En el marco de la sesión informativa en la Cámara de Diputados, el diputado Gustavo Bordet planteó una agenda de temas estratégicos para Entre Ríos vinculados al ambiente, la infraestructura, el financiamiento previsional y el desarrollo productivo. Sin embargo, las respuestas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvieron a mostrar un alto nivel de imprecisión y falta de definiciones concretas.

“Venimos a plantear temas muy concretos que afectan a nuestra provincia y lo que recibimos son respuestas generales, sin datos verificables ni compromisos claros”, sostuvo Bordet.

En esa línea, apuntó directamente contra el carácter de la presentación: “Esto es un acto institucional previsto por la Constitución, no una puesta en escena. Las provincias necesitamos información seria, no formalidades vacías”.

Y agregó: “Lo que vimos hoy fue un informe con muy poca argumentación propia. Básicamente se leyeron respuestas sin desarrollo ni posibilidad de repregunta real”.

Uno de los ejes centrales fue la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú. Desde el Gobierno se limitó a señalar que el tema es seguido “con atención”, sin detallar evaluaciones ni acciones concretas. “No alcanza con decir que se está mirando el tema. Estamos hablando de un posible impacto ambiental sobre el río Uruguay que requiere certezas y controles efectivos”, advirtió.

En materia de rutas y obras públicas, las respuestas oficiales se apoyaron en generalidades, sin cronogramas ni precisiones presupuestarias. “Las rutas nacionales en Entre Ríos están en estado crítico. No se puede responder con enunciados abstractos cuando lo que se necesita es planificación y ejecución”, señaló.

Respecto a la deuda con la Caja de Jubilaciones, el Gobierno reiteró que los pagos dependerán de las “posibilidades fiscales”, sin detallar montos ni plazos firmes. “No puede haber discrecionalidad cuando se trata de derechos previsionales. Las provincias necesitan previsibilidad”, remarcó.

Finalmente, sobre la Hidrovía del río Paraná, se informó que el proceso sigue en evaluación, sin precisiones sobre tiempos ni impacto regional. “Estamos hablando de una vía estratégica para la producción. La falta de definiciones también es una forma de afectar el desarrollo”, afirmó.

“Cuando uno viene al Congreso tiene que poder explicar la gestión, no limitarse a un guion. Si no hay profundidad en las respuestas, el control parlamentario pierde sentido”, concluyó Bordet.

Un nuevo informe del Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por la consultora Zentrix revela un escenario de creciente desgaste para la gestión del presidente Javier Milei, donde confluyen el malestar económico cotidiano y una pérdida de credibilidad en uno de los pilares centrales de su discurso: la lucha contra la denominada “casta”.

Según el estudio, la percepción social comienza a mostrar una contradicción cada vez más marcada entre aquella promesa fundacional y la evaluación actual del Gobierno. El 66,6% de los encuestados considera que ese “pacto anticasta” se rompió, mientras que un 57,3% percibe corrupción generalizada en la gestión y un 60,2% interpreta las denuncias como parte de un problema estructural, ya no como hechos aislados.

Este deterioro no se limita a sectores opositores, sino que también impacta en votantes oficialistas. De hecho, la corrupción aparece como una de las principales preocupaciones del país, incluso por encima de variables tradicionales como el desempleo o la inflación. Sin embargo, mientras entre simpatizantes del Gobierno aún persiste cierta tendencia a relativizar los hechos, fuera de ese núcleo la mirada se vuelve considerablemente más crítica.

En ese contexto, la confianza en la capacidad del Ejecutivo para prevenir hechos de corrupción también se debilita: el 66,6% de los consultados considera que el Gobierno no está comprometido con evitar estos episodios, frente a un 32,2% que sí le reconoce algún grado de intención.

El informe señala que este desgaste político se potencia con una situación económica que impacta de lleno en la vida cotidiana. El 81,6% de los encuestados afirma haber tenido que resignar consumos en los últimos seis meses, incluyendo desde gastos recreativos hasta necesidades básicas como alimentos, salud o servicios.

Además, el 86,6% sostiene que su salario no logra ganarle a la inflación, mientras que el 60,4% indica que sus ingresos sólo alcanzan hasta aproximadamente el día 20 de cada mes. Estos datos reflejan que el ajuste económico dejó de percibirse como una transición macroeconómica para convertirse en una experiencia concreta de privación.

En paralelo, crece la desconfianza hacia los indicadores oficiales difundidos por el INDEC. El 70,3% de los encuestados considera que la inflación informada no refleja lo que ocurre en la vida cotidiana, ampliando la brecha entre la narrativa económica del Gobierno y la percepción social.

En este escenario, la imagen de Javier Milei muestra un deterioro significativo: la valoración positiva cae al 35,2%, mientras que la negativa asciende al 59,3%, con un diferencial desfavorable de 24 puntos. La caída se acelera en comparación con meses anteriores, evidenciando un cambio en el clima social.

Por otro lado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof logra una recuperación en su imagen, alcanzando el 40,2% de valoración positiva, en un contexto donde parte del descontento comienza a canalizarse hacia figuras opositoras.

Dentro del oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni aparece entre los dirigentes más afectados, con una imagen negativa del 73,9%, en gran parte vinculada a su alta exposición pública y a cuestionamientos recientes.

En contraste, la ministra Patricia Bullrich mantiene niveles de imagen más estables, mientras que la dirigente de izquierda Myriam Bregman se posiciona como una de las figuras con mejor diferencial de imagen, consolidándose como canal de un descontento más confrontativo con el oficialismo.

El informe concluye que el actual escenario no responde a un único factor, sino a la combinación entre deterioro económico y pérdida de autoridad moral. La promesa anticasta, que durante meses funcionó como sostén simbólico del Gobierno, comienza a invertirse y a convertirse en un punto de vulnerabilidad.

El esquema del Monotributo vigente desde febrero de 2026 continuará sin modificaciones durante abril, según se confirmó oficialmente. De esta manera, más de dos millones de pequeños contribuyentes en todo el país seguirán alcanzados por los mismos topes de facturación y valores de cuotas mensuales.

El régimen simplificado, clave para trabajadores independientes y pequeños comercios, mantiene así la estructura actual de categorías, sin actualizaciones en los montos pese al contexto inflacionario. La próxima revisión está prevista para mitad de año, cuando se evalúe una posible recategorización.

Las escalas vigentes quedan establecidas de la siguiente manera:

La continuidad de estos valores implica que los contribuyentes deberán seguir operando dentro de los mismos parámetros de ingresos y obligaciones mensuales establecidos a comienzos de año.

En este contexto, crece la expectativa por la próxima actualización del régimen, que suele realizarse de manera semestral y ajustarse en función de la evolución de variables económicas como la inflación.

