La Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura organiza el Segundo Seminario Internacional de Avicultura a realizarse en Paraná y en Crespo los días lunes 13 y martes 14 de abril próximos.

Habrá diversos paneles de debate sobre varias problemáticas que afectan al sector avícola entrerriano, como el arraigo y la juventud en el campo, las proyecciones del negocio avícola, la importancia creciente de la innovación y los cambios tecnológicos y las perspectivas de la producción avícola a nivel nacional e internacional.

Coorganizan las jornadas el INTA, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER y el Instituto de investigaciones INES (Conicet-UNER).

El lunes 13, las actividades se desarrollarán por la mañana en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas (Urquiza 552 – Paraná) y el martes se completará la agenda en la sede de la Asociación (Estrada 1627 – Crespo) desde las 17.30.

La presidenta de la Asociación Civil, Mariela Gallinger, la secretaria de Ciencia, Técnica e Innovación de la UNER Paula Roses y la investigadora de INES-UNER Karen Catelotti, dialogaron con El Pueblo sobre el seminario.

Catelotti destacó que, entre las presentaciones, la Granja Las Camelias, va a divulgar su proyecto de granja modelo que está desarrollando en Villaguay. La investigadora de INES Emilia Schmunk expondrá sobre el arraigo de juventudes rurales, tema estratégico para sostener a futuro la red de pymes familiares que sostienen el sector avícola.

Estarán presentes en el seminario los paneles sobre los desafíos de la sucesión en las empresas familiares, las transiciones generacionales en las pymes. “Entre los temas a desarrollar está la transición generacional, los ‘ruidos’ que hay entre padres e hijos; es un problema en las empresas familiares”, comentó Gallinger. “El productor hizo todos los esfuerzos y llega la nueva generación, a veces se cae la empresa y hay que ver por qué pasa; también hay padres muy estructurados que no comprenden el uso de las nuevas tecnologías que aplican sus hijos, que desde una computadora y sentados en una silla controlan la granja y hacen negocios”, agregó.

Para los organizadores, el segundo seminario es un momento de análisis y reflexión sobre los cambios y los desafíos en el sector avícola entrerriano y argentino. Gallinger destacó el apoyo del empresariado avícola zonal, la presencia de funcionarios nacionales y que se espera la declaración de Interés Legislativo de la actividad en la Cámara de Diputados de la provincia.

Roses destacó que a los asistentes al Seminario se les extenderá un certificado de asistencia. La asistencia es libre, gratuita, sin cupos y los interesados pueden inscribirse en el siguiente link: https://ines.conicet.gov.ar/2do-seminario-internacional-de-avicultura/

Schunk participó de la apertura de la temporada 2026 del programa radial Debate Abierto, donde presentó un diagnóstico crítico sobre el escenario económico nacional y provincial. En su exposición, citó a la filósofa Hannah Arendt para advertir que la sociedad atraviesa una dinámica donde la repetición constante de falsedades termina generando descreimiento generalizado.

En ese contexto, cuestionó una de las frases más reiteradas por el gobierno del presidente Javier Milei: “No hay plata”. Según el economista, esa afirmación no refleja la realidad económica. “Plata es lo que sobra”, sostuvo, basándose en el concepto de excedente económico.

Schunk explicó que, si se toma el Producto Bruto Geográfico (PBG) y se descuenta el costo de reproducción social —es decir, los recursos necesarios para que la población cubra sus necesidades básicas como alimentación, vivienda y vestimenta—, el excedente representa aproximadamente el 50% de la riqueza generada tanto en Entre Ríos como a nivel nacional.

No obstante, señaló que ese excedente no se transforma en inversión productiva. De acuerdo con su análisis, en América Latina y Argentina el 10% más rico de la población concentra cerca del 50% del ingreso total, pero solo destina una tercera parte a inversiones, mientras que el resto se orienta al consumo suntuario o a la fuga de capitales.

El economista también criticó la estructura tributaria de Entre Ríos, al considerar que se incumple lo establecido en el artículo 79 de la Constitución provincial. Según explicó, la normativa establece que el sistema impositivo debe basarse principalmente en impuestos directos —como el inmobiliario o las patentes—, que contemplan la capacidad contributiva de cada ciudadano.

Sin embargo, afirmó que en la actualidad alrededor del 84% de la recaudación provincial proviene de impuestos indirectos, vinculados al consumo y las transacciones. “Esto significa que no se tiene en cuenta la capacidad contributiva: paga lo mismo el que gana un millón que el que gana cincuenta millones”, sostuvo.

Otro de los puntos centrales de su análisis fue la situación del sector industrial, al que definió como uno de los más afectados por las políticas económicas actuales.

Schunk cuestionó la estrategia de orientar la economía hacia la exportación de materias primas, particularmente en sectores como el gas, el petróleo y la minería. En ese sentido, señaló que las exportaciones per cápita en estos rubros resultan bajas en comparación con países como Canadá o Australia.

Para el economista, la desindustrialización genera consecuencias sociales profundas. “Sin industria, ¿a dónde va a ir a parar la gente?”, planteó, al tiempo que calificó de “demencial” la apertura de importaciones en un contexto de caída del consumo interno y cierre de empresas.

En su análisis, Schunk insistió en que el desafío central de la economía argentina no radica en la escasez de recursos, sino en la forma en que se distribuyen y en la capacidad de orientar el excedente hacia el desarrollo productivo.

En la sede de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), ubicada en Montevideo 163 de la ciudad de Paraná, el Frente Sindical Salarial Docente brindó una conferencia de prensa ante la presencia de numerosos medios televisivos, radiales y digitales. El encuentro tuvo como objetivo informar a la docencia y a la sociedad en general los motivos del rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos, que los gremios calificaron como insuficiente y regresiva para el sector.

Durante la exposición, el secretario general de AMET Regional XI, Andrés Besel, subrayó la necesidad de transmitir con claridad el escenario actual del conflicto salarial. En ese sentido, expresó el desacuerdo del sindicato con la decisión del gobernador de otorgar la recomposición salarial por decreto y remarcó la importancia de retomar una verdadera instancia de negociación paritaria.

