El senador provincial Alberto Otaegui respondió a las declaraciones públicas de su par Víctor Sanzberro, quien cuestionó la intervención de la obra social provincial apoyándose en el informe del Síndico Fiscalizador, Cr. Pablo Giampaolo, correspondiente al ejercicio 2024 del entonces Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, y además acusó al vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos, Ricardo García, de haber formulado una supuesta “amenaza”.

“Estamos ante una operación berreta. Se toma un informe que analiza el ejercicio 2024 —período que no fue administrado por la actual gestión— para intentar desacreditar la intervención y, al mismo tiempo, construir una victimización artificial”, afirmó Otaegui.

El legislador oficialista recordó que la intervención comenzó el 11 de diciembre de 2024, a apenas siete días hábiles del cierre del ejercicio anual.

“Pretender responsabilizar a esta gestión por el resultado completo de 2024 es una maniobra forzada. No se puede atribuir a quienes asumieron en la última semana del año un déficit y un pasivo que se acumularon durante todo el ejercicio”, remarcó.

En esa línea, subrayó que el propio informe del síndico Giampaolo menciona un crecimiento exponencial del pasivo y un déficit operativo estructural durante 2024.

“Lo que hoy algunos presentan como denuncia es, en realidad, la evidencia de por qué el gobernador decidió intervenir. Si el pasivo se multiplicó y el déficit era insostenible, la intervención no fue arbitraria: fue necesaria para evitar un deterioro mayor”, sostuvo.

En relación con los cuestionamientos dirigidos al vicepresidente de la OSER, Ricardo García, Otaegui fue categórico: “Responder con fundamentos técnicos un informe con inconsistencias no es una amenaza. Es ejercer responsabilidad institucional frente a datos que se están utilizando fuera de contexto para generar confusión”.

Además, recordó que los estados contables del organismo se encuentran dentro de los plazos legales de presentación ante el Tribunal de Cuentas, órgano competente para su evaluación integral.

El senador oficialista advirtió que no permitirá que el desorden financiero acumulado durante 2024 “que fue precisamente lo que motivó la intervención” sea utilizado para invertir la carga de la responsabilidad.

De este modo, el debate en torno a la situación financiera de la obra social provincial suma un nuevo cruce político, con posiciones enfrentadas respecto a las causas del déficit y la legitimidad de la intervención dispuesta por el Ejecutivo.

La reciente habilitación -ayer miércoles- de 11 kilómetros de la autovía de la Ruta Nacional N° 18, entre los puentes sobre el río Gualeguay y el empalme con la Ruta Provincial N° 20, en el acceso norte a Villaguay, encendió las alarmas en Paso de la Laguna. La comunidad reclama la construcción urgente de un puente peatonal, obra que —según afirman— estaba prevista en los planos y debía ejecutarse antes de la apertura al tránsito.

Durante la mañana de este jueves, vecinos y autoridades comunales se autoconvocaron para visibilizar el pedido. Con un corte parcial de la ruta, quema de cubiertas y carteles, denunciaron que la falta de una pasarela segura pone en riesgo a los 130 alumnos y 40 docentes que a diario cruzan la autovía para llegar al jardín, la escuela primaria y la secundaria del lugar.

“Desde la comuna venimos reclamando porque el puente está en el plano de obra desde hace varios años. La prioridad es el puente peatonal, después la obra en sí. Nadie se opone a la autovía”, señaló Mariel Henchoz, presidenta comunal, quien acompañó la manifestación.

La preocupación se centra en que, con la habilitación del tramo, los vehículos circulan a velocidades autorizadas para una autovía —alrededor de 120 km/h—, lo que dificulta y pone en riesgo el cruce peatonal, especialmente de los más pequeños. Actualmente solo existe una senda provisoria señalizada con pintura y tachos, considerada insuficiente por la comunidad.

Docentes y vecinos remarcaron que la situación no solo afecta a la comunidad educativa, sino también a quienes necesitan cruzar para acceder a la comisaría, el transporte público, el hospital o realizar tareas cotidianas. “Es inaudito que se habilite esto sin antes construir el puente, que es una cuestión obvia”, opinó un maestro presente en el reclamo.

La exigencia no es nueva. En 2023, el entonces senador y actual intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, había gestionado ante Vialidad Nacional la construcción del puente peatonal para la Escuela N° 88 “Tambor de Tacuarí”. En aquel momento, el entonces jefe del distrito Entre Ríos del organismo, Daniel Koch, aseguró que la obra estaba en proceso licitatorio y próxima a adjudicarse. Sin embargo, más de dos años después, el compromiso sigue sin cumplirse.

Mientras Vialidad Nacional destacó que la obra de la autovía busca mejorar la conectividad y reforzar la seguridad vial, los vecinos de Paso de la Laguna sostienen que la seguridad de su comunidad depende de una acción inmediata. “Necesitamos el puente ya, antes de lamentar una tragedia”, coincidieron los manifestantes.

Al haber concluido la etapa de investigación penal preparatoria por parte de la Unidad Fiscal local, dos causas por delitos de extrema gravedad se encuentran a las puertas de juicios orales y públicos, de acuerdo a la información que logró reunir El Pueblo.El pasado 20 de marzo, se celebró una audiencia en el marco del legajo Nº 233/2024, que tiene a un hombre de apellido Castagnino como imputado por “Tentativa de homicidio”. En esa ocasión, se convocó para el 4 de abril a las 10 de la mañana, con el propósito de tratar la remisión a juicio de esta causa, llevada adelante por el fiscal Mauro Quirolo. Entretanto, se prorrogó la prisión preventiva a esta persona bajo la modalidad de arresto domiciliario. Cabe aclarar que no se trata del caso que involucra al exjefe zonal de Vialidad, JoséCastagnino, sobre quien pesa una acusación por abuso de armas y daños, que aún se encuentra en etapa de instrucción.Según el Código Penal, la “Tentativa de homicidio” se produce cuando el autor comienza a ejecutar el acto, pero no se produce el resultado por causas ajenas a su voluntad. En Argentina, esto puede ser castigado con cárcel de 5 a 10 años menos 1 día o de 2 años y 6 meses a 5 años menos 1 día.Por su parte, el 21 de marzo pasado se desarrolló otra audiencia de remisión a juicio, que tendrá continuidad hoy a las 11, en el marco del legajo Nº 313/2024 “Homicidio simple”, una causa que fue llevada por la fiscal Virginia Dropsi. Desde la anterior instancia judicial hasta esta fecha, rige una prórroga de ocho días en la prisión preventiva del imputado, de apellido Fernández, quien permanecealojado en instalaciones de la Jefatura de Policía.En Argentina, la pena por “Homicidio simple” es de reclusión o prisión de 8 a 25 años y se aplica cuando el autor llega a acabar con la vida de la otra persona.En ambas instancias de remisión a juicio, el Ministerio Público Fiscal se encargará de pasar revista de los hechos y explicar qué tipo de ilícitos configurarían, planteando una expectativa de condena en función a lo estipulado por el Código Penal para cada caso.La audiencia se debe realizar, en presencia de la defensa técnica de cada acusado, ante el Juzgado de Transición y Garantías, cuya titular deberá analizar los elementos aportados por la Fiscalía y, en función de ello, decidir si están dadas las condiciones o no para elevar la causa a un juicio oral y público.