La apertura de la segunda jornada de la 190ª Junta de Directores de ADEPA contó con una de las voces más escuchadas del análisis económico argentino: Juan Carlos De Pablo. En una charla moderada por Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Capacitación Multiplataforma de ADEPA, el economista desglosó la realidad del programa económico actual, los desafíos de la microeconomía y las perspectivas para los medios de comunicación en un contexto de restricción financiera.

De Pablo comenzó su intervención analizando la naturaleza del gobierno de Javier Milei y su enfoque económico. Según su visión, el compromiso con el equilibrio fiscal es innegociable porque el Gobierno entiende que es su única ancla de credibilidad.

«Estamos ante un gobierno que no tiene Plan B porque está convencido de que el Plan A es el único posible», sostuvo De Pablo. Explicó que la política de «emisión cero» y el superávit fiscal no son solo metas técnicas, sino herramientas políticas para contener la inflación. Sin embargo, advirtió que este proceso de estabilización genera una fricción inevitable en la actividad económica diaria, lo que obliga a los empresarios a recalibrar sus expectativas de corto plazo.

Uno de los puntos más agudos de la exposición fue el llamado de atención a los empresarios —incluidos los dueños de medios— sobre el cambio en las reglas de juego. De Pablo afirmó que se terminó la época donde las empresas se salvaban gracias a la «timba financiera» o la especulación con el tipo de cambio.

«Hoy la rentabilidad no se busca en el Banco Central, se busca en la propia empresa», disparó el economista. En su análisis, el actual escenario de «dólar quieto» y tasas reales obliga a los directivos a mirar hacia adentro de sus organizaciones: «El señor que está esperando que el dólar pegue un salto para pagar los sueldos se va a quedar esperando. Hoy el negocio es la eficiencia operativa, no la especulación cambiaria». Según De Pablo, esto es lo que él denomina la «vuelta a la microeconomía», donde la gestión de costos y la innovación son las únicas vías de supervivencia.

Ante la consulta de Carlos Jornet sobre cómo romper el círculo vicioso de la falta de inversión y el consumo deprimido, De Pablo fue realista y poco afecto a las soluciones mágicas. Descartó de plano la posibilidad de subsidios o planes de estímulo estatales: «No hay ‘Plan Platita’ versión 2026. La villa sigue y hay que aprender a caminarla».

Sobre la falta de crédito para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del sector periodístico, el economista señaló que, aunque las tasas bajen, el crédito no aparecerá de la noche a mañana. «El crédito es confianza y la confianza se construye con tiempo. Mientras tanto, el empresario medio tiene que sobrevivir con recursos propios y mucha creatividad». Destacó que, en economías regionales, ciertos sectores como la minería o la energía pueden actuar como «golpazos» positivos que dinamicen la pauta publicitaria local, pero advirtió que no será un fenómeno generalizado.

El sector inmobiliario atraviesa una transformación que apuesta por el trabajo en equipo y las nuevas tecnologías para dejar atrás cuestiones como la falta de transparencia y la atomización del mercado. En ese contexto, cada vez son más las redes inmobiliarias que apuestan por “elevar” toda la industria de bienes raíces y brindar a los clientes experiencias realmente memorables y sin fricciones.

Se trata de un modelo disruptivo que crece a paso firme en el mundo y en la Argentina, y que responde a un enfoque particular: el negocio inmobiliario es un negocio de relaciones. Y, dentro de esas relaciones, importan más las relaciones con otros inmobiliarios que con clientes finales.

La potencia de estos sistemas que conectan a profesionales (agentes, corredores, inversores) y clientes para obtener oportunidades, conocimientos y negocios ha probado ser crucial para el éxito en compartir información y generar confianza en una industria impulsada por las relaciones.

Así, son cada vez más los actores inmobiliarios que consideran que trabajar en red no es una opción, sino una obligación para sobrevivir: “El futuro es colaborativo y con mucho valor agregado”, aseguró Santiago Magnin, fundador de deinmobiliarios.com, una de las redes pioneras. Fundada en 2018, uno de los pilares de deinmobiliarios.com es la generación masiva de contenido de valor, así como el fomento de la marca personal individual sobre la corporativa.

Magnin ha señalado que “no se trata de imitar a otros, sino de encontrar ese nicho donde uno es mejor que el resto y delegar lo demás”. En ese sentido, también la red Igeo ha encontrado la manera de diferenciarse: “Trabajamos con transparencia, honestidad, profesionalismo y conocimiento del mercado, construyendo confianza”, aseguran.

Igeo apuesta por combinar la fortaleza y la trayectoria de cada inmobiliaria para brindar un servicio de acompañamiento y asesoramiento a sus clientes. “Hoy las buenas prácticas se basan en aportar valor en todo el proceso de compraventa así una operación inmobiliaria no se concrete. Este tiene que estar acompañado de datos certeros y verdaderos, procesos claros que no sean tediosos y no solo asesoramiento, sino también acompañamiento continuo”, consideró Tomás Giromini, que forma parte de la red.

De forma similar, en Córdoba, La Inmo es una de las empresas fundadoras de MLS Córdoba, proyecto de colaboración entre empresas inmobiliarias, que comenzó a gestarse en 2019 y que hoy representa el 30% de sus operaciones. MLS (Multiple Listing Service) es el nombre que define la colaboración entre profesionales inmobiliarios regulado por un reglamento en cuanto a los procedimientos de comercialización.

Permite que una propiedad tomada en exclusiva pueda compartirse a todos los miembros activos y a su equipo comercial. De esta manera se aumenta exponencialmente la difusión de esa propiedad ya que permite ser ofrecida a los compradores de otras inmobiliarias. Tal como explican desde La Inmo, eso genera un triple impacto positivo: en el comprador, en el vendedor y en los profesionales inmobiliarios.

En tanto, la red Soldati se inspiró en exitosos modelos internacionales, aunque adaptados al mercado local: cuenta ya con 11 oficinas y más de 200 afiliados. El modelo lidera al mismo tiempo el segmento residencial, emprendimientos e internacional (con una alianza estratégica con la firma Fortune International).

El plan de expansión se apalanca en dos estrategias. Por un lado, se trata de la adaptación local a un esquema de red global que ha demostrado ser eficaz para escalar operaciones. Por el otro, se nutre de tecnologías avanzadas que mejoran la eficiencia y la experiencia del cliente, especialmente a partir de las posibilidades que brinda la digitalización en lo que se refiere a manejo de datos, visibilidad de propiedades y procesos de compraventa.

Con diferenciales como la exclusividad, el contenido de valor y la innovación tecnológica, las redes marcan el pulso de una tendencia de networking que tiene a los clientes en el centro de la estrategia y que se erige como respuesta a la necesidad de transformación de las reglas de juego del sector inmobiliario.

La aceleración de la transformación digital está redefiniendo el mercado laboral en todo el mundo. La expansión de áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los servicios en la nube genera una creciente demanda de profesionales especializados que, en muchos casos, el mercado aún no logra cubrir. En Argentina, donde la industria tecnológica se consolidó como uno de los sectores más dinámicos de la economía del conocimiento, la escasez de talento aparece como uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento.