Besel señaló que cualquier recomposición salarial debe impactar de manera efectiva en el bolsillo de los docentes, pero también contemplar a la obra social y a los docentes jubilados, sectores que —según sostuvo— también se ven afectados por las decisiones salariales que se adopten.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, destacó que el Frente Sindical se mantiene unido en la defensa del salario y de los derechos de los trabajadores de la educación.

El dirigente afirmó que desde el año pasado los gremios han manifestado voluntad de diálogo y han solicitado instancias de negociación para evitar un escenario de conflicto. Sin embargo, sostuvo que las respuestas del Gobierno no fueron adecuadas y que las propuestas presentadas resultaron insuficientes para el sector.

En ese marco, señaló que el paro realizado en los 17 departamentos de la provincia evidenció un fuerte descontento docente y responsabilizó al Gobierno Provincial por la situación. Según indicó, la decisión de otorgar el aumento por decreto profundiza el conflicto y dificulta la construcción de acuerdos.

Antivero también advirtió que el anuncio de una reunión informativa sobre una posible reforma previsional se suma al clima de tensión. Explicó que cualquier modificación en materia previsional impacta directamente en los derechos jubilatorios de los docentes. No obstante, confirmó que el Frente participará del encuentro para conocer el proyecto de primera mano, aunque anticipó que defenderán firmemente los derechos del sector.

A su turno, la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank, sostuvo que el sector atraviesa el segundo día de medidas de fuerza en un contexto que, según describió, se caracteriza por una pérdida de derechos tanto a nivel nacional como provincial.

Frank cuestionó la propuesta salarial presentada por el Gobierno al considerar que no dignifica la tarea docente. Además, señaló que los montos no remunerativos incluidos en la oferta afectan la escala salarial, la obra social y los aportes jubilatorios.

La dirigente también describió un escenario de desgaste y agotamiento en la docencia, con un aumento de licencias médicas y con docentes que evalúan abandonar la profesión. En ese sentido, recordó que la mayoría del sector está compuesto por mujeres, muchas de ellas sostén de hogar, y afirmó que el reclamo central es por un salario que permita vivir con dignidad.

En el marco del conflicto salarial y ante la posibilidad de que se dicte una conciliación obligatoria, los referentes sindicales señalaron que el Frente Sindical se encuentra evaluando distintas estrategias de acción en forma conjunta y que el conflicto podría extenderse en el tiempo.

Antivero explicó que no anticiparán públicamente todas las acciones que se encuentran en análisis para no facilitar movimientos del Gobierno, aunque confirmó que la instalación de una “carpa blanca” es una de las alternativas que se encuentran en agenda.

El dirigente sostuvo que el Frente mantiene la voluntad de diálogo y que el objetivo central es que los estudiantes estén en las escuelas. Sin embargo, advirtió que resulta difícil hablar de calidad educativa cuando los docentes enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Respecto a los plazos y a una eventual conciliación obligatoria, indicó que cada sindicato deberá evaluar la situación a través de sus mecanismos orgánicos —como plenarios o congresos— y que posteriormente se coordinarán los pasos a seguir de manera conjunta.

En la misma línea, Besel remarcó que todas las acciones que se definan estarán enmarcadas en lo resuelto por los delegados en Congreso. Además, señaló que cualquier novedad vinculada a la reforma previsional obligará a convocar nuevamente a los órganos de conducción para analizar el escenario.

El dirigente ratificó que las definiciones salariales se trabajarán dentro del Frente Sindical priorizando la unidad y reiteró que cualquier recomposición debe contemplar a docentes activos, jubilados y al sistema de obra social.

Asimismo, Besel cuestionó decisiones políticas que —según su visión— afectan el financiamiento educativo y sostuvo que el reclamo apunta a garantizar un salario que respete criterios constitucionales y contemple a todos los sectores del sistema educativo.

Finalmente, tanto Besel como Antivero expresaron críticas a las políticas económicas nacionales. Consideraron que la pérdida del poder adquisitivo y determinadas decisiones presupuestarias afectan a los trabajadores y advirtieron sobre lo que definieron como una avanzada sobre el movimiento obrero y los niveles de sindicalización.

En ese contexto, Antivero concluyó que uno de los principales desafíos del sindicalismo es fortalecer la organización colectiva y generar conciencia para defender derechos laborales que consideran históricamente conquistados.

Un informe del Banco Provincia, elaborado en base a datos del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA), advirtió que durante 2025 las familias argentinas incrementaron de manera significativa su nivel de endeudamiento para sostener el consumo, en un contexto de deterioro de ingresos y aumento de la morosidad.

Según el relevamiento, el financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios a fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. En otras palabras, los hogares sumaron deuda equivalente a un salario completo adicional en el transcurso del año.

“Para poder sostener sus niveles de consumo, los hogares argentinos sumaron ‘un aguinaldo’ a sus ingresos en 2025”, destacó la entidad en el informe.

El Banco Provincia advirtió que el aumento del crédito en relación con los salarios no sería necesariamente problemático si existieran expectativas claras de recuperación del ingreso real o si la morosidad se mantuviera estable.

“El aumento de la relación crédito promedio sobre salario promedio no sería un problema si hubiera expectativas de recuperación de los ingresos o si la mora no creciera”, señalaron. Sin embargo, el informe remarca que ninguna de esas condiciones se estaría cumpliendo actualmente.

Por el contrario, la irregularidad de cartera mostró un fuerte deterioro, especialmente en entidades no financieras, donde la mora saltó de 7,7% a fines de 2024 a 25% un año después. En los bancos tradicionales, el índice alcanzó 8,8% en noviembre de 2025, según los últimos datos disponibles.

El análisis también evidenció diferencias según el tamaño de los préstamos. Al cierre de 2025, uno de cada cinco créditos inferiores a un millón de pesos registraba atrasos, mientras que en los préstamos superiores a 10 millones de pesos la morosidad descendía a 11,9%.

De esta manera, el deterioro afecta con mayor intensidad a los deudores de menores recursos.

