más grande para justificar una prisión preventiva. Es una falsa denuncia que la jueza no se ha molestado en investigar”, aseguró.

Kueider fue más allá y habló de un "armado" en su contra: “Inventan una asociación ilícita, fundando un lavado de activos con datos incomprensibles. Esto ha causado un daño irreparable a mí y a mucha gente. Yo creo que hay que evaluar el accionar de la Justicia en este caso, y lo voy a hacer”.

Aunque evitó brindar detalles, el entrerriano indicó que sus abogados ya cuentan con una explicación sobre el origen del dinero que transportaba, el cual –según él– no le pertenecía: “Es un dinero procedente de Paraguay, de otras operaciones que no son mías. Me arrepiento de haber accedido a recibirlo para trasladarlo ahí mismo”, dijo.

Por último, Kueider criticó la cobertura mediática del caso: “La imagen es condenatoria. Lo que han construido los medios y las hipótesis que han inventado son desastrosas. Uno ya está sentenciado con este tema”.

La causa sigue en investigación, con intervención de la Justicia Federal, mientras el exsenador permanece bajo prisión domiciliaria en Paraguay a la espera de una resolución sobre su situación judicial.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó este jueves el rechazo al amparo de Edgardo Kueider para recuperar su banca en el Senado porque la “valoración y votación” de los miembros del mismo con respecto a la habilidad moral del amparista, "se halla reservada al seno de ese órgano", según la resolución a la que tuvo acceso Noticias Argentinas.  

"En consecuencia, no corresponde a los jueces pronunciarse sobre los aspectos no reglados que atañen al funcionamiento interno de ese cuerpo, lo que implicaría una clara interferencia con las funciones que les son propias y exclusivas", concluyeron desde la citada Cámara al rechazar la apelación de Kueider.

El escándalo protagonizado por el senador peronista Edgardo Kueider, detenido en diciembre en Paraguay con 200 mil dólares no declarados, sigue generando consecuencias en la política entrerriana. La figura del diputado y exgobernador Gustavo Bordet, quien fue uno de los principales referentes del justicialismo en la provincia, se ve cada vez más debilitada, alejándolo de la posibilidad de encabezar la lista del PJ al Senado en las próximas elecciones.

Kueider, conocido como la mano derecha de Bordet durante años, protagonizó un escándalo que golpeó directamente al peronismo entrerriano. La detención del senador en el puente internacional que une Paraguay y Brasil no pudo ser desvinculada del exgobernador, pese a los intentos de Bordet por marcar distancia. Este hecho, sumado al desgaste político tras el fin de su mandato provincial, lo habría llevado a decidir permanecer en su banca en la Cámara de Diputados, donde tiene mandato hasta 2027, y declinar su candidatura al Senado.

Mientras Bordet se repliega, las negociaciones en Buenos Aires avanzan con fuerza. Según informa “Letra P”, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa ya habrían acordado apoyar la candidatura al Senado de Guillermo Michel, exdirector general de Aduanas durante el gobierno de Alberto Fernández.

El acuerdo también establecería que las candidaturas para Diputados queden en manos de los intendentes Rosario Romero (Paraná) y José Lauritto (Concepción del Uruguay), quienes lideran las dos ciudades más importantes gobernadas por el peronismo en la provincia.

El segundo puesto en la lista al Senado, de difícil acceso para el PJ frente al oficialismo provincial y La Libertad Avanza, podría ser ocupado por algún joven dirigente sub 40 del partido.

La injerencia de la dirigencia nacional en el armado de las listas no cayó bien en varios sectores del PJ entrerriano. Por un lado, algunos rechazan la influencia del kirchnerismo, al que consideran un lastre político en Entre Ríos. Por otro, acusan a Bordet de no enfrentar el desafío electoral en este contexto adverso, dejando al justicialismo provincial sin una figura fuerte en el escenario político.

El exintendente de Paraná y reciente candidato a gobernador, Adán Bahl, habría decidido mantenerse al margen de estas elecciones, optando por dedicarse a la actividad privada y esperar una nueva oportunidad en 2027.

El ex senador Edgardo Kueider y su secretaria privada, Iara Guinsel Costa, enfrentan nuevas circunstancias en su prisión domiciliaria en Paraguay. Por disposición del juez penal Humberto Otazú, ambos fueron trasladados a una vivienda en el barrio San Vicente de Asunción, tras ser desalojados del departamento donde inicialmente cumplían esta medida. La Comisaría 14° Metropolitana quedó encargada de supervisar su detención en el nuevo domicilio.