En ese contexto, la baja participación femenina en carreras vinculadas a la informática y la ingeniería surge como un factor que profundiza el problema. Aunque las mujeres representan la mayoría del estudiantado universitario en el país, su presencia en carreras STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemática— continúa siendo significativamente menor.

De acuerdo con el último relevamiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), durante el período 2018-2022 las mujeres representaron en promedio el 28% de los ingresantes a carreras de grado. La tendencia se repite a escala regional: en América Latina, las mujeres ocupan aproximadamente el 28% de los puestos en ciencia e ingeniería.

La brecha no se limita al acceso a la formación. También se manifiesta en las trayectorias profesionales y en los espacios de decisión dentro de la industria tecnológica. “El reto no es únicamente el acceso, sino la posibilidad de construir carreras de largo plazo en áreas estratégicas de la industria”, señaló Claudia Buranits, directora de Alianzas y Ecosistemas para Argentina, Uruguay y Chile en la empresa tecnológica Kyndryl.

Buranits, quien desarrolló su carrera en áreas como finanzas, recursos humanos y operaciones de negocio antes de liderar alianzas estratégicas, sostiene que el sector necesita ampliar la participación femenina no solo en el ingreso a la industria, sino también en la construcción de trayectorias que permitan alcanzar roles de liderazgo.

La urgencia de esta discusión se vuelve aún más evidente frente al avance de la inteligencia artificial. Según el informe People’s Readiness Report, el 87% de los líderes empresariales considera que la IA transformará completamente los roles laborales en el próximo año. Sin embargo, solo el 29% cree que su fuerza laboral está preparada para afrontar ese cambio.

Este desajuste entre las expectativas del sector y la preparación del mercado laboral evidencia un déficit de talento que se agrava en un escenario donde más de la mitad de la población sigue estando subrepresentada en las principales carreras tecnológicas.

Las desigualdades también se reflejan en los niveles de liderazgo y en los ingresos. De acuerdo con un informe de KPMG sobre las mil empresas que más facturan en el país, solo el 17,8% de los integrantes de los directorios son mujeres. A su vez, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indican que las mujeres perciben en promedio un 26,2% menos de ingresos que los hombres.

En este escenario, especialistas coinciden en que cerrar la brecha de género en el ámbito tecnológico se volvió un factor clave para la competitividad y el desarrollo de América Latina. El desafío no solo pasa por sumar más mujeres a la industria, sino también por garantizar que participen plenamente en las decisiones que marcarán el rumbo del futuro digital.

Un informe del Banco Provincia, elaborado en base a datos del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA), advirtió que durante 2025 las familias argentinas incrementaron de manera significativa su nivel de endeudamiento para sostener el consumo, en un contexto de deterioro de ingresos y aumento de la morosidad.

Según el relevamiento, el financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios a fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. En otras palabras, los hogares sumaron deuda equivalente a un salario completo adicional en el transcurso del año.

“Para poder sostener sus niveles de consumo, los hogares argentinos sumaron ‘un aguinaldo’ a sus ingresos en 2025”, destacó la entidad en el informe.

El Banco Provincia advirtió que el aumento del crédito en relación con los salarios no sería necesariamente problemático si existieran expectativas claras de recuperación del ingreso real o si la morosidad se mantuviera estable.

“El aumento de la relación crédito promedio sobre salario promedio no sería un problema si hubiera expectativas de recuperación de los ingresos o si la mora no creciera”, señalaron. Sin embargo, el informe remarca que ninguna de esas condiciones se estaría cumpliendo actualmente.

Por el contrario, la irregularidad de cartera mostró un fuerte deterioro, especialmente en entidades no financieras, donde la mora saltó de 7,7% a fines de 2024 a 25% un año después. En los bancos tradicionales, el índice alcanzó 8,8% en noviembre de 2025, según los últimos datos disponibles.

El análisis también evidenció diferencias según el tamaño de los préstamos. Al cierre de 2025, uno de cada cinco créditos inferiores a un millón de pesos registraba atrasos, mientras que en los préstamos superiores a 10 millones de pesos la morosidad descendía a 11,9%.

De esta manera, el deterioro afecta con mayor intensidad a los deudores de menores recursos.

Si se mide la mora por cantidad de personas y no por volumen de crédito, el índice asciende al 24%. Es decir, casi una de cada cuatro personas presenta dificultades para afrontar sus deudas, frente al 13% cuando se evalúa por monto. El dato implica un salto de 10 puntos porcentuales en un año, ya que a fines de 2024 la proporción de deudores en mora se ubicaba por debajo del 15%.

El informe también desmiente que el incremento de la mora sea consecuencia exclusiva del ingreso de nuevos usuarios al sistema financiero.

Los llamados “nuevos ingresantes” —personas sin exposición crediticia previa— acumularon durante el año una deuda de $3,1 billones, equivalente al 3,7% del saldo total de las familias. Si bien su ratio de mora fue levemente superior al promedio (15,5% frente a 12,9%), solo explicaron 5 de cada 100 pesos de la nueva mora generada en el período.

“La conclusión es directa: el grueso del deterioro provino de deudores que ya estaban en el sistema y que, frente al deterioro en sus ingresos, perdieron gradualmente capacidad de pago”, sostuvo la entidad.

De cara a 2026, el Banco Provincia advirtió que la sostenibilidad del crédito como motor de la actividad dependerá principalmente de dos factores externos al sistema financiero: la recuperación del salario real y la evolución de las tasas de interés.

“Sin mejora genuina de ingresos, el sistema de financiamiento bancario y no bancario difícilmente pueda volver a expandirse al ritmo observado en 2025 sin generar un nuevo salto en la mora”, señaló el informe, difundido por InfoBae.

En ese sentido, la entidad concluyó que el margen para sostener el consumo mediante una nueva expansión del endeudamiento es hoy menor que en 2024 y 2025. Con una base más amplia de deudores, niveles de mora elevados y mayor carga financiera sobre los hogares, el crédito enfrenta límites más estrictos como herramienta de impulso económico.

Así, la dinámica de 2026 dependerá, en última instancia, de si el salario real logra recomponerse o si el actual “puente financiero” que sostuvo el consumo alcanzó su límite estructural.

El Ministerio de Economía formalizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales SA. La medida quedó establecida a través de la Resolución 174/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión se adoptó pocos días después de que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, anunciara el lanzamiento de la Etapa II-B del mismo proyecto, que prevé transferir a operadores privados la gestión y mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales.

La nueva convocatoria abarca la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

En esta fase se incluyen segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016. En el caso de Entre Ríos, el llamado comprende 276 kilómetros, entre ellos la concesión de la Ruta Nacional 18 —con tres cabinas de peaje entre Paraná y Concordia— y la denominada ruta 12 de Crespo a Paraná.