Si se mide la mora por cantidad de personas y no por volumen de crédito, el índice asciende al 24%. Es decir, casi una de cada cuatro personas presenta dificultades para afrontar sus deudas, frente al 13% cuando se evalúa por monto. El dato implica un salto de 10 puntos porcentuales en un año, ya que a fines de 2024 la proporción de deudores en mora se ubicaba por debajo del 15%.

El informe también desmiente que el incremento de la mora sea consecuencia exclusiva del ingreso de nuevos usuarios al sistema financiero.

Los llamados “nuevos ingresantes” —personas sin exposición crediticia previa— acumularon durante el año una deuda de $3,1 billones, equivalente al 3,7% del saldo total de las familias. Si bien su ratio de mora fue levemente superior al promedio (15,5% frente a 12,9%), solo explicaron 5 de cada 100 pesos de la nueva mora generada en el período.

“La conclusión es directa: el grueso del deterioro provino de deudores que ya estaban en el sistema y que, frente al deterioro en sus ingresos, perdieron gradualmente capacidad de pago”, sostuvo la entidad.

De cara a 2026, el Banco Provincia advirtió que la sostenibilidad del crédito como motor de la actividad dependerá principalmente de dos factores externos al sistema financiero: la recuperación del salario real y la evolución de las tasas de interés.

“Sin mejora genuina de ingresos, el sistema de financiamiento bancario y no bancario difícilmente pueda volver a expandirse al ritmo observado en 2025 sin generar un nuevo salto en la mora”, señaló el informe, difundido por InfoBae.

En ese sentido, la entidad concluyó que el margen para sostener el consumo mediante una nueva expansión del endeudamiento es hoy menor que en 2024 y 2025. Con una base más amplia de deudores, niveles de mora elevados y mayor carga financiera sobre los hogares, el crédito enfrenta límites más estrictos como herramienta de impulso económico.

Así, la dinámica de 2026 dependerá, en última instancia, de si el salario real logra recomponerse o si el actual “puente financiero” que sostuvo el consumo alcanzó su límite estructural.

A casi un año de haberse sellado el acuerdo salarial que rigió durante todo 2025, el Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes volvieron a sentarse este lunes en la primera reunión paritaria de 2026. El encuentro, realizado en la Secretaría de Trabajo, concluyó sin acuerdo y con la declaración de “estado de beligerancia” por parte de los sindicatos, lo que obliga al Ejecutivo provincial a presentar una nueva propuesta en un plazo no mayor a cinco días.

Durante la reunión, la Provincia presentó una propuesta que consistió en:

Desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa como un gesto de buena fe y voluntad de diálogo. El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, cuestionó la reacción gremial y sostuvo: “El Gobierno llegó a esta instancia con buena fe, con voluntad de diálogo y con una propuesta concreta sobre la mesa. Declararse en estado de beligerancia en el mismo momento en que se abre la negociación no contribuye a generar el clima necesario para seguir avanzando, sobre todo cuando estamos a días del inicio de clases y lo que la sociedad espera es responsabilidad y compromiso”.

La propuesta fue rechazada en el mismo ámbito de negociación por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Su secretario general, Abel Antivero, confirmó que la decisión se tomó tras un cuarto intermedio de diez minutos y en conjunto con los demás sindicatos del frente docente.

“Se rechazó porque no respondía a los criterios de nuestra comisión de salario”, señalaron desde el gremio, al considerar insuficientes los montos ofrecidos.

En la misma línea, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Regional Entre Ríos (AMET), Andrés Besel, explicó que el rechazo se fundamentó tanto en la escasez de las cifras como en la falta de cumplimiento de criterios constitucionales. “Toda recomposición salarial debe tener aportes para la Caja y la obra social. Eso no se cumplía”, afirmó.

Desde AMET remarcaron que la oferta no respetaba los principios de “remuneratividad y bonificabilidad”, es decir, que los aumentos impacten en el salario básico y, por lo tanto, en la Caja de Jubilaciones y Pensiones y en la obra social, tal como establece el artículo 82 de la Constitución provincial.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados Entre Ríos (Sadop) expresó en un comunicado que el diálogo debe traducirse en “respuestas concretas” y afirmó que continuará impulsando estrategias para garantizar “salarios justos”.

En tanto, la Unión Docentes Argentinos (UDA) cuestionó que la propuesta “consiste en montos que no impactan en el básico, no se trasladan plenamente a jubilados y no recomponen el poder adquisitivo perdido”.

Tras el rechazo, los gremios se declararon en “estado de beligerancia”, figura contemplada en la Ley de Paritarias Docentes que obliga al Ejecutivo a volver a convocar a los representantes sindicales en un plazo máximo de cinco días. El cuarto intermedio se extenderá hasta el martes 3 de marzo, fecha en la que se espera una nueva convocatoria formal.

En paralelo, Agmer y AMET analizarán la situación en congresos extraordinarios —el primero ya estaba en cuarto intermedio y el segundo se realizará el jueves— para definir los pasos a seguir.

Asimismo, confirmaron que se encuentra en agenda un paro nacional, cuya ratificación dependerá de las entidades de base. “El pedido de apertura de la paritaria nacional está vigente y también ayudaría a la cuestión salarial de Entre Ríos”, manifestaron desde el frente gremial.

Con el inicio del ciclo lectivo a pocos días, el conflicto salarial mantiene en tensión al sistema educativo provincial y abre un compás de espera que será clave para definir si el comienzo de clases se desarrollará con normalidad o bajo medidas de fuerza.

Las Bolsas de Cereales y de Comercio de siete provincias, entre ellas la de Entre Ríos, firmaron un comunicado conjunto en el que expresaron su respaldo a la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la denominada Ley de Modernización Laboral —también conocida como Reforma Laboral— y a la creación del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI).

Las entidades señalaron que ambas iniciativas, que ahora aguardan su tratamiento en el Senado, constituyen pilares fundamentales para la actividad económica argentina y para el fortalecimiento del entramado productivo federal.

El documento lleva la firma de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Chaco, Bolsa de Comercio de Rosario y Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Desde las entidades consideraron que la reforma laboral “representa una oportunidad histórica para fomentar la formalización del empleo, elevar la competitividad del país y garantizar un marco jurídico dinámico que otorgue previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores”.