El traslado fue solicitado por la defensa de los imputados el pasado 20 de enero, luego de que los propietarios del departamento ubicado en el edificio Tierra Alta del Maestro, en el centro de Asunción, rescindieran el contrato de alquiler. Esta decisión fue impulsada por una solicitud del consorcio de propietarios del edificio.

El abogado defensor informó que el 14 de enero Kueider y Guinsel Costa ya se habían mudado a la nueva residencia en la calle José Félix Bogado, barrio San Vicente. El juez Otazú aceptó la solicitud y ordenó el control permanente de los imputados por parte de la Policía Nacional, garantizando el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

Mientras se resuelve su situación en Paraguay, la Justicia de ese país debe decidir si acepta el pedido de extradición presentado por la jueza argentina Sandra Arroyo Salgado. El requerimiento, realizado a principios de enero, busca que Kueider enfrente cargos en Argentina por enriquecimiento ilícito y otros delitos vinculados.

Según fuentes judiciales, existen dos posibles escenarios:

La jueza Arroyo Salgado negó la posibilidad de que Kueider enfrente las investigaciones en Argentina en libertad, argumentando el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer el proceso. El ex legislador apeló esta decisión, que ahora está en manos de la Cámara de Apelaciones.

En caso de que la extradición sea aceptada, Kueider deberá abandonar su nuevo domicilio en el barrio San Vicente para ser trasladado a Argentina, donde enfrenta múltiples investigaciones, incluyendo una adicional en Entre Ríos.

El 30 de julio del año pasado marcó un punto de quiebre para la empresa Golsur, cuando esta pasó a manos de dos ciudadanos paraguayos: un abogado y un comerciante que adquirieron el 50% de las acciones cada uno, desembolsando apenas 10 millones de guaraníes (aproximadamente 1.200 dólares). Sin embargo, apenas dos meses después, los nuevos accionistas otorgaron un poder amplio a Iara Guinsel Consta, secretaria del exsenador argentino Edgardo Kueider, lo que levantó sospechas sobre los verdaderos propietarios y el propósito detrás de estas operaciones.

Una investigación de Infobae reveló documentos, facturas y resoluciones oficiales que destapan la compleja trama de Golsur, que incluye vínculos con Kueider, cambios societarios y poderes que habilitaron maniobras de amplio alcance en Paraguay.

Según los registros, los nuevos dueños, José Fernando Courisat y Amado Andrés Torales Benega, adquirieron las acciones de Pedro Roure Rius y María Fernanda Sbrocca por 10 millones de guaraníes cada uno. Los compradores asumieron roles clave en la firma: Torales Benega como presidente y Courisat como representante legal. Sin embargo, los registros de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no reflejaron estos cambios, manteniendo a Roure Rius como representante legal, quien aseguró desconocer tanto a los nuevos dueños como a Kueider y Guinsel Consta.

El 15 de octubre, la secretaria de Kueider recibió un poder amplio de Courisat y Torales Benega, habilitándola para manejar la empresa. Este poder le permitía gestionar negocios, bienes e intereses, aceptar créditos, pagar obligaciones y realizar todo tipo de transacciones financieras a nombre de Golsur.

Los documentos aportados al expediente indican que Kueider y Guinsel Consta habrían buscado durante meses una sociedad para operaciones inmobiliarias en Asunción. Un empresario local confirmó que en junio intentaron adquirir cinco departamentos, pero la operación no prosperó por falta de una sociedad anónima adecuada.

En octubre, Golsur obtuvo autorización para operar en sectores como actividades inmobiliarias, construcciones civiles e industria publicitaria. Sin embargo, el domicilio registrado de la empresa, Alberdi 734 en Asunción, coincide con el de una empresa dedicada a la venta de sociedades anónimas, lo que refuerza las sospechas de irregularidades.

Actualmente, tanto Kueider como Guinsel Consta cumplen prisión domiciliaria en Asunción. La jueza federal argentina Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición para ser juzgados en el país, pero el proceso enfrenta demoras. La fiscalía paraguaya indicó que el pedido tiene defectos formales y prevé tomarse hasta cuatro meses para avanzar en la causa.