La Secretaría de Transporte fue la encargada de definir los corredores a concesionar, verificar su estado actual y elaborar la documentación técnica y contractual. El esquema se enmarca en el “Proyecto Red Federal de Concesiones”, diseñado para reemplazar el modelo vigente por uno sin subsidios estatales.

La resolución aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, los formularios de cotización, el modelo de contrato, los pliegos de especificaciones técnicas generales y particulares, el reglamento de explotación y el régimen de infracciones y sanciones.

La documentación puede consultarse y descargarse a través de la plataforma CONTRAT.AR hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13. El plazo límite para la presentación de ofertas será el 18 de mayo a las 12:00, mientras que la apertura se realizará ese mismo día a las 13:00 mediante acto público electrónico.

El llamado será publicado durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía, y por tres días corridos en el portal del Banco Mundial “DGMARKET”.

Asimismo, se dispuso la creación de una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, que tendrá a su cargo el análisis de las ofertas.

La convocatoria forma parte del procedimiento de privatización total de Corredores Viales SA autorizado por el Decreto 97/2025, bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, conforme a la Ley 17.520 y sus modificatorias.

Según los considerandos de la resolución, el Ministerio de Economía —con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”— es la autoridad encargada de llevar adelante el proceso. Previamente, la Dirección Nacional de Vialidad convocó y realizó audiencias públicas informativas sobre la Etapa III y presentó la tasación exigida por la Ley 23.696.

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá eliminar el déficit del sistema actual, promover mayor transparencia y competencia, y equilibrar las cuentas públicas mediante la transferencia al sector privado de la operación y mantenimiento de los corredores.

La semana pasada, el Gobierno había lanzado la licitación correspondiente a la Etapa II-B, que abarca más de 2.500 kilómetros en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. En esa oportunidad, el ministro Caputo precisó que la convocatoria incluía cuatro corredores estratégicos: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte.

Las obras previstas en esa fase comprenden tramos de las rutas nacionales 8, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008 y segmentos de las rutas 7, 9 y 12, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva.

En conjunto, el Proyecto Red Federal de Concesiones avanza en distintas etapas con el objetivo oficial de modernizar la infraestructura vial, optimizar recursos públicos y redefinir el esquema de gestión de los principales corredores nacionales.

El último Monitor de Opinión Pública revela que el debate legislativo encuentra eco en la sociedad. El 64,2% de los consultados se manifiesta a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13 o 14 años, mientras que el 48,6% acompaña la reforma laboral actualmente en discusión en el Congreso.

El dato no es menor: en un contexto de fuerte polarización, el Gobierno nacional logra alinear parte de su agenda parlamentaria con demandas sociales concretas. Ese capital político se refleja en la imagen del presidente Javier Milei, que alcanza un 47% de valoración positiva.

El respaldo a la baja de la edad de imputabilidad no se explica únicamente por la agenda de seguridad. Según el relevamiento, la situación económica encabeza la lista de preocupaciones y el 46,8% evalúa negativamente el rumbo nacional.

En ese clima de malestar, se consolida una expectativa de respuestas firmes. Cuando la percepción de fragilidad económica aumenta, también lo hace la demanda de orden. La discusión penal, en ese marco, aparece como parte de una lógica más amplia: menor tolerancia social y mayor reclamo de decisiones contundentes frente a problemáticas estructurales.

El estudio también muestra que el desempleo figura entre las principales inquietudes y que el 41,9% atravesó la pérdida de empleo propia o en su entorno cercano en el último año. A esto se suma que el 76,1% considera que su salario no le gana a la inflación.

Ese escenario de inestabilidad y deterioro del poder adquisitivo impulsa la disposición a discutir cambios estructurales en el mercado de trabajo. Casi la mitad de los encuestados respalda la reforma laboral, lo que sugiere que la propuesta no es leída exclusivamente en clave ideológica, sino como una posible vía de transformación frente a un esquema que no logra resolver la informalidad ni la precarización.

En paralelo, se consolida un desgaste de los actores sindicales tradicionales. Mediciones anteriores ya registraban niveles elevados de imagen negativa hacia los gremios y un amplio apoyo a la eliminación de las cuotas sindicales obligatorias, aunque finalmente el Gobierno y la CGT acordaron mantenerlas. La tensión expone una brecha entre las cúpulas gremiales y un sector significativo de la opinión pública que cuestiona su representatividad y efectividad.

Con ambos proyectos ya con media sanción en la Cámara de Diputados, la agenda legislativa se posiciona en el centro del escenario político a pocos días de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo. La combinación entre demanda de orden en materia penal y disposición a revisar las reglas laborales configura un Congreso que debate iniciativas con respaldo social considerable.

En cuanto a los cambios institucionales recientes, la salida de Marcos Lavagna de la conducción del INDEC generó una reacción mayoritariamente negativa. Predomina la percepción de que se trata de una intervención sobre un organismo clave para medir la inflación y, por lo tanto, para sostener la credibilidad institucional en uno de los temas más sensibles para la vida cotidiana.

En conjunto, los datos describen un escenario donde el malestar económico convive con una demanda de reformas estructurales y con una opinión pública dispuesta a respaldar cambios profundos, aun en un contexto político atravesado por la polarización.

Este viernes por la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral con 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención. Tras una extensa sesión y luego de intensas negociaciones, el oficialismo consiguió dar media sanción al proyecto de modernización laboral, que ahora deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para su tratamiento final debido a las modificaciones introducidas a último momento.

El avance de la iniciativa se consolidó luego de que el Gobierno aceptara eliminar los artículos que modificaban el régimen de licencias médicas, un punto que había generado cuestionamientos incluso entre bloques aliados. Con esa concesión, los espacios que habían manifestado reparos mantuvieron su respaldo al texto impulsado por La Libertad Avanza.

Entre los bloques que acompañaron el proyecto se destacaron el Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). También resultaron determinantes los votos aportados por aliados provinciales, entre ellos legisladores de Tucumán (Independencia) y de San Juan (Producción y Trabajo), que inclinaron la balanza a favor del oficialismo.

En contraposición, Unión por la Patria se consolidó como la principal bancada opositora y votó en contra de la reforma. Al rechazo se sumaron los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Asimismo, expresaron su disconformidad algunos espacios provinciales como Elijo Catamarca, Primero San Luis y el monobloque Defendamos Córdoba, integrado por la diputada Natalia de la Sota. En tanto, dentro de Provincias Unidas e Innovación Federal se registraron posiciones divididas: algunos de sus miembros acompañaron la propuesta oficialista, mientras que otros votaron en contra.

En la nómina de ausentes figuraron los legisladores Sergio Casas (Unión por la Patria, La Rioja), Ignacio García Aresca (Provincias Unidas, Córdoba) y Juan Schiaretti (Provincias Unidas, Córdoba).