En el comunicado destacaron que la modernización del régimen laboral resulta clave para consolidar un mercado formal y adaptado a las nuevas demandas productivas, en un contexto económico que exige mayor eficiencia y reglas claras.

Las Bolsas celebraron especialmente la incorporación del Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI), al que definieron como una herramienta estratégica para motorizar proyectos de inversión de escala media.

Según señalaron, el RIMI permitirá la amortización acelerada de bienes de capital y funcionará como un catalizador para la expansión de sectores productivos clave, facilitando la incorporación de tecnología de vanguardia y fortaleciendo las cadenas de valor regionales.

En el tramo final del comunicado, las entidades reafirmaron su compromiso con el desarrollo federal y alentaron la implementación de políticas públicas que eliminen “sesgos anti-productivos y burocráticos”.

Asimismo, remarcaron que la sanción definitiva de estas medidas en el Senado constituirá un paso decisivo para impulsar la inversión productiva en Argentina, generar empleo formal y consolidar un entorno económico más competitivo y previsible para el sector agroindustrial y comercial del país.

Con la media sanción en la Cámara alta, el proyecto será girado ahora a la Cámara de Diputados. El oficialismo aspira a convertirlo en ley antes del 27 de febrero, en un contexto de negociaciones abiertas y búsqueda de consensos para sostener la mayoría alcanzada.

La iniciativa reunió 42 votos afirmativos provenientes de La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO y bloques provinciales como Independencia, Frente de la Concordia Social, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico y La Neuquinidad.

El respaldo incluyó los 20 senadores de LLA, 10 radicales, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y un voto de cada uno de los bloques Independencia, Despierta Chubut, La Neuquinidad, Primero los Salteños y Frente Cívico.

En tanto, los 30 votos en contra correspondieron al interbloque peronista —integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— que sumó 28 rechazos, a los que se añadieron dos legisladores de Santa Cruz.

La sesión comenzó a las 11.13 con 38 senadores presentes y la votación en general se produjo a la 1.20. El tratamiento en particular concluyó pocos minutos antes de las 4 de la madrugada, tras unas quince horas de debate en las que expusieron 32 senadores y 10 jefes de bloque.

El oficialismo logró también el acompañamiento de mandatarios provinciales como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones), cuyos espacios políticos aportaron votos clave.

En el tramo final de la sesión estuvieron presentes en el recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre y luego de la Ley Bases sancionada en 2024, la reforma laboral se convirtió en uno de los proyectos más relevantes para la Casa Rosada.

Entre los cambios más significativos que introduce el proyecto se destacan:

El oficialismo defendió estos puntos como herramientas para reducir la litigiosidad, dar previsibilidad y promover la formalización del empleo. La oposición, en cambio, advirtió que podrían debilitar derechos adquiridos y fragmentar la negociación colectiva.

Uno de los capítulos más debatidos fue el referido a los aportes obligatorios a gremios y cámaras empresariales. Allí, el senador del PRO Martín Goerling Lara propuso que los aportes sindicales sean voluntarios, retomando la propuesta original del Ejecutivo. En esa votación el oficialismo obtuvo 40 votos, dos menos que en los capítulos anteriores.

También se resolvió mantener el sistema de aportes sindicales sin plazo de vencimiento, aunque con un tope del 2 %, y establecer un límite del 0,5 % para las contribuciones obligatorias a cámaras empresariales.

En cuanto al Instituto Nacional del Cine (INCAA), se decidió sostener hasta 2028 el actual esquema de financiamiento —10 % sobre entradas de cine, 10 % sobre venta o alquiler de videos y 25 % de la recaudación del ENACOM— y luego reemplazarlo por partidas del Presupuesto nacional.

Sobre el cierre, el oficialismo incorporó como anexo el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, ante la imposibilidad reglamentaria de tratarlo como proyecto separado en sesiones extraordinarias.

Además, tras un pedido del PRO para habilitar a las billeteras virtuales a pagar salarios, el oficialismo resolvió mantener esa facultad exclusivamente para entidades bancarias. Las fintech que deseen ofrecer ese servicio deberán adecuarse a las normas del Banco Central, según indicaron fuentes parlamentarias.

En el cierre del debate, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la reforma y afirmó que el país está atado a una “legislación obsoleta” que lo mantiene “anclado en el pasado”. Sostuvo que el crecimiento dependerá de dinamizar el sector privado y no de expandir el Estado.

Desde la oposición, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “inconstitucional” y advirtió que “va a fracasar”. Argumentó que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución y tratados internacionales, y cuestionó que se modifiquen 41 leyes en una sola jornada de tratamiento.

El senador libertario Juan Cruz Godoy abrió el debate defendiendo la iniciativa como una respuesta al “miedo de los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales”. Por su parte, el peronista Mariano Recalde afirmó que la norma “no está pensada para generar trabajo” y criticó los cambios en vacaciones y jornada laboral. La radical Carolina Losada, en cambio, sostuvo que la reforma traerá “más inversión, más empresas y mejores jubilaciones”.

Con la media sanción en el Senado, el proyecto inicia ahora una nueva etapa en Diputados, donde se anticipa un tratamiento intenso y negociaciones decisivas para definir el alcance final de una de las reformas estructurales más ambiciosas del actual Gobierno.

Se trata de una actualización mensual que comenzó a aplicarse el año pasado, en el marco de un esquema de ajustes pendientes correspondientes a 2024, que fueron implementados de manera escalonada a lo largo de cada trimestre de 2025. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo continúa avanzando en la normalización del cronograma de aumentos impositivos vinculados a la inflación.

Según lo establecido en la normativa, para las naftas se aplicará un incremento de $16,773 por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos, al que se suma una suba de $1,027 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.

En el caso del gasoil, el aumento será de $14,372 por litro para el gravamen general. Además, se fijó una suba de $7,782 por litro para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y determinadas zonas del interior del país, y de $1,638 por litro en concepto del impuesto al dióxido de carbono.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. En el texto oficial, el Gobierno fundamentó la medida al señalar que el objetivo es “estimular el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible”.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que los montos actualizados surgen de la fórmula de ajuste trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En ese sentido, recordaron que el Decreto Nº 501/18 estableció que la entonces AFIP —actualmente ARCA— debe actualizar estos impuestos en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando como referencia la inflación del trimestre inmediato anterior. Asimismo, los valores actualizados comienzan a regir desde el primer día del segundo mes posterior a la actualización.