Las investigaciones bancarias sobre Golsur y posibles movimientos financieros de Kueider y Guinsel Consta podrían ser clave para determinar la existencia de delitos como lavado de activos o contrabando. Mientras tanto, la trama de Golsur sigue sumando capítulos, dejando entrever una red de maniobras con implicancias políticas, legales y económicas en ambos países.

Este viernes 20 de diciembre, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó allanamientos en el Palacio Legislativo y en el anexo del Senado sobre la calle Hipólito Yrigoyen, como parte de la investigación por presunto lavado de activos que involucra al exlegislador entrerriano Edgardo Kueider.

Personal de Gendarmería Nacional, vestido de civil, ingresó al Congreso de la Nación para requisar carpetas, computadoras, pendrives y documentación de las oficinas que utilizaba Kueider. Además, fueron allanadas las oficinas de dos de sus asesores, uno de los cuales facilitó el acceso mediante el sistema de huella digital.

Las oficinas ya estaban clausuradas desde el 12 de diciembre por orden de la misma jueza, tras la aprobación unánime en la Cámara Alta de la remoción de Kueider. Este había sido detenido en Paraguay cuando intentaba cruzar al país vecino con 211.000 dólares sin declarar.

Horas antes del operativo, el juez federal Enrique Lavié Pico rechazó un recurso de amparo presentado por Kueider, en el que se consideraba "inválida" la sesión del Senado en la que se votó su expulsión.

Kueider, quien actualmente cumple detención domiciliaria en Asunción junto a su secretaria Iara Costa, había buscado revertir las decisiones judiciales en su contra, pero las mismas fueron desestimadas.

La jueza Arroyo Salgado solicitó formalmente a la justicia paraguaya la extradición de Kueider y Costa para ser interpelados en Argentina. El pedido también contempla allanamientos en el complejo habitacional donde ambos imputados permanecen bajo prisión domiciliaria en Asunción.

El caso de Edgardo Kueider ha generado un fuerte impacto político, no solo por las implicancias del presunto lavado de activos, sino también por su vinculación con el manejo de fondos y la posible participación de allegados en los hechos investigados.

Mientras avanza la causa en Argentina y Paraguay, las autoridades judiciales continúan recopilando pruebas que podrían dar más claridad a este caso que involucra al exsenador y su entorno más cercano.

El juez federal Enrique Lavié Pico desestimó este mediodía el recurso de amparo presentado por el exsenador Edgardo Kueider para ser restituido en su banca. La resolución confirma, por el momento, el apartamiento del legislador, decidido por la Cámara alta.

Lavié Pico rechazó “in limine” el pedido de Kueider, negando la posibilidad de una medida cautelar que lo reincorporara al Senado. En su fallo, el magistrado también avaló la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel como titular de la Cámara alta, el mismo día que el presidente Javier Milei viajó a Italia. Kueider había cuestionado esta circunstancia, argumentando que Villarruel debería haber estado al frente del Poder Ejecutivo durante la sesión en la que se votó su destitución.

El juez afirmó que la presencia de Villarruel en la sesión del Senado se limitó estrictamente a lo establecido en el artículo 57 de la Constitución Nacional, que define el rol del vicepresidente como presidente del Senado, sin derecho a voto salvo en caso de empate. Según el fallo, su actuación no influyó en el resultado de la votación, ya que ningún otro senador objetó su participación.

Además, Lavié Pico argumentó que aceptar el planteo de Kueider implicaría una “nulidad por la nulidad misma”, concepto que calificó de inaceptable.

La defensa de Kueider había solicitado la nulidad de su destitución, considerando que la sesión estuvo viciada por la ausencia de Milei y el rol asumido por Villarruel. Este pedido fue acompañado por denuncias de persecución política y presunto prejuzgamiento por parte de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien lleva adelante una causa en su contra.

Paralelamente, el exsenador enfrenta graves acusaciones de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias y lavado de dinero. En este marco, Kueider y su secretaria, Iara Costa, solicitaron la eximición de prisión y la recusación de la jueza Arroyo Salgado.

La magistrada ha pedido la extradición de Kueider y Costa, actualmente bajo prisión domiciliaria en Paraguay, para indagarlos. Además, solicitó a las autoridades paraguayas el secuestro de dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras, para determinar si fueron manipulados y recuperar posibles evidencias.