Con este resultado, la Cámara baja otorgó media sanción al proyecto de modernización laboral, que deberá volver al Senado debido a las modificaciones acordadas durante el debate. El oficialismo prevé que la iniciativa alcance estatus de ley el próximo viernes 27 de febrero, casi al límite del cierre del período de sesiones extraordinarias.

De concretarse ese escenario, el Gobierno sumará una de sus principales apuestas legislativas en materia económica y laboral, en un contexto de fuerte debate político y sindical sobre el alcance de los cambios propuestos.

En una decisión que sacude al sector industrial argentino, Fate anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su histórica planta industrial ubicada en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando.

No se trata de un concurso de acreedores ni de un proceso preventivo de crisis —figura legal a la que la compañía había adherido en 2019—, sino de un cierre total de operaciones. “Es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”, señaló un allegado a la firma en declaraciones periodísticas.

La empresa, fundada en 1940, indemnizará a todos sus trabajadores conforme a la legislación vigente.

En un breve comunicado fechado hoy y firmado por “el Directorio”, la compañía explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

En el texto, la firma destacó su liderazgo industrial basado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico y la calidad, recordó que fue pionera en el abastecimiento del mercado de neumáticos radiales y subrayó su presencia exportadora en Europa, Estados Unidos y América Latina.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”, expresó la compañía.

No hubo declaraciones públicas de Javier Madanes Quintanilla, presidente de la firma y también titular de Aluar. Según el ranking 2024 de Forbes Argentina, su patrimonio asciende a unos USD 1.500 millones. “Javier está destrozado, hoy es un día de luto”, reveló una fuente cercana.

El cierre se produce en un contexto de fuerte crisis para el sector industrial, con impacto directo de la apertura económica y el incremento de importaciones, particularmente de neumáticos provenientes de Asia. “Hace 30 años que la empresa pierde plata, pero la invasión de cubiertas chinas cambió todo”, sostuvo la fuente consultada.

Ya en mayo de 2024, cuando la empresa despidió a 97 trabajadores, había advertido sobre una “sostenida pérdida de competitividad exportadora”. En aquel momento, Fate señaló que enfrentaba factores estructurales adversos como elevada carga impositiva, restricciones cambiarias, deficiencias de infraestructura, sobrecostos laborales, baja productividad y conflictividad gremial.

También denunció “escandalosas asimetrías” en el comercio exterior que generaban una brecha de competitividad “insalvable” frente a productos importados, lo que tornaba inviable continuar exportando desde Argentina.

En 2022, el sector atravesó un prolongado conflicto con el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumatico de la Argentina, que paralizó las plantas de las tres fabricantes del país —Fate, Pirelli y Bridgestone—. En ese contexto, Madanes había calificado la situación como un escenario de “neo-anarquismo que impide producir”.

Meses atrás, durante una visita por el Día de la Industria, la vicepresidenta Victoria Villarruel recorrió la planta y protagonizó un tenso intercambio con el líder del gremio, Alejandro Crespo, quien cuestionó la apertura de importaciones.

La planta de Virreyes ocupa más de 157.000 metros cuadrados cubiertos en un terreno de 40 hectáreas y cuenta con capacidad productiva superior a los 5 millones de cubiertas por año. Por el momento, no está definido el destino del predio tras el cierre.

Datos difundidos a mediados de 2025 anticipaban la magnitud de la presión importadora: en mayo ingresaron al país más de 860.000 neumáticos del exterior, la cifra mensual más alta en más de dos décadas, lo que obligó a las marcas nacionales a reducir precios hasta un 15%.

Con esta decisión, se cierra un capítulo emblemático de la industria nacional. El anuncio de Fate no solo implica la pérdida de casi mil puestos de trabajo, sino que reabre el debate sobre el impacto de la competencia externa, la estructura de costos locales y el futuro del entramado productivo argentino.

Una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.360.299 en enero de 2026 para no ser considerada pobre, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El mismo hogar requirió $623.990 para no caer en la indigencia, es decir, para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

El reporte oficial detalló que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que marca el umbral de la indigencia— registró en enero una variación mensual de 5,8%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) —que determina la línea de pobreza e incluye otros bienes y servicios además de alimentos— aumentó 3,9% respecto de diciembre.

En la comparación interanual, la CBA acumuló una suba de 37,6%, en tanto que la CBT avanzó 31,6% frente al mismo mes del año pasado.

El informe también precisó los ingresos mínimos requeridos según la composición familiar:

Por primera vez en varios años, el dato de la canasta básica se publicó días después del anuncio del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el Indec, la inflación de enero fue de 2,9% mensual, con un incremento interanual de 32,4%.

La diferencia entre la evolución del IPC y las canastas básicas refleja que los alimentos —que tienen un peso determinante en la medición de la indigencia— mostraron en el primer mes del año un aumento superior al promedio general de precios.

Con estos valores, el inicio de 2026 volvió a poner en foco el impacto del costo de vida sobre los ingresos familiares y el desafío que representa sostener el poder adquisitivo frente a las variaciones mensuales.

Con la media sanción en la Cámara alta, el proyecto será girado ahora a la Cámara de Diputados. El oficialismo aspira a convertirlo en ley antes del 27 de febrero, en un contexto de negociaciones abiertas y búsqueda de consensos para sostener la mayoría alcanzada.

La iniciativa reunió 42 votos afirmativos provenientes de La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO y bloques provinciales como Independencia, Frente de la Concordia Social, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico y La Neuquinidad.

El respaldo incluyó los 20 senadores de LLA, 10 radicales, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y un voto de cada uno de los bloques Independencia, Despierta Chubut, La Neuquinidad, Primero los Salteños y Frente Cívico.

En tanto, los 30 votos en contra correspondieron al interbloque peronista —integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— que sumó 28 rechazos, a los que se añadieron dos legisladores de Santa Cruz.

La sesión comenzó a las 11.13 con 38 senadores presentes y la votación en general se produjo a la 1.20. El tratamiento en particular concluyó pocos minutos antes de las 4 de la madrugada, tras unas quince horas de debate en las que expusieron 32 senadores y 10 jefes de bloque.

El oficialismo logró también el acompañamiento de mandatarios provinciales como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones), cuyos espacios políticos aportaron votos clave.

En el tramo final de la sesión estuvieron presentes en el recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre y luego de la Ley Bases sancionada en 2024, la reforma laboral se convirtió en uno de los proyectos más relevantes para la Casa Rosada.

Entre los cambios más significativos que introduce el proyecto se destacan:

El oficialismo defendió estos puntos como herramientas para reducir la litigiosidad, dar previsibilidad y promover la formalización del empleo. La oposición, en cambio, advirtió que podrían debilitar derechos adquiridos y fragmentar la negociación colectiva.