De acuerdo con el documento oficial, desde 2018 el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono se ajustan trimestralmente según la inflación. Sin embargo, distintas administraciones optaron por postergar su aplicación para mitigar el impacto en los precios finales al público. En esta oportunidad, la prórroga se extendió hasta febrero, según consignó el diario La Nación.

En cuanto al impuesto al dióxido de carbono, este tributo grava las emisiones contaminantes generadas por el uso de combustibles fósiles y se cobra como un monto fijo por litro, que se suma al impuesto principal. Si bien representa una porción menor de la carga impositiva total, su actualización automática busca preservar su valor real tanto en términos fiscales como ambientales.

Cabe recordar que en la última actualización, correspondiente al mes de enero, el incremento había sido de $17,291 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,059 en el impuesto al dióxido de carbono para las naftas. Para el gasoil, la suba fue de $14,390 en el gravamen general, $7,792 en la alícuota diferencial y $1,640 por litro por el impuesto al CO₂.

Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación ante los trascendidos sobre un nuevo e importante recorte de horas extras en distintos ámbitos de la administración pública entrerriana, principalmente en Ministerios y algunos organismos del Estado. Bajo el interrogante “¿Llegó Milei a la provincia?”, el sindicato reclamó al Gobierno provincial una urgente aclaración y advirtió que los trabajadores “no están dispuestos a soportar más esfuerzo” ni a seguir perdiendo poder adquisitivo.

La secretaria gremial de UPCN, Cristina Melgarejo, señaló que el sindicato fue contactado por trabajadores de varios Ministerios debido a versiones que dan cuenta de un recorte “importante e indiscriminado” de las horas extras.“Ante esto nos preguntamos: Milei, ¿llegó a Entre Ríos?”, expresó la dirigente, al tiempo que aclaró que hasta el momento no han logrado confirmar la existencia de una directiva oficial en ese sentido, motivo por el cual exigen respuestas concretas.

Melgarejo explicó que la falta de actualización salarial afecta a todos los trabajadores del Estado, aunque algunos sectores se verían particularmente perjudicados si se avanza con un nuevo recorte de ingresos en un concepto que, en muchos casos, ya es considerado parte del salario habitual.“Esta incertidumbre genera malestar e impotencia, sobre todo en organismos que han trabajado intensamente durante enero para cerrar el 2025, como los contables, o para cumplir con las recategorizaciones, como sucedió en Recursos Humanos”, sostuvo.

En ese marco, la dirigente remarcó que la situación amerita una urgente aclaración por parte del Gobierno provincial y reclamó conocer de primera mano cuál es el plan oficial para sostener el poder adquisitivo, que —según indicó— “viene deteriorándose sucesivamente”.“Conocemos la realidad y la crisis que atraviesa el país, pero no vamos a permitir que se siga retrocediendo en perjuicio de los trabajadores”, subrayó.

Melgarejo también cuestionó cuáles son las variables que se están considerando para mantener el equilibrio fiscal y reclamó que los esfuerzos sean compartidos por todos los sectores.“Se habla tanto de transparencia y de eficacia en la administración pública, pero que no se equivoquen: eso no lo garantizan los funcionarios con un discurso político. Se logra con la tarea cotidiana que requiere la presencia y disposición de los trabajadores”, afirmó.

Si bien UPCN se mantiene a la espera de la paritaria, la dirigente advirtió que, ante la problemática específica de las horas extras, es necesaria una pronta reunión para discutir la situación y definir cómo continuará el tema. En ese sentido, reprochó que “con estas decisiones unilaterales el gobierno apura la conflictividad”.

Desde el sindicato plantearon como gesto urgente que el Ejecutivo provincial convoque a UPCN para brindar información clara y poder transmitirla “de manera seria y responsable” a los trabajadores. Asimismo, Melgarejo indicó que, en caso de confirmarse un recorte, será fundamental saber si se tratará de una medida transitoria o permanente, y qué tipo de compensaciones estarían previstas.

“En medio de una crisis que es evidente, entendemos que cualquier quita de ingresos es un tema muy sensible en el que no podemos permanecer indiferentes”, remarcó, y concluyó:“Esperemos que la pregunta sobre si Milei llegó a Entre Ríos sea solo una confusión administrativa”.

Tras la reunión, Bordet destacó el valor del diálogo entre oficialismo y oposición. “El intercambio se dio con mucha madurez y respeto, planteando nuestras diferencias políticas y el rol de oposición que claramente tenemos”, expresó el legislador, al tiempo que consideró que, en un contexto de “tanta agresividad”, este tipo de instancias resultan necesarias para fortalecer la convivencia democrática.

Uno de los temas centrales fue la situación fiscal de Entre Ríos. Bordet manifestó su inquietud por la caída de los ingresos coparticipables y sostuvo que transmitió al gobernador su “preocupación por la pérdida de recursos que la Provincia va teniendo sostenidamente a raíz de las políticas que el gobierno nacional viene aplicando”.

En ese sentido, aclaró que la reunión fue independiente del pedido de audiencia realizado por legisladores nacionales de su espacio para abordar específicamente el impacto de la reforma laboral y del impuesto a las ganancias en las finanzas provinciales.

Durante el encuentro, Bordet también se refirió a la situación que atraviesa el municipio de Concordia. “Le planteé al gobernador la preocupación por lo que está sucediendo, donde se despidieron a 140 trabajadores y hubo un accionar de la policía para controlar las asambleas”, señaló.

Al recordar su etapa como intendente, marcó una diferencia en el abordaje de este tipo de conflictos: “Jamás utilicé la fuerza del orden público para intervenir y controlar una protesta gremial o social”.

La reunión incluyó además un intercambio sobre la herencia de gestiones anteriores. Frente a las críticas del gobernador Frigerio en relación con presuntos hechos de corrupción o con lo que definió como “20 años de oscurantismo”, Bordet fue contundente: “Le planteé que el peronismo en estos 20 años en la Provincia hizo mucho. Cada vez que nos criticaron, salí a defenderme como corresponde y lo seguiré haciendo”.