Mientras la Cámara alta sostiene la destitución de Kueider y la Justicia avanza en las investigaciones en su contra, el futuro del exsenador continúa siendo incierto. Sus abogados insisten en que se trata de una persecución política, mientras que las causas por corrupción y lavado de dinero siguen su curso, marcando un capítulo complejo en la carrera política de Kueider.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto internacional para pedir la extradición del ex senador Eduardo Kuieder y su acompañante, Iara Guinsel Costa, quienes cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay por el intento de contrabando de divisas. La magistrada pidió la medida con fines de tomarles declaración indagatoria en nuestro país, luego de que fuera expulsado de la Cámara alta por amplia mayoría el jueves pasado, en una sesión que quedó envuelta en polémica al haber sido presidida por Victoria Villarruel cuando el primer mandatario, Javier Milei, ya había salido del país.

La magistrada también solicitó el traslado de ambos detenidos a su Juzgado Federal de San Isidro, el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos, y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron interceptados por las autoridades paraguayas en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay, y el allanamiento del departamento de lujo donde cumplen prisión domiciliaria.

Arroyó Salgado tomó la decisión en el marco de la causa en la que se investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero. El expediente se abrió a principios de julio pasado por una denuncia del periodista Christian Sanz, en base a publicaciones en la revista Análisis y el sitio El Disenso que revelaron que el ex senador tenía, al menos, tres departamentos con cocheras en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná, a través de una sociedad sin actividad - Betail SA - que habría usado como pantalla. La empresa también está siendo investigada por la justicia federal por lavado de activos y asociación ilícita.

La propiedad de las unidades salió a la luz porque Betail SA figuraba como titular de la expensas de las unidades hasta mayo pasado. Al mes siguiente, aparecieron a nombre de Guinsel Costa, quien en ese momento estaba designada en el despacho del entonces senador Kuieder en la Cámara alta. El ex legislador y la joven mantendrían una relación afectiva.

Esta causa está vinculada a otra anterior que tramita en el mismo Juzgado Federal en el que se investiga el pago de coimas por parte de la firma Securitas Argentina a la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA, entre 2016 y 2018, para mantener los contratos. En ese período, Kuieder era secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet. El expediente de Securitas se abrió por una autodenuncia de la misma empresa y recayó en jurisdicción de San Isidro porque la casa central de la firma de vigilancia y seguridad privada está en la localidad bonaerense de Munro. La jueza dispuso la conexidad de ambas causas el 8 de octubre pasado.

La solicitud de extradición pudo formalizarse luego de que Kueider perdiera sus fueros el jueves tras ser expulsado del Senado por una amplia mayoría de votos. Arroyo Salgado ya había librado el viernes 13 a la mañana, bajo extremo hermetismo, el pedido de captura nacional e internacional de Kueider ante Interpol para el caso en que Paraguay le diera la libertad o lo expulsara.

A Guinsel Costa, la jueza se lo había dictado el mismo día de la sesión. Con esa solicitud cursada al Jefe del Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina Interpol, buscó evitar que pudieran irse a ningún otro país si fueran liberados en Paraguay. El objetivo es que, en ese caso, queden automáticamente detenidos en el marco del proceso que sustancia la Justicia Federal argentina.

El exhorto internacional debe tramitarse vía la Cancillería argentina. Esta cartera debe enviarlo a la Embajada Argentina en Asunción para que lo presente vía diplomática a la Cancillería paraguaya. Ésta, a su vez, debe enviarlo luego al Ministerio Público (Fiscal) del país vecino, que es la autoridad central de asistencia jurídica y la que deberá darle curso al Interpol. Argentina tiene un tratado bilateral de extradición vigente con Paraguay desde 1996. En la fundamentación del pedido figura que los delitos de los que está acusado Kueider tienen una pena de prisión mayores a dos años y menores a prisión perpetua, que no están prescriptos, y que en caso de resultar extraditados, el ex senador y su secretaria “solo serán sometido a proceso en relación a los hechos que motivan la presente requisitoria”.