Uno de los capítulos más debatidos fue el referido a los aportes obligatorios a gremios y cámaras empresariales. Allí, el senador del PRO Martín Goerling Lara propuso que los aportes sindicales sean voluntarios, retomando la propuesta original del Ejecutivo. En esa votación el oficialismo obtuvo 40 votos, dos menos que en los capítulos anteriores.

También se resolvió mantener el sistema de aportes sindicales sin plazo de vencimiento, aunque con un tope del 2 %, y establecer un límite del 0,5 % para las contribuciones obligatorias a cámaras empresariales.

En cuanto al Instituto Nacional del Cine (INCAA), se decidió sostener hasta 2028 el actual esquema de financiamiento —10 % sobre entradas de cine, 10 % sobre venta o alquiler de videos y 25 % de la recaudación del ENACOM— y luego reemplazarlo por partidas del Presupuesto nacional.

Sobre el cierre, el oficialismo incorporó como anexo el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, ante la imposibilidad reglamentaria de tratarlo como proyecto separado en sesiones extraordinarias.

Además, tras un pedido del PRO para habilitar a las billeteras virtuales a pagar salarios, el oficialismo resolvió mantener esa facultad exclusivamente para entidades bancarias. Las fintech que deseen ofrecer ese servicio deberán adecuarse a las normas del Banco Central, según indicaron fuentes parlamentarias.

En el cierre del debate, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la reforma y afirmó que el país está atado a una “legislación obsoleta” que lo mantiene “anclado en el pasado”. Sostuvo que el crecimiento dependerá de dinamizar el sector privado y no de expandir el Estado.

Desde la oposición, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “inconstitucional” y advirtió que “va a fracasar”. Argumentó que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución y tratados internacionales, y cuestionó que se modifiquen 41 leyes en una sola jornada de tratamiento.

El senador libertario Juan Cruz Godoy abrió el debate defendiendo la iniciativa como una respuesta al “miedo de los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales”. Por su parte, el peronista Mariano Recalde afirmó que la norma “no está pensada para generar trabajo” y criticó los cambios en vacaciones y jornada laboral. La radical Carolina Losada, en cambio, sostuvo que la reforma traerá “más inversión, más empresas y mejores jubilaciones”.

Con la media sanción en el Senado, el proyecto inicia ahora una nueva etapa en Diputados, donde se anticipa un tratamiento intenso y negociaciones decisivas para definir el alcance final de una de las reformas estructurales más ambiciosas del actual Gobierno.

Se trata de una actualización mensual que comenzó a aplicarse el año pasado, en el marco de un esquema de ajustes pendientes correspondientes a 2024, que fueron implementados de manera escalonada a lo largo de cada trimestre de 2025. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo continúa avanzando en la normalización del cronograma de aumentos impositivos vinculados a la inflación.

Según lo establecido en la normativa, para las naftas se aplicará un incremento de $16,773 por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos, al que se suma una suba de $1,027 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.

En el caso del gasoil, el aumento será de $14,372 por litro para el gravamen general. Además, se fijó una suba de $7,782 por litro para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y determinadas zonas del interior del país, y de $1,638 por litro en concepto del impuesto al dióxido de carbono.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. En el texto oficial, el Gobierno fundamentó la medida al señalar que el objetivo es “estimular el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible”.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que los montos actualizados surgen de la fórmula de ajuste trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En ese sentido, recordaron que el Decreto Nº 501/18 estableció que la entonces AFIP —actualmente ARCA— debe actualizar estos impuestos en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando como referencia la inflación del trimestre inmediato anterior. Asimismo, los valores actualizados comienzan a regir desde el primer día del segundo mes posterior a la actualización.

De acuerdo con el documento oficial, desde 2018 el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono se ajustan trimestralmente según la inflación. Sin embargo, distintas administraciones optaron por postergar su aplicación para mitigar el impacto en los precios finales al público. En esta oportunidad, la prórroga se extendió hasta febrero, según consignó el diario La Nación.

En cuanto al impuesto al dióxido de carbono, este tributo grava las emisiones contaminantes generadas por el uso de combustibles fósiles y se cobra como un monto fijo por litro, que se suma al impuesto principal. Si bien representa una porción menor de la carga impositiva total, su actualización automática busca preservar su valor real tanto en términos fiscales como ambientales.

Cabe recordar que en la última actualización, correspondiente al mes de enero, el incremento había sido de $17,291 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,059 en el impuesto al dióxido de carbono para las naftas. Para el gasoil, la suba fue de $14,390 en el gravamen general, $7,792 en la alícuota diferencial y $1,640 por litro por el impuesto al CO₂.

El puerto de Zárate amaneció transformado en escenario de un cambio de época para la industria automotriz argentina. Desde este lunes, las grúas operan sin descanso para descargar al buque BYD Explorer No. 1, que atracó con 5.000 vehículos importados desde China, en su mayoría eléctricos e híbridos. La operación no es solo una nueva ruta comercial: es la punta de lanza de una estrategia del Gobierno nacional para forzar una baja de precios mediante la apertura de importaciones y la competencia asiática.

El buque, de 199,9 metros de eslora y con capacidad para transportar hasta 7.000 unidades, marca el puntapié inicial de un flujo sostenido de autos chinos que buscan desembarcar en el mercado local con valores competitivos. Según datos del Ministerio de Economía, la medida responde a la necesidad de romper con los precios regionales más altos de la Argentina y democratizar el acceso a la tecnología eléctrica.

La llegada del BYD Explorer no es producto del azar, sino de una ecuación económica global. China atraviesa un momento de sobreproducción histórica: en 2025, su industria automotriz fabricó y vendió vehículos a un ritmo de 65 unidades por minuto, alcanzando las 34,02 millones de unidades comercializadas. Con el mercado interno saturado, gigantes como BYD, Chery y Geely necesitan desembarcar su excedente en nuevos destinos.

Argentina se convirtió en la válvula de escape ideal para esa estrategia. La baja de aranceles impulsada por el Gobierno nacional facilitó el ingreso de esas flotas, que ahora desafían al statu quo local. El objetivo es claro: colocar en el mercado argentino modelos que, por su escala productiva y costos de fabricación, pueden competir con precios sensiblemente menores a los de las terminales tradicionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado la jugada semanas atrás: "Cuando competís, tenés que ser mejor. Queremos que la gente tenga el mejor precio posible". Y esa competencia ya es una realidad.

Los analistas del sector prevén un impacto directo en dos frentes:

Segmento de autos chicos y medianos: Es donde los fabricantes chinos tienen mayor oferta y precio, y donde la industria nacional —enfocada históricamente en pick-ups y utilitarios— tiene menor presencia. La competencia allí será feroz.

Tecnología verde: La llegada masiva de eléctricos e híbridos a valores accesibles obligará a las terminales locales a acelerar la actualización de sus gamas o a revisar sus márgenes de ganancia para no perder cuota de mercado.