Hacia el cierre del encuentro, Bordet adelantó algunos de los proyectos que impulsará en el Congreso Nacional, entre ellos el aumento al 50% de las regalías de Salto Grande y la declaración de interés público de la comunicación vial entre Brazo Largo y Nueva Palmira.

“Un gobernador termina su mandato, pero siempre queda una responsabilidad institucional. Siempre voy a estar porque quiero aportar lo mejor para que a la provincia le vaya bien”, concluyó el diputado nacional

A nivel nacional, el padrón incluye 36.477.204 ciudadanos, que sufragarán en 17.398 establecimientos distribuidos en 109.046 mesas. Será, además, un proceso histórico, ya que por primera vez se aplicará la Boleta Única de Papel (BUP).

El departamento Paraná concentra la mayor cantidad de votantes, con 320.991 electores inscriptos, seguido por Concordia (151.308) y Gualeguaychú (104.285).

En el extremo opuesto, Islas del Ibicuy registra el menor número, con apenas 12.469 ciudadanos en condiciones de sufragar.

El padrón definitivo provincial quedó conformado de la siguiente manera:

La Boleta Única de Papel (BUP) se aplicará por primera vez a nivel nacional.Cada votante recibirá una boleta única, firmada por la autoridad de mesa, junto a un bolígrafo indeleble. En el box de votación, deberá marcar con una cruz o tilde su preferencia en el casillero correspondiente.

Luego, el elector deberá plegar la boleta según las indicaciones y depositarla en la urna.

El padrón definitivo puede consultarse en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral: www.padron.gob.ar.

Pasos para la consulta:

El sistema mostrará establecimiento, mesa y dirección de votación. La CNE recomienda realizar el chequeo con anticipación para gestionar eventuales reclamos dentro de los plazos estipulados.

A pesar de la desaceleración de la inflación, una reciente encuesta de la consultora Zuban Córdoba encendió las alarmas en el oficialismo al reflejar un fuerte malestar económico entre los argentinos, que ya impacta de lleno en la imagen del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. El sondeo, basado en 1.400 casos a nivel nacional, evidencia que la baja de precios no compensa la pérdida de poder adquisitivo y la creciente percepción de desigualdad.

Entre los datos más contundentes del estudio, difundido por la agencia Noticias Argentinas, se destaca que el 63,7% de los encuestados asegura que tiene cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, lo que demuestra que la economía cotidiana sigue siendo el mayor dolor de cabeza para los ciudadanos.

Además, el 89,3% considera necesario mejorar los sueldos, dejando en claro que la lucha contra la inflación no alcanza si no hay una recomposición salarial. Esta percepción se profundiza con otros indicadores sensibles:

El 50,3% teme perder su empleo o ingresos debido a las políticas del Gobierno.

El 57,4% desconfía de que Milei y Caputo tengan “todo bajo control” en materia económica.

El 60% considera que el Gobierno está profundizando la desigualdad social en el país.

El clima económico adverso también golpea en el plano político. Según la encuesta, el 57,5% tiene una imagen negativa del presidente Javier Milei, mientras que el 56,8% rechaza de forma directa las políticas implementadas por su gestión.

De cara a las próximas elecciones, el 52,8% de los consultados adelantó que utilizará su voto para “castigar” al gobierno, lo que representa una señal preocupante para La Libertad Avanza. En paralelo, el 50,4% se mostró dispuesto a apoyar un frente opositor común, abriendo una oportunidad para que sectores hoy fragmentados comiencen a construir una alternativa competitiva.

La encuesta llega en un momento en el que el Gobierno nacional insiste en mostrar la baja sostenida de la inflación como el principal logro de su gestión. Sin embargo, el sondeo revela que ese argumento empieza a perder fuerza frente a la realidad diaria de millones de personas que sienten que su situación económica sigue empeorando.

El mensaje que envían los números es claro: el Gobierno deberá recalibrar su estrategia económica si quiere evitar un desgaste más profundo de cara a las próximas elecciones. El desafío no será solo bajar la inflación, sino también mejorar los ingresos, garantizar estabilidad laboral y recomponer la confianza de la ciudadanía.

Mientras tanto, en la oposición crece la expectativa por capitalizar el descontento social, aunque aún resta ver si pueden transformar ese respaldo potencial en una propuesta sólida y unificada.

En una cumbre clave realizada este lunes al mediodía en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), gobernadores de distintas fuerzas políticas consensuaron un proyecto de ley que busca reformar la distribución de los fondos generados por el impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El encuentro, motivado por la fuerte caída en la recaudación, incluyó el compromiso del Gobierno nacional de mantener abierta una mesa de diálogo permanente con las provincias.

La iniciativa firmada por los mandatarios provinciales propone la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles, con el objetivo de que esas partidas sean utilizadas “según las prioridades que cada uno defina”, tanto por la Nación como por las 24 jurisdicciones del país.

Asimismo, se plantea una nueva distribución del impuesto a los combustibles:

10,4% para la Nación,

58,36% para las provincias,

28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social,

y 2,55% en compensación al Transporte Público (según el Decreto 652/2002).

El proyecto también propone disolver los fideicomisos del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) y de Infraestructura Hídrica (FFIH), creados por decretos en 2001, que actualmente gestionan parte de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles.

En el contexto de la crisis económica, el texto firmado por los gobernadores reclama que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuya conforme a los criterios de coparticipación primaria y secundaria establecidos por la Ley 23.548. Además, solicita que esa transferencia sea “automática y diaria”, eliminando la lógica discrecional con la que se asignan actualmente los recursos.

La reunión contó con la participación de más de una veintena de mandatarios provinciales, incluyendo a figuras del peronismo como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), así como a gobernadores de perfil más dialoguista con el oficialismo libertario, como Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). También asistieron vicegobernadores de Neuquén, Chaco y Santa Cruz.