Si el pedido es aceptado por los fiscales paraguayos, se abre un nuevo expediente en el que interviene un juez de garantías de ese país. El proceso de extradición - ya judicializado - corre por separado de la causa por intento de contrabando que lleva adelante la Justicia guaraní. Este delito contempla una pena de entre seis meses y dos años y medio de prisión. Según los tiempos procesales ya fijados por el juez Humberto Otazú, los fiscales tienen cuatro meses para llevar adelante la investigación,

Si Kueider acepta someterse a la Justicia argentina, entonces se cerraría la causa en Paraguay, según precisó el fiscal de Ciudad del Este Alcides Giménez a Infobae. “Se tiene en cuenta si la expectativa punitiva es más alta en el país requiriente. Si el acusado se niega a ser extraditado, se judicializa”, explicó. Por lo que trascendió, Kueider preferiría permanecer en Paraguay, donde cumple una particular prisión domiciliaria en un departamento de lujo, y con una pena potencial menor a la de los delitos por los que está siendo investigado en Argentina: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. En ese caso, podría apelar y tendría distintas instancias para cuestionar el proceso, lo que demoraría el trámite.

La magistrada dispuso, además, que la Justicia paraguaya le envíe copia legalizada de la totalidad del proceso penal que tramita en ese país contra Kueider y Guinsel Costa.Puntualmente, incluidos el acta de procedimientos que dio cuenta del secuestro del dinero, elementos informáticos y documentación obrante en poder de la pareja , así como también declaraciones testimoniales, indagatorias, informes periciales, así como las imágenes, vídeos y evidencia digital obtenida.

La solicitud de Arroyo Salgado va por un canal paralelo al intercambio de información que vino teniendo lugar entre los Ministerios Públicos de Argentina y Paraguay, vía sus respectivas Oficinas de Cooperación Internacional, en el marco de los acuerdos de colaboración vigentes entre ambos países. Infobae pudo confirmar que los fiscales paraguayos, Giménez y Edgar Benítez, enviaron la semana pasada copia de las actuaciones realizadas en Ciudad del Este cuando Kueider y su acompañante fueron detenidos con USD 211.000 sin declarar, a la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Domínguez y a Diego Velazco, titular de la PROCELAC.

Ahora la jueza busca asegurarse que le envíen copia legalizada de la totalidad del proceso penal que tramita en ese país, incluido, por ejemplo, el poder presentado por la joven para actuar en nombre de la empresa paraguaya Golsur SA, que sería una firma de “maletín”, o sea sin actividad real, que fue comprada para hacer una inversión en Paraguay sin que se sepa quién está detrás del dinero.

Este envío recíproco de información entre los Ministerios Públicos sobre las causas abiertas en cada país contra Kueider podría habilitar que los fiscales paraguayos dispusieran que el ex senador sea deportado, en un tiempo mucho más corto que la extradición. Sin embargo, esa posibilidad - que recién se abrió luego de que perdiera sus fueros - va perdiendo chances, ya que el plazo para que eso ocurra, finaliza cuando ingrese formalmente el pedido de extradición al país.

Además, Arroyo Salgado le pidió a los fiscales paraguayos que le secuestren los celulares al ex senador y a Guinsel Costa, una medida que hasta ahora los representantes del Ministerio Público de Paraguay no había concretado. El objetivo es que, mediante un peritaje, se pueda determinar si han sido manipulados - vía presencial o remota - y, de haber sido así, tratar de recuperar el contenido. En el Juzgado saben que es factible que se pueda haber perdido prueba, debido a que la Justicia paraguaya no avanzó con el secuestros de los teléfonos en un primer momento.

La solicitud incluye a todos los objetos que se hubiesen encontrado en su poder, al momento de producirse su detención y los que sean incautados tras el allanamiento en el departamento donde están cumpliendo prisión domiciliaria, en el complejo Tierra Alta, en Asunción. El allanamiento, según el pedido de la jueza, debe incluir depósitos, bauleras, anexos, oficinas y garajes del inmueble, con el objetivo de secuestrar también equipos informáticos, como computadoras, pendrives, discos externos, que tengan en su poder Kueider y Guinsel Costa.

La jueza quiere que le envíen, además, la totalidad de las actuaciones realizadas por la Justicia paraguaya, incluido todo el material fílmico y de videos de cuando Kueider fue interceptado en el control y le incautaron los dólares, y le informen si hubo una certificación de la autenticidad de los dólares que llevaba.