Más allá de las cifras, la imagen de las grúas descargando unidades eléctricas en Zárate marca un antes y un después. El BYD Explorer No. 1 no solo transporta autos: trae consigo la promesa de una nueva dinámica de precios, la democratización de la movilidad sustentable y un desafío sin precedentes para la industria nacional.

Durante la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intensificó los operativos de control en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. El resultado volvió a encender una señal de alarma: 966 conductores fueron sancionados por circular con alcoholemia positiva.

En total, se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos, que derivaron en 5.085 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente.

Entre los registros más elevados de alcoholemia detectados se encuentran:

De esta manera, Gualeguaychú aparece con dos de los registros más altos del país, una situación que preocupa a las autoridades por el riesgo extremo que implica conducir bajo los efectos del alcohol.

Además de los casos de alcoholemia positiva, los controles permitieron identificar:

Desde la ANSV remarcaron que estas conductas impactan de manera directa en la seguridad vial y recordaron que conducir implica una responsabilidad individual indelegable. “Las reglas están para cumplirse y su violación será sancionada”, señalaron desde el organismo.

Durante las fiscalizaciones, los agentes verifican la documentación obligatoria, el consumo de alcohol, el uso de elementos de protección y la correcta colocación de patentes, con el objetivo de prevenir siniestros viales.

En paralelo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó controles específicos al transporte de carga y pasajeros. En la primera quincena de enero se fiscalizaron 46.731 vehículos, entre ellos 30.460 camiones y 16.271 micros.

Como resultado, se labraron 1.019 actas de infracción —416 a camiones y 603 a micros— y se dispuso la retención de 116 vehículos, 87 camiones y 29 micros.

Desde los organismos de control insistieron en que la prevención es clave para reducir la siniestralidad vial y reiteraron el mensaje central: conducir alcoholizado, sin documentación o sin medidas de seguridad no es un error menor, sino una conducta que pone en riesgo la vida propia y la de los demás.

La causa denominada “Cuadernos de las coimas”, uno de los expedientes judiciales más relevantes de las últimas décadas en la Argentina, tiene entre sus imputados a Fabián Ezequiel García Ramón, exfuncionario nacional oriundo de Villaguay, quien al momento de quedar bajo investigación se encontraba radicado en San Nicolás (Buenos Aires).

García Ramón integra el grupo de 87 acusados que desde fines de 2025 son juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de Capital Federal, en una causa que también involucra a la expresidenta Cristina Fernández, exministros, exfuncionarios y empresarios vinculados a la obra pública.

Ingeniero de profesión, se desempeñó como director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética en el entonces Ministerio de Planificación Federal, durante la gestión de Julio De Vido. Desde ese cargo formó parte de áreas técnicas del Estado nacional que mantenían vínculo con compañías proveedoras y contratistas de obras y servicios.

Cuando la causa tomó estado público en 2018, permaneció prófugo durante un período, hasta que finalmente se presentó ante la Justicia Federal en Comodoro Py y quedó a disposición del juzgado interviniente. En ese momento residía en San Nicolás, aunque su nombre fue identificado por medios entrerrianos por sus orígenes y lazos con Villaguay.

En el marco de la causa Cuadernos, García Ramón está imputado por delitos vinculados al cobro de sobornos, como parte de una presunta asociación ilícita que, según la acusación fiscal, funcionó entre 2003 y 2015. Tan solo entre el 30 de marzo de 2005 y el 9 de octubre de 2006, participó de al menos 29 reuniones con empresarios y funcionarios liderados por Julio César Baratta. Después de ese año, los documentos públicos muestran una llamativa ausencia de su nombre, si bien permaneció más tiempo a cargo de la dirección.

La investigación penal preparatoria sostiene que durante esos años existió un sistema organizado de recaudación de dinero ilegal proveniente de empresarios de la obra pública, a cambio de contratos, adjudicaciones y pagos del Estado. En ese esquema, distintos funcionarios habrían cumplido roles intermedios dentro de la estructura. Quienes tuvieron contacto con García Ramón lo definían como un vendedor de materiales eléctricos que se ganó la confianza del círculo más cercano al exministro De Vido.

Al igual que otros imputados, intentó evitar el juicio mediante un ofrecimiento de US$908.824 -a valor de aquel momento- como reparación económica, mecanismo previsto por la ley. Sin embargo, el tribunal rechazó esa posibilidad, por lo que deberá enfrentar el debate oral, que comenzó formalmente en noviembre de 2025, luego de la lectura de los distintos requerimientos de acusación del Ministerio Público Fiscal. Entre los imputados se encuentra la expresidenta, a quien la fiscalía acusa de haber sido la destinataria final del dinero recaudado ilegalmente y de integrar -en carácter de jefa- la asociación ilícita investigada.

El 18 de diciembre pasado, la Fiscalía informó que finalizó la lectura del tramo de la acusación referido a la presunta cartelización de la obra pública civil, especialmente a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales, lo que marcó un avance relevante dentro del proceso.

Concluida esa etapa, el juicio continuará en 2026 tras la feria judicial de verano. Según lo informado oficialmente por la Procuración General de la Nación, el tribunal avanzará con el tratamiento de los planteos preliminares de las defensas y, posteriormente, con las indagatorias de los imputados a partir de febrero.

Para este año se prevé una mayor intensidad en el ritmo de audiencias, con el inicio de una fase más profunda del debate, que incluirá declaraciones, producción de prueba y discusiones técnicas entre las partes. Por la cantidad de imputados, hechos investigados y prueba acumulada, no se espera una resolución en el corto plazo, y el proceso podría extenderse durante todo 2026 y más allá.

Aunque la causa se tramita en los tribunales federales de Buenos Aires, la presencia de un imputado con raíces en Villaguay vuelve el expediente de interés para la comunidad local.

En los últimos días, una versión comenzó a circular con fuerza entre turistas y automovilistas: tomar mate mientras se conduce podría ser motivo de multa, especialmente en rutas de Mendoza. La preocupación se instaló rápidamente y reabrió el debate sobre las conductas al volante y su impacto en la seguridad vial.

El eje de la discusión vuelve a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que establece la obligación de conducir con ambas manos en el volante en los vehículos de manejo convencional, garantizando el control permanente del rodado. La norma solo admite soltar una mano en situaciones específicas, como el cambio de marchas u otras maniobras necesarias para la conducción.

La ley nacional no menciona de manera explícita el acto de tomar mate como una infracción. Sin embargo, sí considera sancionables todas aquellas conductas que impliquen una distracción o una pérdida de control del vehículo. En ese grupo se incluyen acciones como comer, beber líquidos o manipular objetos mientras se conduce.

En este contexto, tomar mate entra dentro de las denominadas “conductas distractivas”, ya que implica soltar el volante, desviar la atención del camino y, en muchos casos, manipular un termo y un recipiente caliente, lo que incrementa el riesgo ante cualquier maniobra imprevista.