Se ausentaron con aviso Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Desde el Gobierno nacional, los funcionarios Nicolás Catalán y Javier Guberman participaron como representantes de la Casa Rosada. Según trascendió, llevaban el mandato de analizar la posibilidad de elevar al 50% la coparticipación del impuesto a los combustibles, aunque no se concretó un acuerdo. El único compromiso firme fue mantener abierta la negociación.

“Fue una buena reunión. Habrá una mesa de diálogo constante para seguir las cuestiones por ATN, impuesto a los combustibles y obras”, afirmó un vocero libertario tras el cónclave. La medida refleja una creciente preocupación entre las provincias por la caída de ingresos y la falta de previsibilidad financiera.

El nuevo entendimiento se produce semanas después de una reunión entre varios gobernadores y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, donde se abordaron los mismos temas. Desde entonces, crece el consenso interprovincial para exigir mayor equidad y transparencia en la distribución de los fondos nacionales.

Con este proyecto, los gobernadores buscan no sólo oxigenar las arcas provinciales, sino también instalar una nueva lógica en la relación con el Gobierno central, basada en reglas claras y automáticas que eviten favoritismos o condicionamientos políticos. El debate ahora se traslada al Congreso.

En Entre Ríos, alrededor de un tercio de los estudiantes —aproximadamente 110.000 chicos— accede diariamente a una comida completa en alguno de los 1.100 comedores escolares distribuidos en toda la provincia. Si se contempla también a quienes desayunan o meriendan en las instituciones educativas, la cifra asciende a cerca de 190.000 alumnos, lo que representa casi el 60% de la matrícula provincial.

Así lo confirmó Lautaro Azzalini, director de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano entrerriano, en declaraciones al programa radial Lo Que Queda del Día, emitido por Oíd Mortales Radio de Concordia. El funcionario explicó que este nivel de cobertura alimentaria se mantiene estable respecto al año anterior y se encuentra en línea con los valores históricos y con la media nacional.

El Estado provincial destina actualmente unos 3.100 millones de pesos mensuales exclusivamente para la compra de alimentos. A esto se suman los sueldos del personal —unas 3.000 personas empleadas directamente por la Dirección de Comedores—, los gastos operativos y el mantenimiento edilicio.

Según la planilla de Gastos por Programa del gobierno entrerriano, en abril el Ministerio de Desarrollo Humano destinó $17.864 millones para la atención de comedores escolares, infantiles, comunitarios y de hogares, y otros $1.906 millones para políticas alimentarias. Este total de $19.770 millones representó el 1,28% del gasto provincial mensual, superando ampliamente otros programas como el de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) o el de Vialidad Provincial.

En términos concretos, este aporte estatal significó en abril una transferencia indirecta de $104.000 por persona para cada uno de los 190.000 beneficiarios.

Azzalini explicó que, si bien en 2024 no se registró un salto abrupto en la demanda alimentaria, sí se experimentó un crecimiento en la nómina de comensales, debido en parte a la incorporación de servicios en escuelas que venían solicitando la apertura de comedores desde hacía años. “Eso también te incrementa un poco la nómina, pero en ese sentido es bastante constante, no hay grandes sobresaltos”, señaló.

Detalló además que la apertura de un comedor escolar requiere la intervención coordinada con otras áreas del Estado. La Dirección de Arquitectura y el Servicio General del Consejo General de Educación (CGE) deben verificar que existan condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura, equipamiento y seguridad. “Sin ese visto bueno, es casi imposible abrir el comedor”, subrayó.

El personal de cocina depende directamente de la Dirección de Comedores, no del CGE. Se trata de cerca de 3.000 trabajadores que prestan servicio en toda la provincia. Azzalini remarcó que estos recursos humanos son esenciales para el funcionamiento diario del sistema y que el presupuesto alimentario, si bien significativo, no incluye sus salarios ni los gastos generales de la infraestructura escolar.

En cuanto al enfoque nutricional, el director explicó que se está avanzando en la digitalización del sistema de registro de menús y consumos. Hasta ahora, cada comedor completaba planillas en papel, lo que dificultaba el control y trazabilidad. Con el nuevo sistema, la información será digital, en tiempo real, y permitirá verificar que los menús planificados por nutricionistas se cumplan efectivamente en cada institución.

Además, en colaboración con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), este año comenzará un estudio nutricional en alumnos de primer y sexto grado, con el objetivo de generar una muestra representativa que permita evaluar el estado nutricional infantil y tomar decisiones en función de datos concretos.

“Un chico mal nutrido probablemente tenga más dificultades para aprender y eso impacta en su trayectoria escolar. Si logramos que los chicos estén mejor nutridos, van a rendir mejor, va a bajar la deserción y más estudiantes podrán continuar sus estudios superiores”, reflexionó Azzalini.

En Entre Ríos no existen comedores comunitarios sostenidos directamente por el Estado. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Humano colabora con organizaciones sociales que brindan asistencia alimentaria en sus comunidades. “Fuera de la estructura escolar, esos aportes son puntuales y no forman parte del sistema formal de comedores”, aclaró.

Actualmente, se estima que unos 40.000 entrerrianos reciben algún tipo de ayuda alimentaria a través de estas entidades comunitarias.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) anunció este jueves 5 de junio su decisión de declararse en estado de alerta y movilización ante el inminente recorte del 25% en las horas extras que implementaría el Gobierno provincial, medida que el gremio considera “un ajuste salarial encubierto”. El secretario general de UPCN Entre Ríos, José Allende, brindó una conferencia de prensa donde expresó con firmeza su rechazo a la decisión oficial y advirtió sobre posibles medidas de fuerza si no se alcanza un acuerdo en la reunión que se realizará esta tarde con funcionarios de la Casa Gris.

Según expresó Allende, la reducción de las horas extras y la baja de suplencias representan un golpe directo al bolsillo de los trabajadores estatales. "Las horas extra son un componente salarial en muchos sectores, porque fueron acordadas en paritarias para compensar la falta de blanqueo salarial. Lo que ahora quieren quitar fue discutido y convenido", enfatizó.