El abogado de Kueider, Maximiliano Ruiz - quien estuvo este fin de semana con su defendido en Asunción, la capital paraguaya - presentó ayer a la mañana una ampliación de la demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional para pedir la invalidez de la sesión en el que Senado resolvió por una amplia mayoría de 60 votos expulsar a Kueider del cuerpo por inhabilidad moral. El letrado citó, incluso, las declaraciones de Milei sobre esa expulsión en una entrevista en radio El Observador. El viernes, había pedido que se declare la inconstitucionalidad de la sesión del Senado y que como medida previa se dicte una cautelar que lo reponga como senador nacional.

La causa por enriquecimiento está vinculada a otra anterior que tramita en su mismo juzgado en el que se investiga el pago de coimas por parte de la firma Securitas Argentina a la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA, entre 2016 y 2018, cuando Kuieder era secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet. La jueza dispuso su conexidad el 8 de octubre pasado, decisión avalada por la Cámara Federal de San Martín a principios de diciembre, publicó InfoBae.

La Justicia paraguaya formalizó este jueves la imputación contra el senador nacional argentino Edgardo Kueider y su acompañante, Iara Magdalena Guinsel Costa, por el presunto delito de tentativa de contrabando. El caso quedó a cargo del juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú. Según el Código Penal paraguayo, la pena para este delito podría alcanzar los cinco años de prisión.

El hecho ocurrió en un control fronterizo en la cabecera guaraní del Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguazú (Brasil). Kueider y Guinsel Costa intentaban ingresar a Paraguay con una suma considerable de dinero en efectivo: 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos, todos sin declarar. El legislador viajaba en una SUV Chevrolet Trailblazer negra de alta gama, donde las autoridades encontraron una mochila con el dinero.

El Ministerio Público señaló que ambos imputados habrían intentado ocultar las divisas para evadir los controles legales. Tras la incautación, a Kueider se le restituyeron 9.900 dólares, el monto máximo permitido para ingresar a Paraguay sin necesidad de declaración.

En su declaración ante los fiscales Edgar Benítez y Gabriel Segovia, Kueider negó ser propietario del dinero y sostuvo que solo acompañaba a Guinsel Costa, quien, según él, era la titular de los fondos y los utilizaba para un negocio en Paraguay.

“Él dijo que era acompañante, que estaba llevando a la señorita para hacer un negocio con una empresa radicada en Paraguay”, expresó el fiscal Alcides Giménez Zorrilla en declaraciones radiales.

El senador enfrenta dos procedimientos legales en Paraguay:

El vehículo en el que se movilizaba quedó retenido en un depósito de Ciudad del Este, mientras que las evidencias del caso se derivaron a la División Resguardo para los trámites administrativos correspondientes.

En el transcurso del día se realizará una audiencia telemática con la participación del juez Otazú y los fiscales intervinientes. Durante la sesión se evaluarán posibles medidas alternativas a la prisión preventiva, considerando la condición del imputado.

Oscar Orué, director de la DINT, señaló que los controles fronterizos se reforzaron en horarios nocturnos tras denuncias de intentos de contrabando. “Nos llamó la atención el horario y la condición de senador nacional argentino. Esto es un hecho grave y debe esclarecerse”, afirmó.

La imputación formal destaca que las acciones de Kueider y Guinsel Costa buscan evitar la legalización del ingreso del dinero a Paraguay, lo que constituye un delito según la legislación local. El fiscal Benítez aseguró que existen “elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho punible grave”.

Este caso no solo implica un impacto judicial para Kueider, sino también repercusiones políticas en Argentina, donde su vínculo con el Partido Justicialista ya enfrenta tensiones. Mientras tanto, las autoridades paraguayas mantienen firmes sus investigaciones, con miras a esclarecer las irregularidades y determinar responsabilidades.

La diputada provincial Gabriela Lena (UCR-Juntos por Entre Ríos) criticó duramente al kirchnerismo por su “falta de responsabilidad” ante la reciente detención del senador nacional Edgardo Kueider en Paraguay. En sus declaraciones, Lena exigió que el peronismo adopte “una postura clara respecto a las vinculaciones políticas y la corrupción” en torno al caso.