En la provincia de Mendoza, el criterio es más estricto. Las autoridades viales confirmaron que conducir tomando mate puede ser sancionado bajo la figura de falta grave por distracción. Esto se apoya en una ley provincial que exige el “dominio efectivo del vehículo” en todo momento.

De acuerdo con la normativa local, la infracción puede derivar en multas que alcanzan los 500.000 pesos, además de la posible quita de puntos en el sistema de licencias, según la gravedad de la falta y la evaluación del agente de tránsito.

La costumbre del mate, profundamente arraigada en la cultura argentina, choca en este caso con las exigencias de la seguridad vial. Si bien para muchos conductores se trata de un hábito cotidiano e inofensivo, desde los organismos de control recuerdan que cualquier distracción puede ser determinante ante una situación de riesgo.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan detener el vehículo en un lugar seguro para consumir bebidas o alimentos, evitando sanciones y, principalmente, reduciendo la posibilidad de accidentes.

Así, aunque la ley nacional no prohíbe de manera expresa tomar mate al volante, en provincias como Mendoza la práctica puede traducirse en una infracción costosa, reforzando un mensaje claro: la prioridad al conducir debe ser siempre el control total del vehículo y la atención plena en el camino.

Diferentes organismos internacionales convocaron reuniones de urgencia tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro. Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Argentina respaldó los operativos estadounidenses.

La reunión se realizó tras la solicitud presentada por Colombia y respaldada por Rusia y China. El órgano de 15 miembros ya se había reunido dos veces en los últimos tres meses —en octubre y diciembre— por la escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro”, señaló el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, que llevó este lunes la posición de la administración de Javier Milei ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

En su exposición en la ONU, Tropepi señaló que la Argentina “confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y al mismo tiempo abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios de derecho internacional”, según consignó la Agencia EFE.

Además, señaló que confía en que tras la detención de Maduro se logre “poner fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario, que hundió al pueblo venezolano en la pobreza y que obligó a que 8 millones de venezolanos tuvieran que escapar de su país”.

“El régimen de Nicolás Maduro no solo ha constituido una amenaza directa para los ciudadanos venezolanos por la violación sistemática de los derechos humanos, la apropiación de los recursos del país y la destrucción de las instituciones democráticas, sino también para toda la región, al liderar y exportar sus redes de narcotráfico y crimen organizado”, remarcó.

Ante los desafíos de “acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en nuestra región”, dijo que la Argentina “está lista y dispuesta a colaborar”.

Tropepi también confirmó el compromiso del gobierno de Milei con “el pleno retorno de la institucionalidad y el Estado de derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y la prosperidad”, y de “continuar luchando contra el flagelo del narcoterrorismo y de quienes contribuyen a su financiamiento”.

“El proceso que hoy ser inicia requiere del compromiso firme y coordinado de todos aquellos países que han acompañado al pueblo venezolano en su larga lucha para que Venezuela pueda dejar atrás más de dos décadas de crisis política, humanitaria y social”, agregó.

El embajador argentino ante la ONU también llevó al Consejo de Seguridad del organismo el reclamo por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en diciembre de 2024. El pedido fue para “las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela”.

Desde Caracas, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, acusó a Estados Unidos de llevar adelante “una guerra colonial” para destruir el sistema republicano venezolano e “imponer un gobierno títere” que facilite el control de los recursos naturales del país, entre ellos las mayores reservas de petróleo del mundo.

Moncada sostuvo, además, que Estados Unidos violó la Carta fundacional de la ONU, que prohíbe a los Estados recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro país.

En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) también convocó a un Consejo Permanente extraordinario para tratar la situación de Venezuela.

Según indicó la agencia AFP, la sesión fue pedido por la Misión Permanente de Colombia, cuyo Gobierno rechazó hoy, junto a España, Brasil, Chile, México y Uruguay. Además de las intervenciones de representantes de los Estados miembros, se prevé también que al final de la reunión tome la palabra el secretario general del bloque, el surinamés Albert Ramdin.

A su vez, este domingo se llevó a cabo un encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), pero terminó sin consenso. “Los participantes no tenían mucha esperanza de que se llegase a una posición común sobre la captura de Maduro y su esposa, así como el bombardeo de varias instalaciones militares del país”, expresaron fuentes a la agencia EFE.

Había sido solicitado el sábado, tras el ataque estadounidense en Caracas, por el Gobierno brasileño y se realizó por videoconferencia. Por un lado, los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; y El Salvador, Nayib Bukele, celebraron la caída de Maduro. En tanto, los líderes de Brasil, Chile, Colombia y México condenaron la acción.

El conflicto se produce en un contexto de creciente presencia militar de Estados Unidos en la región. En los últimos meses, intensificó el control sobre embarcaciones sospechadas de narcotráfico frente a las costas venezolanas y del Pacífico latinoamericano, y anunció un bloqueo a buques bajo sanciones, incluyendo la intercepción de dos petroleros con crudo venezolano.

En paralelo, Maduro se presentará ante un juez de Nueva York hoy para notificarse de los cargos de narcotráfico y de terrorismo. El líder chavista está citado a las 14 por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan para conocer las acusaciones en su contra. También deberá asistir su esposa, Cilia Flores. Ambos permanecen detenidos desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

En su primera audiencia ante la Justicia de Estados Unidos, Nicolás Maduro se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan en la causa por narcoterrorismo y cuestionó el carácter del proceso judicial.

Frente al tribunal federal de Nueva York, el mandatario venezolano se presentó como un “prisionero de guerra” y afirmó: “Soy inocente, no soy culpable de nada de lo que se me acusa aquí”.

“No soy culpable, soy un hombre decente”, insistió Maduro durante la lectura de cargos. Y agregó: “Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”.

La audiencia estuvo a cargo del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, ante quien el líder chavista respondió “no culpable” a los cuatro cargos federales que enfrenta, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y delitos vinculados a la posesión de armas de guerra. “Tengo el escrito de la acusación”, interrumpió Maduro mientras el secretario leía las acusaciones.

El tribunal dispuso una nueva audiencia para el 17 de marzo. Hasta esa fecha, el acusado permanecerá detenido en una cárcel federal de Brooklyn. Su abogado defensor, Barry Pollack, informó que por el momento no solicitará la libertad bajo fianza, aunque no descartó presentar ese pedido en una etapa posterior del proceso.

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostienen que Maduro habría encabezado una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas, conocida como el Cartel de los Soles, con presuntos vínculos con organizaciones criminales y armadas de la región.

El gobierno venezolano rechaza de manera sistemática esa hipótesis y califica la causa como una “maniobra de persecución política”.

De ser condenado, el mandatario venezolano podría enfrentar penas de varias décadas de prisión o incluso condenas a cadena perpetua, según la eventual acumulación de las sentencias previstas para cada uno de los cargos.