Además, el gremialista vinculó esta avanzada provincial con una estrategia nacional: “Hay un apriete de Nación hacia las provincias y tenemos que estar unidos, solidarios e informados para que los ajustes que se hagan no recaigan sobre los trabajadores”. Aseguró que se trata de un “efecto contagio” del plan de recortes que impulsa el presidente Javier Milei y sostuvo que el sindicato “no va a permitir que ajusten los salarios”.

En relación con las horas extras, Allende explicó que muchas veces estas no responden a una prestación efectiva adicional, sino que forman parte del ingreso habitual del trabajador. “Este sistema se implementó como una forma encubierta de incremento salarial, ante la falta de acuerdos para aumentos reales. Además, en la paritaria del año pasado se había consensuado ir regularizando este mecanismo y trasladarlo al salario básico de forma progresiva”, recordó.

El dirigente también se refirió a la suspensión de las suplencias extraordinarias, particularmente en el ámbito de la salud, y advirtió: “Se les llama suplentes, pero en realidad están cubriendo funciones permanentes. Si se dan de baja esas suplencias, directamente el servicio deja de funcionar”.

UPCN informó que esta tarde se reunirá con el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y autoridades de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de frenar la medida. No obstante, Allende advirtió que, de no haber un acuerdo, el lunes comenzará una “semana de lucha” frente a la Casa de Gobierno, con protestas y medidas en las distintas reparticiones estatales. Además, adelantó que evalúan la posibilidad de llevar el caso a la Justicia: “Tenemos todos los antecedentes para demostrar que el pago de horas extras es parte de un acuerdo que no puede ser desconocido”.

Con un escenario de tensión creciente, la situación plantea un nuevo foco de conflicto entre los gremios estatales y el Gobierno provincial. Desde UPCN, aseguran que no cederán ante decisiones unilaterales que afecten el salario y las condiciones laborales de los empleados públicos.

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) de Entre Ríos publicó la Resolución N° 102/25 en el Boletín Oficial Nº 28.106, a través de la cual estableció nuevos criterios tarifarios para el servicio eléctrico en la provincia. La decisión llega tras un cambio en la política energética nacional y pese a la medida transitoria dispuesta por la Secretaría de Energía provincial, que buscaba frenar aumentos hasta mediados del próximo año.

La resolución del EPRE responde a la dinámica del sector energético a nivel nacional, que forzó una revisión de los cuadros tarifarios vigentes. Si bien la Secretaría de Energía de Entre Ríos había dispuesto "la suspensión transitoria y excepcional del traslado a los usuarios finales del servicio eléctrico en la Provincia de Entre Ríos, de la adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD)" hasta el 30 de junio de 2025, buscando mantener los valores del VAD de agosto de 2024, el contexto federal impuso modificaciones.

En este sentido, el EPRE detalló que la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, estableció nuevos valores de referencia para el período comprendido entre el 1° de junio y el 31 de octubre de 2025. Entre ellos se incluyen el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado del Transporte (PET), que deberán ser utilizados para aplicar los nuevos cuadros tarifarios en las distribuidoras eléctricas.

Además de la actualización de precios, la Resolución N° 102/25 reafirma el esquema de segmentación de subsidios para usuarios residenciales, medida que forma parte del enfoque nacional de contención del impacto tarifario en los sectores más vulnerables.

Con base en resoluciones previas de la Secretaría de Energía de la Nación, se busca equiparar los porcentajes de bonificación aplicables al Precio Estacional de la Electricidad (PEST) para los usuarios residenciales encuadrados en Nivel 2 – “Bajos Ingresos” y Nivel 3 – “Ingresos Medios”. Esta equiparación será implementada de manera gradual durante los próximos meses, con el objetivo de mantener la focalización y eficiencia en la asignación de los subsidios.

Asimismo, se instruyó que las tarifas para las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, así como otras organizaciones sin fines de lucro, se elaboren aplicando el precio correspondiente al consumo base de los usuarios residenciales de Nivel 2 para la totalidad de la energía consumida.

En una conferencia de prensa realizada este martes en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno, el gobernador Rogelio Frigerio anunció el fin de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), destacando que se logró un hecho inédito en la historia de la institución: la cancelación total de su deuda, estimada en 45.000 millones de pesos.

El mandatario estuvo acompañado por el interventor del organismo, Mariano Gallegos; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el subinterventor Ricardo García y senadores provinciales. “Producto del compromiso, la transparencia y el esfuerzo con el que se viene trabajando desde la intervención, podemos decir que salvamos la obra social justo a tiempo”, afirmó Frigerio.

Durante su intervención, el gobernador detalló que el saneamiento financiero del Iosper se logró con los mismos recursos que ya disponía la institución. “Esto evidencia el nivel de desidia y la falta de transparencia con la que se administraba antes. Iosper dejará de tener ese pasivo astronómico que ponía en riesgo su funcionamiento”, subrayó.

El gobernador también adelantó que hacia fin de año se espera alcanzar un “equilibrio sostenible y sustentable”, luego de recibir una institución con un déficit mensual superior a los 3.000 millones de pesos.

Asimismo, Frigerio expuso una serie de irregularidades detectadas durante la intervención: sobreprecios en medicamentos y prótesis, contratos sin cobertura real, y proveedores con deudas millonarias que nunca se presentaron a cobrar. “Encontramos una obra social en terapia intensiva, manejada como una caja para unos pocos, mientras se le negaban prestaciones a miles de afiliados”, remarcó.

El jefe del Ejecutivo provincial agradeció públicamente a quienes trabajaron en el proceso de intervención: “Quiero reconocer el trabajo serio y comprometido del interventor, el subinterventor y todo el equipo que logró sanear el Iosper. También a aquellos que, desde dentro del organismo, acompañaron el proceso, incluso enfrentando boicots y resistencias de quienes no querían perder privilegios”.

En la misma conferencia, Frigerio defendió el proyecto de ley que plantea la creación de una nueva institución: la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Según explicó, el objetivo de esta iniciativa es establecer un nuevo marco normativo con controles más rigurosos, eficiencia en la gestión y la participación activa de los trabajadores en las decisiones.

“Lo que viene es una obra social transparente, con control real sobre los recursos, pensada para los 300.000 afiliados que merecen una atención digna, eficaz y profesional”, concluyó.