La legisladora refutó los dichos del presidente del Partido Justicialista, quien había intentado desvincular a Kueider del peronismo, asociándolo a La Libertad Avanza. “Una vez más, el kirchnerismo se niega a asumir la responsabilidad por las acciones de quienes han sido actores cruciales en los gobiernos peronistas durante décadas. No solo ignoran a sus dirigentes, sino que además intentan atribuir la responsabilidad a otros partidos ante delitos como este”, afirmó Lena.

Lena recordó el largo historial de Kueider dentro del peronismo entrerriano. Según señaló, el senador fue concejal en Concordia, funcionario clave en la intendencia de Gustavo Bordet y ocupó el cargo de secretario General de la Gobernación durante la gestión provincial del mismo Bordet. También lideró el Ministerio de Cultura y Comunicación, desde donde manejó “toda la pauta publicitaria”.

En el ámbito nacional, Kueider llegó al Senado en 2019 dentro de una lista encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, quienes, según Lena, “no pueden desconocer su figura ni su papel como jefe de campaña en numerosas elecciones”.

“El peronismo no puede desligarse de Kueider ni de lo que representa. Deben asumir la responsabilidad de haberlo tenido como una figura central en los últimos veinte años de gobierno en Entre Ríos”, enfatizó.

La diputada también vinculó el caso Kueider con otros escándalos recientes que involucran a exgobernadores como Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, y apuntó contra la situación económica de la provincia. “Entre Ríos quedó endeudada y destruida tras años de gestiones peronistas”, sostuvo.

Lena fue categórica al señalar que los métodos corruptos de ciertos dirigentes han perjudicado gravemente a los entrerrianos: “Cuando se roba un peso, se está robando un plato de comida o un vaso de leche de aquellos que no tienen ni para comer”.

Finalmente, la legisladora llamó a la dirigencia peronista a asumir su responsabilidad y dar explicaciones claras a la ciudadanía sobre los vínculos y manejos cuestionados que, según ella, han caracterizado sus gobiernos.

El exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, anticipó que en los próximos días el Partido Justicialista (PJ) provincial definirá el pedido de expulsión del senador nacional Edgardo Kueider. Esta solicitud fue planteada por distintos sectores durante el Congreso partidario realizado en Paraná y se encuentra bajo análisis en la comisión de Disciplina del PJ, que aún no ha constituido el tribunal encargado de evaluar el caso.

Bordet, en declaraciones a APFDigital, reconoció la trayectoria de Kueider como un colaborador cercano durante su gestión, pero negó haber sido responsable de su inclusión en la boleta del 2019 y aseguró que no mantenían una relación de amistad. “Esto es dinámico. Una cosa es una inconducta partidaria y otra muy distinta es algo que tiene todos los visos de un ilícito que deberá ser aclarado”, sostuvo.

El diputado aseguró que recibió la noticia de la detención de Kueider en Paraguay, en posesión de 200 mil dólares, “con mucha sorpresa”. Reveló que no mantenía contacto con él desde los debates previos a la aprobación de la controvertida Ley de Bases, cuando el senador abandonó el bloque oficialista, generando una fractura en el espacio político.

“Fue un funcionario muy estrecho de mi gestión. Después asumió como senador nacional, pero por algún motivo la relación se enfrió. Él siguió otro camino y tendrá que dar explicaciones claras sobre el origen de los fondos”, agregó Bordet.

El pedido de expulsión de Kueider del PJ cobró fuerza tras las implicancias políticas y judiciales del caso. Sin embargo, la comisión de Disciplina del partido no ha avanzado debido a la falta de constitución del tribunal evaluador desde septiembre.

Para Bordet, el respaldo inicial que tenía Kueider dentro del partido “se esfumó”. “En su momento, bajo el precepto de que ‘no es momento de echar sino de contener’, muchos lo respaldaron. Hoy, cuando hay indicios de ilícitos, eso cambia completamente. Este tema requiere una definición inmediata”, aseguró.

Bordet negó ser el responsable de la candidatura de Kueider en 2019 y enfatizó que no debe explicaciones al electorado: “Yo no puedo hacerme cargo de las decisiones de otros. Cada uno es dueño y responsable de sus actos. Su voto en la Ley de Bases generó un perjuicio muy grande para nuestro espacio político y para la sociedad”.

Sobre su relación personal con Kueider, fue tajante: “No somos amigos. Mis amigos están fuera de la política. En la política hay alianzas, pero no amistades. Él tomó decisiones que no comparto y debe hacerse cargo de sus errores”.